Amazonía: pandemia y zafra de la castaña

 Roly Mamío
Ingeniero forestal y responsable del Equipo
del SENA del IPDRS.

Damary Vargas
Técnica forestal y forma parte del
Equipo del SENA del IPDRS.

La zafra de la castaña tiene una duración aproximada de cuatro meses entre diciembre y marzo. En el caso de última zafra, correspondiente al periodo 2021-2022, que se vivió en la Amazonía, y específicamente, en el norte amazónico boliviano, está fuertemente marcada por la pandemia provocada por la propagación del Coronavirus SARS-CoV-2 y la enfermedad que ocasiona, el COVID-19, y cuyas variantes, han estado afectando a los sectores más vulnerables como son la comunidades campesinas e indígenas.

A pesar del fuerte contagio que se ha presentado en la mayoría de la población, sobre todo a quienes están más vinculados a la recolección de la castaña, las familias y comunidades están buscando medios y formas de sobrellevar la situación, y salir de la crisis económica familiar y sectorial.

En los últimos años se vivió una importante crisis en el precio de la castaña. A fines de 2019, el precio de la caja del producto bajó a 140 bolivianos, para enero de 2020 cayó a 120 y en febrero 100 bolivianos. Esta caída de precio repercutía en una especulación en el mercado, pues las beneficiadoras demandaban el producto cada vez a menor precio y llegaron a pagar entre 70 y 40 bolivianos por caja. Las y los recolectores tuvieron que acopiar la castaña en sus casas y buscaron acomodar la castaña en mejores precios, aunque por la crisis política y luego, con la pandemia, las familias fueron entregando sus productos a precios ínfimos.

A diferencia de la zafra anterior (2020-2021) que no tuvo éxito en el precio, este año, las organizaciones matrices como la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Regional Madre de Dios – Pando (FSUTCRMD), conformada por las centrales campesinas e indígenas y las familias de los municipios del Sena, Puerto Gonzalo Moreno, lograron negociar un buen precio para la castaña. En la zafra de la castaña 2021-2022, se tiene un precio de 230 Bs (33 US$ aproximadamente) por caja de 23 kilogramos.

Los mejores precios obtenidos para este año, motivan a las comunidades campesinas e indígenas a sostener un mayor vínculo con este trabajo, respecto a otros rubros. Actualmente, la zabra de la castaña convoca a población local y también a personas de otros departamentos como el Beni, sobre todo, la provincia Vaca Díez y Ballivián.

Testimonios de vida

Vivencias como la de la familia Amutari de la comunidad indígena Villa Cotoca, muestra las dificultades por las que están atravesando todos los zafreros de la región:

“Este año ha sido el peor de todos porque nos hemos enfermado casi toda la familia. Yo recién me estoy recuperando, y así, mis hijos, mi esposa, mis nietos y demás nos hemos enfermado de la peste [pandemia]. Y lo hemos estado combatiendo con remedios caseros y también algunas recetas que nos dan los vecinos, así nos hemos recuperado toda la familia”.

Por otra parte, la familia Marupa Cuadiay de la misma comunidad, también nos comenta la situación:

“Estamos haciendo lo que podemos para, por lo menos, salvar el día, ya que mi hijo está enfermo y tenemos que atenderlo. La misma situación atraviesa la familia de mi hermana. En la comunidad todos nos hemos enfermado de la peste que, este año, ha sido más fuerte que el año pasado. Nos hemos enfermado casi todos. Y los remedios de farmacia son escasos ya que tenemos que salir, a veces, para poder conseguir un remedio. Pero también lo estamos combatiendo con los remedios naturales y eso nos resulta mejor”.

Este escenario se repite en varios lugares de la región amazónica, como en Acre, Brasil y Madre de Dios, Perú. Y lo que se observa con preocupación es que, además de la falta de voluntad política por apoyar a los zafreros, campesinos e indígenas en su mayoría, aún en la pandemia se sostienen y se profundizan otras amenazas frente a este rubro extractivo sostenible, como es la deforestación para monocultivos comerciales y ganadería intensiva, el avance agrícola mecanizado, la minería de oro, los incendios forestales, y ninguna política pública en relación al cuidado del medio ambiente o apoyo a la pequeña producción.

No olvidemos que toda esta situación, favorece a la aparición de nuevas amenazas a la salud pública, nuevas cepas del coronavirus y brotes de enfermedades como el dengue, azotan muchas regiones donde se piensa que no llegarían, pero sí llegan junto a los megaproyectos de infraestructura y los extractivismos insostenibles. Pese a las emergencias que viven las familias, las necesidades económicas las obligan a subordinarse a estas actividades y así, generar recursos que les ayuden a sobrellevar la crisis sanitaria y la crisis económica.

Debemos fortalecer la acción de las organizaciones territoriales, campesinas e indígenas, para que su incidencia logre mejores precios para el aprovechamiento sostenible de los bienes de la naturaleza. Los mejores precios reflejan una mejor valoración de los frutos y estimulan el cuidado y la perdurabilidad de los bosques primarios de la Amazonía, así como su contribución socioambiental a la mitigación del cambio climático.

Tiempos de pandemia: Adaptaciones y transformaciones en Sudamérica

Oscar Bazoberry Chali
Sociólogo, Coordinador general del IPDRS y
Profesor del posgrado del CIDES-UMSA.

Durante los años 2020 y 2021, desde el IPDRS tuvimos la oportunidad de realizar diversas investigaciones, publicaciones y documentales sobre las consecuencias del COVID-19 en Sudamérica, en Bolivia, y en especial, para la población, rural, campesina indígena y afrodescendiente.

Gracias a las alianzas con otras instituciones, a la participación de la población, familias valientes que ofrecen su testimonio, para mostrar las distintas situaciones desde la cuales han enfrentado un fenómeno nuevo y global, se ha podido recoger aprendizajes que nuestro afán es que no caigan a saco roto. Por cómo se presenta el año 2022, no se habrá superado ni la crisis sanitaria, ni las otras crisis acumuladas, ni las nuevas; aunque podría ser una oportunidad para múltiples transiciones.

1. Los estudios sobre sistemas alimentarios, en un contexto de paralización del transporte y cierre de fronteras, mostraron la importancia de los sistemas locales, la fortaleza de la diversificación, de las redes de parentesco y la comunidad. Mostraron los riesgos que conllevan las estructuras de distribución y mercados urbanos, si no observan aspectos elementales como la disminución del desplazamiento, la disminución de las aglomeraciones, y la incongruencia entre el ordenamiento público y el bienestar de la población. En el campo, una presión muy grande por el incremento de población, las redes de reciprocidad, y el crecimiento del consumo de algunos productos específicos, que implicó la descapitalización de muchas familias y una presión mayor sobre la naturaleza (Bolivia en los tiempos de COVID-19: Adaptación de los sistemas agroalimentarios de la agricultura familiar, campesina y comunitaria, https://bit.ly/33rOEPZ)
2. Los estudios sobre acceso a la tierra y la crisis sanitaria, dejaron constancia que en Sudamérica continuó la violencia y la presión sobre las tierras comunales, campesinas e indígenas, violencia ejercida tanto por sectores privados y públicos, desde la afectación física hasta la afectación a territorios. Al mismo tiempo, en todos los países se valoró la producción campesina, sistemas de solidaridad, y la flexibilización de normativas, que suelen ser obstáculos para la producción campesina, y el establecimiento de mercados itinerantes, medidas que disminuyeron el impacto de las crisis en los más pobres (Informe 2020: Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, https://bit.ly/3qz86mB)
3. La democracia ha sido golpeada en sus múltiples formas. La gestión de los gobiernos ha descuidado la consulta y la información a la población, a título de crisis sanitaria y económica, se han ampliado competencias a los Estados y el control social se ha deteriorado. En las organizaciones sociales, de diversos niveles, han disminuido las prácticas de elección, renovación de liderazgos y las prácticas de transparencia.
4. El protagonismo de las mujeres, la adaptación a situaciones de crisis, el cuidado de las familias, su participación en primera línea en el mercado, los riesgos asumidos; no tienen correlato con el incremento de la violencia contra ellas, las nuevas formas de desigualdad sobre las que apenas se pueden tener pautas (Historia de vida de Yesica Patiachi, https://bit.ly/3fuV0Rl)
5. La población ha quedado golpeada en el ámbito económico y la educación formal de las niñas, niños y jóvenes. En todos los estudios realizados, esta preocupación es una constante. Los gastos de las familias destinados a la alimentación, a la tecnología de conectividad y equipos de comunicación, así como a la salud, se han incrementado notoriamente.
6. Sobre los medios de información y comunicación, observamos grandes cambios. La población es más selectiva con la información que recibe, y en temas como el COVID-19 ha priorizado las fuentes oficiales, la televisión ha retomado protagonismos en los momentos más críticos. En tanto las redes sociales y los sistemas de mensajería, han permitido una comunicación más estrecha entre las familias, disminuyendo distancias y aislamiento que la población ha experimentado; y, a la vez, se han masificado como herramientas para el mercado. La prensa en papel prácticamente ha desaparecido (Bolivia, Covid-19 Cómo pasamos la pandemia y qué nos depara el futuro (Segunda versión), https://bit.ly/3fxROnU / Comunicación en tiempos del COVID-19, https://bit.ly/327GLP7)
7. Los documentales y otros materiales producidos en los territorios nos muestran los innumerables ejemplos de autogobierno, protección, solidaridad; así como las normativas de aislamiento, compras compartidas, núcleos familiares de atención al estudio de la infancia, recaudación de fondos para la atención de los enfermos, establecimiento de puntos de venta y control comunitario, incluso la digna sepultura (Macharetí durante la pandemia – Documental, https://bit.ly/33NGVfe / IKOVE, Vivir (Santa Rosa- Huacaya), https://bit.ly/3A5eYeS)
8. Las y los jóvenes, sobre los que las sociedades actuales descargan responsabilidades que no les corresponden, y que tampoco existen las suficientes condiciones para que los puedan asumir, presentan situaciones de duda y angustia, que es necesario comprender mejor. Solamente con sociedades más abiertas y menos diferenciadas a nivel global, será posible garantizar un futuro más digno y menos violento para la humanidad.
9. Sobre la ejecución de proyectos sociales y económicos, recogimos información, y no encontramos un trabajo similar en el ámbito institucional, público y privado. Resulta importante destacar que, en la crisis sanitaria, el personal de proyectos también ha sido afectado, sus prioridades se modificaron, así como sus lugares de residencia, destrezas para la comunicación digital, necesidades económicas, entre otros. Si esto no se analiza y se toma en cuenta, lo más probable es que afecte a los objetivos y resultados de los proyectos (Estudio sobre estrategias de acción de las copartes Eclosio/UNI4COOP en contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19: Alcances y perspectivas en la zona andina https://bit.ly/3qA7ld9)
10. Nos preguntamos, si la introducción de nuevas herramientas globales, con importantes oportunidades como la circulación de la información y la interacción con experiencias de primer nivel, nos ha preparado para enfrentar la amenaza que conlleva la hegemonía de las multinacionales y multilaterales, tanto en las propias herramientas como en los enfoques y discursos. El predominio de la comunicación digital habría cambiado de “beneficiarios” y se están generando nuevas fuentes de desigualdad.
11. Por último, hicimos un diagnóstico en Bolivia para explicarnos el origen de la postergación de la población a recibir la vacuna contra COVID-19, en un contexto en el que existe disponibilidad de ellas. La conclusión fue que, en general, la población viene enfrentando sus problemas de salud en el ámbito doméstico, con conocimientos y prácticas locales, conocen ampliamente las limitaciones del sistema de salud formal, los costos reales para las familias, y desconfían de todo lo que proviene de estas instancias; y, por lo tanto, la evitan (Bolivia, COVID-19 Vacunas, urgencia en sumar esfuerzos por la salud de la población, https://bit.ly/3KjwgcD)

Visto así el panorama para el 2022 y subsiguientes, el IPDRS reitera su compromiso con los temas más sensibles de la población rural, especialmente, campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes. Se continuará denunciando las injusticias en torno a la tierra y otros recursos, promoviendo los sistemas comunitarios y colectivos de gestión de territorios, influyendo para la atención de los derechos indígenas y campesinos, identificando los obstáculos para el desarrollo rural integral y proponiendo alternativas.

Acceso a la tierra y territorio en Perú

Fátima Horna Jiménez

Abogada (UNC).  Fue voluntaria en el Proyecto Auditoría Social a los Sistema de Justicia de la Comisión Andina de Juristas. Actualmente forma parte del área legal de GRUFIDES.

Milagros Pérez Villanueva

Abogada y defensora, maestrante de Administración y Gerencia Pública, con experiencia en producción y comunicación, y proyectos de desarrollo social. Actualmente es Coordinadora Regional en la Red Nacional de Promoción de la Mujer y Coordinadora de Proyectos en GRUFIDES.

Pablo Ricardo Abdo

Abogado (UNCA) con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UNAP), especialista en asuntos indígenas y ambientales. Actualmente es coordinador del área legal de GRUFIDES y miembro de la Red de Justicia Hídrica del Cusco.

El Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES) trabaja por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, enfatizando la sostenibilidad ecológica, el derecho al agua, la economía solidaria, la equidad de género y el diálogo intergeneracional, como parte de la construcción del buen vivir.

1. Marco general del país

Hemos llegado a pasar una de las crisis políticas más grandes de la historia, llegando a tener tres Presidentes de la Nación en un solo año. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) destacó la importancia de apoyar a los pequeños agricultores dado que ellos proveen el 60% de la alimentación básica del Perú. Perú es el tercer país que se percibe como el más corrupto de América Latina.

En los últimos años se viene trabajando el fortalecimiento de las políticas públicas en torno a la agricultura familiar, es por eso que se realizaron acciones complementarias frente a la emergencia nacional tales como la ampliación de 1000 mercados hasta fin de año, los cuales se suman a los 900 mercados itinerantes a nivel nacional implementados hasta junio y denominados “De la Chacra a la Olla”; se generó el bono para el agricultor.

El 15 de marzo, el Gobierno declaró el estado de emergencia nacional, ordenando aislamiento social obligatorio. En el ámbito de la salud, resaltó la precariedad del sistema. Se tuvo el mayor índice de fallecidos en la región y el mundo, en respuesta a un país en que el empleo informal que engloba las tres cuartas partes de la población y se ubica entre 70% y 75% de la población activa. Entre otros esfuerzos se creó un sistema de apoyo a las Pymes.

El 9 de noviembre, el Congreso aprobó la vacancia presidencial contra el presidente de entonces, Martín Vizcarra, por incapacidad moral permanente. El 14 de noviembre hubo una represión indescriptible por parte de miembros de la Policía, dentro de la protesta murieron dos jóvenes, Jack Brian Pintado Sánchez de 22 años y Jordan Inti Sotelo Camargo de 24 años. Dicha marcha dejó un saldo de 94 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud, y 42 desaparecidos. Entre estos acontecimientos también destacó el paro agrario del Perú, donde fallece un joven. Desde el departamento de Ica un 30 de noviembre, agricultores denuncian ser víctimas de maltrato y malas condiciones laborales.

2. Avances en el acceso a la tierra y territorio

Durante el primer semestre del año 2020, que coincidió con la declaratoria de aislamiento social obligatorio a nivel nacional, según el Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias (SIEA) se titularon 1918 predios rurales individuales en 11 departamentos del país, con un total de 2,719.56 hectáreas de superficie titulada, con 3,117 beneficiados/as con títulos de propiedad de los cuales el 48% son mujeres.

Durante ese primer semestre los Gobiernos Regionales y el Proyecto de inversión pública “Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa- PTRT3” (PTRT3)  no realizaron titulación de comunidades campesinas ni comunidades nativas. Durante todo el año, según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), se entregaron 5380 títulos de propiedad rural individual y 7 títulos a comunidades nativas (SPDA Actualidad Ambiental, 2021). Con estas cifras en el acumulado se tiene que al término del año 2020, se han titulado 1.703 332 predios rurales individuales, 1597 comunidades nativas y 5151 comunidades campesinas. Están priorizando la titulación de predios individuales frente a la titulación colectiva.

Por otro lado, como medida de contención de la crisis originada por la pandemia, se creó el programa de Financiamiento Agrario Empresarial (FAE Agro) para otorgar créditos a pequeños productores agropecuarios. Con un fondo total de 2000 millones de soles a diferencia del Programa Reactiva Perú -dirigido a las Empresas con un fondo de 60 mil millones de soles-, el FAE Agro ha sido considerado por la mayoría de analistas como un fracaso (Zegarra, 2020). A fines de abril el Ministerio de Economía y Finanzas incluyó por primera vez actividades de control y vigilancia de los bosques y sus recursos forestales como criterios en la asignación de presupuesto para el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

En el mes de diciembre de 2020, la Defensoría del Pueblo registró 197 conflictos. Los conflictos socioambientales ocuparon el mayor porcentaje representando el 65.5% (129 casos) del total de conflictos registrados, los comunales el 9.1% (18 casos) y los conflictos de demarcación territorial el 2% (4 casos). (Defensoría del Pueblo, 2020, pág. 18).

La pandemia ha generado nuevos conflictos, principalmente relacionados con actividades extractivas, ha hecho surgir nuevos actores y en algunos casos ha agravado las situaciones conflictivas, generando resistencia de parte de las poblaciones campesinas e indígenas, máxime para hacer frente a la promoción de las inversiones ante propuestas como la de recortar los plazos en la consulta previa o en realizarla de forma virtual.

4. Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y el territorio

El Estado ha promovido la titulación de tierras o predios rurales bajo la nómina del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú - PTRT3. De las organizaciones indígenas que han accionado sobre estos puntos, podemos destacar las siguientes: Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú – FENMUCARINAP, la Unión Nacional de Comunidades Aimaras -  UNCA, la Central Única Nacional de Rondas Campesinas - CUNARCP, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP y la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú – CONAP. Todas ellas, en la actualidad, promueven una campaña de Titulación Colectiva impulsada por las organizaciones indígenas nacionales y la estrategia de la Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI).

Se han tomado Acciones para fortalecer el acceso a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y Acción de elaboración de un Estatuto modelo para pueblos indígenas de organización territorial comunal, parcialidad o centro poblado, así también se han entablado Procesos constitucionales en acción de defensa territorios y de la titulación de tierras indígenas, siendo las más involucradas en estos últimos la Comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya, Comunidad Asháninca Nuevo Amanecer Huawái, Comunidad Nuevo Lamas (kichwas), Comunidades campesinas de Chumbivilcas. En la mayoría de los casos los problemas radican en que la titularidad de las comunidades es parcial o inexistente.

Se ha tomado la decisión de la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N° 30230 de Paquetazo ambiental, puesto que facilitaba el despojo de predios a favor de proyectos de inversión pública y privada recortando medidas tributarias, flexibilizando trámites administrativos y los permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país, sin importar la preexistencia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Gracias a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, gremios agrarios, movimientos ecologistas y organizaciones de la sociedad civil se logró la ampliación de la moratoria al ingreso de transgénicos por un periodo de 15 años, es decir hasta el 2035.

5. Propuestas

Dentro de la gestión de Estado se han planteado los Proyectos de Ley 3911/2018-PE, 4480/2018-CR y 5808/2020 que proponen la "Ley de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales".  Sobre la ejecución de programas, mediante el Decreto Supremo N° 012-2020-MIDAGRI, del 5 de diciembre de 2020 el Poder Ejecutivo formalizó al Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural- AGRO RURAL.

6. Normas

Resolución Ministerial N° 0029-2020-MINAGRI, publicada el 6 de febrero de 2020; Resolución Ministerial N° 176-2020-MINAGRI, del 31 de julio de 2020; Resolución Ministerial N° 0193-2020-MINAGRI, de fecha 24 de agosto de 2020; Decreto Supremo N° 009-2020-MINAGRI, publicado el 11 de octubre de 2020; Ley Nº 31056, amplía los plazos de la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales y dicta medidas para la formalización, publicada el 21 de octubre de 2020; Ley N° 31071, Ley de compras estatales de alimentos de origen en la agricultura familiar publicada el 21 de noviembre de 2020; Resolución Ministerial N° 0322-2020-MIDAGRI, del 21 de diciembre; Ley Nº 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de incentivos para el sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial.

7. Instituciones

Lo más resaltante del año en cuanto a institucionalidad ha sido el cambio de la denominación del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) por el ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Cambio que implica una nueva estructuración en el sector, con un enfoque de gestión integral del territorio y con prioridad en el servicio a la agricultura familiar.

El presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y sus órganos adscritos para el 2021 se ha reducido en relación al año 2020. De 2 875 millones de soles en 2020 a 2 179 millones de soles para 2021.

El acceso a la tierra y el territorio en tiempos de COVID-19 en Bolivia

Elba Flores Gonzales

Trabajadora social (UMSA) e investigadora social con experiencia en derechos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Realizó varias investigaciones sobre justicia indígena, resolución de conflictos y autonomías indígenas.

Deborah Díaz Araujo

Abogada (UAGRM) y especialista en derecho agrario. Trabaja en el acompañamiento a organizaciones indígenas en los procesos de dotación y titulación de sus territorios y la defensa de sus derechos.

Juan Pablo Marca Marca

Politólogo y sociólogo (UAGRM), es autor y coautor de varios libros, artículos, ensayos y columnas de opinión sobre la temática regional y pueblos indígenas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Victoria Lina Aguilera Orrury

Ingeniera ambiental (UAGRM), trabaja en la implementación del Sistema de Información Geográfica y Análisis Espacial en el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) en el CEJIS.

Unidad Funcional de Investigación e Información Estratégica – Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

1. Contexto general

En 2020, la crisis política iniciada con la anulación de las Elecciones Generales de 2019 encontró, durante la pandemia del COVID-19, una movilización encabezada por diferentes organizaciones populares y campesinas del occidente del país, que demandaron al Tribunal Supremo Electoral y al gobierno transitorio, la realización de las Elecciones Generales, las mismas que llevaron a que el Movimiento Al Socialismo (MAS), con 55,11 % de los votos válidos, asuma nuevamente el poder, ahora con un discurso centrando en responder a las demandas que surgieron debido a la pandemia: crisis económica, gestión de la crisis sanitaria y unificación del país. La gestión de la pandemia desde el gobierno no incorporó un enfoque intercultural ni la variable étnica.

Durante este periodo las grandes actividades extractivas (minería, petrolera, forestal y agropecuaria) fueron promovidas como una salida a la crisis y para la reactivación económica, generando conflictos en las comunidades indígenas que habían determinado su autoaislamiento como medida de protección, en el marco del ejercicio de la libre autodeterminación. Durante el periodo de cuarentena, entre abril y julio, 49 territorios indígenas (algunos habitados por pueblos en situación de alta vulnerabilidad) registraron focos de calor en un número considerable. En mayo se promulgó el Decreto Supremo (D.S.) N° 4232 que autorizó el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación del uso de semillas transgénicas.

2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio

Entre 1996 y 2020, en Bolivia se saneó y tituló más de 88 millones de hectáreas (88.433.837 ha), superficie que representa 86 % del total de las tierras que debían ser saneadas en el país (103.418.772 ha). En este mismo periodo se entregaron aproximadamente un millón de títulos ejecutoriales a 2.673.830 beneficiarios. Más de un millón de mujeres fueron beneficiadas con la entrega de títulos ejecutoriales; esta cifra representa 49 % del total de beneficiarios.

En 2006, con la promulgación de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, la política agraria nacional dio un giro sustancial en sintonía con los cambios que se vivían en el país, apostando por un proceso de redistribución que priorizó la dotación gratuita y colectiva de las tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. En este periodo y hasta 2010 existió un considerable avance en la titulación de territorios indígenas que alcanzó una superficie de 13.335.734 ha; sin embargo, en el periodo 2010– 2020, por diversos factores (principalmente políticos), el avance en el reconocimiento del derecho propietario de las tierras comunitarias a favor de indígenas fue casi inexistente.

Como resultado de la crisis ambiental, producto de los incendios forestales que afectaron a las regiones de la Chiquitanía, el Chaco y la Amazonía (2019), el proceso de saneamiento y titulación de tierras se vio paralizado.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

La crisis económica ocasionada por la paralización de las distintas áreas de la economía nacional por la llegada de la pandemia del COVID-19, llevó al gobierno de transición a impulsar y consolidar el modelo extractivista; por tanto, los conflictos por el control de la tierra y los recursos naturales se centraron en la actividad minera y petrolera, la ampliación de la frontera agrícola para el uso de los transgénicos y para favorecer al agronegocio, en la consolidación de tierras a favor de grandes propietarios, además de la no atención de los conflictos de avasallamiento a los territorios indígenas por parte de comunidades interculturales.

La promulgación del D.S. N° 4232 que autorizaba el uso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, llevó a que organizaciones indígenas, instituciones de la sociedad civil y activistas, a quienes se sumaron la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y la Central de Pueblos Indígenas Mojeños del Beni (CPEM-B) como terceros interesados, presenten una Acción Popular contra el gobierno transitorio, la misma fue rechazada por el sector agropecuario del oriente y algunas autoridades de Estado.

Los incendios forestales de 2019 afectaron a más de 6,4 millones de ha de los departamentos de Santa Cruz y Beni. El impacto sobre la región de la Chiquitanía (Santa Cruz) afectó a más de 47 comunidades de los pueblos indígenas Chiquitano, Ayoreo, Guarayo; y en la Amazonía (Beni) a las comunidades Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona.  Esta situación fue denunciada al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), el cual sentenció sobre el caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía Vs. Estado Plurinacional de Bolivia que, los incendios de 2019 fueron un “ecocidio.

El INRA consolidó a favor del entonces ministro de planificación del desarrollo, Branko Marinkovic, dos propiedades agrarias en el departamento de Santa Cruz. La titulación de estos predios se realizó de forma contraria a la normativa agraria que prohíbe a funcionarios públicos favorecerse con la adjudicación o dotación de tierras (Ley Nº 3545, art. 47).

Una de las regiones más golpeadas por la minería aurífera legal e ilegal, antes y durante la pandemia, son los municipios de Teoponte, Guanay, Tipuani, Mapiri, Apolo y San Buenaventura, en La Paz, y Rurrenabaque en Beni (CEDIB-Contiocap, 2020). Las empresas mineras que operan en estas regiones generaron impactos directos sobre los pueblos indígenas Leco, Mosetén, Chimán, Tacana y Uchupiamonas que habitan en las orillas de los ríos aledaños. En el territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, en Oruro, las autoridades originarias se declararon en emergencia ante el avasallamiento de sus tierras en la comunidad Ticaña, por la empresa minera Belén la Victoria de San Luís que movilizó maquinaria y personal en el sector.

En el pueblo indígena T’simane que habita en el municipio de San Borja (Beni), se denunció que grupos de campesinos interculturales realizaron el aprovechamiento ilegal de madera con maquinaria en su territorio. También hay un asentamiento de comunidades interculturales en el territorio chiquitano de Monte Verde (Santa Cruz). De acuerdo al Consejo de Fiscalización de este territorio, el conflicto inició en 2018 con el asentamiento ilegal de tres comunidades interculturales al interior de Monte Verde, que desmontaron aproximadamente 350 ha sin ningún tipo de autorización.

4. Acciones indígenas y campesinas para el acceso a la tierra y el territorio

Las acciones reivindicativas se concentraron más bien en la presentación de demandas para la atención de sus necesidades, así como manifiestos públicos frente a las políticas extractivistas y agrarias desarrolladas por el gobierno de transición y el ejercicio de la jurisdicción indígena en la consolidación de las autonomías indígenas.

Del conjunto de estas acciones es necesario destacar las siguientes: acciones frente al nuevo Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento del Beni; demanda de abrogación del paquete normativo que ocasionó los incendios de 2019 y audiencias virtuales del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN).

En el ejercicio de su libre determinación y a través de sus instancias de gobierno, las comunidades indígenas de tierras altas y bajas, especialmente la Organización Indígena Chiquitana (OICH), CICOL, Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en el Chaco, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en la Amazonía sur, el pueblo Mosetén en la Amazonía norte y el Consejo Yuqui del trópico de Cochabamba, asumieron diferentes medidas para proteger sus formas de vida, tales como el autoaislamiento, la prohibición de las salidas de los territorios para las y los comunarios a no ser que sea para la provisión de alimentos, y la prohibición de que terceros ingresen para realizar actividades extractivas.

También se destacan el control territorial, la coordinación en la gestión del riesgo con las autoridades municipales; las campañas de ayuda humanitaria por parte de los dirigentes para conseguir alimentos, víveres y medicamentos (aspecto que se observó fundamentalmente en la Nación Qhara Qhara de Chuquisaca, el pueblo Yuqui de Cochabamba y Ayoreode de Santa Cruz); la revalorización de la medicina tradicional y el uso de plantas medicinales; la producción familiar y comunitaria de alimentos; la aplicación de la justicia indígena, decisión asumida por la organización de mujeres del pueblo Mosetén (OMIN), del TIPNIS y del Territorio Indígena Multiétnico I (TIM I). Por otra parte, se identificó demandas de atención y acceso a los servicios de salud integral con enfoque intercultural.

Así mismo, Frente a los decretos transgénicos (Decretos Supremos Nº 4232 y Nº 4238) y la política agraria del gobierno de Añez, se debe destacar que más de 300 organizaciones de productores, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, consumidores, instituciones, profesionales y colectivos urbanos que promueven el consumo de alimentos saludables, enviaron el 18 de mayo de 2020 una Carta Abierta y un Pronunciamiento Nacional rechazando el D.S. Nº 4232.

Hasta la fecha, Bolivia cuenta con cinco autonomías indígenas originarias campesinas formalmente constituidas: por la vía de conversión municipal están Charagua Iyambae y Kereimba Iyambae (Santa Cruz), Uru Chipaya y Salinas (Oruro); y por la vía territorial Raqaypampa (Cochabamba). Las autoridades indígenas definieron ejercer su jurisdicción y aprobar sus estatutos sin la participación del TSE.

6. Propuestas desde las organizaciones indígenas

Se destacan las siguientes propuestas: Participación en la gestión ambiental y derecho a la consulta previa y de buena fe. Protección de la diversidad genética y preservación de las semillas nativas. Abrogación de las normas que componen el paquete normativo denominado “Apoyo a la producción de alimentos”.

El 28 de abril de 2020, las organizaciones indígenas y el 26 de marzo, organizaciones civiles), exigieron una mayor coordinación entre niveles de gobierno y las autoridades y organizaciones indígenas, para enfrentar la pandemia.

7. Normas que se promulgaron en 2020

D.S. N° 4245: Amplió la cuarentena condicionada y dinámica hasta el 30 de junio del 2020 y, al igual que el Decreto Nº 4229, permitió la continuidad de las actividades del sector industrial, manufacturero, agropecuario, minero e incluyó al sector maderero y forestal. D.S. N° 4232: Autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados. D.S. N° 4320 con el cual Estado promueve la mercantilización de la tierra en pequeñas propiedades. Ley Departamental N° 181 de Declaratoria de Pausa Ambiental. Para preservar el patrimonio natural y establecer restricciones administrativas de acuerdo al uso de suelos para la restauración y conservación.

8. Institucionalidad

Inestabilidad de cargos de Ministros de Desarrollo Rural y Tierras. En el INRA se mantuvo el interinato de sus autoridades. Los órganos responsables de proyectar las políticas agrarias de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras son la Comisión Agraria Nacional (CAN) y las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD). La instancia nacional no logra reunirse y cumplir sus atribuciones hace más de diez años; lo mismo pasa en el ámbito departamental, que por intereses sectoriales y cálculos políticos no logran establecerse.

La pandemia profundiza las desigualdades de un modelo agroalimentario insostenible^[1]

Luis Rojas Villagra
lurovilla@gmail.com

Economista por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Es investigador multifacético y docente del Instituto de

Trabajo Social de la UNA. Fundador de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. Es activista social y en defensa de la naturaleza.

.

Inés Franceschelli
ines.franceschelli@henoi.org.py

Comunicadora, actualmente se dedica a la investigación e incidencia en temas relacionados con la disputa por la tierra, los agro negocios

y las violaciones a los derechos humanos; y además, en la vulneración alimentaria desde una perspectiva anticapitalista e internacionalista.

Heñói Centro de Estudios y promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Sostenibilidad Socioambiental, tiene como fines

desarrollar actividades de investigación, formación, sensibilización, y apoyo a la acción de los sujetos y movimientos sociales y políticos de Paraguay.

1. Marco General del país

El año 2020 ha sido un tiempo de continuidad de los problemas estructurales derivados del modelo económico neoliberal, y de la política prebendaria y elitista vigente en el Paraguay desde hace mucho tiempo. Las instituciones estatales han continuado con sus líneas históricas de actuación, apoyando prioritariamente a los agronegocios, la agricultura mecanizada y la ganadería de exportación, manteniendo en el abandono a los agricultores campesinos e indígenas. Sin embargo, nunca antes el país se había endeudado tan aceleradamente como en el 2020, año marcado por la pandemia y la recesión económica. Una de las derivaciones de la pandemia sumada a la fragilidad estatal, fue el gran aumento del endeudamiento público, La deuda pasó de representar el 22.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2019, al 33.5% en octubre 2020.

Uno de los efectos que rápidamente se observó, por causa de la cuarentena decretada por el gobierno de marzo a octubre del 2020, fue el aumento de precios de productos agrícolas básicos, A pocos días de iniciada las restricciones, el precio de la cebolla se incrementó 148%, de la papa 138%, la naranja 58%, del tomate 6% , situación que generó la protesta de los consumidores, por lo cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tuvo que actuar, de modo a aumentar nuevamente la importación de esos productos, y bajar, al menos parcialmente, los precios. Así, el volumen de las hortalizas ingresadas al país en dicho periodo se incrementó en 98 % mientras el valor pagado por las mismas creció 128%, lo cual indica que se importó más cantidad y a precios más altos. A esas dificultades se sumó la irracional expansión de los negocios inmobiliarios y la poca disponibilidad de semillas, tanto las de rubros de autoconsumo como algunas de cultivos de renta.

La falta de ingresos seguros, la inflación del precio de los alimentos, las dificultades para la movilidad de los pequeños productores, entre otros elementos, tuvo una válvula de escape en la autogestión comunitaria y barrial, a través de la organización de miles de ollas populares por todo el país, en su mayoría gestionadas por la propia población con dificultades para alimentarse. En setiembre del 2020, se promulgó la ley 6603[2] de apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el territorio de la república durante la pandemia del Covid 19.

2. Avances en el acceso a la tierra y territorio

Los mecanismos legales para que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) cuente con tierras han sido prácticamente abandonados, entre ellos la compra, la expropiación y la recuperación de tierras irregularmente ocupadas, limitándose el actuar de dicho ente agrario, casi exclusivamente a procesos de regularización de lotes asignados en periodos anteriores. Según un informe del 2016[3], en el INDERT existían registradas unas 70.000 solicitudes de lotes por parte de familias campesinas que aún esperaban una respuesta. En el año 2019 se registraron 2.167 nuevas solicitudes de lotes, mientras que en el 2020 fueron otras 525 solicitudes.

Tampoco el gobierno ha avanzado en la recuperación de tierras ocupadas ilegalmente, como las denominadas tierras malhabidas, esto se debe a la falta de voluntad política del Gobierno, así como a la sistemática oposición por parte de los sectores terratenientes, a esto se suma la corrupción endémica del ente agrario, y la complicidad de los órganos de control.

Por otra parte, en el periodo de análisis, se han mantenido las características principales de la política fiscal del país: baja presión tributaria, sumado a la reducción del presupuesto destinado al sector campesino a través del INDERT. En el 2019 el presupuesto fue de Gs. 159.000 millones, monto que se redujo en el 2020 a 146.000 millones. El presupuesto para el 2021, incluye un gran recorte de -26%, quedando en tan solo Gs. 108.000 millones.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y territorio Los desalojos de tierras, que se habían multiplicado en el 2019 tanto en zonas rurales como urbanas, tuvieron una desaceleración en el 2020 a raíz de las restricciones creadas por la pandemia, aunque igualmente se ejecutaron en algunos casos. No obstante, existen muchos procesos judiciales abiertos, y la permanente presión de terratenientes y propietarios, apoyados por campañas en los medios comerciales de comunicación, para reiniciar los procesos de desalojo. A continuación, se destacan algunos de los principales conflictos por la tierra:
4. Asentamiento 1° de marzo, distrito de Yvyrarobana, Canindejú: El Instituto de Bienestar Rural (IBR) había permutado 4.500 hectáreas por una avioneta, a favor de la empresa Perfecta S.A. en 1969, en abierta violación al Estatuto Agrario de 1963[4]. Generando presión para desalojar a las familias campesinas asentadas en el lugar.
5. Colonia Yvype, Sexta Línea: La comunidad campesina que sigue resistiendo en sus lotes ha sufrido atropellos, allanamientos y desalojos en los últimos años, así mismo, viene siendo fragmentada y reducida por efecto de la irregular transferencia de lotes a no sujetos de la reforma agraria, y la consecuente sojización del territorio.
6. Asentamiento 3 de Julio, distrito de Maracaná, Canindejú: Las amenazas de desalojo son permanentes hacia la comunidad, mientras el INDERT no da respuestas al pedido de solicitud de compra de 1.800 hectáreas por parte de 135 familias que residen y producen ahí.
7. Asentamiento Rosarino, distrito de Maracaná, Canindejú: La comunidad sufrió dos desalojos por parte de la fiscalía y la policía, en setiembre y octubre. Sin embargo, la lucha campesina sigue vigente, con el apoyo de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).
8. Comunidades indígenas: En agosto, la comunidad Guyrapaju, del distrito de Caaguazú, fue desalojada de un territorio donde vivían desde hacía 12 años. En octubre, otra comunidad indígena, en Jacuí Guazú, distrito de Mayor Otaño, fue desalojada de tierras que habitaban desde hacía 20 años.
9. Asesinato de Arnaldo Rodríguez: Eran unas 30 familias que ocupaban 300 hectáreas que reclamaban al INDERT como tierras públicas. Un comerciante de nombre Héctor Calonga, las reclamaba como su propiedad. El 8 de junio de 2020, en una situación de tensión entre Calonga y los campesinos, el comerciante habría disparado a quemarropa a Arnaldo Rodríguez, quien murió minutos después en el lugar[5].

4. Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y territorio

En 2020 la mayor actividad de las organizaciones estuvo orientada a proteger a las comunidades frente a la situación sanitaria, realización de ollas populares comunitarias para garantizar la alimentación, donaciones de alimentos de origen agrícola y animal, para asistir a poblaciones en situación de vulnerabilidad, tanto en zonas rurales, urbanas y periurbanas.

La Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), realizaron una movilización nacional en el mes de octubre, en la capital, reclamando acceso a la tierra y regularización de la tenencia de la tierra para las familias campesinas, cese de los desalojos, condonación de deudas, reactivación productiva de la agricultura familiar, implementación de la ley de defensa y promoción de la agricultura campesina.

Se presentó el anteproyecto de Ley “Que crea la Comisión Nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008”[6]. Se impulsó el proyecto de ley de creación de la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (DINACARE). El 1° de octubre fue aprobado por la Cámara de Senadores el proyecto de ley que crea el Seguro Agrícola para la Agricultura Familiar Campesina (SAFC)[7].

5. Normas

Promulgación, lenta reglamentación y nula operatividad de la Ley 6286/19, de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina.

Por otra parte, el MAG estuvo trabajando en poner en funcionamiento el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Agricultura Familiar 2020/2025, en el cual nada menos que el 87% del presupuesto estaría destinado a mecanizar las fincas campesinas, con soja y maíz transgénicos, además de sésamo[8].

6. Instituciones

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): la política agraria del gobierno actual ha sido errática e ineficaz para promover el desarrollo de la agricultura campesina.

En cuanto al INDERT, continuando la triste tradición de esta institución, su último presidente, Mario Vega, fue destituido el 19 de octubre de 2020, al ser imputado por hechos de corrupción, como lesión de confianza.

[1] 1 Resumen del capítulo de Paraguay, del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica,

disponible en: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/146

[2] Ley 6603/20. Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9365/ley-n-6603-de-apoyo-y-asistencia-a-las-ollas-populares-organizadas-en-todo-el-territorio-de-la-republica-del-paraguay-durante-la-pandemia-declarada-por-la-organizacion-mundial-de-la-salud-a-causa-del-covid-19

[3] Arantxa Guereña y Luis Rojas, Yvy Jára. Los dueños de la tierra en Paraguay (Asunción: OXFAM, 2016), 72.

[4] Milena Pereira, Informes sobre el Derecho a la Reforma Agraria 2018, 2019 (Asunción: CODEHUPY, 2018, 2019).

[5] Luis Rojas, 25 años: la reforma agraria en el papel, el capital en expansión, el campesinado en lucha (Asunción: CODEHUPY, 2020)

[6] Disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/122947

[7] Sistema de Información Legislativa, Proyecto de Ley que crea el seguro para la agricultura familiar campesina, consultado el 15 de diciembre 2020. Disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121853

[8] Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY), Camino al default social y fiscal, consultado el 16 de enero 2020. Disponible en: http://seppy.org.py/camino-al-default-social-y-fiscal/

Desinstitucionalización, tierra y emergencia humanitaria en Venezuela

Manuel Gómez Naranjo

Director General de Acción Campesina, miembro de la junta Directiva del Grupo Social CESAP y miembro de la Junta Directiva de la Red Sinergia.

Francisco J. Calvani Abbo

Miembro de Acción Campesina y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, Caracas.

Ambos autores, responden a la institución Acción Campesina, que impulsa la Agricultura Sostenible en corresponsabilidad con otros actores, privilegiando la participación de los pobladores rurales y de sus organizaciones en función del desarrollo rural del país. Sitio Web:

https://accioncampesina.com/

1. VENEZUELA: CAIDA LIBRE HACIA EL ABISMO DE LA POBREZA

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2019/20) la pobreza total del país ya alcanza al 96,2% de la población, mientras que la pobreza extrema llega al 79,3 % como consecuencia de una caída progresiva del PIB. En 20 años pasamos de producir más de tres millones de barriles diarios de petróleo a menos de 300 mil. Los aspectos que han venido determinando este proceso masivo de empobrecimiento de la población y el sustantivo incremento de la desigualdad social se corresponden con: i) la aplicación de un modelo económico que destruyó el sistema productivo, desencadenado escasez de alimentos y de insumos productivos, hiperinflación y la pulverización del salario; ii) la crisis política que devino en un desmantelamiento de la institucionalidad pública y iii) las sanciones contra el país por parte de los Estados Unidos. En los últimos años debido al empobrecimiento generalizado de la población -incluso de lo que fue una amplia clase media- se empiezan a percibir enormes diferencias sociales, con una mayoría empobrecida que apenas tiene para comer y una minoría que no llega al 5% de la población con altísimos niveles de consumo.

Con respecto al CIVID-19 Venezuela ha tenido un nivel de contagios relativamente bajo en comparación con otros países de AL, debido entre otras cosas, a que el país ya estaba cerrado antes de la pandemia a lo que se agregó la gravísima escasez de combustible que limitó de manera importante la movilización de la población.

El impacto del COVID-19 en la economía está afectando especialmente a los que viven de ingresos diarios como taxistas, peluqueras, empleadas domésticas, campesinos y pequeños productores agrícolas. Unos cuatro millones de trabajadores en el sector informal o por cuenta propia comenzaron a recibir a finales de marzo el bono «quédate en casa», por el equivalente a unos seis dólares al cambio oficial de la fecha.

2. AVANCES EN EL ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

La aparición del COVID-19 ha traído consigo una casi total paralización de la acción pública en temas relacionados con la tierra. En todo caso, se vienen dando reclamos y protestas silenciosas por algunos grupos de productores y campesinos. Se estima que, en el 2020, la caída del producto agrícola y pecuario ha sido de un 30%, con relación al año precedente. Un conjunto de factores se ha venido añadiendo de manera progresiva en el proceso de disminución de la producción agrícola. Entre ellos, se destacan: disminución casi total del crédito agrícola, inflación creciente y persistente, profundización de la escasez de combustible en razón del abandono de la industria petrolera, recrudecimiento de la inseguridad personal y de los bienes en el campo.

Durante la administración gubernamental de Hugo Chávez, el Estado venezolano ha puesto en evidencia y reconocido constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas. A partir de este reconocimiento se han aprobado numerosos instrumentos legales a su favor. Entre ellas, se destacan la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001), la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), la Ley de Idiomas Indígenas (2007), la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2009) y la Ley del Artesano y Artesana Indígena (2009). En cuanto a los derechos territoriales y la demarcación de tierras, logro consagrado en la Constitución de 1999, se ha avanzado muy poco. El proceso se encuentra prácticamente paralizado.

3. CONFLICTOS EN EL ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

El “Arco Minero del Orinoco (AMO)” abarca una superficie de 111.843,70 km², lo que representa el 12,2% del territorio nacional. En la Amazonía venezolana existían ya ese año 1.899 sitios con actividad minera informal, en muchas de las cuales se incorporan hombres indígenas a partir de relaciones laborales que rozan la esclavitud; mientras que las mujeres indígenas se ven expuestas a la prostitución. En el decreto 2.248 se establece de manera explícita la militarización del territorio del AMO.

La actividad minera en los territorios indígenas está tiendo unos impactos que afectan de manera sustancial la totalidad de vida de las comunidades, provocando: La pérdida de los territorios; Una economía distorsionada, existe un exagerado incremento en los precios de los artículos de consumo; El deslave de las condiciones sociales: la atmósfera social en el AMO es la consecuencia de una institucionalidad caótica que deviene en pobreza, prostitución, trata de mujeres, y una morbilidad diversa que ha significado la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas hace más 50 años, como la malaria y la tuberculosis; La destrucción de los ecosistemas, se han dañado severamente las cuencas por la deforestación y la contaminación con mercurio, cianuro y otros metales pesados.

Por otra parte, la venta de excedentes de cosecha y de artesanías se han visto impedidas por las restricciones de movilización afectando las precarias economías familiares. Muchas familias han tenido que migrar a Brasil y Colombia

4. ACCIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS DE ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

Las luchas políticas, en general, se han despojado de sus ropajes ideológicos para ampararse, por un lado, en decisiones pragmáticas vinculadas a la sobrevivencia de la mayoría de los actores implicados y, por el otro, a motivaciones cínicas y oportunistas de una diversidad de actores que coexisten en el umbral de la legalidad (por ejemplo las fuerzas militares) o, son abiertamente grupos irregulares como guerrilla, paramilitares y delincuencia común, etc.

No existe en Venezuela una estructura orgánica que agrupe a las embrionarias organizaciones locales de indígenas y campesinos, en el imaginario de los políticos (de izquierda y de derecha) predomina la idea de que los campesinos y los indígenas son poblaciones que permanecen en una suerte de edad de la inocencia.

Ha habido persecución y encarcelamiento político de dirigentes indígenas, tal es el caso de Lisa Henrito, Villca Fernández, Geraldine Chacón y Gregory Hinds, Juvencio Gómez. A comienzos de 2021 doce indígenas pemones apresados en diciembre de 2019 por una supuesta sublevación, fueron liberados gracias -entre otras razones- a la defensa realizada por la ONG Foro Penal; desafortunadamente Salvador Franco, murió detenido el 3 de enero de 2021. Sus familiares habían denunciado que padecía de desnutrición severa. Las luchas campesinas e indígenas durante el 2020 estuvieron más debilitadas que nunca, fue un año de luchas fragmentadas que estuvieron muy influidas por la nueva normalidad impuesta por el COVID-19.

5. ARAR EN EL MAR: PROPUESTAS SIN INSTITUCIONALIDAD

Venezuela está sumergida en un caos institucional. Ahora mismo tenemos dos Asambleas Nacionales, un Presidente de la República con una legitimidad muy cuestionada y un autoproclamado Presidente interino que. 

De cualquier modo, si se avanzara hacia una cierta normalización del país habría que pensar en tres grandes ámbitos de propuestas: el rediseño de los marcos regulatorios para que apunten a mayores niveles de equidad en el acceso a la tierra y los territorios; la formulación de políticas públicas y asignación de recursos para compensar la asimetría de poder de los grupos vulnerables (indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres); la realización de cambios profundos en las instituciones

6. NORMAS

Entre las medidas de mayor repercusión se encuentran las siguientes: el Incremento del encaje legal bancario, estas medidas limitan el otorgamiento de créditos, afectando seriamente el funcionamiento real de toda la economía, incluyendo la actividad agrícola y la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos

7. INSTITUCIONES EN VENEZUELA: LA BÚSQUEDA DE LA UTOPÍA PÉRDIDA

El año 2020 hubo dos cambios relevantes en la institucionalidad pública; el primero, fue la renovación de los diputados de la Asamblea Nacional mediante unas elecciones con poca legitimidad política y cuyos resultados dejan en manos del gobierno ese poder constituido; la segunda, consecuencia de la primera, fue la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una suerte de esperpento institucional que fue concebida con el único propósito de anular las funciones de la anterior Asamblea Nacional que estaba controlada por la oposición al gobierno.

Ahora bien, estos cambios en las instituciones políticas no han tenido ningún impacto en la estructura administrativa del Estado, especialmente, en aquella asociada a los temas agrarios o indígenas. Se podría decir que, durante el 2020, la institucionalidad pública estuvo paralizada por motivo del COVID-19, pero también como consecuencia de la quiebra económica del Estado. Por otra parte, se ha reimpulsado la idea de Estado Comunal.

Desigualdad y pandemia en Colombia

María Camila Barrera Gutiérrez

mbarrera@cinep.org.co

Feminista. Trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia. Investigadora de la línea Movimientos Sociales, Tierra y Territorio del CINEP/Programa por la Paz.

Tatiana Paola Galera Cueto

tgalera@cinep.org.co

Feminista, líder juvenil y defensora de derechos humanos. Medica veterinaria zootecnista. Investigadora de la línea Movimientos Sociales, Tierra y Territorio de CINEP/Programa por la Paz en el departamento de Córdoba.

Javier Lautaro Medina Bernal

jmedina@cinep.org.co

Abogado. Especialista en Derecho Constitucional y Magíster en Desarrollo Educativo y Social. Hace parte de la línea de Movimientos Sociales, Tierra y Territorio de CINEP/Programa por la Paz.

El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)/Programa por la Paz, junto al Banco de datos de Derechos Humanos y Violencia Política, apuestan por la vida, trabajan por una sociedad justa, sostenible y en paz.

1.      Marco general

En el marco de la crisis sanitaria por la COVID-19, las personas defensoras enfrentaron una situación de mayor riesgo por la invisibilización de los contextos de violencia y la falta de protección de parte de las autoridades: por una parte, se redujeron esquemas de protección asignados y, por otra, se autorizaron actividades extractivas, operativos policiales y erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), informó que durante el 2020 fueron asesinados 310 líderes y lideresas sociales, 12 de sus familiares y 64 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz (INDEPAZ; 2021b). Además, 381 personas fueron asesinadas en 91 masacres (INDEPAZ, 2021a) y se presentaron 90 eventos masivos de desplazamiento forzado con 8.192 familias víctimas. En diciembre de 2020 fueron capturados tres líderes campesinos del Coordinador Nacional Agrario (CNA) (CNA, 2015). Así mismo, el 2020 no significó una disminución de la violencia de género y contra las mujeres. Sus derechos fueron vulnerados, entre otros motivos, porque se profundizaron los efectos del desproporcionado reparto del cuidado no remunerado; la Red Feminista Antimilitarista reportó 630 feminicidio, las mujeres trans constituyen 46% de los casos, principalmente, como víctimas de homicidio, amenaza y violencia policial.

En marzo se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que fue base para una serie de medidas como limitaciones a la movilidad, la obligación de confinamiento, el cierre de fronteras y la prohibición de aglomeraciones y de actividades no esenciales. La figura del toque de queda a cargo de autoridades locales se hizo común y exacerbó el control policivo y militar sobre la vida, lo cual derivó en violaciones a derechos. En muchos barrios populares, desde los primeros días, se colgaron trapos rojos en las ventanas de las casas como símbolo y alerta del hambre.

El gobierno apostó por el Programa Ingreso Solidario (PIS) dirigido a tres millones de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. Sin embargo, existieron muchos debates sobre el monto en un contexto de vulneración a los derechos a la alimentación, la salud, el trabajo y la educación, y la crisis de salud pública profundizó las desigualdades. Por ejemplo, los estratos socioeconómicos más bajos concentran la mayor cantidad de muertes. A febrero de 2021 en áreas urbanas, aproximadamente, 1,6 millones de hogares pasaron de comer tres comidas al día a menos raciones y existían 1,2 millones de personas menos ocupadas laboralmente, la pérdida de empleos fue desproporcionadamente mayor para mujeres que para hombres.

Los pueblos indígenas denunciaron que las condiciones históricas de vulnerabilidad exacerbaron los riesgos para su salud y su vida. Las organizaciones campesinas denunciaron el desmonte de la infraestructura y la precariedad del servicio de salud, la carencia de agua de riego y potable, la prioridad en los programas de apoyo de medianos y grandes productores, dificultades de conectividad para la educación virtual, aumento de importaciones, exacerbación de la violencia contra las mujeres y aumento del trabajo de cuidado y mínima llegada de las transferencias monetarias.

Finalmente, los confinamientos no significaron un freno para la protesta social. Al elaborarse este capítulo, en todo el país ocurre una sostenida movilización urbana y rural. Uno de los detonantes del Paro Nacional fue la reforma tributaria de corte regresivo, pero las exigencias incluyen una serie de demandas estructurales, el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz (AFP) y la reforma policial, entre otros. La respuesta del gobierno nacional es la militarización de algunas ciudades, tratamiento de guerra a la protesta social, represión policial y desprecio y estigmatización de los grupos movilizados.

2.      Avances en el acceso a la tierra y el territorio

Los cuatro proyectos clave[1] de la Reforma Rural Integral (RRI) sobre acceso a tierras, han estado desfinanciados, con un déficit presupuestal de más de 50 % en los últimos tres años, situación que se repetirá en el 2021 (PGN, 2021, p. 10). Por otra parte, el Fondo de Tierras del AFP, con una meta de tres millones de hectáreas adjudicadas en sus primeros 12 años, a 15 de diciembre tenía ingresadas 1.189.828,698 hectáreas correspondientes a 6.420 predios (ANT, 2021a, p. 106). Frente a las cifras de año anterior, esto representa un aumento de 264.924,408 hectáreas y 1.355 predios. No obstante, existen dos problemas: el primero es que muchas de las tierras ingresadas estarían ocupadas, el segundo problema está en la lentitud de entrega de tierras del Fondo. En materia de formalización, que tiene una meta de siete millones de hectáreas en el AFP, desde el inicio de la implementación a finales de 2016 hasta enero de 2021, se han regularizado 499.481 hectáreas, 70 % para grupos étnicos y el restante para población campesina (CPEC, 2021b). Frente a la restitución de tierras, desde el 2011 a marzo de 2021, se habían restituido a través de sentencias judiciales 392.877 hectáreas (URT, 2021). Finalmente, durante 2020 no se constituyeron Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

3.      Conflictos alrededor de los derechos a la tierra y al territorio

Se presentaron confrontaciones cuya base son históricos conflictos territoriales y problemas agrarios, por acciones u omisiones de instituciones que vulneran los derechos territoriales:

Cultivos de uso ilícito, sustitución voluntaria y erradicación forzada, estos conflictos pueden enfocarse a partir de cuatro cuestiones: primero, el incumplimiento de los compromisos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). La segunda cuestión está representada en acciones de resistencia frente a la erradicación forzada, el saldo fueron campesinos asesinados, heridos, capturados, violencia sexual y destrucción de bienes. La tercera cuestión es sobre la reactivación de la aspersión aérea con glifosato. Finalmente, la cuarta cuestión es que la participación en el PNIS ha aumentado el nivel de riesgo y ha implicado el desplazamiento por amenaza de grupos armados. Desde la firma del AFP hasta junio de 2020 fueron asesinadas 75 personas, 20 en 2020.

En 2012, se le adjudicó un título colectivo al Consejo Comunitario del Gobierno Rural de la Boquilla; en julio una sentencia del Tribunal Administrativo de Bolívar anuló la adjudicación debido a intereses del sector de desarrollo turístico e inmobiliario, la comunidad apeló y se encuentra a la espera de un nuevo fallo. Por otra parte, los sectores empresariales, al comienzo del confinamiento, propusieron aprobar procedimientos breves para agilizar temas que “frenan el desarrollo” como trámites de regalías, consulta previa y licencias ambientales.

4.      Acciones de sujetos populares por los derechos a la tierra y al territorio

Con el recrudecimiento del confinamiento y ante la incapacidad del gobierno para contener la crisis sanitaria que se sumó a la desigualdad estructural, las comunidades rurales realizaron acciones para incidir y presionar por acuerdos que mejoraran las condiciones de vida del campesinado, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, y grupos de excombatientes. Implementaron medidas propias para la atención de la pandemia en sus territorios y los escenarios virtuales de movilización se fortalecieron, siendo aprovechados para denunciar y realizar declaraciones políticas.

Desde el 12 de octubre se desarrolló una inmensa movilización, liderada por organizaciones indígenas y campesinas, desde el departamento del Cauca hasta Bogotá, que se llamó la “Minga, por la defensa de la vida y paz, el territorio y la democracia”. Así mismo, entre octubre y noviembre, miles de firmantes de paz se desplazaron desde los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR), hacia Bogotá, en lo que comenzó como la “Marcha por la vida” y resultó en una masiva “Peregrinación”. Se alcanzaron compromisos con el gobierno central. En el mes de diciembre, tres procesos organizativos alrededor de ZRC presentaron una acción de tutela contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y su consejo, en enero de 2021 un juez tuteló los derechos vulnerados y dio el plazo de seis meses a la ANT para que implemente un plan de acción y tome una decisión sobre la constitución de las tres ZRC.

Con respecto a la pandemia y la defensa de los derechos, se debe resaltar el papel de guardias campesinas, indígenas, cimarronas y de las comunidades para ejercer control territorial frente a la circulación de personas ajenas, trabajadores y vehículos de empresas extractivas en múltiples zonas del país, así como acciones de solidaridad entre comunidades para enfrentar el hambre. Las organizaciones campesinas reforzaron sus prácticas de autocuidado, se diseñaron y aplicaron sistemas de monitoreo para hacer seguimiento a los contagios y se interpusieron acciones judiciales para la defensa de sus derechos en contexto de pandemia. Se garantizó el funcionamiento de mercados campesinos, étnicos y agroecológicos mediante la construcción de protocolos de bioseguridad.

5.      Propuestas de política pública

Las principales propuestas y exigencias giraron alrededor de la implementación adecuada e integral del AFP. Además, la necesidad de adecuar la respuesta a la pandemia en función de sus demandas específicas, ocupó buena parte de los debates públicos. Las propuestas que destacamos se centran en los derechos campesinos, la participación en la política alimentaria y en la regulación de cultivos de uso ilícito. Muchas organizaciones campesinas, comunidades étnicas y de pescadores se agruparon alrededor de La Convocatoria (14 de mayo 2020) para hacer propuestas de garantía del derecho a la alimentación y de soberanía alimentaria. Por otra parte, algunos congresistas presentaron el proyecto de ley 236 de 2020, para establecer el marco regulatorio de la hoja de coca y sus derivados.

6.      Normas

En el Estado de Emergencia, se produjeron varias disposiciones en respuesta a la crisis sanitaria. Algunas afectaron los tiempos de construcción y expedición de los Planes de Desarrollo del nivel territorial e incluso, los Planes Departamentales de Extensión Agropecuaria. Algunas específicas que involucran al sector agropecuario son: Decretos 486 y 796 de 2020 del MADR; Decreto 523 de 2020 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Resoluciones 075 del MADR y 078 de URT. En septiembre, en respuesta a una orden de la Corte Constitucional, ya que su vigencia era hasta junio de 2021, se prorrogó por diez años la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras y de los Decretos. En materia de acceso a tierras se adoptaron dos normas relevantes: La ANT expidió el Acuerdo 118 que modifica el Acuerdo 058 de 2018, que reglamenta la asignación de derechos de uso. Así mismo, se expidió el Decreto 1330 que reglamenta el Subsidio Integral de Acceso a Tierras (SIAT),

7.      Instituciones

No existieron cambios en la estructura institucional del sector agrario y de tierras ni en las apuestas de política pública. Por otra parte, en el marco de la implementación del AFP, en la adopción de los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral (PNRRI) se crearon instancias interinstitucionales de tipo técnico y decisión relacionadas con generación de ingresos, asociatividad y comercialización rural.

[1] Acceso a tierras, Ordenamiento Social de la propiedad, Formalización y Regularización.

Chile Rural: entre la pandemia y el proceso constituyente[1]

Rodrigo Faúndez Vergara
rodrigofaundezv@gmail.com

Sociólogo de la Universidad de Valparaíso y Magíster en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Miembro del Movimiento de Defensa por el Agua, la Tierra y el Medioambiente (MODATIMA). Investigador en ámbitos de la sociedad civil, movimientos sociales, ruralidad y políticas públicas.

Catalina Huerta Huerta
catalina.huerta@ug.uchile.cl

Licenciada en Sociología de la Universidad de Chile. Miembro del Movimiento de Defensa por el Agua, la Tierra y el Medioambiente (MODATIMA). Investigadora en ámbitos de medio ambiente, territorios rurales y políticas públicas.

1. Marco general del país

La revuelta popular de octubre de 2019, promovió el escenario político proceso constituyente. La Convención Constitucional estará compuesta por 155 miembros electos, de los cuales, 17 son escaños reservados para pueblos originarios, siete para el pueblo Mapuche, dos para el pueblo Aymara y uno para los pueblos Atacameño, Colla, Quechua, Rapa Nui, Yámana, Kawashkar, Diaguita y Chango, respectivamente. Se excluyó al pueblo tribal afrodescendiente.  

Fue relevante la discusión y la insistencia gubernamental por aprobar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), debido al interés de la alianza Asia-Pacífico y a los grupos económicos multinacionales.

La crisis sanitaria contuvo las movilizaciones en los territorios, pero la profundización de la desigualdad, permitió su resurgimiento a fines de 2020. El COVID-19 provocó mayor inseguridad a las comunidades rurales, vulneradas por proyectos extractivos que generan pasivos ambientales, contaminación, escasez de agua, y una alta conflictividad territorial.

El gobierno declaró en marzo, el Estado de Emergencia en el territorio nacional, e impuso la cuarentena obligatoria con un toque de queda. Comunas con población mapuche como Temuco o Padre Las Casas, se vieron afectadas por el COVID-19, sin acceso a la atención médica y con restricciones a su ritualidad.

La política represiva del Estado ha fortalecido la unidad militar en el Wallmapu, con la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe; y además, ante el aumento de incendios de camiones de empresas forestales en carreteras, reforzó el control militar, terrestre y aéreo, de la Araucanía.

Un grupo de presos políticos inició una huelga de hambre en Angol, Lebu y Temuco, solicitando la aplicación del Convenio 169 de la OIT, que establece la obligación de los Estados a tener en cuenta sus características económicas, sociales y culturales, así como a optar por sanciones distintas al encarcelamiento. Esta fue la demanda del machi (autoridad) Celestino Córdova para cumplir seis meses de la condena en su lof (comunidad).

La radicalización de la huelga de hambre tuvo un gran apoyo de las comunidades y desató actos de violencia racista contra el pueblo mapuche, principalmente, desde la organización de ultraderecha, Asociación Para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía (APRA).

2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio

El Estado reconoce la reivindicación histórica por acceso a tierra a los pueblos indígenas, mediante el artículo 20 de la Ley Nº 19.253 del Fondo de Tierras y Aguas, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), que corresponde a un subsidio postulable por comunidades indígenas para comprar o regularizar tierras. El gobierno intentó entregar dinero a las familias y no tierra, la Contraloría General de la República, rechazó este pedido.

El alcalde mapuche de la comuna de Tirúa, Adolfo Millabur, denunció que en el año 2020 tan sólo 8 % del presupuesto de tierras fue gastado para este fin.

Según la CONADI, entre los años 1995 y 2020, 7.758 familias indígenas han sido beneficiadas con subsidios para compras de tierras por parte del Estado, una superficie de 61.098 hectáreas. En el año 2020, el Estado otorgó 654 hectáreas de tierra a 189 familias indígenas.

La CONADI en el período 1995-2020 financió conflictos por tierras que benefició a 19.810 familias indígenas, con 211.802 hectáreas. En el año 2020, este mismo financiamiento benefició a 706 familias con 3.971 hectáreas.

En relación al acceso a tierra bajo la Ley 20.249 Lafkenche de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios, se entregaron 12.122 hectáreas, acumulando 56.001 hectáreas otorgadas entre los años 2012 y 2020.

Las medidas estatales no se relacionan con las demandas de tierras ancestrales de los pueblos, el pueblo Mapuche reivindica 10 millones de hectáreas, por ello ocurren las constantes ocupaciones de fundos por parte de sus comunidades, que en el año 2020 persistieron.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

Inseguridad alimentaria

Como señala Zoila Bustamante de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (CONAPACH), la crisis sanitaria ha afectado al sector silvoagropecuario, pero no es la primera vez, tras terremotos o catástrofes naturales, siempre los y las agricultoras familiares, pescadores/as artesanales y feriantes han sido quienes sacan adelante el abastecimiento de alimentos: “Somos la primera línea de la alimentación, somos los que abastecemos al pueblo cuando no hay grandes empresas”.

En 30 años, la producción de legumbres ha disminuido en más de 80 %. El país depende de las importaciones para cubrir más de 70 % de sus necesidades de consumo.

Crisis hídrica y sanitaria

La escasez hídrica y la falta de agua para consumo humano impidió adoptar medidas de prevención al virus. En la provincia de Petorca, la distribución alcanza un promedio de 50 litros diarios. Recién en julio, se consiente aumentar el volumen a 100 litros por persona al día.

Traspaso de terreno a granja China

El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) entregó vía comodato, un terreno de 60 hectáreas a la Federación de Productores de Fruta (Fedefruta), por un periodo de 25 años. Se destinarían 10 hectáreas para una Granja China en Chile, y otras 50 hectáreas para huertos demostrativos intensivos. Esta iniciativa encontró resistencia en San Nicolás, una comuna declarada como agroecológica en el año 2018, y que había preivsto un proyecto para implementar un parque agroecológico juntoa a organizaciones campesinas. Entre los socios de Fedefruta se encuentra un ex ministro de agricultura, hecho no informado con antelación a la aprobación del proyecto.

Profundización de la apertura comercial

El gobierno concedió licencias para abrir nuevos mercados para la importación y exportación de productos alimenticios. Sólo 25 % de las 35 mil toneladas de legumbres que se consumen al año se cultivan en el territorio nacional. De acuerdo a las cifras oficiales, en la temporada agrícola 1979-80 se sembraron 202.420 hectáreas de legumbres en todo el país, superficie que en la temporada 2019-2020, se redujo hasta llegar a las 22.578 hectáreas.

Conflicto del Estado contra el pueblo Mapuche

El COVID-19 ha golpeado a las comunidades rurales y ciudades. El machi Celestino Córdova y otros 27 comuneros, presos políticos, iniciaron una huelga de hambre pidiendo cumplir parte de su condena en su comunidad, sentenciada en el juicio por el delito de incendio que ocasionó la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay. A más de 80 días de huelga, se radicalizó a través de una huelga seca, y esto, desató solidaridad y mayor violencia.

El gobierno presentó un proyecto de ley para la persecución del robo y hurto de madera, considerando que la raíz del conflicto mapuche está la industria forestal. La aprobación de esta ley tiene un carácter criminalizador y permite interceptar las comunicaciones, y el uso de agentes encubiertos, etc.

Exclusión del pueblo tribal afrodescendiente chileno de la elaboración de la Nueva Constitución

Se excluyó a los afrodescendientes del censo del 2012, y en el censo abreviado de 2017. En abril de 2019, se decreta la Ley N° 21.151, para el reconocimiento jurídico al Pueblo Tribal Afrodescendiente, como sujetos de derechos colectivos. Ahora demandan su participación en el proceso constituyente.

4. Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y el territorio

Acciones de apoyo a comedores solidarios en el marco de la pandemia^[2]  [3]

La crisis alimentaria se ha expandido, con el COVID-19, surgieron cientos de ollas comunes y comedores solidarios. La Cooperativa Mapuche “Gente de la Tierra” de la comuna de Tirúa donó 4.500 kg. de papas a comedores solidarios; y los campesinos de la comuna de Los Ángeles donaron hortalizas a comedores de la Pastoral Social del Obispado.

Manifiesto por la agricultura familiar^[4]

En julio se elaboró el “Manifiesto por la agricultura familiar: primera línea de la alimentación”, coordinado por académicos y firmado por organizaciones campesinas y sociedad civil.

Movilizaciones ante la violencia racista contra el pueblo Mapuche^[5]

Destacamos la solidaridad de los pueblos ante la criminalización que es objeto la lucha del pueblo Mapuche.

Trawun en el marco de la violencia racista contra el pueblo Mapuche^[6]

El 8 y 9 de agosto se desarrolló en la comuna de Curacautín un encuentro o Futa Trawun luego de los hechos de violencia racista. Se discutieron estrategias a futuro y se realizó una marcha hacia la ciudad de Curacautín, que fue reprimida.

Ocupaciones de fundo en territorio Mapuche y la lucha contra empresas forestales e hidroeléctricas

El lof Adkintué ocupó el fundo La Fusta en Lonquimay, a fines del 2019. En mayo fue desalojada con represión.

En septiembre, cinco comunidades mapuche desarrollaron ocupaciones de fundo en comunas de Traiguén y Victoria. Estos predios alcanzan más de 13 mil hectáreas de terreno.

El lof mapuche Juan Jose Ayenao, en diciembre ocupó el Fundo Buena Vista de la empresa forestal AF Chile, en el sector Llaima de la comuna de Melipeuco.

5. Propuestas

Propuestas de política

Decreto para aumentar volumen de agua en Provincia de Petorca

MODATIMA interpuso dos recursos de protección ante la Corte de Valparaíso solicitando aumentar al doble (100 litros diarios por persona) el agua entregada a las comunidades rurales de Petorca. La Defensoría de la Niñez presentó un tercer recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, que logró anular la resolución en contra y que cumplía con lo que establece la Organización Mundial de la Salud como el mínimo para vivir.

Acuerdo por huelga de hambre Machi Celestino Córdova

A más de 100 días de huelga y mesas de negociación fallidas, el machi Celestino Córdova depuso su huelga de hambre, firmó un acuerdo con el gobierno para que su recuperación sea en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial y que, tras su eventual mejoría, deberá postular al Centro de Educación y Trabajo (CET) y pueda visitar su rewe por un máximo de 30 horas.

Propuestas a nivel de gestión comunitaria

Sistema de Monitoreo Local de Cuencas (SIMOL) es un proyecto ejecutado por la Universidad de Concepción en colaboración con la Unión Comunal de Agua Potable Rural de la comuna de Ránquil, en la región de Ñuble. Más de 20 de habitantes comenzaron un programa de formación e investigación en línea para Monitores Simol.

6. Normas

En el mes de enero, se promulgó la Política Nacional de Desarrollo Rural, que tiene como propósito central “mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en los territorios rurales”.

En el mes de octubre se promulgó la Ley Nº 21.273 que reconoce al pueblo Chango y sobre tierras indígenas, e incorpora nuevas definiciones sobre tierras indígenas.

En noviembre, entró en vigencia la ley que regula el reglamento de la Ley 20.998 de Servicios Sanitarios Rurales, modificando la administración de los actuales sistemas de Agua Potable Rural (APR), el rol d el Ministerio de Obras Públicas y el Programa de Agua Potable Rural y se garantiza la inversión pública.

Proyecto de Ley que crea el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural^[7]

El 22 de enero, se creó el Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural, para dar mayor competitividad a las actividades productivas agrícolas, alimentaria, acuícola y forestal. No cuenta con participación de la sociedad civil y tiene un carácter productivista

El Gobierno pone suma urgencia a la aprobación del TPP11 y encuentra resistencia de los movimientos sociales y de la ciudadanía en general.

7. Instituciones

Suspensión de la Comisión Investigadora por Mega Sequía y Cambio Climático, que no retomó sus funciones y no elaboró un informe de resultados de su investigación.

Profundización de la apertura comercial

La pandemia mostró que los circuitos mundiales de comercialización de alimentos ponen en jaque el sistema global de circulación de productos, pues la crisis sanitaria impone nuevos términos de relacionamiento comercial a lo largo de todo el encadenamiento productivo.

[1] Resumen del capítulo de Argentina, del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, disponible en: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/146

^[2] Diario Concepción. Disponible en: http://bit.ly/3utpdpZ

^[3] La Tribuna. Disponible en: http://bit.ly/3dHJrWZ

^[4] Ciper. Disponible en: http://bit.ly/2ZLRbPI

^[5] Radio Juan Gómez Millas. Disponible en: http://bit.ly/3dHiXoE

^[6] Revista De Frente. Disponible en: http://bit.ly/3qTYyjZ

^[7] Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Disponible en: http://bit.ly/2P9XYk1

Luchas por la tierra y el territorio, en la pandemia en Argentina[1]

Gisela Hadad
giselahadad@hotmail.com

Socióloga, Doctora en Ciencias Sociales. Investiga conflictos territoriales y la identidad del movimiento indígena.
Coordina el Grupo de Trabajo (GT) Pueblos Indígenas, autonomías y derechos
colectivos, y es miembro del GT Estudios Críticos del Desarrollo Rural (CLACSO).

Tomás Palmisano
tomaspalmisano@hotmail.com

Politólogo, Doctor en Ciencias Sociales. Investiga la concentración de la tierra y el capital,
las transformaciones territoriales, acción colectiva y resistencias al
avance del agronegocio, la minería de gran escala y la actividad hidrocarburífera.

Juan Wahren
juanwahren@gmail.com

Sociólogo, Magíster y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Coordina el GT de Estudios Críticos
del Desarrollo Rural, integra el GT de Territorialidades en disputa y re-existencia (CLACSO),
y el GT sobre Movimientos Sociales y Educación Popular (GEMSEP).

Grupo de Estudios Rurales – Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales de
América Latina (GER-GEMSAL). Instituto de Investigaciones Gino Germani. Universidad de Buenos Aires

1. Entre la crisis económica y la crisis sanitaria

En diciembre de 2019 se produjo un recambio presidencial que supuso la salida del entonces presidente Mauricio Macri, máximo referente de la Alianza Cambiemos, y su reemplazo por Alberto Fernández de la coalición Frente de Todos de composición principalmente peronista. A pesar de las diversas políticas anticíclicas y algunos gestos positivos hacia las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar, el nuevo gobierno nacional ha mostrado un importante apoyo al modelo extractivo.

 La pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2 que provoca la enfermedad por COVID-19 significó un nuevo golpe a la economía argentina profundamente resentida. El 19 de marzo se anunció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO), el cuál exceptuó una serie de actividades esenciales entre las que se incluyeron aquellas vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

En la última medición disponible correspondiente al tercer trimestre (INDEC, diciembre de 2020b), el Producto Interno Bruto (PIB) mostraba una caída de 10,2 %, respecto al mismo trimestre del año anterior, la relación deuda pública/PIB era de 100,7 %, 10,5% más que a finales de 2019 (Secretaría de Finanzas, 2020).

2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio

Según información proporcionada por responsables del Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (PRONTAR) desde el año 2018, este fue desfinanciado y la pandemia dificultó notablemente retomar los trabajos. Además de la titulación mediante convenios de 37.095,23 ha el PRONTAR destinó fondos a obras hidráulicas, alambrados y la provisión de frutales y aves de corral para las familias campesinas. Por su parte, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) finalizó cerca de 50 relevamientos territoriales.

En el plano del derecho internacional se produjo un auspicioso fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la Asociación Lhaka Honhat, que nuclea alrededor de 132 comunidades, conformadas por unos 10.000 miembros de los pueblos wichí, iyjwaja, komlek, niwackle y tapy’y.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

Los acontecimientos más destacados por provincia son:

Buenos Aires: La principal problemática radica en torno a las fumigaciones con agrotóxicos. En algunos municipios los propios vecinos realizan una “epidemiología popular” que constata la multiplicación de casos de malformaciones, cáncer, infertilidad y otras enfermedades. Otra problemática emergente en la provincia fue la quema de pastizales en zonas de humedales, detrás de las cuales se encuentran intereses inmobiliarios y del agronegocio.

Catamarca: Las comunidades indígenas diaguitas se ven fuertemente afectadas por el uso intensivo del agua que requiere la actividad de la empresa minera FMC, que explota la laguna extrayendo litio. La organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA) advirtió sobre este hecho pues teme que se repita la historia del río Trapiche, que se secó por la sobreexplotación.

Chaco: Esta provincia ha continuado sufriendo el avance de los desmontes, aún durante el ASPO. La presión extractivista sobre el territorio trae aparejado el aumento de la persecución y represión a sus pobladores. En respuesta, algunas comunidades se organizaron en milicias de defensa del territorio, como es el caso de la Guardia Comunitaria Whasek Wichí.

Chubut: Las autoridades impulsan un proyecto de zonificación que prevé “sacrificar” áreas de la meseta central de Chubut y habilitar emprendimientos mineros. En noviembre la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UAC-CH) denunció el allanamiento de viviendas de asambleístas de Rawson.

Entre Ríos: Autoridades uruguayas aprobaron una legislación que multiplicaba entre 3 y 200 veces, respecto de los valores anteriores, la concentración permitida de sustancias tóxicas en los vertidos fluviales (fósforo, cromo, mercurio, plomo, etc.), sumado a eso, la provincia sigue afectada por las fumigaciones con agrotóxicos, especialmente sobre poblados y escuelas.

Formosa: Durante 2020, se denunció el desmonte de unas 8.000 ha del predio en territorio formoseño, esta situación se vincula con la creciente criminalización y represión de los pueblos indígenas que habitan en Formosa.

La Pampa: La problemática del agua es uno de los principales conflictos, y en este caso, se visualiza en una fuerte oposición a la construcción de la represa Portezuelo del Viento.

La Rioja: En Nonogasta, departamento de Chilecito, funciona desde décadas la curtiembre Curtume CBR, que acumula decenas de denuncias por contaminación de aguas y suelos, vertido de sustancias tóxicas, aumento de enfermedades graves (genéticas, respiratorias, cancerígenas), etc.

Mendoza: Es notable la lucha del pueblo mendocino en contra de la modificación de la ley provincial 7722, que protege el agua y prohíbe el uso de sustancias tóxicas (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, etc.). Por otra parte, el gobierno provincial decidió cerrar la Escuela Campesina Agroecológica, gestionada por la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra-Somos Tierra Vía Campesina (UST).

Misiones: Fue escenario de múltiples resistencias, así como de hechos de violencia hacia las comunidades mbya guaraní, que se enfrentan permanentemente al desmonte y el desalojo.

Neuquén: Entre los conflictos más destacados, está el que sostiene cerca de Añelo, la comunidad (lof) Campo Maripe con el Estado provincial y las empresas petroleras que ocupan su territorio. Varias comunidades, entre ellas Paichil Antriao y Quintriqueo, siguen sin poder concluir la demarcación y titulación territorial, y son sometidos a constantes amenazas de desalojo.

Río Negro: En 2017, las fuerzas policiales fueron responsables de la muerte del joven comunero Rafael Nahuel, A la fecha continúa el hostigamiento. Por su parte, el lof Buenuleo, ubicado en el Cerro Ventana de Bariloche, objeto de múltiples agresiones e intentos de desalojo, recibió el 14 de mayo un dictamen favorable de la CIDH a la medida cautelar solicitada en favor de los miembros de la comunidad.

En otro orden de conflictos, en diciembre de 2019, el gobierno aprobó la utilización de un pozo de agua de 2,5 millones de litros para la minera Aquiline Argentina. Por su parte, la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobacci demanda que se cancelen los permisos de extracción de agua subterránea.

Salta: En los primeros meses del año se registraron al menos 25 muertes de niños y niñas wichís por desnutrición y deshidratación, mientras que el avance de la frontera agrícola destruyó las principales fuentes de vida de las poblaciones originarias.

Santa Fe: A fines de 2019,  entra en default del grupo agroexportador Vicentín. Desde noviembre de 2019, se encuentra en la Cámara de Senadores (con media sanción de Diputados) un proyecto que establece una zona de resguardo de 1.000 metros libres de tóxicos alrededor de pueblos y ciudades, pero el mismo no fue tratado a lo largo de 2020.

4. Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y el territorio

Antes del ASPO, se realizó un encuentro masivo en Rio Negro por el Agua y el Territorio de Kurulefu. Así mismo se organizaron asambleas masivas. Durante la pandemia se crearon nuevas redes de distribución y comercialización justa y solidaria que rebasaron la capacidad de producción de muchos de los movimientos campesinos e indígenas que producen alimentos frescos y procesados desde sus territorios. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) junto a los tradicionales verdurazos en algunos puntos del país –con un particular respeto a las mediadas de cuidado colectivo- en octubre, instaló una “chacra agroecológica” simbólica en la Plaza de Mayo. Después de la cuarentena, los días 11 de octubre y 12 de diciembre se realizó una constelación de Acciones Plurinacionales por la Vida y los Territorios de Abya Yala, que tenía como centro la denuncia de la continuidad del extractivismo y visibilización de las demandas y alternativas que se construyen desde los movimientos sociales.

Diferentes organizaciones rurales e investigadores y científicos expresaron su preocupación por la aprobación del trigo transgénico y por el acuerdo de granjas porcinas con China. Respecto a la pandemia pudimos relevar una serie de declaraciones y manifiestos de diversas organizaciones indígenas, campesinas y socio-ambientales. Dichas declaraciones tenían como eje el replanteamiento del modelo agroalimentario nacional, además de poner en cuestión la ilusión del crecimiento económico basado en el despojo y la expropiación de territorios y vidas.

5. Propuestas

Con respecto a proyectos de ley se ha propuesto El proyecto de Ley de Control Ambiental de Fumigaciones; El Proyecto de Ley de Acceso a la Tierra y La propuesta de Ley de Humedales. Desde el campo de la permacultura, la Asociación Gaia, propone modificar la forma de entender el mundo y las relaciones vitales, promoviendo el conocimiento de los principios y los valores éticos de la permacultura.

6. Normas

Durante el año 2020, se promulgaron diversas normas a nivel municipal y provincial en relación con el uso de los recursos naturales, regulando la megaminería, la técnica de la fractura hidraúlica para la extracción de hidrocarburos y la distancia de las fumigaciones con agrotóxicos en las zonas rurales y rururbanas.

En agosto se creó el Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura.

Con respecto a la problemática medioambiental, en septiembre se anunciaron varias medidas: la creación del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, el envío al Congreso del proyecto de Ley de Educación Ambiental, la implementación del Plan Casa Común y el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego al ministerio de Ambiente

[1] Resumen del capítulo de Argentina, del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, disponible en: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/146

En tiempo de pandemia:
“Tierra, salud, trabajo y soberanía”[1]

Oscar Bazoberry Chali[2] y Ruth Bautista Durán[3]

1. Contexto y síntesis

• ¿Y usted sigue dando manija al tema de tierra territorio?
• Pues sí –y ahora con mayor razón–.

Para definir el año 2020 en una palabra, elegiríamos incertidumbre, por la falta de certeza sobre la posibilidad de contagio de una enfermedad que llevó a la humanidad a extremos desconocidos.

El objetivo del Informe Anual Acceso a la tierra y territorio, en su sexta versión, como del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio[4] y la sistematización de casos inspiradores es mostrar, a través de diferentes herramientas, que existen territorios rurales vivos, dinámicos y con formas propias de reproducción y autogobierno.

No es interés especial del IPDRS, el trabajar el conflicto, pero es evidente que la tierra y territorio, es un recurso escaso y valioso del que los gobiernos e intereses privados están permanentemente al acecho. Esto no cambió con la paralización de muchas actividades y desplazamientos impuestos por el COVID-19, y este Informe introduce diversos testimonios, datos y otros aspectos que muestran que el acoso a los territorios no paró, y por supuesto, tampoco se detuvo la demanda de campesinos, indígenas, afrodescendientes por mayores dotaciones y seguridad sobre sus territorios.

Aunque encontramos un excesivo entusiasmo sobre los aprendizajes que va dejando el COVID-19, es necesario profundizar, sistematizar y comunicar con mayor énfasis, las virtudes de la vida rural para resistir a crisis como la que atravesamos. Al mismo tiempo, desnudar las limitaciones de la vida urbana y las deficiencias de los sistemas públicos en Sudamérica.

Gobierno territorial

Prácticamente en todos los países se encuentran las medidas de aislamiento y cuidado, en especial, en los casos de situaciones con vínculos muy dinámicos con personas que temporalmente, transitan o viven en los territorios, sea por el asentamiento de empresas extractivas, por comercio ambulatorio, por labores de educación y por trabajo en entidades públicas y privadas.

En Bolivia, muchas organizaciones territoriales de la Amazonía, los llanos tropicales y el Chaco emitieron votos resolutivos determinando medidas para proteger sus formas de vida. El autoaislamiento, la prohibición de la salida de los territorios para las y los comunarios, la regulación de la provisión de alimentos y la prohibición del ingreso de terceros para actividades extractivas. Pronto estos votos resolutivos se convertían en denuncias porque una diversidad de actores e instituciones no acataban la palabra de los autogobiernos indígenas en sus territorios, y luego, los pedidos de solidaridad para contar con insumos de información, prevención y tratamiento de la enfermedad; y, además, la demanda de servicios de salud integral con enfoque intercultural.

La ruralidad colombiana, con toda la adversidad que vive, mostró una serie de aspectos a destacar. El rol de las guardias campesinas, indígenas y afrodescendientes para ejercer control territorial frente a la circulación de terceros, trabajadores y vehículos de empresas extractivas; y también, acciones de solidaridad entre comunidades para enfrentar el hambre. Las organizaciones campesinas propusieron prácticas propias de autocuidado, diseñaron y aplicaron sistemas de monitoreo de contagios, y construyeron protocolos de bioseguridad para el funcionamiento de mercados campesinos, étnicos y agroecológicos.

Además de estas actividades desde el ámbito local y territorial, las organizaciones rurales no abandonaron su agenda reivindicativa nacional en interlocución al Estado, promovieron una serie de debates y audiencias y desarrollaron acciones judiciales por sus demandas. Entre ellas, dar respuesta a la pandemia en articulación a los derechos campesinos, la participación de sus instancias y dirigencias en la política alimentaria y en la regulación de cultivos de uso ilícito.

La paralización de actividades, que afectó la comercialización de los productos locales y la provisión de insumos y otros productos para las comunidades, también promovió otras formas de organización del mercado, tanto para sacar productos a los centros poblados, como para proveerse de productos de manera colectiva, disminuyendo la intermediación y la posibilidad de contagio en los territorios.

Como en el resto de la humanidad, estos círculos de protección no fueron suficientes. En la mayoría de los casos, la enfermedad llegó con características de contagio distintas a las urbanas, pero con consecuencias sobre la vida y la salud de las personas, de las que no se cuenta con un registro oficial pormenorizado.

Los territorios y sus formas de gobierno no han estado exentos de conflictos internos, así como de conflictos con otras poblaciones campesinas e indígenas. En algunos territorios se han manifestado distintos intereses de personas que prefirieron arriesgar a sus familias, por vínculos laborales y comerciales, que acatar las medidas impuestas por sus organizaciones territoriales.

También se han manifestado conflictos, antiguos y nuevos, por límites de las comunidades, como se reporta en Bolivia y Perú. Conflictos que son producto de la revalorización del territorio como propiedad común y la mayor presión que se ejerce sobre él en tiempos de crisis. En el caso de Bolivia, se han reportado con énfasis, disputas de territorios indígenas del oriente con nuevos asentamientos humanos organizados por campesinos andinos, denominados interculturales, que en algunos casos se escudan en reivindicaciones legítimas, para cubrir situaciones de tráfico de tierras.

Sistemas agroalimentarios y encomiendas

Las políticas gubernamentales adoptaron una diversidad de recursos y estrategias para respaldar a la base social a la que se deben. En Ecuador, por ejemplo, se promovió una canasta alimentaria solidaria basada en productos del agronegocio, en lugar de colaborar con los circuitos de pequeños productores y consumidores, y así, activar la economía que más cercana está a la mayoría de la gente. En todos los casos, incluyendo el de Brasil y el gobierno que no acata las medidas de prevención, en los territorios rurales son las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes las que generan políticas de prevención basándose en su capacidad de control territorial. Las comunidades rurales recurren a todo su potencial organizativo y productivo para albergar y alimentar a la población que había emigrado a las ciudades en busca de trabajo, y que en la pandemia se vio desempleada y retornó al campo.

Estas acciones territoriales tienen que ver con sistemas alimentarios campesinos e indígenas de circuito corto que funcionan, gestionan recursos y tienen propuestas para el resto de la sociedad. En algunos casos, las instituciones subnacionales alentaron estas iniciativas, descentralizando los grandes comercios que suelen concentrar conglomerados de gente hacia zonas periféricas y donde los productores o intermediarios podían llegar para el abastecimiento alimentario. En otros casos, la omisión institucionalizada hacia los territorios rurales y su población, recayó en que el control territorial logre cerrar el paso de foráneos —y posibles contagios— a las comunidades o en que estas comunidades vivan un autoaislamiento, o más bien, un desolador abandono.

En Argentina, se crearon redes de distribución, comercio justo y solidario, que mostraba la potencialidad de la producción agroecológica de alimentos. Organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que realiza periódicamente los verdurazos en algunos puntos del país, adoptó medidas de bioseguridad y cuidado colectivo, e instaló –una “chacra agroecológica” simbólica en la Plaza de Mayo. Y entre octubre y diciembre, se realizaron una serie de acciones de denuncia de la continuidad del extractivismo, a la vez que visibilizaban las demandas vigentes de sus organizaciones.

En Uruguay y Chile se promovieron ollas populares y comedores solidarios. La Cooperativa Mapuche “Gente de la Tierra” de la comuna de Tirúa concedió una buena cantidad de tubérculos a comedores; y la comuna de Los Ángeles donó hortalizas a la Pastoral Social del Obispado. Muchos espacios precarizados quedaron en desabastecimiento con las restricciones que impuso la pandemia. Los asilos, orfanatos, comedores populares, hospitales, internados, etc. En muchos casos, estas instancias rurales y urbanas quedaron desprovistas de recursos, desabastecidas y aisladas por la falta de trasporte, si no se trataba de este tipo de iniciativas locales, no podrían sobrellevar la temporada.

En varios territorios, se recuperaron algunas prácticas de aprovechamiento del suelo, de trabajo y distribución de alimentos como el trueque. En Ecuador, pese a la declaratoria de estado de excepción, la población se mantuvo activa, adoptó los mecanismos virtuales disponibles y activó estrategias para prevenir contagios dentro de las comunidades, así como el trueque de productos alimentarios entre comunidades.

Sin embargo, los registros con los que contamos muestran que la población rural fue más afectada que la población urbana por la falta de circulante en dinero, pero presentó mejores condiciones para la provisión de alimentos. Se revalorizó la producción de alimentos y se renovaron las expectativas de salir al mercado con los productos de cercanía, frutas y verduras, incrementtando la oferta de productos saludables.

En el contexto de la pandemia, se desplegaron canales alternativos para la provisión de alimentos a las ciudades. En gran medida las organizaciones agroecológicas más sólidas reaccionaron pronto, al tiempo que se multiplicaron las pequeñas ferias improvisadas que atrajeron a productores campesinos, familiares y a consumidoras y consumidores urbanos, incluso en las grandes ciudades, fueron visibles estas nuevas redes de mercado y aprovisionamiento. 

Al revalorizar los productos frescos, de cercanía y saludables, la pandemia desnudó la crisis de producción de alimentos en algunos de los países, especial reporte de Paraguay, donde se puede comprobar la fuerte dependencia de países vecinos para el abastecimiento de productos de la canasta básica, situación que terminó en inflación y relativa escasez de alimentos.

A contramano, los mercados de exportación fueron golpeados, en el reporte de Uruguay se visibiliza el mercado de la carne, su decremento en volumen y precio, y dependencia del mercado de la China y Europa. En Bolivia, se vio afectado el mercado de exportación de la quinua, con el mismo impacto en volumen y precio. Aunque con distinto rostro social, los extremos terminaron afectando a los pequeños productores y a los empleados de las cadenas de exportación, situación que ha sido poco discutida a nivel regional.

La producción de granos ha ganado protagonismo y territorios en Sudamérica; los precios disminuyeron, especialmente, por el efecto de la baja del petróleo, lo cual no necesariamente impacta al productor, cuyo principal insumo es este combustible y sus derivados. Este sector también fue afectado por la disminución abrupta del transporte marítimo. Sin embargo, los reportes globales siguen reportando el continuo crecimiento del sector, especialmente, el soyero que se ha recuperado y para el 2020 ha incrementado sus áreas de cultivo vía deforestación, cambio de uso de suelo y acumulación de tierras.

El uso de pesticidas altamente tóxicos tampoco se ha detenido con la pandemia. En la mayoría de los países se han incrementado los registros de nuevos productos o nuevas etiquetas que renuevan el entusiasmo por su aplicación. En Bolivia, en un gobierno con escasa legitimidad para decisiones estructurales, aprobó un decreto para acelerar la aprobación de transgénicos para el maíz, la caña, el trigo y el algodón, lo cual finalmente, no progresó. En Argentina, se aprobó un nuevo evento para el trigo denominado HB4, y se constituyó en el primer país en introducir estas semillas al mercado.

El apachikuy, como reza el testimonio que recogemos del Perú, es un término en quechua que ha venido a significar la costumbre del envío de encomiendas, especialmente, alimentos del campo a la ciudad. Es destacable que se haya documentado esta relación y más aún, que en varias regiones esta logística se haya extendido a las autoridades y proyectos coordinados desde instancias locales del Estado. Esto reafirma que la multiresidencia se sostiene en fuertes vínculos territoriales y culturales, más allá de la distancia física.

La histórica vinculación del campo a la ciudad, en la provisión de alimentos y como vínculo familiar y comunitario, normalmente desconocida por la lógica del mercado y la estadística global, ha dejado ver su afectuosa manifestación en estos tiempos de crisis.

Sería importante enumerar los artículos incluidos en las encomiendas, productos difíciles de imaginar por su variedad local, temporal y cultural. Se transportan habitualmente, como un apoyo a los familiares, a las hijas e hijos que tomaron el camino hacia la ciudad u otras regiones rurales, también a las y los amigos, compadres, padrinos y autoridades territoriales.

En una encuesta en Bolivia sobre los sistemas alimentarios, aproximadamente, 90 % de la población entrevistada en zonas de valles enviaron alimentos a sus familiares en la ciudad, 70 % de familias del altiplano y en 60 % las familias del trópico, hicieron lo propio. En proporciones muy similares, las familias en el campo recibieron a familiares que retornaron, de visita o con intención de reinstalarse, debido a la pandemia del COVID-19. Esto ha generado una presión sobre los sistemas alimentarios y sobre otros recursos familiares y comunitarios que es muy difícil de cuantificar[5].

Caminatas de retorno

En la misma lógica anterior, distintos países de Sudamérica han reportado movimientos de población. Los más conocidos, los ocurridos en las ciudades y carreteras del Perú. Nuevamente, el gobierno se involucró en convertir esta situación en una noticia global. Personas y grupos familiares intentando salir de las ciudades y volver a sus lugares de origen, lográndolo por medios no convencionales, a pie y en transporte por tramos. A fines de abril, el gobierno informó que 167.856 personas se registraron para solicitar su retorno a sus lugares de origen, de estas más de 90 % se encontraban en Lima, y hasta esa fecha se trasladaron a 5 mil personas[6]. Sin embargo, muchos otros lo hicieron por sus propios medios, en pericias extendidas por días y con altos costos respecto a situaciones normales[7].

En la mayoría de los casos, el retorno al campo ha promovido la ampliación o construcción de nuevas viviendas; y, además, algunas inversiones en el campo productivo. Aunque no pueden considerarse aún retornos de largo aliento, muchos de ellos, pusieron presión sobre los derechos de propiedad de la tierra y se activaron conflictos por herencias, e incluso, la disputa por el liderazgo entre las estructuras tradicionales y los retornados, o recién llegados. Por otra parte, los retornos temporales como la situación de los estudiantes que siguen sus cursos por medios virtuales, pusieron presión sobre los servicios públicos, para el acceso al internet y sobre costos de conectividad en sus propios entornos familiares y territoriales.

El hecho es que existió un abandono temporal de las ciudades y se revitalizaron los vínculos comunitarios y familiares. Este flujo alimentará las iniciativas de retorno al campo en el mediano y largo plazo, tal como intentan mostrar los casos sistematizados por el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio.

Procesos de restitución y reconocimiento de tierras

Mientras el agronegocio no desaceleró su crecimiento, por distintos caminos y en los diversos países donde existen procesos de restitución y reconocimiento de tierras y territorios, estos fueron bruscamente frenados, especialmente, en el caso de las demandas colectivas.

En Argentina se frenó el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, aunque la protección de las tierras privadas y la judicialización de los conflictos fueron incrementando. En Bolivia, vinculado a la crisis política, el gobierno emitió títulos de tierra a empresarios, desconociendo las demandas históricas y disputas con sectores indígenas y campesinos, lo que actualmente se encuentra en proceso de revisión y reversión. Lo mismo ocurrió en Venezuela, donde el COVID-19 ha traído una casi total paralización de la acción pública en temas relacionados con la tierra.

En Perú se frenaron los procesos del Proyecto de inversión pública Catastro, Titulación y Registro de Tierras (PTRT3) y se priorizaron los procesos de titulación de la propiedad rural individual, según reporta el capítulo, se entregaron 380 títulos de propiedad rural individual y 7 títulos a comunidades nativas.

El freno a los procesos de atención a los derechos colectivos, en especial, a los derechos a la tierra y territorio se van convirtiendo en una tendencia regional de los últimos años, en contrasentido con las demandas históricas y las potencialidades de la administración colectiva de los recursos naturales.

En Brasil, el gobierno de Bolsonaro siguió con una política de retroceso y no priorización. Desde la gestión de Michel Temer se fueron frenando los procesos de creación de asentamientos para campesinos sin tierra y demarcación de territorios indígenas, con Bolsonaro y la crisis sanitaria, estos programas se paralizaron por completo, y se menoscaban los mecanismos legales para deslegitimarlos en el futuro. Según el capítulo de Brasil, que toma datos de la CPT sobre conflictos territoriales, hasta noviembre del 2020, se contaron 18 asesinatos, 1.083 casos de violencia contra la ocupación y posesión, que afectaron a 130.137 familias, y 178 casos de invasión de territorios contra 55.821 familias, entre indígenas y quilombolas, todos ellos articulados a actividades neoextractivistas.

Otro tema que tiene que ver con un contexto de violencia y zozobra son los incendios forestales que se desatan en los diversos territorios de la Amazonía y cuya proliferación en el año 2020, no se contuvo con la pandemia y ningún actor es señalado por la justicia como responsable.

Disputa por la voz

La pandemia significó la explosión de las vocerías y el masivo aprovechamiento de los medios, tradicionales y digitales. La hegemonía de los gobiernos nacionales sobre los medios para prevenir o mitigar la enfermedad, fue tenaz en la recuperación de un protagonismo oficial que no necesariamente corresponde a la noción contemporánea de democracia.

Medios como la televisión y la radio recuperaron sitiales para informar, a nivel global, sobre los avances de la pandemia por el COVID-19 y la normativa generada en los países. En tanto, los medios digitales constituyeron medios alternativos, con alcance más limitado y territorial, dispersos y, en muchos casos, poco fiables para múltiples expresiones desde las individualidades más diversas.

Los medios de información y comunicación dejaron espacios limitados a las organizaciones campesinas e indígenas, sus vocerías se concentraron y se conocen pocos cambios y rearticulaciones. Muchas organizaciones, prácticamente, han desaparecido por falta de canales de resonancia y no haber construido sus propias estructuras comunicacionales.

En los medios de comunicación, se puede observar un fenómeno similar a los sistemas alimentarios y el sistema financiero. Al mismo tiempo que parecen existir mayores canales de democratización y apertura a nuevas iniciativas, existe una mayor concentración sobre pocos agentes, aquellos que administran los medios más difundidos.

Resulta prematuro hacer un balance sobre el uso e impacto de los medios digitales que puede haber tenido en los distintos públicos, talleres, seminarios, encuentros, declaraciones políticas, denuncias, entre otras expresiones que sustituyeron, en buena medida a los eventos presenciales y típicamente rurales.

Demandas ante ausencia de atención sectorial

En la gestión de la pandemia, la mayoría de los gobiernos de Sudamérica no incorporó un enfoque intercultural, sea para monitorear los focos de contagio, para la atención médica de las y los contagiados y para disponer de medidas de alivio a las nuevas y viejas necesidades en temas alimentarios, educativos y económicos.

Desde el IPDRS consideramos que los bonos distribuidos en dinero son una mejor opción –aunque no una solución a cuestiones estructurales– que los bonos alimentarios, porque estos últimos terminan favoreciendo a los paquetes agroindustriales del arroz, aceite, azúcar y fideo, un ejemplo de esto, como ocurrió en Ecuador. La manera en que estos bonos fueron distribuidos, en una época de contención de la movilidad física, no fue lo suficientemente eficiente para llegar a los territorios rurales e indígenas más aislados.

En las áreas rurales, los sistemas educativos se paralizaron casi completamente, con el enfoque de escuela presencial, y no se discutieron ni consideraron alternativas acordes a las características de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

La atención a la disminución de ingresos monetarios de las familias rurales, no está siendo abordada de manera integral y sostenible. Se repiten las fórmulas de reactivación económica tradicionales y con conocidos resultados. Un ejemplo de esto, nos lo ofrece el capítulo sobre Perú, con la creación del programa de Financiamiento Agrario Empresarial (FAE Agro) para otorgar créditos a pequeños productores agropecuarios con aproximadamente 500 millones de dólares (en comparación con 14 mil millones de dólares para el sector empresarial), fondo que se ejecutó en un pequeño porcentaje.

Sobre los trabajadores del agro, tenemos menos información, una situación documentada de recuperación económica la ofrece el capítulo de Uruguay. Luego de la casi paralización de algunas actividades, la reincorporación paulatina de los trabajadores muestra una creciente brecha en la tasa de empleo entre mujeres y varones. En marzo de 2020, la diferencia entre varones y mujeres era de 1 punto porcentual, en diciembre alcanzó 4 puntos de diferencia. En diciembre, la tasa de desempleo en Montevideo se reportó en 8,4 %, y en el resto del país en 11,9 %.

Entre las pocas acciones concretas, sobre la ausencia de un enfoque integral, en Perú, la ONAMIAP, en junio presentó un amparo al Poder Judicial contra los ministerios de Cultura, Salud, Educación, Economía y Finanzas, Desarrollo e Inclusión Social y la Presidencia del Consejo de Ministros, por falta de políticas y medidas de atención con enfoque étnico cultural y de género en el marco de la pandemia por el COVID-19, lo que vulneró y puso en riesgo derechos como la vida, integridad, salud, identidad étnica, educación, igualdad, derecho a la libre determinación y participación[8].

La universalización de la pandemia es una muestra de cómo los gobiernos y las instituciones, ante la emergencia, pueden actuar, voluntaria o involuntariamente, en contra de los principios de interculturalidad, respeto a las diferencias étnicas, de género y generacionales. Un aspecto presente, de manera habitual, en la gran mayoría de las acciones y propuestas de desarrollo e intervención en las áreas rurales.

El cuerpo y la muerte

Sólo un capítulo del Informe Anual ha expuesto al cuerpo, no sólo una materia que simboliza el entretejido social y cultural que se moviliza para coadyuvar al tránsito de la vida a la muerte, sino como como una manifestación de sanación y respeto.

En las sociedades rurales, este tránsito se hace pala en mano, familiares y vecinos cavan las tumbas y entierran a sus muertos, sin mayor trámite que un registro de defunción que puede tardar en oficializarse. En el contexto de la pandemia, la saturación de los servicios funerales, el incremento del costo de los entierros y la privación de prácticas culturales, en muchos casos han llevado a que los cuerpos sean trasladados al área rural, un derecho territorial a la digna sepultura, al que pocas veces se ha prestado atención.

Los análisis clínicos y registros sobre el COVID-19 y otras enfermedades que afectan a la población, insuficientes en las ciudades, y aún más exiguos en las áreas rurales, han generado razonamientos que no se sustentan en información confiable. La percepción de que algunos grupos sociales son más resistentes que otros ante la pandemia, contrasta nítidamente con los indicadores de esperanza de vida y la carencia de acceso a los sistemas públicos de salud, especialmente, en los pueblos indígenas.

En este Informe, como en la mayoría de los estudios sobre la pandemia, abunda la revalorización de los conocimientos y las prácticas tradicionales, en especial, de la llamada medicina tradicional y las prácticas para el cuidado del cuerpo. En pocos casos se informa sobre el monitoreo del impacto del COVID-19 en poblaciones rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, con excepciones notables de algunas organizaciones de Colombia, Ecuador y Brasil.

Poco se dice sobre la manera en la que los pueblos interpretan la vida, la muerte, las enfermedades, y en este caso, la nueva y desconocida enfermedad, que tiene similar sintomatología que otras más conocidas. El uso de los remedios locales que ayudan al cuerpo a dar duras batallas y las prácticas del cuidado tradicional, se han revitalizado y hasta viralizado digitalmente, tanto como la enfermedad.

En varias comunidades andinas se ha despachado al Khapaj Niño Coronavirus[9]¸ tal como las y los abuelos antes despacharon a otras enfermedades letales y como se suele recibir y despachar al granizo, a las plagas u otros fenómenos atmosféricos que alteran el ritmo de los cultivos agrícolas y la vida misma, pero que al pasar enseñan a recobrar el equilibrio. Una actitud y racionalidad que podría dar lecciones de memoria y resiliencia, al resto de la sociedad.

Para muchas de las poblaciones rurales, especialmente comunidades indígenas, esta ha sido una más de las batallas que han tenido que vivir desde el cuerpo y el territorio, para concebirse como sociedades que insisten en la reproducción y resistencia.

2. Reivindicaciones territoriales y vulneración de derechos humanos

Con mucha preocupación, el año 2020 nos deja la constatación de que los contextos marcados por la violencia pueden agudizarse aun con la emergencia sanitaria. En Colombia, la defensa territorial, medioambiental y de derechos enfrentó una mayor invisibilización y desprotección. Las medidas restrictivas por la pandemia, atenuaron las medidas de protección a las personas en riesgo y se autorizaron actividades que conllevan o activan el uso de la violencia, tales como la continuidad de las actividades extractivas, los operativos policiales y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. El capítulo de Colombia de este Informe, basándose en datos de INDEPAZ, indica que durante el 2020 fueron asesinados 310 líderes y lideresas sociales, 12 de sus familiares y 64 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz; 381 personas fueron asesinadas en 91 masacres, ocurrieron 90 eventos masivos de desplazamiento forzado dejando 8.192 familias afectadas; y ocurrieron 630 feminicidios. La dureza de estas cifras es contrarrestada por una permanente resistencia de parte de una diversidad de organizaciones sociales. Precisamente, la viralización de un video en el que policías agredían y asesinaban a una persona, suscitó en septiembre en la ciudad de Bogotá, una movilización de indignación y protesta, cuya respuesta de parte de las fuerzas públicas fue una de las expresiones más duras de brutalidad policial, dejando el saldo de 13 asesinatos y decenas de heridos. Bajo esa sombra, el 12 de octubre se desplegó desde Cauca hasta Bogotá, la “Minga, por la defensa de la vida y paz, el territorio y la democracia”; y entre octubre y noviembre, excombatientes en reincorporación realizaron la “Marcha por la vida” en memoria de los 236 excombatientes asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz en el año 2016.

Puede que el contexto colombiano sea el que mayor preocupación suscita en el ámbito internacional; sin embargo, son varios los patrones de la conducta estatal que se repiten en los diferentes países de la región ante la expresión de la protesta social, y en específico, ante las reivindicaciones territoriales. El desacuerdo, la resistencia y la movilización son legítimo derecho de la sociedad civil; y, la persecución y represión a estas expresiones o a los organismos que las convocan y dirigen, se constituyen en violaciones a los derechos humanos.

En Paraguay, como explica este Informe, las instituciones estatales históricamente han apoyado y priorizado a los agentes del agronegocio y la ganadería de exportación en detrimento de campesinos e indígenas. A la desatendida demanda por tierra, se le suma la lógica del desalojo de tierras que, si bien atenuó en el 2020 por las restricciones de la pandemia, no se detuvo; y, además, persisten los procesos judiciales y la presión que grandes propietarios y terratenientes ejercen sobre las familias sin tierra o con ocupaciones por legalizar, haciendo uso de medios de comunicación para desarrollar campañas que sirven de amedrentamiento y amenaza. Estos sectores, así como lo vive el pueblo Mapuche en Chile y Argentina, utilizan las instituciones estatales, las fuerzas públicas y los medios de comunicación para, en una clara disputa por la tierra, ejercer su poder sobre familias, comunidades y pueblos indígenas que demandan tierra o defienden sus territorios.

En el Informe, se muestra que la continuidad de esta conducta estatal —y sus aliados— en el tiempo de la pandemia por el COVID-19, se expone en Brasil, donde la política gubernamental gestionó la emergencia sanitaria de forma ultraliberal, dando “prioridad a la economía sobre la vida”. De tal forma, se incrementaron las exportaciones y se omitieron la cantidad de decesos y el vertiginoso ascenso de contagios, incluso en territorios rurales alejados de las ciudades que concentran mayor población, pues se habían incrementado las actividades del modelo primario-exportador, la minería, la ganadería, entre otros. Las y los afectados por esta dinámica económica y política gubernamental fueron los pueblos indígenas, que se encuentran acorralados por el latifundio, y ahora, indefensos ante una política gubernamental que, varios han denominado como necropolítica y hasta genocida, pues promovió la ruptura de las medidas de prevención poniendo en riesgo a toda la población, y principalmente, a los sectores más vulnerables, y existía un gran subregistro de contagios y decesos.

3. Apuntes finales

En pandemia, se puede apreciar lo que ocurre con las industrias extractivas, provengan los capitales y los estímulos de donde vinieran. Se paralizó gran parte de la economía, pero no el movimiento de personas, trabajadores de distinto rango, que se articulan a ella, poniendo en riesgo a las poblaciones locales, como comúnmente ocurre con la contaminación, la trata de personas, y la corrupción de autoridades.

Rubros esenciales, se los llama en algunos países, estratégicos en otros, al sector de la economía que es intocable, protegido por los estados, operan en las situaciones más inverosímiles. Ojo que no estamos hablando de alimentos, sino de minerales, hidrocarburos, cultivos forestales, entre otros, que contaminan suelos, agua y generan pasivos ambientales y sociales en magnitudes inatendibles, para los gobiernos que los sustentan.

Las mujeres llevaron la peor parte, la pandemia y el distanciamiento físico, no disminuyó la violencia de género, al contrario, la vulneración de sus derechos y las actividades domésticas y de cuidado, se incrementaron. Si bien desde las instituciones y la prensa, se han hecho esfuerzos por destacar el protagonismo de las mujeres en estos tiempos difíciles, sus conocimientos y su fortaleza para atender el estado físico y mental de su entorno, lo cierto es que no compensa la tremenda carga que se les impuso desde la sociedad, aunque con reconocimientos y glorias.

A los campesinos e indígenas, protagonistas del Informe Anual que presentamos, les quedan sus propias fuerzas para resistir, pero, sobre todo, para tomar en sus manos la economía, los sistemas de salud comunitarios y la educación de sus niñas/os y jóvenes. Para esto, es esencial continuar divulgando y apropiándose del marco de derechos que los protege, como dando caña con la defensa de los territorios y los recursos naturales.

[1] Texto resumido de la introducción al Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (2021), disponible en: https://bit.ly/3BuanSU. Consigna principal de la XXVII Marcha de la Federación Nacional Campesina de Paraguay de 2020.

[2] Sociólogo, profesor del posgrado del CIDES-UMSA y coordinador general del IPDRS.

[3] Socióloga, investigadora del IPDRS.

[4] Véase: https://porlatierra.org/

[5] “Bolivia en los tiempos de COVID-19: Adaptación de los sistemas agroalimentarios de la agricultura familiar, campesina y comunitaria” (2020). Disponible en: https://bit.ly/3mD9PGi

[6] Ojo Público. Disponible en: https://bit.ly/3jkfgaU

[7] “Migración de retorno en el Alto Piura en el Contexto de la COVID 19” (2020). Disponible en: https://bit.ly/3BjmeTU

[8] Servindi. Disponible en: https://bit.ly/2XRXnI8

[9] “Una cuarentena individual para una sociedad colectiva: La llegada y despacho del Khapaj Niño Coronavirus a Bolivia”. Disponible en: https://bit.ly/3myvtLH