En tiempo de pandemia:
“Tierra, salud, trabajo y soberanía”[1]

Oscar Bazoberry Chali[2] y Ruth Bautista Durán[3]

1. Contexto y síntesis

• ¿Y usted sigue dando manija al tema de tierra territorio?
• Pues sí –y ahora con mayor razón–.

Para definir el año 2020 en una palabra, elegiríamos incertidumbre, por la falta de certeza sobre la posibilidad de contagio de una enfermedad que llevó a la humanidad a extremos desconocidos.

El objetivo del Informe Anual Acceso a la tierra y territorio, en su sexta versión, como del Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio[4] y la sistematización de casos inspiradores es mostrar, a través de diferentes herramientas, que existen territorios rurales vivos, dinámicos y con formas propias de reproducción y autogobierno.

No es interés especial del IPDRS, el trabajar el conflicto, pero es evidente que la tierra y territorio, es un recurso escaso y valioso del que los gobiernos e intereses privados están permanentemente al acecho. Esto no cambió con la paralización de muchas actividades y desplazamientos impuestos por el COVID-19, y este Informe introduce diversos testimonios, datos y otros aspectos que muestran que el acoso a los territorios no paró, y por supuesto, tampoco se detuvo la demanda de campesinos, indígenas, afrodescendientes por mayores dotaciones y seguridad sobre sus territorios.

Aunque encontramos un excesivo entusiasmo sobre los aprendizajes que va dejando el COVID-19, es necesario profundizar, sistematizar y comunicar con mayor énfasis, las virtudes de la vida rural para resistir a crisis como la que atravesamos. Al mismo tiempo, desnudar las limitaciones de la vida urbana y las deficiencias de los sistemas públicos en Sudamérica.

Gobierno territorial

Prácticamente en todos los países se encuentran las medidas de aislamiento y cuidado, en especial, en los casos de situaciones con vínculos muy dinámicos con personas que temporalmente, transitan o viven en los territorios, sea por el asentamiento de empresas extractivas, por comercio ambulatorio, por labores de educación y por trabajo en entidades públicas y privadas.

En Bolivia, muchas organizaciones territoriales de la Amazonía, los llanos tropicales y el Chaco emitieron votos resolutivos determinando medidas para proteger sus formas de vida. El autoaislamiento, la prohibición de la salida de los territorios para las y los comunarios, la regulación de la provisión de alimentos y la prohibición del ingreso de terceros para actividades extractivas. Pronto estos votos resolutivos se convertían en denuncias porque una diversidad de actores e instituciones no acataban la palabra de los autogobiernos indígenas en sus territorios, y luego, los pedidos de solidaridad para contar con insumos de información, prevención y tratamiento de la enfermedad; y, además, la demanda de servicios de salud integral con enfoque intercultural.

La ruralidad colombiana, con toda la adversidad que vive, mostró una serie de aspectos a destacar. El rol de las guardias campesinas, indígenas y afrodescendientes para ejercer control territorial frente a la circulación de terceros, trabajadores y vehículos de empresas extractivas; y también, acciones de solidaridad entre comunidades para enfrentar el hambre. Las organizaciones campesinas propusieron prácticas propias de autocuidado, diseñaron y aplicaron sistemas de monitoreo de contagios, y construyeron protocolos de bioseguridad para el funcionamiento de mercados campesinos, étnicos y agroecológicos.

Además de estas actividades desde el ámbito local y territorial, las organizaciones rurales no abandonaron su agenda reivindicativa nacional en interlocución al Estado, promovieron una serie de debates y audiencias y desarrollaron acciones judiciales por sus demandas. Entre ellas, dar respuesta a la pandemia en articulación a los derechos campesinos, la participación de sus instancias y dirigencias en la política alimentaria y en la regulación de cultivos de uso ilícito.

La paralización de actividades, que afectó la comercialización de los productos locales y la provisión de insumos y otros productos para las comunidades, también promovió otras formas de organización del mercado, tanto para sacar productos a los centros poblados, como para proveerse de productos de manera colectiva, disminuyendo la intermediación y la posibilidad de contagio en los territorios.

Como en el resto de la humanidad, estos círculos de protección no fueron suficientes. En la mayoría de los casos, la enfermedad llegó con características de contagio distintas a las urbanas, pero con consecuencias sobre la vida y la salud de las personas, de las que no se cuenta con un registro oficial pormenorizado.

Los territorios y sus formas de gobierno no han estado exentos de conflictos internos, así como de conflictos con otras poblaciones campesinas e indígenas. En algunos territorios se han manifestado distintos intereses de personas que prefirieron arriesgar a sus familias, por vínculos laborales y comerciales, que acatar las medidas impuestas por sus organizaciones territoriales.

También se han manifestado conflictos, antiguos y nuevos, por límites de las comunidades, como se reporta en Bolivia y Perú. Conflictos que son producto de la revalorización del territorio como propiedad común y la mayor presión que se ejerce sobre él en tiempos de crisis. En el caso de Bolivia, se han reportado con énfasis, disputas de territorios indígenas del oriente con nuevos asentamientos humanos organizados por campesinos andinos, denominados interculturales, que en algunos casos se escudan en reivindicaciones legítimas, para cubrir situaciones de tráfico de tierras.

Sistemas agroalimentarios y encomiendas

Las políticas gubernamentales adoptaron una diversidad de recursos y estrategias para respaldar a la base social a la que se deben. En Ecuador, por ejemplo, se promovió una canasta alimentaria solidaria basada en productos del agronegocio, en lugar de colaborar con los circuitos de pequeños productores y consumidores, y así, activar la economía que más cercana está a la mayoría de la gente. En todos los casos, incluyendo el de Brasil y el gobierno que no acata las medidas de prevención, en los territorios rurales son las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes las que generan políticas de prevención basándose en su capacidad de control territorial. Las comunidades rurales recurren a todo su potencial organizativo y productivo para albergar y alimentar a la población que había emigrado a las ciudades en busca de trabajo, y que en la pandemia se vio desempleada y retornó al campo.

Estas acciones territoriales tienen que ver con sistemas alimentarios campesinos e indígenas de circuito corto que funcionan, gestionan recursos y tienen propuestas para el resto de la sociedad. En algunos casos, las instituciones subnacionales alentaron estas iniciativas, descentralizando los grandes comercios que suelen concentrar conglomerados de gente hacia zonas periféricas y donde los productores o intermediarios podían llegar para el abastecimiento alimentario. En otros casos, la omisión institucionalizada hacia los territorios rurales y su población, recayó en que el control territorial logre cerrar el paso de foráneos —y posibles contagios— a las comunidades o en que estas comunidades vivan un autoaislamiento, o más bien, un desolador abandono.

En Argentina, se crearon redes de distribución, comercio justo y solidario, que mostraba la potencialidad de la producción agroecológica de alimentos. Organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que realiza periódicamente los verdurazos en algunos puntos del país, adoptó medidas de bioseguridad y cuidado colectivo, e instaló –una “chacra agroecológica” simbólica en la Plaza de Mayo. Y entre octubre y diciembre, se realizaron una serie de acciones de denuncia de la continuidad del extractivismo, a la vez que visibilizaban las demandas vigentes de sus organizaciones.

En Uruguay y Chile se promovieron ollas populares y comedores solidarios. La Cooperativa Mapuche “Gente de la Tierra” de la comuna de Tirúa concedió una buena cantidad de tubérculos a comedores; y la comuna de Los Ángeles donó hortalizas a la Pastoral Social del Obispado. Muchos espacios precarizados quedaron en desabastecimiento con las restricciones que impuso la pandemia. Los asilos, orfanatos, comedores populares, hospitales, internados, etc. En muchos casos, estas instancias rurales y urbanas quedaron desprovistas de recursos, desabastecidas y aisladas por la falta de trasporte, si no se trataba de este tipo de iniciativas locales, no podrían sobrellevar la temporada.

En varios territorios, se recuperaron algunas prácticas de aprovechamiento del suelo, de trabajo y distribución de alimentos como el trueque. En Ecuador, pese a la declaratoria de estado de excepción, la población se mantuvo activa, adoptó los mecanismos virtuales disponibles y activó estrategias para prevenir contagios dentro de las comunidades, así como el trueque de productos alimentarios entre comunidades.

Sin embargo, los registros con los que contamos muestran que la población rural fue más afectada que la población urbana por la falta de circulante en dinero, pero presentó mejores condiciones para la provisión de alimentos. Se revalorizó la producción de alimentos y se renovaron las expectativas de salir al mercado con los productos de cercanía, frutas y verduras, incrementtando la oferta de productos saludables.

En el contexto de la pandemia, se desplegaron canales alternativos para la provisión de alimentos a las ciudades. En gran medida las organizaciones agroecológicas más sólidas reaccionaron pronto, al tiempo que se multiplicaron las pequeñas ferias improvisadas que atrajeron a productores campesinos, familiares y a consumidoras y consumidores urbanos, incluso en las grandes ciudades, fueron visibles estas nuevas redes de mercado y aprovisionamiento. 

Al revalorizar los productos frescos, de cercanía y saludables, la pandemia desnudó la crisis de producción de alimentos en algunos de los países, especial reporte de Paraguay, donde se puede comprobar la fuerte dependencia de países vecinos para el abastecimiento de productos de la canasta básica, situación que terminó en inflación y relativa escasez de alimentos.

A contramano, los mercados de exportación fueron golpeados, en el reporte de Uruguay se visibiliza el mercado de la carne, su decremento en volumen y precio, y dependencia del mercado de la China y Europa. En Bolivia, se vio afectado el mercado de exportación de la quinua, con el mismo impacto en volumen y precio. Aunque con distinto rostro social, los extremos terminaron afectando a los pequeños productores y a los empleados de las cadenas de exportación, situación que ha sido poco discutida a nivel regional.

La producción de granos ha ganado protagonismo y territorios en Sudamérica; los precios disminuyeron, especialmente, por el efecto de la baja del petróleo, lo cual no necesariamente impacta al productor, cuyo principal insumo es este combustible y sus derivados. Este sector también fue afectado por la disminución abrupta del transporte marítimo. Sin embargo, los reportes globales siguen reportando el continuo crecimiento del sector, especialmente, el soyero que se ha recuperado y para el 2020 ha incrementado sus áreas de cultivo vía deforestación, cambio de uso de suelo y acumulación de tierras.

El uso de pesticidas altamente tóxicos tampoco se ha detenido con la pandemia. En la mayoría de los países se han incrementado los registros de nuevos productos o nuevas etiquetas que renuevan el entusiasmo por su aplicación. En Bolivia, en un gobierno con escasa legitimidad para decisiones estructurales, aprobó un decreto para acelerar la aprobación de transgénicos para el maíz, la caña, el trigo y el algodón, lo cual finalmente, no progresó. En Argentina, se aprobó un nuevo evento para el trigo denominado HB4, y se constituyó en el primer país en introducir estas semillas al mercado.

El apachikuy, como reza el testimonio que recogemos del Perú, es un término en quechua que ha venido a significar la costumbre del envío de encomiendas, especialmente, alimentos del campo a la ciudad. Es destacable que se haya documentado esta relación y más aún, que en varias regiones esta logística se haya extendido a las autoridades y proyectos coordinados desde instancias locales del Estado. Esto reafirma que la multiresidencia se sostiene en fuertes vínculos territoriales y culturales, más allá de la distancia física.

La histórica vinculación del campo a la ciudad, en la provisión de alimentos y como vínculo familiar y comunitario, normalmente desconocida por la lógica del mercado y la estadística global, ha dejado ver su afectuosa manifestación en estos tiempos de crisis.

Sería importante enumerar los artículos incluidos en las encomiendas, productos difíciles de imaginar por su variedad local, temporal y cultural. Se transportan habitualmente, como un apoyo a los familiares, a las hijas e hijos que tomaron el camino hacia la ciudad u otras regiones rurales, también a las y los amigos, compadres, padrinos y autoridades territoriales.

En una encuesta en Bolivia sobre los sistemas alimentarios, aproximadamente, 90 % de la población entrevistada en zonas de valles enviaron alimentos a sus familiares en la ciudad, 70 % de familias del altiplano y en 60 % las familias del trópico, hicieron lo propio. En proporciones muy similares, las familias en el campo recibieron a familiares que retornaron, de visita o con intención de reinstalarse, debido a la pandemia del COVID-19. Esto ha generado una presión sobre los sistemas alimentarios y sobre otros recursos familiares y comunitarios que es muy difícil de cuantificar[5].

Caminatas de retorno

En la misma lógica anterior, distintos países de Sudamérica han reportado movimientos de población. Los más conocidos, los ocurridos en las ciudades y carreteras del Perú. Nuevamente, el gobierno se involucró en convertir esta situación en una noticia global. Personas y grupos familiares intentando salir de las ciudades y volver a sus lugares de origen, lográndolo por medios no convencionales, a pie y en transporte por tramos. A fines de abril, el gobierno informó que 167.856 personas se registraron para solicitar su retorno a sus lugares de origen, de estas más de 90 % se encontraban en Lima, y hasta esa fecha se trasladaron a 5 mil personas[6]. Sin embargo, muchos otros lo hicieron por sus propios medios, en pericias extendidas por días y con altos costos respecto a situaciones normales[7].

En la mayoría de los casos, el retorno al campo ha promovido la ampliación o construcción de nuevas viviendas; y, además, algunas inversiones en el campo productivo. Aunque no pueden considerarse aún retornos de largo aliento, muchos de ellos, pusieron presión sobre los derechos de propiedad de la tierra y se activaron conflictos por herencias, e incluso, la disputa por el liderazgo entre las estructuras tradicionales y los retornados, o recién llegados. Por otra parte, los retornos temporales como la situación de los estudiantes que siguen sus cursos por medios virtuales, pusieron presión sobre los servicios públicos, para el acceso al internet y sobre costos de conectividad en sus propios entornos familiares y territoriales.

El hecho es que existió un abandono temporal de las ciudades y se revitalizaron los vínculos comunitarios y familiares. Este flujo alimentará las iniciativas de retorno al campo en el mediano y largo plazo, tal como intentan mostrar los casos sistematizados por el Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio.

Procesos de restitución y reconocimiento de tierras

Mientras el agronegocio no desaceleró su crecimiento, por distintos caminos y en los diversos países donde existen procesos de restitución y reconocimiento de tierras y territorios, estos fueron bruscamente frenados, especialmente, en el caso de las demandas colectivas.

En Argentina se frenó el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, aunque la protección de las tierras privadas y la judicialización de los conflictos fueron incrementando. En Bolivia, vinculado a la crisis política, el gobierno emitió títulos de tierra a empresarios, desconociendo las demandas históricas y disputas con sectores indígenas y campesinos, lo que actualmente se encuentra en proceso de revisión y reversión. Lo mismo ocurrió en Venezuela, donde el COVID-19 ha traído una casi total paralización de la acción pública en temas relacionados con la tierra.

En Perú se frenaron los procesos del Proyecto de inversión pública Catastro, Titulación y Registro de Tierras (PTRT3) y se priorizaron los procesos de titulación de la propiedad rural individual, según reporta el capítulo, se entregaron 380 títulos de propiedad rural individual y 7 títulos a comunidades nativas.

El freno a los procesos de atención a los derechos colectivos, en especial, a los derechos a la tierra y territorio se van convirtiendo en una tendencia regional de los últimos años, en contrasentido con las demandas históricas y las potencialidades de la administración colectiva de los recursos naturales.

En Brasil, el gobierno de Bolsonaro siguió con una política de retroceso y no priorización. Desde la gestión de Michel Temer se fueron frenando los procesos de creación de asentamientos para campesinos sin tierra y demarcación de territorios indígenas, con Bolsonaro y la crisis sanitaria, estos programas se paralizaron por completo, y se menoscaban los mecanismos legales para deslegitimarlos en el futuro. Según el capítulo de Brasil, que toma datos de la CPT sobre conflictos territoriales, hasta noviembre del 2020, se contaron 18 asesinatos, 1.083 casos de violencia contra la ocupación y posesión, que afectaron a 130.137 familias, y 178 casos de invasión de territorios contra 55.821 familias, entre indígenas y quilombolas, todos ellos articulados a actividades neoextractivistas.

Otro tema que tiene que ver con un contexto de violencia y zozobra son los incendios forestales que se desatan en los diversos territorios de la Amazonía y cuya proliferación en el año 2020, no se contuvo con la pandemia y ningún actor es señalado por la justicia como responsable.

Disputa por la voz

La pandemia significó la explosión de las vocerías y el masivo aprovechamiento de los medios, tradicionales y digitales. La hegemonía de los gobiernos nacionales sobre los medios para prevenir o mitigar la enfermedad, fue tenaz en la recuperación de un protagonismo oficial que no necesariamente corresponde a la noción contemporánea de democracia.

Medios como la televisión y la radio recuperaron sitiales para informar, a nivel global, sobre los avances de la pandemia por el COVID-19 y la normativa generada en los países. En tanto, los medios digitales constituyeron medios alternativos, con alcance más limitado y territorial, dispersos y, en muchos casos, poco fiables para múltiples expresiones desde las individualidades más diversas.

Los medios de información y comunicación dejaron espacios limitados a las organizaciones campesinas e indígenas, sus vocerías se concentraron y se conocen pocos cambios y rearticulaciones. Muchas organizaciones, prácticamente, han desaparecido por falta de canales de resonancia y no haber construido sus propias estructuras comunicacionales.

En los medios de comunicación, se puede observar un fenómeno similar a los sistemas alimentarios y el sistema financiero. Al mismo tiempo que parecen existir mayores canales de democratización y apertura a nuevas iniciativas, existe una mayor concentración sobre pocos agentes, aquellos que administran los medios más difundidos.

Resulta prematuro hacer un balance sobre el uso e impacto de los medios digitales que puede haber tenido en los distintos públicos, talleres, seminarios, encuentros, declaraciones políticas, denuncias, entre otras expresiones que sustituyeron, en buena medida a los eventos presenciales y típicamente rurales.

Demandas ante ausencia de atención sectorial

En la gestión de la pandemia, la mayoría de los gobiernos de Sudamérica no incorporó un enfoque intercultural, sea para monitorear los focos de contagio, para la atención médica de las y los contagiados y para disponer de medidas de alivio a las nuevas y viejas necesidades en temas alimentarios, educativos y económicos.

Desde el IPDRS consideramos que los bonos distribuidos en dinero son una mejor opción –aunque no una solución a cuestiones estructurales– que los bonos alimentarios, porque estos últimos terminan favoreciendo a los paquetes agroindustriales del arroz, aceite, azúcar y fideo, un ejemplo de esto, como ocurrió en Ecuador. La manera en que estos bonos fueron distribuidos, en una época de contención de la movilidad física, no fue lo suficientemente eficiente para llegar a los territorios rurales e indígenas más aislados.

En las áreas rurales, los sistemas educativos se paralizaron casi completamente, con el enfoque de escuela presencial, y no se discutieron ni consideraron alternativas acordes a las características de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

La atención a la disminución de ingresos monetarios de las familias rurales, no está siendo abordada de manera integral y sostenible. Se repiten las fórmulas de reactivación económica tradicionales y con conocidos resultados. Un ejemplo de esto, nos lo ofrece el capítulo sobre Perú, con la creación del programa de Financiamiento Agrario Empresarial (FAE Agro) para otorgar créditos a pequeños productores agropecuarios con aproximadamente 500 millones de dólares (en comparación con 14 mil millones de dólares para el sector empresarial), fondo que se ejecutó en un pequeño porcentaje.

Sobre los trabajadores del agro, tenemos menos información, una situación documentada de recuperación económica la ofrece el capítulo de Uruguay. Luego de la casi paralización de algunas actividades, la reincorporación paulatina de los trabajadores muestra una creciente brecha en la tasa de empleo entre mujeres y varones. En marzo de 2020, la diferencia entre varones y mujeres era de 1 punto porcentual, en diciembre alcanzó 4 puntos de diferencia. En diciembre, la tasa de desempleo en Montevideo se reportó en 8,4 %, y en el resto del país en 11,9 %.

Entre las pocas acciones concretas, sobre la ausencia de un enfoque integral, en Perú, la ONAMIAP, en junio presentó un amparo al Poder Judicial contra los ministerios de Cultura, Salud, Educación, Economía y Finanzas, Desarrollo e Inclusión Social y la Presidencia del Consejo de Ministros, por falta de políticas y medidas de atención con enfoque étnico cultural y de género en el marco de la pandemia por el COVID-19, lo que vulneró y puso en riesgo derechos como la vida, integridad, salud, identidad étnica, educación, igualdad, derecho a la libre determinación y participación[8].

La universalización de la pandemia es una muestra de cómo los gobiernos y las instituciones, ante la emergencia, pueden actuar, voluntaria o involuntariamente, en contra de los principios de interculturalidad, respeto a las diferencias étnicas, de género y generacionales. Un aspecto presente, de manera habitual, en la gran mayoría de las acciones y propuestas de desarrollo e intervención en las áreas rurales.

El cuerpo y la muerte

Sólo un capítulo del Informe Anual ha expuesto al cuerpo, no sólo una materia que simboliza el entretejido social y cultural que se moviliza para coadyuvar al tránsito de la vida a la muerte, sino como como una manifestación de sanación y respeto.

En las sociedades rurales, este tránsito se hace pala en mano, familiares y vecinos cavan las tumbas y entierran a sus muertos, sin mayor trámite que un registro de defunción que puede tardar en oficializarse. En el contexto de la pandemia, la saturación de los servicios funerales, el incremento del costo de los entierros y la privación de prácticas culturales, en muchos casos han llevado a que los cuerpos sean trasladados al área rural, un derecho territorial a la digna sepultura, al que pocas veces se ha prestado atención.

Los análisis clínicos y registros sobre el COVID-19 y otras enfermedades que afectan a la población, insuficientes en las ciudades, y aún más exiguos en las áreas rurales, han generado razonamientos que no se sustentan en información confiable. La percepción de que algunos grupos sociales son más resistentes que otros ante la pandemia, contrasta nítidamente con los indicadores de esperanza de vida y la carencia de acceso a los sistemas públicos de salud, especialmente, en los pueblos indígenas.

En este Informe, como en la mayoría de los estudios sobre la pandemia, abunda la revalorización de los conocimientos y las prácticas tradicionales, en especial, de la llamada medicina tradicional y las prácticas para el cuidado del cuerpo. En pocos casos se informa sobre el monitoreo del impacto del COVID-19 en poblaciones rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, con excepciones notables de algunas organizaciones de Colombia, Ecuador y Brasil.

Poco se dice sobre la manera en la que los pueblos interpretan la vida, la muerte, las enfermedades, y en este caso, la nueva y desconocida enfermedad, que tiene similar sintomatología que otras más conocidas. El uso de los remedios locales que ayudan al cuerpo a dar duras batallas y las prácticas del cuidado tradicional, se han revitalizado y hasta viralizado digitalmente, tanto como la enfermedad.

En varias comunidades andinas se ha despachado al Khapaj Niño Coronavirus[9]¸ tal como las y los abuelos antes despacharon a otras enfermedades letales y como se suele recibir y despachar al granizo, a las plagas u otros fenómenos atmosféricos que alteran el ritmo de los cultivos agrícolas y la vida misma, pero que al pasar enseñan a recobrar el equilibrio. Una actitud y racionalidad que podría dar lecciones de memoria y resiliencia, al resto de la sociedad.

Para muchas de las poblaciones rurales, especialmente comunidades indígenas, esta ha sido una más de las batallas que han tenido que vivir desde el cuerpo y el territorio, para concebirse como sociedades que insisten en la reproducción y resistencia.

2. Reivindicaciones territoriales y vulneración de derechos humanos

Con mucha preocupación, el año 2020 nos deja la constatación de que los contextos marcados por la violencia pueden agudizarse aun con la emergencia sanitaria. En Colombia, la defensa territorial, medioambiental y de derechos enfrentó una mayor invisibilización y desprotección. Las medidas restrictivas por la pandemia, atenuaron las medidas de protección a las personas en riesgo y se autorizaron actividades que conllevan o activan el uso de la violencia, tales como la continuidad de las actividades extractivas, los operativos policiales y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. El capítulo de Colombia de este Informe, basándose en datos de INDEPAZ, indica que durante el 2020 fueron asesinados 310 líderes y lideresas sociales, 12 de sus familiares y 64 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz; 381 personas fueron asesinadas en 91 masacres, ocurrieron 90 eventos masivos de desplazamiento forzado dejando 8.192 familias afectadas; y ocurrieron 630 feminicidios. La dureza de estas cifras es contrarrestada por una permanente resistencia de parte de una diversidad de organizaciones sociales. Precisamente, la viralización de un video en el que policías agredían y asesinaban a una persona, suscitó en septiembre en la ciudad de Bogotá, una movilización de indignación y protesta, cuya respuesta de parte de las fuerzas públicas fue una de las expresiones más duras de brutalidad policial, dejando el saldo de 13 asesinatos y decenas de heridos. Bajo esa sombra, el 12 de octubre se desplegó desde Cauca hasta Bogotá, la “Minga, por la defensa de la vida y paz, el territorio y la democracia”; y entre octubre y noviembre, excombatientes en reincorporación realizaron la “Marcha por la vida” en memoria de los 236 excombatientes asesinados desde que se firmó el Acuerdo de Paz en el año 2016.

Puede que el contexto colombiano sea el que mayor preocupación suscita en el ámbito internacional; sin embargo, son varios los patrones de la conducta estatal que se repiten en los diferentes países de la región ante la expresión de la protesta social, y en específico, ante las reivindicaciones territoriales. El desacuerdo, la resistencia y la movilización son legítimo derecho de la sociedad civil; y, la persecución y represión a estas expresiones o a los organismos que las convocan y dirigen, se constituyen en violaciones a los derechos humanos.

En Paraguay, como explica este Informe, las instituciones estatales históricamente han apoyado y priorizado a los agentes del agronegocio y la ganadería de exportación en detrimento de campesinos e indígenas. A la desatendida demanda por tierra, se le suma la lógica del desalojo de tierras que, si bien atenuó en el 2020 por las restricciones de la pandemia, no se detuvo; y, además, persisten los procesos judiciales y la presión que grandes propietarios y terratenientes ejercen sobre las familias sin tierra o con ocupaciones por legalizar, haciendo uso de medios de comunicación para desarrollar campañas que sirven de amedrentamiento y amenaza. Estos sectores, así como lo vive el pueblo Mapuche en Chile y Argentina, utilizan las instituciones estatales, las fuerzas públicas y los medios de comunicación para, en una clara disputa por la tierra, ejercer su poder sobre familias, comunidades y pueblos indígenas que demandan tierra o defienden sus territorios.

En el Informe, se muestra que la continuidad de esta conducta estatal —y sus aliados— en el tiempo de la pandemia por el COVID-19, se expone en Brasil, donde la política gubernamental gestionó la emergencia sanitaria de forma ultraliberal, dando “prioridad a la economía sobre la vida”. De tal forma, se incrementaron las exportaciones y se omitieron la cantidad de decesos y el vertiginoso ascenso de contagios, incluso en territorios rurales alejados de las ciudades que concentran mayor población, pues se habían incrementado las actividades del modelo primario-exportador, la minería, la ganadería, entre otros. Las y los afectados por esta dinámica económica y política gubernamental fueron los pueblos indígenas, que se encuentran acorralados por el latifundio, y ahora, indefensos ante una política gubernamental que, varios han denominado como necropolítica y hasta genocida, pues promovió la ruptura de las medidas de prevención poniendo en riesgo a toda la población, y principalmente, a los sectores más vulnerables, y existía un gran subregistro de contagios y decesos.

3. Apuntes finales

En pandemia, se puede apreciar lo que ocurre con las industrias extractivas, provengan los capitales y los estímulos de donde vinieran. Se paralizó gran parte de la economía, pero no el movimiento de personas, trabajadores de distinto rango, que se articulan a ella, poniendo en riesgo a las poblaciones locales, como comúnmente ocurre con la contaminación, la trata de personas, y la corrupción de autoridades.

Rubros esenciales, se los llama en algunos países, estratégicos en otros, al sector de la economía que es intocable, protegido por los estados, operan en las situaciones más inverosímiles. Ojo que no estamos hablando de alimentos, sino de minerales, hidrocarburos, cultivos forestales, entre otros, que contaminan suelos, agua y generan pasivos ambientales y sociales en magnitudes inatendibles, para los gobiernos que los sustentan.

Las mujeres llevaron la peor parte, la pandemia y el distanciamiento físico, no disminuyó la violencia de género, al contrario, la vulneración de sus derechos y las actividades domésticas y de cuidado, se incrementaron. Si bien desde las instituciones y la prensa, se han hecho esfuerzos por destacar el protagonismo de las mujeres en estos tiempos difíciles, sus conocimientos y su fortaleza para atender el estado físico y mental de su entorno, lo cierto es que no compensa la tremenda carga que se les impuso desde la sociedad, aunque con reconocimientos y glorias.

A los campesinos e indígenas, protagonistas del Informe Anual que presentamos, les quedan sus propias fuerzas para resistir, pero, sobre todo, para tomar en sus manos la economía, los sistemas de salud comunitarios y la educación de sus niñas/os y jóvenes. Para esto, es esencial continuar divulgando y apropiándose del marco de derechos que los protege, como dando caña con la defensa de los territorios y los recursos naturales.

[1] Texto resumido de la introducción al Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica (2021), disponible en: https://bit.ly/3BuanSU. Consigna principal de la XXVII Marcha de la Federación Nacional Campesina de Paraguay de 2020.

[2] Sociólogo, profesor del posgrado del CIDES-UMSA y coordinador general del IPDRS.

[3] Socióloga, investigadora del IPDRS.

[4] Véase: https://porlatierra.org/

[5] “Bolivia en los tiempos de COVID-19: Adaptación de los sistemas agroalimentarios de la agricultura familiar, campesina y comunitaria” (2020). Disponible en: https://bit.ly/3mD9PGi

[6] Ojo Público. Disponible en: https://bit.ly/3jkfgaU

[7] “Migración de retorno en el Alto Piura en el Contexto de la COVID 19” (2020). Disponible en: https://bit.ly/3BjmeTU

[8] Servindi. Disponible en: https://bit.ly/2XRXnI8

[9] “Una cuarentena individual para una sociedad colectiva: La llegada y despacho del Khapaj Niño Coronavirus a Bolivia”. Disponible en: https://bit.ly/3myvtLH