Emergencia, promesas estatales y defensa del agua:
Lago Titicaca, lagunas de Cajamarca y Amazonía

 Violeta Montellano Loredo *[1]

Licenciada en Antropología por la Universidad Mayor de San Andrés y Magíster en Antropología Visual y Documental Etnográfico por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Ecuador. Investigadora e integrante de la agrupación Colectiva Ch’ixi y de la productora Creaciones Cinematográficas Huayrurito. Se desempeñó como docente de metodologías de investigación, escritura crítica, Antropología de la Identidad y Documental Reflexivo. Actualmente forma parte del Área de Investigación – acción en el Instituto para el Desarrollo Rural en Sudamérica.

Como una medida de urgencia, el pasado 2 de junio, el ministro de Medio Ambiente en Bolivia, Carlos Ortuño y el director de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), Rémy Rioux, visitaron el municipio de Puerto Pérez (provincia Los Andes del dpto. de La Paz), con la intención de definir acciones para enfrentar la crisis ambiental que experimenta el lago Titicaca, fundamentalmente en la cuenca Katari y el Lago Menor. Hace décadas, el IRD (Institut de Recherche pour le Développement) investiga y mide la contaminación del lago y, en el presente, la AFD prevé invertir aproximadamente 200 millones de dólares para descontaminarlo. Por otra parte, el gobierno boliviano en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, afirmó que invertirá 86 millones de dólares para la construcción de plantas de tratamiento de aguas en poblaciones ribereñas y la ampliación de una planta de tratamiento de aguas en El Alto.

Durante el III Gabinete Binacional de Bolivia y Perú, realizado en septiembre del año pasado, uno de los temas tratados fue la contaminación acelerada del lago Titicaca. Perú anunció que invertiría 437 millones de dólares en la construcción de 10 plantas de tratamiento de aguas residuales, mientras que Bolivia se comprometió ya entonces, con invertir 85 millones de dólares para la construcción de plantas residuales y rellenos sanitarios. Sin embargo, las consecuencias de la contaminación del lago se sienten desde hace al menos 20 años y los compromisos establecidos por ambos gobiernos no se han materializado en acciones concretas durante todo este tiempo. Además, parecen contradecirse con los proyectos desarrollistas que ambos gobiernos promueven y en los que invierten cantidades mucho mayores de presupuesto. 

El Titicaca, conocido por ser el lago más alto del mundo, fue considerado como un ser sagrado durante miles de años por las sociedades asentadas a su alrededor y, según el mito de origen andino, además es considerado como el centro donde nació el universo en su dimensión social y cósmica. Aunque esta representación simbólica actualmente es útil para fines políticos o comerciales, su carácter sagrado está anclado en su materialidad. El lago Titicaca es el eje central del sistema hídrico del altiplano andino y genera diversidad de pisos ecológicos.  

Actualmente, la crisis que enfrenta el lago Titicaca, es resultado de una serie de acciones humanas sustentadas en un modelo desarrollista de larga data y aún vigente. Para comenzar, el Instituto de Investigaciones Químicas de la Universidad Mayor de San Andrés emprendió un estudio en la cuenca de Milluni, para conocer las consecuencias de la actividad minera desarrollada, entre 1929 y 1972, por la Fabulosa Mines (empresa inglesa) y entre 1975 y 1986, por COMSUR (propiedad de Gonzalo Sánchez de Lozada). Los resultados del estudio afirman que se acumularon alrededor de 3 millones de toneladas de restos de cobre y zinc generadas en el siglo pasado, que aún son recibidos por el lago Titicaca y seguirán contaminando las aguas durante siglos. 

El lago Titicaca, además de recibir contaminantes mineros, recibe residuos industriales provenientes tanto de Perú como de Bolivia. Sumado a esto, recibe grandes cantidades de desechos humanos. El año 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó a los gobiernos de Bolivia y Perú por los altos niveles de contaminación, reconociendo en aquel entonces, que las poblaciones ribereñas generan 100.000 toneladas de residuos que van a parar al lago cada año. Además de ello, las aguas residuales generadas en la ciudad de El Alto son evacuadas al lago y debido al crecimiento poblacional, estaría recibiendo desechos humanos de aproximadamente 9 millones de personas en las siguientes décadas.

Mientras que el lago sagrado, el más alto del mundo, se ha convertido en un símbolo importante para el nacionalismo peruano y boliviano, hemos olvidado las tecnologías y formas de vida sustentables, construidas por las sociedades que se criaron con el Titicaca durante milenios. A través de la crianza con el agua, las diferentes sociedades desarrollaron canales abiertos y subterráneos, construyeron represas, capturaron agua de los manantiales, realizaron movimientos de tierra para aprovechar la humedad, construyeron camellones, revestimientos de piedra y arcilla e impermeabilizaron y utilizaron losas y rugosidades para disminuir la velocidad del flujo, entre otras tecnologías. El pueblo Qnas Suñi Chipaya, conocido comúnmente como Uru Chipaya, tras una larga historia de colonialismo y aislamiento ocasionado por relaciones tensas con sus pueblos vecinos, cultiva la quinua en terrenos sumamente salinos tras procesos complejos de lameo de la tierra, aprovechando al máximo las cantidades escasas de agua que llegan a su territorio y reafirmando así, hasta el presente, su identidad como seres del agua. La presencia estatal para la resolución de problemas estructurales en torno al acceso al agua es mínima y más bien, resalta un apoyo coyuntural en situaciones de emergencia.  

Los Estados actúan con una doble moral. Por un lado, se comprometen con enfrentar la contaminación y escasez de agua, pero por otro lado, continúan emprendiendo proyectos desarrollistas que inciden en la crisis del agua. El pasado 12 de junio, el gobierno boliviano anunció la prospección y exploración aurífera en el río Madre de Dios, uno de los ríos más caudalosos de la Amazonía. El Viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Víctor Flores, afirmó que el proyecto permitirá aumentar el aporte de regalías por parte del departamento de Pando y que además, se realizaron trabajos de exploración y prospección en el Madre de Dios desde la década de los 70, expresando la continuidad de un mismo modelo de desarrollo a pesar de los principios establecidos en la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Además de la explotación aurífera en el río Madre de Dios, el megaproyecto de la hidroeléctrica del Bala y el Chepete y el proyecto hidroeléctrico Rositas en el Chaco boliviano, expresan una concepción sobre el agua como recurso, en términos netamente económicos, y no como un bien común.    

Tanto el Estado boliviano como el peruano, emprendieron proyectos extractivistas en las últimas décadas, sin el consentimiento de las comunidades indígenas que resultan afectadas, a pesar de haberse adscrito al Convenio de la OIT. La persecución hacia líderes indígenas o activistas y la deslegitimación de sus protestas en defensa del agua, parece ser otro punto en común. En Perú, el caso emblemático de los y las guardianas de las lagunas que se opusieron al proyecto minero Conga, fue documentado por Amnistía Internacional en el texto “Una Receta para criminalizar: personas defensoras del Ambiente, el Territorio y la Tierra en Perú y Paraguay” (2018), que desarrolla cómo las autoridades gubernamentales emplean el acoso, la estigmatización y tácticas de intimidación para obstaculizar esfuerzos comunitarios en la protección de los derechos. En Bolivia, la denuncia realizada por Ruth Alipaz sobre la violación de los derechos indígenas en el marco de los proyectos de las megahidroeléctricas de Chepete, Bala y Rositas, el 18 de abril de este año en un foro de las Naciones Unidas, fue deslegitimada por el gobierno boliviano a través de argumentos que sostenían que Ruth no era una vocera legítima de los pueblos indígenas, no formaba parte de ninguna organización “orgánica” y ni si quiera era indígena. Ambos argumentos se relacionan con una táctica empleada por el gobierno boliviano reiterativamente para dividir organizaciones y así, negociar con dirigentes cooptados.  

Frente al papel que ejercitan los Estados en asociación con las empresas transnacionales, algunas comunidades practican formas de resistencia desde lo local que nos aclaran cada vez más el panorama. En marzo de este año, mujeres de distintas comunidades aledañas al lago Titicaca en Perú y Bolivia, realizaron jornadas de limpieza de residuos, como lo realizan ya hace algunos años. Su preocupación común frente al estado actual del lago, expresa que las fronteras estatales no superan la naturaleza del paisaje y el respeto a su vitalidad. Desde la vigilia continua realizada por las y los guardianes de las lagunas en Cajamarca, hasta los emprendimientos en torno a la limpieza del lago Titicaca y la continua lucha por la defensa de la Amazonía, las prácticas locales reflejan un posicionamiento distinto al modelo desarrollista, uno que se basa en la relación cercana con el paisaje que ha criado a las sociedades durante la historia humana.

Fuentes:

http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/20180611/alerta-cientifica-lago-titicaca-punto-del-colapso

https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/peru-insta-a-parar-galopante-contaminacion-del-lago-titicaca-381344

http://www.paginasiete.bo/especial01/2017/2/23/milluni-larga-agonia-contaminacion-128323.html

https://www.noticiasfides.com/economia/gobierno-ofrece-a-las-cooperativas-el-rio-madre-de-dios-para-la-explotacion-del-oro-388731

https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR0181582018SPANISH.PDF

https://drobisonbolivia.blogspot.com/2018/05/el-gobierno-indigena-la-empresaria.html?spref=fb

Los aguacates y el negocio detrás del agro en Chile

Alexander Panez Pinto *[1]

 Se ha divulgado en diversos medios internacionales como The Guardian, RT, Deutsch Welle e France Press, la grave problemática vivenciada en la provincia de Petorca (200km al norte de Santiago), en donde sus habitantes ya no cuentan con agua para el consumo humano y tampoco para regar sus cultivos y criar animales, debido a la sobre-explotación del agua de las cuencas hecha por el monocultivo de paltas (aguacates). Las denuncias hechas en diversos medios de comunicación internacionales ha coincidido con el abismante aumento del precio de la palta en el mercado chileno. Esto ha permitido un malestar social (temporal y de moda, lo sabemos) sobre la producción de este alimento en el país.

Imagen de las plantaciones de aguacates y las piscinas acumuladores de agua que se utilizan para su cultivo en la región semiárida de Petorca

Este malestar ha colocado en el centro de atención a un actor que hasta el momento no había logrado ser cuestionado con fuerza en la agenda política, el modelo agro-exportador frutícola chileno. En el país, la agricultura de exportación suele no generar inmediatas oposiciones entre los habitantes, comparado con otras actividades contemporáneas que generan significativos impactos socio-ecológicos, como la explotación minera, las plantas industriales contaminantes o los proyectos hidroeléctricos. Al final de cuentas, el sentido común y la propia propaganda del agronegocio, nos avisa que se trata de una actividad económica cuyo foco es producir alimentos, una función vital e ineludible para la sociedad.

No obstante, el objetivo de producir alimentos viene siendo sistemáticamente subordinado a los procesos de mercantilización agrícola, cuyo centro es garantizar ganancias a lo largo de toda la cadena de producción y circulación de los productos, desde las semillas hasta los supermercados. Esta transformación a nivel global implica: a) un protagonismo del sector químico y la biotecnología en la actividad agrícola, junto a la progresiva sustitución de productos agrícolas por agroindustriales, b) establecimiento de oligopolios mundiales en cada una de las fases de producción, circulación, comercialización y consumo de alimentos y c) procesos de acaparamiento y concentración de tierras en países del Sur global.

¿Dónde entra el aguacate en este panorama mundial de la agricultura? Estos cambios en la agricultura son acompañados de un cambio en el régimen alimentario de los países, que genera una polarización en las pautas de consumo de alimentos a nivel global. Mientras avanza la tendencia de que los pobres del mundo (tanto en los países del centro como de la periferia) basen su dieta en el consumo de alimentos procesados con alto contenido en grasas, azúcares y de baja calidad nutricional, los sectores medios y altos sobre todo de los países del Norte consolidan dietas que incluyen el consumo de vegetales y frutas todo el año sin límite estacional, y en especial nuevos alimentos “especiales”, sea por su exclusividad y/o propiedades nutricionales. Esto último ha consolidado el lucrativo negocio de los llamados “super-alimentos” entre los que se cuenta la quinoa, el açaí, la chia y la palta. En el caso de Chile,  sólo entre los meses de enero y octubre del 2017, la exportaron de paltas alcanzó un valor de 289 millones de dólares.

Estas pautas de consumo “hipster” generan una presión los flujos de energía y materia, que exige la expansión de la demanda de alimentos hacia otras latitudes y la subsecuente explotación de bienes comunes naturales que esa producción conlleva. Particularmente en el caso de Petorca, se trata de grandes cantidades de agua exportadas por medio de las paltas que los países importadores se ahorran de utilizar para fines agrícolas.

Frente a este escenario, la situación de la provincia de Petorca evidencia de manera dramática las consecuencias que la estrategia de “Chile: Potencia Alimentaria” exportadora, genera en los territorios del país. Ríos secos que se convierten recuerdos, la pérdida de soberanía alimentaria de los/as campesinos/as y la imposibilidad de una vida digna debido al precario acceso al agua (ni siquiera para bañarse o lavar ropa cotidianamente), son algunas características del paisaje de una “escasez” políticamente producida y económica conveniente en Petorca.

¿Cómo enfrentar esta situación? La respuesta del agronegocio es continuar con la explotación predatoria de los territorios sin considerar sus equilibrios socio-ecológicos. Una de sus grandes “soluciones” a largo plazo, tiene que ver con la construcción de un gran canal de regadío que trasladaría agua desde el norte de la región del Bio-Bio (sur del país) hasta Huasco, en la región de Atacama (un total aproximado de 1.540 kilómetros). Esta “Carretera Hídrica” impulsada por la iniciativa “Reguemos Chile” pretende disponibilizar agua para regar un millón de nuevas hectáreas en 7 regiones del país. De esta forma, la falta de agua dejaría de ser un problema y así se podrían mantener situaciones absurdas como las de la provincia de Petorca, un territorio con clima semiárido en donde el 60% del total de la superficie cultivada está plantada con una especie como el palto, que realiza un consumo intensivo de agua (Catastro frutícola, 2017). Los impulsores de este proyecto, estiman que permitiría que las exportaciones agrícolas pasen de 35 a 64 millones de dólares anuales. En lo que se refiere a los recursos para esta obra, sus impulsores estiman preliminarmente que se requiere una inversión entre 15 mil y 20 mil millones de dólares para los 5 tramos del proyecto, lo que involucraría un financiamiento público-privada según el modelo de concesiones. ¿Es ésta la prioridad para resolver la situación de abandono y despojo que afecta a regiones como Petorca?

Los conflictos, a pesar del sufrimiento y la digna rabia que muchas veces evidencian, son momentos creativos. Son espacio-tiempos en que aparecen cuestionamientos en torno a problemáticas que parecían “naturales” o “normales” hasta ese momento. Una de las cuestiones de fondo en el conflicto de Petorca, es la discusión olvidada y censurada sobre la cuestión de la tierra y el modelo agrícola chileno. Resulta fundamental cuestionarnos sobre ¿Cómo promover una agricultura que no atente contra los equilibrios de la dinámica socio-ecológica en los territorios? y en definitiva, ¿Producir alimentos para qué y para quiénes? Un dato nos puede iluminar en ese camino. Como algunos estudios vienen mencionando, el agronegocio de monocultivo y la gran producción agroindustrial sólo proveen el 30% de los alimentos a pesar de que acaparan las mejores tierras de cultivo que representan el 75% de la tierra a nivel mundial. Son los/as campesinos/as del mundo quienes proveen el 70% de los alimentos restantes en el 25 por ciento de la tierra (Grupo ETC, 2017). Es decir, el agronegocio no sólo tiene grandes impactos socio-ecológicos sino que además no es efectivo en su auto-proclamado objetivo de alimentar al mundo.

Necesitamos caminar hacia otras alternativas al modelo agro-exportador vigente en Chile, que se propagandea como exitoso y moderno frente al resto de los países. Este modelo que ha establecido la exportación frutícola intensiva como uno de los pilares del auto-proclamado “milagro económico” de la transformación neoliberal. Requerimos una agricultura que respete y restaure la dinámica socio-ecológica, y no una que pretenda la extracción infinita de nuestros bienes comunes naturales. Una agri+cultura que permita el florecimiento de la vida y no su destrucción por medio de agrotóxicos y semillas genéticamente modificadas. Un camino donde la agroecología como práctica y la soberanía alimentaria sean nuestros principios orientadores, como viene colocando la Vía Campesina. Esta reflexión tiene que ver con construir nuestras prioridades colectivas en la producción de alimentos. Y ese debate nos compete a todos/as, no sólo a las/os habitantes de Petorca.

Alexander Panez Pinto

Miembro del movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA, Chile) e investigador del Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades (LEMTO) de la U. Federal Fluminense

*[1] Alexander Panez Pinto

Doctorando en Geografía, Programa de Post-graduación en Geografía, Universidad Federal Fluminense (Brasil). Investigador del “Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades” (LEMTO-UFF). Miembro del movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente (MODATIMA, Chile). Con experiencia de investigación en las temáticas de conflictos territoriales y reapropiaciones del agua en América Latina.

El contexto político de los derechos indígenas en Venezuela

Vladimir Aguilar Castro *[1]

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), Universidad de Los Andes

El presente artículo es parte de otro preparado para el VII Congreso de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) celebrado en octubre 2017. Ante la incertidumbre de los tiempos constituyentes hemos acordado retomar lo escrito agregando otros apuntes sobre la coyuntura. Intentar un diagnóstico sobre la situación de los derechos indígenas en Venezuela nos ubica frente a la búsqueda del argumento jurídico necesario para destrabar los derechos de los pueblos indígenas a escala mundial y su implementación/aplicación en el ámbito nacional venezolano.

Entonces, resulta importante determinar si lo reconocido hasta ahora en Venezuela como derecho ha tenido realización en el ámbito político (políticas públicas), pero sobre todo en lo jurídico, toda vez que el ámbito del derecho reconocido también es el de su exigibilidad y protección, pero fundamentalmente, el de su materialización real y concreta en la cotidianidad de un sujeto de derecho, los pueblos indígenas, que históricamente también han sido excluidos en nuestro país.

Lo anterior nos permite apuntar hacia tres ejes de análisis fundamentales sobre la cuestión indígena en el país: 1) dar cuenta de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente (ANC) llevada a cabo por el gobierno, lo cual pone en entredicho el avance de los derechos humanos en general e indígenas en particular ante la incertidumbre de lo que se pretende como estrategia de acción política; 2) evaluar la evolución de los derechos indígenas en el desarrollo del renovado contrato social donde por primera vez hay un despliegue normativo en materia indígena sin precedentes en la historia constitucional del país; 3) observar la simbiosis entre derechos indígenas constituidos y amenazas constituyentes por aprobarse en lo relativo al derecho a la libre determinación, lo que a su vez permite hacer el diagnóstico necesario del derecho a la tierra o a los territorios, al hábitat para el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV); y por último, y consustancial a los tres ejes anteriores, se revisarán los desafíos y posibles derivas al trasluz de los inciertos momentos por la inaplicabilidad del derecho (reconocido), determinada por un desacomodo institucional que no ha sido conjugado con el espíritu del derecho y mucho menos con los derechos de los pueblos indígenas en el orden internacional, aspecto éste que ha marcado los límites de los derechos indígenas estatuidos. 

El énfasis en el estatus de los derechos a la libre determinación, a la tierra y a los derechos culturales en general, sigue siendo un asunto por concretar en Venezuela, pues la jurisdicción indígena no sólo tiene que ver con la posibilidad de que los pueblos y comunidades indígenas puedan aplicar sus propias normas y leyes en sus territorios a partir de su derecho consuetudinario, sino que la jurisdicción está determinada por el hecho político y jurídico de que lo indígena sea reconocido como diferente en el contexto de la igualdad subyacente a la carta magna, y que en consecuencia, obliga a un tratamiento peculiar desde el punto de vista no sólo normativo sino constitucional e institucional.

Lo anterior obliga a traducir derecho, considerado como no creativo por ser norma cerrada que secuestra la realidad. En Venezuela, el abismo entre lo reconocido y lo ejercido constata que los derechos indígenas en el país siguen estando pendientes.

Si esa dependencia estuvo articulada a una voluntad política dispuesta a la consagración de los derechos indígenas en la nueva constitución, la misma se difumina al momento en que diecisiete años después, ninguno de los tres derechos esbozados como fundamentales para reconocer un mínimo de estándares jurídicos en materia indígena en un Estado se logran concretar, entre otras cosas por una enorme ausencia de institucionalidad que haga posible que la norma transite hacia el derecho y que éste a su vez se adecue a la realidad de los sujetos indígenas que lo demandan.

En consecuencia, si en Venezuela han transcurrido estos años de reconocimiento de los derechos indígenas se impone el tiempo para garantizar su ejercicio, y para que esto sea posible se requiere de condiciones necesarias para su mise en oeuvre (implementación). Una de ellas es la construcción institucional, para la que harían falta políticas públicas indígenas “desde abajo” como mecanismo de apropiación del derecho por parte de los sujetos, así como la desideologización de lo indígena o más propiamente dicho, la decostrucción de la cosificación y cooptación político partidaria de la reivindicación indígena.

Otro aspecto importante de resaltar en estos años de reconocimiento, es no haber logrado descifrar el carácter y espíritu de lo acordado por la legislación constituyente en el Capítulo VIII de la CRBV. En efecto, aún no se ha entendido que para hacer efectivos el resto de derechos reconocidos en los artículos subsiguientes al artículo 119, es imprescindible la concreción previa de éste, es decir, la demarcación de las tierras sea la condición sine quo non para garantizar “las formas específicas de vida” de estos pueblos. Y para que esto sea posible el Estado venezolano tiene la obligación, el mandato constitucional, de demarcar los hábitats, territorios y tierras con la participación de los pueblos indígenas que en ellas habitan.

Hasta ahora eso no ha ocurrido. Lo que ha habido son amagues de deslindar tierras pero a la vieja usanza agraria como si se tratara simplemente de campesinos. Tan es así que prácticamente los mecanismos institucionales dispuestos para tal fin han sido desmantelados y nada pueden mostrar como resultados, todo ello derivado de un mandato que tienen por constitución y por ley. En consecuencia, el Estado venezolano sigue en mora con los pueblos y comunidades indígenas del país, muy a pesar de lo que pretende hacer ver la nueva burocracia indígena, esa que constituye otra de las variables que caracterizan al sistema político venezolano que emergió luego de 1999.

Por si fuera poco, a lo anterior se cierne ahora sobre estos derechos pendientes, la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cuyo rol está más determinado por lo que se pretende como estrategia de acción política que como objetivo de transformación de las bases del Estado para avanzar, entre otras cosas, en la concreción de derechos reconocidos y no en su perjuicio.

La plataforma del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio busca registrar mil experiencias de acceso a la tierra y territorio en toda Sudamérica. Al momento, se ha registrado los siguientes casos que ilustran la situación de la demarcación y ejercicio de derechos colectivos en Venezuela:

Caso168 El territorio que nos fue dado por Kuyujani, Estado Bolívar, Caura

Caso 161 Jurisdicción especial indígena como resistencia del territorio Huottoja "Purinäri aje", Puerto Ayacucho, Amazonas

Caso 159 La Colonial: Buscando un nuevo hogar en el Bosque, Sucre, Bolívar

Caso 153 Autodemarcación del Nono-Unono del Pueblo Pemon de Kamarata-Kanaimö, Gran Sabana - Bolívar

Caso 151 Aripao: Conservando el bosque, protegiendo el territorio, Bolívar, Sucre

Caso 146 La lucha del pueblo Yukpa por la recuperación de su territorio, Perijá, Zulia

*[1] Vladimir Aguilar Castro

Politólogo y abogado, ejerce como profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes (ULA), Mérida, Venezuela. Además, es responsable del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la ULA. Cuenta con estudios en Relaciones Internacionales, Historia y Política Internacional, y es doctor en Estudios del Desarrollo mención política internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IUHEID).

Reflexiones del ser joven

Jhannet Ventura *[1]

¿Qué es ser joven? ¿Existe una única manera de ser joven? estas se constituyen interrogantes centrales para el abordaje de lo juvenil.

En Sudamérica, la transición demográfica y el crecimiento de la población joven han despertado el interés de desarrollar estudios en torno a la juventud. Estos estudios son realizados desde diversas perspectivas y propósitos, y en la mayoría de los casos centralizados en lo urbano, invisibilizando así, a la juventud rural.

Se están volviendo cada día más frecuentes los estudios sobre la juventud, su comportamiento, valores y expectativas, así como los trabajos que tratan de incluir a los jóvenes en categorías que los definan. En los últimos tiempos existen nuevas formas de concebir e interpretar la juventud, que superan visiones homogenizantes y reduccionistas, que sobrepasan a una simple lectura de estadística.

La juventud no es un simple concepto, es una construcción histórica y social, que no debería reducirse o simplificarse a una condición de edad. Cada época, sector social o territorio postula formas de ser joven, en realidad se debería hablar de juventudes asumiendo una afirmación que va más allá de lo plural, al reconocimiento de hombres y mujeres, que no referido a una cuestión solo gramatical de número y cantidad, sino que hace mención a una peculiar epistemología de lo juvenil, la cual exige mirar desde la diversidad a este mundo social (Duarte, 2000).

Durante los últimos años estallaron en todas partes del mundo revueltas y protestas organizadas y protagonizadas en gran medida por jóvenes. Manifestaciones que llegaron a las calles y a menudo se convirtieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, rechazando la representación de los partidos políticos, la baja o nula participación en los ámbitos de decisión, la manipulación de sus imágenes por los medios de comunicación que no los representa, ni representa sus discursos y espacios. Pero, las y los jóvenes no se definen únicamente por lo que rechazan: también existen luchas y propuestas en su forma de construir y a portar a la sociedad.

En Bolivia, las juventudes han acompañado, liderado varios hitos y procesos sociales, en los últimos años, relacionados a procesos sociopolíticos que ha vivido el país,  luchas de reivindicación de los movimientos sociales. La “guerra del agua” de abril del año 2000, conflictos de febrero “Febrero Negro” de 2003, sobre este último  escribe Orduna: “los rostros voluntarios o accidentales de las jornadas que provocaron un prolongado infarto democrático, fueron jóvenes. Mientras los francotiradores hacían política desde los techos, al otro lado, en las calles, los tutores de la insurgencia eran, incluso, adolescentes” (Orduna, 2003). Igual de trascendente la participación de los jóvenes en las jornadas de movilización y protesta de septiembre y octubre de ese mismo año, en la llamada “guerra del gas”. (CIPCA, 2014).

La participación y actoría social de los jóvenes en procesos y luchas reivindicativa queda  invisibilizada por la forma adultocentrista de abordar los liderazgos y discursos. Si se habla de territorios rurales, las juventudes han demostrado un rol protagónico. Según el texto Jóvenes Rurales, los jóvenes “fueron protagonistas de las diez marchas indígenas iniciadas en la década de los años 90; fueron protagonistas de las luchas por la tierra y territorio en las últimas dos décadas, aunque de manera poco visible a nivel nacional; y en las recientes marchas indígenas en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en los años 2011 y 2012” (CIPCA, 2014).

En Colombia, los desafíos también están presentes en las mujeres jóvenes quienes abren espacios encarando transformaciones  y nuevas condiciones de vida, para lograr  fortalecer los procesos organizativos juveniles. Las mujeres jóvenes rurales han tomado un papel importante en los procesos de empoderamiento y formación de movimientos juveniles y sociales que las ubican en una posición pública y participativa. Algunas de las precondiciones para el empoderamiento de las mujeres son los espacios democráticos y participativos, así como la organización de las mujeres” (León y Deere, 2000). Fruto de estos procesos de empoderamiento han surgido diversas oportunidades de inmersión y participación de la mujer joven campesina a través de distintas situaciones como la colonización de tierras, las migraciones e incluso, el conflicto armado. Citado: Exploraciones N°18, IPDRS.

La participación e involucramiento en procesos sociales y políticos empieza  a resignificar la actoría social, mediante su experiencia, su representación en procesos democratizadores anclados en el espacio de la vida comunitaria adulta, que han permitido, a través de movimientos sociales y acciones reivindicativas, desarrollar nuevos sentidos de la participación. En tal sentido, cobra importancia la identificación de las situaciones que motivan a los jóvenes rurales a participar, no solo en los espacios de decisión, sino, en las diferentes posibilidades de acceso a bienes, servicios, a la tierra, la integración a determinados procesos sociales, a un mejoramiento de las oportunidades o la concreción de sus proyectos vitales dentro de su territorio.

La juventud rural es un actor estratégico para mantener la agricultura y aportar al desarrollo de su comunidad, territorio y país. Cobra sentido, el relevo generacional que se necesita y se da de forma lenta y silenciosa. El  estudio de caso ciento cincuenta y cinco  del Movimiento Regional Por la Tierra y Territorio,   rescata la experiencia de jóvenes agricultores de  Paucartambo, Cusco  - Perú, que muestran interés en permanecer en el campo, quienes asumen el desafío de vivir en un espacio al que muchos no ven oportunidades necesarias para su futuro. Articulados, en conjunto y con el mismo interés van consolidando una nueva mirada hacia la permanencia y retorno a su territorio rural.

Jóvenes protagonistas del desarrollo rural, no sólo en la participación política, social y cultural,  sino en los ámbitos productivos, formando parte de las dinámicas socioculturales y de movilidad social, cada vez más complejas en toda la región, en especial, cuando se habla de territorios rurales.

La ausencia de estudios, investigaciones de jóvenes rurales es latente, sin embargo existen experiencias que están haciendo el cambio y que  aún falta conocer, registrar  y que las mismas le den un cambio a la mirada  y representaciones homogenizadas de las y los jóvenes, que viven y enfrentan contexto problemáticos (la falta de reconocimiento, limitadas oportunidades de acceso y avances tecnológicos, la migración, las relaciones de género), problemáticas que de alguna manera los hacen vulnerables, pero al mismo tiempo están ejerciendo  un papel sobresaliente, que posibilita su empoderamiento, visibiliza su liderazgo,  protagonismo y consolida una actoría social

Ser joven rural implica no sólo el habitar fuera de las grandes ciudades urbanas y hacerlo en pequeñas localidades o comunidades, también es asumir la identidad cultural y a partir de ello definir un rumbo para su vida en comunidad y de enfrentar las carencias de los servicios públicos y oportunidades de mejores condiciones de vida.

Implica romper con la idea o prejuicio, que las oportunidades se encuentran fuera del lugar de dónde habitan, sin duda la educación, acceso a servicios y tecnología brinda mejores posibilidades, influidas por los estímulos comunicacionales actuales, pero el desafío se encuentra en el aporte que puede hacer la juventud en distintas actividades  en el mundo rural, y contribuir  a la transformación y  desarrollo, que permitan lograr una mayor cohesión social y territorial.

El potencial de los jóvenes rurales como contribuidores de crecimiento y desarrollo no es suficientemente reconocido en las políticas públicas, existe un vacío en las oportunidades, hace falta frenar las migraciones, los estereotipos.

Se hace evidente la necesidad de abrir un camino para comprender a las personas jóvenes, más aun de las áreas rurales, no están referenciadas, sino referidas al mundo rural o habitante de una localidad determinada, quedando en un vacío sus propias preocupaciones referidas al desarrollo de sus potencialidades, y la falta de participación en las propuestas  de desarrollo rural.

BIBLIOGRAFIA

CIPCA, (2014) Jóvenes Rurales. Una aproximación a su problemática y perspectivas en seis regiones de Bolivia.

Duarte, K. (2000). "Juventud o Juventudes. Acerca de cómo mirar y remirar a las juventudes de nuestro continente", en Última Década (CIDPA, Viña del Mar-Chile).

Garcés, A. (2006). Juventud rural. Imágenes que rondan al joven en contextos rurales. Medellín: Universidad de Medellín. Caja de Compensación Familiar Comfenalco.

Velásquez, F. (2010). La planeación territorial en Colombia: contexto, trayectoria y experiencias. Cuadernos Descentralistas, No. 25. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana.

https://iep.org.pe/estudios-y-proyectos/nuevas-trenzas-mujeres-rurales-jovenes-del-siglo-xxi/

http://porlatierra.org/casos/155

http://cipca.org.bo/images/libros/documentos/Memoria_FORO_NACIONAL_DE_JOVENES_RURALES.pdf

*[1] Jhannet Ventura

Psicóloga y Maestrante en Desarrollo Social del CIDES UMSA. Especialista en temas de derechos sexuales, embarazo temprano, adolescentes en conflicto con la ley. Actualmente articula su experiencia del trabajo con jóvenes en la coordinación de procesos de educación virtual en el Interaprendizaje del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica.

Andar(nos) en la red: las TIC´s, los pueblos indígenas y el área rural.

Algunas consideraciones reflexivas.

                Karen Mercado Andia [1]

Pensar el acceso y uso del internet y de las nuevas tecnologías en lo rural y desde los pueblos indígenas implica mirar de manera crítica tanto las potencialidades y los riesgos de la extensión de un proceso que -aunque lento y deficiente en nuestros países- no tiene vuelta atrás.

Si bien este proceso en la actualidad es cada vez más abarcador, no sólo en geografía, sino en los ámbitos de la vida que atraviesa, aún persisten brechas digitales que se inscriben, refuerzan y a la vez generan dinámicas de exclusión que tiene sus bases en las desigualdades sociales y económicas pre-existentes. Así, en la región sudamericana la brecha digital, tanto como la social y económica, se acentúa en relación con los pueblos indígenas y campesinos y las áreas rurales que habitan.

En este sentido, el informe de la CEPAL, Estado de la Banda Ancha en América Latina y el Caribe- 2017, señala que si bien existen avances regionales, como el hecho de que, en 2016, el 56% de los habitantes -de la región de análisis- usaron la red, aún persisten diferencias en el acceso entre las zonas rurales y urbanas; siendo el promedio regional 27 puntos porcentuales de diferencia entre hogares urbanos y rurales que tienen internet. Entre los países con mayores brechas están Brasil, México y Colombia, todos con más de 35% de diferencia. Uruguay, Costa Rica y Bolivia, serían los países con menor diferencia, menos de 20 puntos porcentuales. Pero que en el caso de Bolivia, al igual que el Salvador y Perú, los hogares de las zonas rurales con acceso a internet no llegan ni al 5%.(CEPAL, 2017:12).

Más allá de este lento avance por garantizar el derecho al acceso a internet, uno de los principales problemas es la deficiencia de los programas implementados -por parte de los estados- en pro de acortar la brecha digital, los cuales parecen más empeñados en cumplir disposiciones y alcanzar metas comprometidas en la región, que un real compromiso por dirigir esfuerzos para que el internet sirva para potenciar el desarrollo económico, social e incluso la participación democrática de las comunidades rurales. Tal el caso de lo sucedido en Bolivia en la presidencia de Evo Morales, que si bien ha venido planteando y ejecutando variadas estrategias y proyectos como el impulsado por el Ministerio de Educación, en 2009, que  proponía la instalación de telecentros educativos comunitarios rurales -a fin de facilitar y reducir la brecha digital entre el campo y la ciudad- o la iniciativa de 2014, del establecimiento y el funcionamiento de la empresa estatal Quipus para el ensamblaje de computadoras portátiles en Bolivia, que inicial serían distribuidas a 160.000 estudiantes del último año de secundaria en todo el país, como el mismo presidente Morales reconoce, muchos de los esfuerzos no han sido los más óptimos “Hemos repartido a una computadora a los maestros. Intentamos dar a los estudiantes, hemos fracasado, somos sinceros. Lamentablemente las infraestructuras no nos han acompañado” (Erbol, Febrero 2017).

Esto se debe a que si bien se tenía pensado beneficiar a los estudiantes con la disposición en aula de computadoras portátiles, las unidades educativas no contaban con las condiciones mínimas para hacer esto posible. Desde conectores de electricidad hasta espacios seguros para guardar los equipos, en el mejor de casos, siendo aún más compleja la realidad de muchas unidades educativas rurales, tal el caso de comunidades del municipio de Macharetí, en las cuales a partir de un estudio exploratorio realizado el 2017, se pudo evidenciar que hay varias comunidades que de las cuales su principal limitación es no contar siquiera con electricidad, por lo cual la distribución de computadoras no serviría de mucho para la población estudiantil. Es así que dotar de tecnología no es suficiente si otras condiciones mínimas no están garantizadas, como electricidad y servicio de internet de calidad y accesible para la población, condiciones que en muchas comunidades rurales bolivianas no se cumplen.

Además de esto también se informa sobre inconvenientes técnicos en las mismas computadoras, como menciona un estudiante “Están congeladas, no podemos guardar nada. Obligatoriamente necesito comprar una flash (memoria externa) y llevarme la tarea que hice a mi casa” (Estudiante de Colegio Ayacucho, Erbol, Febrero 2017)

De igual manera, en otros países de la región los programas han sido observados por la población indígena-campesina de las áreas rurales, tal el caso de la población de Colombia ante un la implementación de un programa de alfabetización digital. Los pueblos básicamente planteaban que el ampliar la cobertura tecnológica a los lugares  más apartados, debería considerar un enfoque diferencial que responda a las variadas identidades y perspectivas de mundo que hacen parte pueblos indígenas, pues si bien las comunidades indígenas comprenden la importancia de la tecnología para el desarrollo de sus comunidades y no se cierran a ella, lo que se reclamaba es la forma y los riesgo de imposición de una perspectiva del mundo, por lo que resaltaban que la importancia que la tecnología tenga un propósito educativo que no implique la anulación de sus mundos de vida.

Por tanto, si bien el tema de las brechas digitales y  la necesidad de ir acortándolas es central,  es importante no perder de vista que la tecnología por sí sola no soluciona este distanciamiento, y que el internet por sí mismo no significa incrementar el bienestar de las poblaciones, lo cual no niega, que en la medida en que sea adoptado y adaptado a las realidades y agendas de los pueblos, tiene la potencialidad de ser una herramienta que permita la gestión y el desarrollo de sus territorios.

Partir de esta comprensión mínima, abre la posibilidad de la crítica necesaria ante la tecnología y el internet, que no pasa por declararla bueno o mala, sino por la necesidad de analizarla dentro de su funcionamiento y contexto histórico específico, que en el presente no está exento de la lógica del capital y su cada vez más amplificado despliegue de formas de dominio y capitalización de la vida.  Es en este sentido, que el internet, por más que sea garantizado en su acceso a toda la población, puede ser funcional a mantener opresiones, explotaciones, desigualdades y consumismos, o constituirse en una herramienta de lucha, resistencia y construcción de otras formas de organización y reproducción de la vida social y económica de los pueblos.

Es en tanto que el acceso y uso del internet para potenciar a nuestras ruralidades se vincula a la generación de habilidades y capacidades, que desborden el uso acotado del internet como consumidores pasivos de información general y entretenimiento, y que permitan como primeros pasos usuarios críticos, que se apropien y refuncionalicen estas herramientas según sus realidades y necesidades, que se apunte a la gestión óptima de la información y de los datos que existen, como también a la generación de su propia información.

Por otro lado, es importante considerar que la disponibilidad de tanta y tan variada información no es una garantía para fortalecer nuestra capacidad de crítica o nuestras posiciones, más si nos dejamos llevar por las formas que en que las redes sociales, como el facebook, twitter, etcétera, reducen muchas veces, la crítica a un ‘me gusta’ o un ‘no me gusta’ a un ‘me enoja’ o ‘me entristece’.  Si pensamos la necesidad de bases para una crítica que interpele y se posicione, pasa porque los procesos de ampliar el acceso y uso de internet –en esta caso para las poblaciones rurales- implique comprender y trabajar la crítica como un proceso de reflexión y discusión constante, de criterios que permitan diferenciar lo importante y lo descartable de lo que circula en las redes, para no ser presa fácil del naufragar a la deriva de la corriente. Es decir es necesario  cuestionarse, fortalecer y desarrollar habilidades básicas, principalmente junto a los y las jóvenes de las comunidades, que son los que más uso y acceso tienen al internet, que permita distinguir lo fértil de lo estéril del uso del internet, además del uso político de esta herramientas.

Ahora bien, sabemos que parte de la historia de los pueblos indígenas y campesinos ha estado marcada por su capacidad dinámica de enfrentar, adaptarse y reconstruirse -con mayores o menores efectos de desestructuración de sus formas propias- a las condiciones y contextos históricos en los que le ha tocado vivir, el internet como herramienta de imposición, control y regulación social, se suma pues a esta historia larga de nuestros pueblos, claro que la dificultad ahora no radica en una presencia que niega o que oprima de manera tan directa los territorios. Su capacidad de sujetar y generar mecanismos de control y producción de subjetividades y colectividades alineadas al capitalismo como forma social, es más sutil y difusa, por lo que es importante afrontar que el aprendizaje y la construcción propia de la sociabilidad en las redes del internet en esta era tecnológica, pasa mínimamente por construir y desplegar formas de apropiación de las nuevas tecnologías de forma colaborativa y colectiva, trazando además lo que queremos de estás a nuestros modos y bajo nuestras lógicas.

Tarea difícil, pero que a la luz de variadas experiencias en la región que han posibilitado la organización de resistencias, como la generación y articulación de agendas propias, nos muestra que es posible y que además, por la marca generacional en el uso y acceso al internet, pues son los y las jóvenes que mayor socialización y práctica tienen, permite que muchos de ellos, a través de este conocimiento, puedan implicarse de forma más activa en la gestión del territorio y en los espacios de toma de acuerdos y decisiones de los territorios rurales, lo cual no es poca cosa cuando la tendencia del modelo de desarrollo más bien impulsa a la salida de estas población de sus territorios, y cuando muchas de las organizaciones, aún van replanteándose la importancia formas políticas y de gestión territorial más inclusivas para los y las jóvenes y para las mujeres.

[1] Karen Mercado Andia

Economista y maestra en sociología por la Universidad Autónoma de Puebla. Participó en varios procesos de investigación sobre violencia/mujeres, medio ambiente y (re)producción social, económica y política de entramados comunitarios. Actualmente es parte del equipo de planificación y proyectos del IPDRS.

CRIAR ES RESISTIR, RESISTIR ES TRANSFORMAR: El foro Social Mundial 2018

Oscar Bazoberry Chali [1]

Ha concluido el Foro Social Mundial 2018. Ha sido un foro diferente: desde un punto de vista muy poco difundido, con menos financiación, desorganizado; desde otro punto de vista más auténtico que versiones anteriores, menos mediático y con una preocupación manifiesta de renovación de los discursos. En mi criterio estuvieron presentes ambas cosas, y no estoy seguro del destino que debería tener, no incomoda pero tampoco tiene grandes logros, podría ser sustituido por otros espacios que profundicen en temáticas aunque podría perder la variedad y la amplitud social que consiguió el foro. Por el momento, su desafío primordial es el de renovarse en su vocación global y afianzarse como un espacio de reflexión de la sociedad civil.

Mi punto de vista responde a una mirada que puede comparar lo ocurrido entre 20 y 25 de enero del año 2007 en Kenia y lo acontecido ahora en Salvador Bahía entre el 13 y 17 de marzo del 2018. A este punto me picó la curiosidad sobre cuántos Foros ya se realizaron. Una revisión no muy rápida, pues no se encuentra un sitio con toda la información reunida, nos permite contabilizar desde el 2001 hasta el momento 16 Foros presenciales de envergadura (aunque la información oficial de los organizadores establece que el foro 2018 es la 13ª edición global, en la lista de abajo con asterisco las versiones globales oficiales, las otras pueden corresponder a acciones regionales, temáticas y otras articuladas al FSM), el único año que no se realizó un encuentro presencial con participantes de países fue el 2008, en el que en cambio se llamó a una movilización global con actividades en cada país y región del mundo.

De estos 16 FSM realizados, el del año 2006 se realizó en tres ciudades y continentes del mundo, casi de manera simultánea, lo que se denominó un foro poli céntrico, lo que para nuestra contabilidad de países y continentes nos agrega dos lugares donde se llevó adelante, siendo en total 18. En 10 oportunidades tuvo su epicentro Sudamérica, de estas 10 un total de 9 en Brasil y una vez en Caracas, Venezuela (2006* policéntrico), en Brasil fueron siete veces en Porto Alegre (2001*, 2002*, 2003*, 2005*, 2010, 2012, 2017), una vez en Belén (2009*) y una vez en Bahía (2018*). En África se llevó adelante cinco veces, dos veces en Túnez (2013*, 2015*), una vez en Bamako, Bali (2006 policéntrico), una vez en Nairovi, Kenia (2007*) y una vez en Dakar, Senegal (2011*). En Asia dos veces, una en Bombay, India (2004) y una Karachi, Pakistan (2006* policéntrico). Finalmente una en Montreal, Canadá (2016*).

No es difícil hacer un recuento de prensa del realce que se le asignan a los eventos, dependiendo del número de participantes y de los oradores principales. Un común denominador que los caracteriza ha sido la permanente preocupación en cabalgar sobre la crítica a la construcción de alternativas, con mayor o menor peso en el interés por el Estado y las políticas multilaterales, y con un protagonismo visible de las voces de las organizaciones y pueblos del mundo, organizaciones no gubernamentales, e iglesia católica, principal pero no exclusivamente.

Entrando en materia, en términos comparados, lo que se escuchó estos días, es sin duda que su tamaño ha disminuido y que ya no recibe el interés de la prensa mundial como en anteriores versiones. Fue notoria la disminución del financiamiento y la ausencia de empresas como Petrobras que eran muy activas, así como de partidos políticos y expresiones más partidarias de todo el mundo. Lo que según algunas personas le resta brillo. Otros en cambio, sobre la base de los mismos aspectos argumentan que es un foro más genuino, más autogestionario y rico en debates. Los participantes, hombres y mujeres más predispuestos al diálogo, la gran mayoría tuvo la oportunidad de escuchar y ser escuchados. Una revisión rápida del análisis de este espacio y de las críticas tampoco ha variado, una de cal y otra de arena, el tema seguirá siendo poner a la balanza los aspectos positivos y negativos, lo que presenta un extremo grado de subjetividad y no voy a abordar ahora.

En lo que vi del Foro y en lo que participé, me resultó muy enriquecedor, principalmente me aboqué al encuentro denominado “Nuevos paradigmas para otro mundo posible”.

Escuchamos preocupaciones globales, y también experiencias concretas en terreno, iniciativas organizativas, productivas, ambientales. En esa idea de recoger “elementos necesarios para nuevos paradigmas de la sociedad, la economía y el medio ambiente”.

Desde el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) intentamos transmitir el criterio que los nuevos paradigmas requieren una renovada e innovadora interpretación de los fenómenos sociales, económicos, políticos e incluso ambientales. Nuestra propuesta es conocer el cotidiano retorno al campo, conocer las luchas y las disputas actuales por la tierra, las poblaciones multiétnicas, el enfoque multigeneracional y el complejo manejo espacial territorial, y multiterritorial también, para aportar a una mirada más precisa y responsable con los intereses de campesinos, indígenas, quilombolas, jóvenes, hombres y mujeres del campo; aquellos que lo dejaron por voluntad o fueron despojados con violencia, y aquellos que quieren hacer una ruta de vuelta, o simplemente intentar nuevos destinos.

En los talleres del FSM temáticos pudimos participar, según nuestro interés, en el de “soberanía alimentaria y agroecología” y en el del “rol de la sociedad civil en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

Muchas coincidencias en el primer taller sobre “soberanía alimentaria y agroecología”, una expectativa muy grande y un conocimiento muy detallado de las limitaciones, entre ellas el acceso a la tierra y el permanente acoso legal a las semillas nativas campesinas. Me pareció muy interesante que ya es más extendido el concepto de agroecología como un mecanismo, unas técnicas y una filosofía compleja que mira el territorio, las personas, y por supuesto, el bienestar del ambiente. Sale del espacio individual, de la parcela, de las iniciativas particulares, de esa casi devoción que se le otorgó en algún momento, para ponerla en un contexto más realista.

En el segundo caso, hay más controversia, aquí me gustó la explicación de una de las participantes brasileras, que reconociendo los problemas y la burocracia que acarrean estas convenciones internacionales, y el poder que acumulan las multilaterales del sistema de Naciones Unidas, propuso reconocer que en el diseño de los ODS, la participación social fue mayor, especialmente de organizaciones de Brasil y otras partes del mundo, y que se han incorporado aspectos sustanciales de las demandas sociales, y dejar de lado este debate y dejar de tomar un rol en su implementación podría ser un error. Especialmente, remarcó, en el estado de situación de las democracias en la región, y de gobiernos que no tienen mayor interés en las políticas sociales, recordando que a finales del año 2016 el gobierno de Michel Temer logró la aprobación de una Ley por el Senado de Brasil que congela el gasto público para los siguientes 20 años. En estas condiciones, para gran parte de los participantes, los ODS podrían ser un mecanismo útil para conseguir mayor atención de los gobiernos a los pobres, reconociendo sus limitaciones, e incluso contradicciones con los gobiernos que lo promueven en el norte, a la hora de tomar decisiones comerciales, que pueden ser altamente contrarias al interés de las personas económicamente más vulnerables.

Sobre el término transiciones que viene siendo más utilizado, me pareció que en general se contraponía existe un acuerdo que se trata de transitar hacía un estado de situación diferente, puede ser un nuevo paradigma, en la que las fuerzas económicas tienen una ruta y un destino hegemónico, y es como poner freno y dar la vuelta cuidadosamente, lo que está muy bien y cada quién tendrá algo que aportar en ello, es más, escuchamos varias veces decir que el cambio comienza por uno mismo, en el sentido individual y supongo de la colectividad más cercana. Ya retornando pensé que también para el sistema mundial, para ese que se presenta como hegemónico y sobre el cual los participantes del FSM entienden que es insostenible y genera desigualdad, el que no observa con agrado las propiedades colectivas, las economías con base en la comunidad, la sostenibilidad y este principio de justicia social, o no comparten estas otras formas y dinámicas multiculturales, también actúan bajo el mismo principio de la transición, a su criterio disminuyendo los impactos y la violencia que puedan generar su imposición de visiones del mundo, es el caso de la privatización y mercantilización de la tierra, avanzan con medidas paulatinas para empujar sistemáticamente a un destino que consideran inevitable, apropiado y natural.

Queda, por tanto, continuar y redoblar esfuerzos para contribuir en el debate, en el campo de las ideas, y reafirmar la investigación acción, la movilización y el interaprendizaje como métodos cotidianos de contribución efectiva a la construcción de nuevos paradigmas, tanto en términos teóricos como en prácticas concretas.

En los aspectos más humanos es siempre sorprendente la creatividad en los foros, como el WIFI que compartía una de las carpas y se leía en un papel “Rede: FORA TEMER, Senha: VOLTA DILMA”, o las ropas que costuraron para vestir los cuerpos desnudos de las esculturas “Gordinhas de Ondina”. Otro detalle, no menor, es el permanente llamado al cuidado de los espacios públicos, bajo la noción de comunidad, más que de administración o gobierno, lo que va en el mismo sentido de las principales declaraciones de los participantes y del FSM mismo.

En los aspectos más íntimos, el asesinato de Marielle Franco, líder afrobrasilera y la persona que conducía el automóvil, marcaron un sentido de realidad sobre la violencia, lamentablemente cotidiana en algunos países, una marcha espontanea rindió tributo a su trayectoria, al mismo tiempo que manifestó su repudio a la deshumanización de la política. En el fondo de cada persona quedaba un sentimiento de desconcierto e impotencia, más aún cuando fuera de los espacios del FSM había voces que reclaman la institucionalización de la violencia como mecanismo de gobierno.

Respecto al destino del Foro Social Mundial, cosa que muchos se preguntan y comentaron en estos días, en mi criterio no se trata solamente de este Foro. Hay abundantes y variadas iniciativas, más temáticas, más académicas, con agendas específicas, en todos ellos las preguntas son similares, y por tanto, las respuestas en muchos caso deberían ser coincidentes, es decir, una revisión del método de trabajo, una mejor cobertura de prensa, una adecuada representación de las delegaciones nacionales, y finalmente, una revisión crítica de la relación con las agendas de coyuntura y de los agentes político partidarios.

[1] Oscar Bazoberry Chali

Sociólogo, nacido en Tarija Bolivia. Actualmente es coordinador general del Instituto para el Desarrollo Rural en Sudamérica (IPDRS) y profesor en el Posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES – UMSA).

“El agua es vida” se dice comúnmente, y este dicho tiene aún mayor sentido en comunidades del mundo rural latinoamericano donde habitan 65,6 millones de personas, incluyendo a unas 45 millones de personas de más de 800 pueblos indígenas (CEPAL. Los pueblos indígenas en América latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. Santiago de Chile, 2014). El agua, es el bien común entorno del cual transcurre la vida rural, y el más complejo de gestionar.

Desde el año 1993, cada 22 de marzo venimos celebrando el día internacional del agua (declaración de las Naciones Unidas). En el marco del Decenio 2005-2015 del “Agua, fuente de vida” impulsado por las Naciones Unidas hubo avances importantes en todos los países en el acceso al agua potable y para la producción. Por ejemplo, al 2015, 1,3 billones de personas de los denominados ‘países en desarrollo’ lograron el acceso a agua potable, pero todavía 2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de manera segura (http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html).

Entre tanto, en América Latina, una de las regiones del mundo más ricas en agua, en las zonas rurales “21 millones de latinoamericanos que viven en estos territorios no tienen acceso a un servicio adecuado de agua potable y 46 millones no disponen de instalaciones de saneamiento básico”. (https://www.caf.com/es/actualidad/noticias /2017/02/agua-y-saneamiento-en-la-nueva-ruralidad-de-america-latina/).

En efecto, pese a la tecnología disponible, las políticas, las inversiones realizadas y las prácticas de cosecha de aguas, aún no se han logrado dar respuestas y soluciones estructurales a la falta de acceso al agua y a la vigencia del derecho humano al agua. Por ejemplo en el Chaco boliviano y paraguayo, familias y comunidades enteras aún consumen agua (i en guaraní) de reservorios de tierra (atajados) junto con los animales, en tiempo de sequía o época de estiaje, o en geomembranas en que se recarga esta misma calidad de agua.

En países de la región andina el agua (yaku, unu, uma en quechua y aymara), es un recurso que genera tensión y conflicto por su escasez entre la población del área rural, y de esta con la del área urbana, o por la prioridad que se da las industrias extractivas como la minería en vez del consumo humano. El lago Titicaca, que comparten Perú y Bolivia, y del que vive mucha población sobre todo rural, está cada vez más contaminado por actividades mineras y por aguas servidas de la ´mancha urbana`. Igualmente, las aguas de los ríos amazónicos del continente, igualmente están contaminados por las industrias hidrocarburíferas, mineras, extracción del oro aluvional y otros megaproyectos.

Así, en el área rural, pero también urbana, hay desigualdad en el acceso al agua, por las condiciones de acceso, la calidad del agua y el precio. Hay familias, mayormente vulnerables, entre ellos de migrantes rurales, establecidos en barrios marginales, que pagan hasta 10 o 15 veces más por el mismo volumen de agua en comparación con zonas urbanas pudientes, solo que la compra de cisternas y en recipientes (turriles, bidones, baldes).

La agropecuaria sigue siendo la actividad más importante en la generación de empleo rural, mayoritariamente no asalariada. Supera el 60% en Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. Incluso, según la OIT, un 5% de personas que viven en zonas urbanas cercanas a zonas con actividad agrícola acuden a emplearse en dichas actividades, en Ecuador y Perú supera el 8%. Y en esta materia, sobre todo en el acceso a agua para riego, también hubo avances importantes no sólo en políticas e inversiones sino también en cambios en hábitos, buenas prácticas en el acceso, conducción y uso de este recurso vital, y con innovaciones tecnológicas por una parte de las poblaciones locales. Sin dejar de mencionar que también quedan muchos desafíos para mejorar la gestión de las cuencas, la captación, conducción y aplicación de agua en parcelas, el tratamiento y evacuación de aguas, el cuidado de las infraestructuras de captación; igualmente, hubo esfuerzos, inversiones y obras que no funcionaron, dejando las condiciones de vida de la gente del campo en las mismas condiciones que antes, incluso peor en algunos casos. En terreno se puede encontrar muchos ejemplos de lo que aquí afirmamos.

El agua para mucha de población rural, además de ser un recurso para el consumo humano y para la producción agropecuaria y la economía rural (agricultura, pecuaria, acuicultura, transformación y procesamiento de la producción, turismo, entre otros), tiene otras múltiples funciones, por lo general escasamente consideras. El agua está vinculado con otros recursos como los suelos y su fertilidad y la biodiversidad que hacen posible la vida de la población en los territorios rurales. El agua y los ríos son también medios importantes para el desplazamiento y transporte de muchas poblaciones y comunidades rurales; es también fuente de obtención de alimentos como la pesca, que también contribuye a generar ingresos. El agua es parte de la cosmovisión y fuente de creencias, de conocimientos y saberes, de desarrollo de tecnologías para el acceso, cuidado, manejo y gestión. En torno al agua también hay organización de la gente, de trabajo comunal (para construcción y mantenimiento de sistemas de agua), fiestas, rituales y celebraciones. El acceso al agua, el derecho adquirido sobre este recurso y la pertenencia a una organización del agua, empodera a la gente, a hombres y mujeres. Por todo eso, el agua no es solo un recurso sino un bien común que posibilita la vida rural.

Empero, en los territorios, la precipitación pluvial y la disponibilidad del agua es desigual, por ejemplo en los andes sudamericanos llueve entre 200 y 1000 mm año; en la amazonia hasta 2.500 mm o más y en el Chaco y los semiáridos entre 500 a 800 mm. Muchos pueblos y culturas o grupos humanos o incluso familias han aprendido y desarrollado culturas de convivencia con y en territorios que tienen estas condiciones; pero también aún se encuentra a quienes pretenden enfrentar y dominar la naturaleza, la madre tierra y el agua. El hombre ha olvidado o está olvidando criar el agua, y convivir con ella, lo mismo que lo hace con la madre tierra.

Hoy el agua sigue ocupando un sitial en la agenda mundial. Ha sido incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 6 pretende al año 2030 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Sin embargo, bien visas las cosas, el agua está presente en todos los demás objetivos, casi ninguno de ellos se podría lograr al margen de la buena gestión del agua, de una gestión integral.

Además, este 22 de marzo de 2018 comenzará el Decenio Internacional para la Acción, Agua para el Desarrollo Sostenible, y concluirá esa misma fecha, el año 2028. “El Decenio trata de acelerar los esfuerzos para enfrentarse a los desafíos relacionados con el agua, como el acceso reducido al agua potable y al saneamiento, una mayor presión sobre los recursos hídricos y los ecosistemas y un riesgo exacerbado de sequías e inundaciones” (http://www.un.org/es/sections/issues-depth/water/index.html).

Asimismo, en días venideros, del 18 al 23 de marzo, tendrá lugar en Brasilia el Foro mundial del agua, organizado por el Consejo Mundial del Agua (WWC por sus siglas en inglés). La misión del Foro es “promover la concientización, crear un compromiso político y detonar la acción sobre los temas críticos del agua a todos los niveles, a fin de facilitar la conservación, protección, desarrollo, planificación, gestión y uso eficiente del agua en todas sus dimensiones sobre una base ambientalmente sostenible en beneficio de toda la vida en la Tierra”. (http://www.worldwatercouncil.org/es/brasilia-2018)

Pero, como en otros temas, también hay un Foro alternativo mundial del agua - FAMA2108, en las mismas fechas y en la misma ciudad de Brasilia. Este foro alternativo bajo el lema “Agua es un derecho, no mercancía”, tiene el propósito unir los esfuerzos de movimientos sociales alrededor del mundo por transformar el acceso al agua en un derecho, principalmente en aquellas poblaciones que sufren los rigores de la pobreza, exclusión social y la guerra, para quienes el agua se vuelve un recurso inalcanzable, debido a las intenciones de las grandes corporaciones que utilizan el agua como mercancía privatizable… se contrapone al autodenominado "Foro Mundial del Agua", el cual es un evento promovido por los grandes grupos económicos del planeta quienes defienden la privatización de las fuentes naturales y los servicios públicos del agua. (http://www.fenae.org.br/portal/fama-2018-2/fama-2018/)

En este marco de eventos globales, de debates y posicionamientos, en los territorios locales es una oportunidad para reforzar la conciencia pública para una gestión no solo del agua sino de los territorios donde agua, suelos y biodiversidad son claves de la vida tanto de la población humana rural-urbana como de la fauna y flora del territorio. También una oportunidad para contribuir a que la humanidad recupere su capacidad de criar el agua, y cuidar la vida. Esto es, gestión integral del agua mejorando lo que ya se hace en cuanto a cuidado de las fuentes de agua, la disponibilidad, acceso, consumo, ahorro y cuidado, protección, reciclaje, reutilización, tratamiento de aguas servidas, entre otros. Todo ello en el consumo humano y doméstico en áreas rurales y urbanas; en actividades económicas e industriales; en salud; empleo; cuidado del medio ambiente. Sistematización, socialización y uso de conocimientos, saberes y tecnologías ancestrales combinados con nuevos conocimientos; generación de energía limpia, uso de energía alternativa para el acceso y uso del agua; uso de aguas residuales. Asimismo, lograr consensos para nuevas y mejores políticas públicas, nuevos conocimientos y tecnologías que fortalezcan los actuales, incluyendo las ancestrales, e inversiones para la gestión de territorios con uso sostenible del agua en sus diferentes estados. Regular las actividades económicas que utilizan el agua, sobre todo en áreas de escasez, dando prioridad al consumo humano. Renovar la curricula educativa incluyendo esta temática, y desarrollar campañas no sólo de concientización sino de intercambio, difusión, promoción y dinamización del conocimiento y las buenas prácticas. Fortalecer las capacidades de gestión de riesgos y de resiliencia.

Pero todo ello requiere de cambios en modelos de desarrollo y producción y de los estilos de vida no sólo en áreas rurales sino, y sobre todo, en las zonas urbanas y las metrópolis. Así se podría volver a aprender a criar, o ayudar a criar, el agua y los territorios que permitan una vida digna en el campo y en las ciudades en el siglo XXI.

Esos pueden ser algunos retos para el mundo rural en este decenio venidero del agua para el desarrollo sostenible.

La noción del trabajo y el Trabajo Asalariado Rural

Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, (Génesis 3, 19)

Si sobre las categorías se construyen relatos históricos ¿por qué no detenernos a pensar la categoría trabajo, aparentemente tan bien conocida? Este texto hace un apunte sobre la noción de trabajo judeocristiana y cómo esta se continúa en el pensamiento moderno.

Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, (Génesis 3, 16-19)

¹⁶ A la mujer le dijo: «Multiplicaré tus dolores en el parto, y darás a luz a tus hijos con dolor.
Desearás a tu marido, y él te dominará.»

¹⁷ Al hombre le dijo: «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer, y comiste del árbol del que te prohibí comer, ¡maldita será la tierra por tu culpa!
Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida.

¹⁸ La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres.

¹⁹ Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás.»

Dos mandatos estructuran el relato judeocristiano en este pasaje inaugural de la historia. El primero, dirigido a la mujer, manda a vivir el parto con dolor, noción que persistiría hasta hoy como “realidad dada” si no fuera por estudios feministas que la cuestionan. Casilda Rodrigáñez, en “La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente”, por ejemplo, basada en estudios de literatura y la arqueología, expone que en el pasado (en la India) existieron partos orgásmicos.   Y es a partir de estos estudios y en diálogo con las mujeres de distintas culturas que se está generando un cuestionamiento muy fuerte al concepto judeocristiano impuesto sobre el parto. En cambio, sobre el segundo mandato, sobre la carga de sufrimiento asociada al trabajo hemos dicho muy poco. Se asume como “dado” que trabajar es sufrir y sacrificarse.  

No hay que olvidar que trabajo procede de tripaliare –torturar-, derivado a su vez de tripalium –instrumento de tortura compuesto de tres (tres) maderos (palus)-, y que hasta hoy día conserva el sentido de “dolor” y “sufrimiento”, aunque en la Edad Media (aparece en textos de Gonzalo Berceo y del Arcipreste de Hita) se le incorporó la idea de “esforzarse”, “laborar”. (Aguilar, s.f.:10-11)

Además, el relato bíblico demarca un ámbito de lo que se considerará como trabajo, la producción en la que los hombres son protagonistas de “llevar el pan con el sudor de su frente” a su familia.  Las tareas necesarias para vivir, la educación de las hijas y los hijos, la preparación de la comida, la ornamentación del espacio en el que se vive todo eso no es nombrado ni considerado como parte de una actividad necesaria para la vida.

En síntesis este relato marca: qué es el trabajo y qué cualidad central lo constituye. Trabajar es labrar la tierra y es una actividad dolorosa destinada a los hombres que como alivio a esa suerte podrán dominar a su esposa como lo harán con la tierra.  Entonces, aquí el trabajo constituye en dispositivo histórico, la humanidad deberá agradar a dios para el retorno al jardín del que fue expulsada.

Continuidad de la noción del trabajo judeocristiano en la modernidad y la aparición de otros dioses

Está claro que el trabajo es una categoría importante en la construcción las sociedades. De hecho se ha puesto como cimiento en distintos proyectos de sociedad (asumiendo en cada proyecto histórico distintas variaciones: de espacio: de la tierra a la fábrica; de identidad: de agricultor a obrero, etc.), especialmente en el pensamiento moderno.

La razón moderna puso en cuestión un orden tradicional, principalmente impuesto por la religión; sin embargo, la noción judeocristiana del trabajo no es revisada, removida, criticada por este pensamiento. Zygmunbt Bauman en su libro “Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres” 1998), explica como en el surgimiento del régimen fabril en el siglo XVIII, para empujar al artesano a un trabajo rutinario frente a las máquinas, despojado de sentido y subordinado al control de sus patrones, se recurrió a una “ética del trabajo”, como norma de vida y dispositivo de progreso y crecimiento.

“La ética del trabajo desempeñó, entonces, un papel decisivo en la creación de la sociedad moderna. El compromiso recíproco entre el capital y el trabajo, indispensable para el funcionamiento cotidiano y la saludable conservación de esa sociedad, era postulado como deber moral, misión y vocación de todos los miembros de la comunidad (en rigor de todos sus miembros masculinos). (…)  Pero al aceptar esa necesidad por voluntad propia, se disponía toda resistencia a reglas vividas como imposiciones extrañas y dolorosas. En el lugar de trabajo no se toleraba la autonomía de los obreros: se llamaba a la gente a elegir una vida dedicada al trabajo; pero una vida al trabajo significaba la ausencia de elección, la imposibilidad de elección y la prohibición misma de cualquier elección.” (Bauman 2005:37).

Y esta ética del trabajo, dice Bauman, ha sido de interés de filósofos, empresarios, políticos y de la misma iglesia:

“Para promover la ética del trabajo se recitaron innumerables sermones desde los púlpitos de las iglesias, se escribieron decenas de relatos moralizantes y se multiplicaron las escuelas dominicales, destinadas a llenar  las mentalidades jóvenes con reglas y valores adecuados; pero, en la práctica, todo se redujo- como Bentham pudo revelarlo con su característico estilo directo y su notable claridad de pensamiento- a la radical eliminación de opciones para la mano de obra en actividad y con posibilidades de integrarse al nuevo régimen”. (Bauman, 2005: 31).

Incluso, esta noción judeocristiana del trabajo persiste hoy en el discurso educativo, basta con oír cantar a los niños y niñas bolivianos el Himno al Trabajo de Manuel Fernández Juncos y A. Joly.

Trabajemos, Trabajemos
no hay tregua en la labor.
Trabajemos, Trabajemos
que el trabajo es la ley de Dios.   

No te detengas, dale sin reposo
luz a la mente y a la mano acción.
Que es el trabajo, la oración del fuerte
y el pensamiento nos acerca a Dios.

También, la organización de los días de trabajo deviene de esa influencia judeocristiana, el libro del Éxodo habla claramente de ese ordenamiento.

“8 Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 9 Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 10 más el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios; no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. 11 Porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día; por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó”. (Éxodo 20, 8-11).

Ahora, un giro importante, no en la significación del trabajo, sino en el horizonte hacia el que se dirige, en el ¿para qué?, es la innovación en la gerencia de recursos humanos, originada en los Estados Unidos. Que desde mi punto de vista desplaza al dios judeocristiano por un dios del crecimiento económico.  Esta innovación, de acuerdo a Bauman, alentaba el trabajo mediante incentivos monetarios y ha sido clave para redefinir un camino de lucha.

“Aquello que a principios de la sociedad industrial había sido un conflicto de poderes, una lucha de por la autonomía y la libertad, se transformó gradualmente en la lucha por una porción más grande del excedente. (…) Con el tiempo, se impuso la idea de que la habilidad para ganar  una porción mayor del excedente era la única forma de restaurar la dignidad humana, perdida cuando los artesanos se redujeron a mano de obra industrial” (…)

“La transformación del conflicto de poderes en la lucha por los ingresos monetarios, y las ganancias económicas, en el único camino hacia la autonomía y la autoafirmación, tuvieron honda influencia en el rumbo general de desarrollo de la moderna sociedad industrial”

(Bauman, 2005: 40).

Este es el giro en el que el horizonte de lucha, de frenar el trabajo, como actividad repetitiva, automática, de encierro, poco valorada, despojada de sentido,  paso a la lucha por el crecimiento económico. Y es con este giro que se logra desplazar al dios judeocristiano, más no su mandato sobre lo que es el trabajo.  Con este giro se enterró aún más la posibilidad de discutir la representación, el significado o la noción de trabajo. Y eso, es motivo de preocupación cuando muchos proyectos históricos se asientan en el trabajo como dispositivo que los orienta, pero poco revisan la dimensión dura que se le ha impuesto.

Ahora, la modernidad, sobretodo en sus inicios, profundiza la división del trabajo en términos de espacio porque requiere concentrar a los fabriles en las empresas, los talleres, la fábrica. Esta separación del obrero de su familia, además de imponer una noción de trabajo asalariado que realiza el hombre con respecto al trabajo no asalariado que realiza la mujer, en el hogar o en el campo, recae en un desconocimiento no solo del trabajo femenino y que aportan las niñas y niños sino también en la negación de que existen otros ámbitos de trabajo necesarios para la vida. La ornamentación de una casa ¿acaso no es un tema vital? ¿Acaso no tiene que ver con la posibilidad de armonizar un espacio íntimo? ¿Acaso no tiene que ver con creatividad, tiempo y desgaste físico? Este desconocimiento de otros ámbitos de trabajo, “casualmente de responsabilidad femenina” y su negación en la noción de trabajo judeocristiana ha sido desplazado de la academia y etiquetado como preocupación de estudios feministas. Reduccionismo puesto en cuestión cuando caemos en cuenta que si la historia se ha hecho desde el trabajo, no podemos reducir trabajo como “ocupación y/o profesión”, porque negaríamos el poder de otras áreas de la vida en la construcción de la sociedad. Por ejemplo, el trabajo de hacer grafitis en la calles para desmantelar el pensamiento patriarcal, la innovación en la preparación de un plato de comida, el manejo de tecnologías alimentarias ¿acaso no construyen la historia y la sociedad? ¿Acaso no permiten replantear el trabajo mismo?

La noción de trabajo en el mundo rural 

A nivel de lo rural, igualmente hay que advertir la necesidad de sacar la noción de trabajo del campo económico. Instituciones multilaterales como la FAO y la OIT analizan la calidad de vida en el campo y de las familias campesinas teniendo como indicador de bienestar al trabajo asalariado, como si éste fuera la única ruta para el acceso a la seguridad social y la calidad de vida. De hecho, de acuerdo a la OIT, en “el “binomio “ruralidad” y “trabajo por cuenta propia” acrecienta la vulnerabilidad laboral y las barreras típicas para la extensión de la cobertura de la seguridad social” (OIT, 2016:38).

Aquí, el anhelo de seguridad social no es el problema, el problema radica en que éste se plantea como sine qua non del trabajo en la dinámica empleador- empleado. Entonces, el autoempleo al no comprenderse como una opción política y de vida pasa a formar parte de la economía informal y del trabajo informal, pasa a constituirse como un problema. Cuando, se conoce de muchos casos de retorno al campo, de gente que agotó su vida en la ciudad por los regímenes de trabajo que ésta exige y; en cambio, vio la posibilidad de autogestionar su vida produciendo sus propios alimentos en el campo, a pesar de los embates del cambio climático.

No es útil, entonces, que la OIT trabaje por los derechos laborales en los términos del trabajo asalariado sin cuestionar las bases esclavistas del trabajo. Entonces, de qué sirve buscar universalizar los contratos rurales por escrito, buscar el respeto al salario mínimo nacional, inspeccionar los trabajos rurales y buscar que los trabajadores rurales  se organicen (OIT, 2016, 56-61), cuando no se cuestiona los términos en los que se realiza la producción. Pues, es doloroso, escuchar cómo el agronegocio brasileño coproduce trabajadores rurales consumidores de crack para someterse a los duros regímenes de trabajo durante el corte caña y la colecta de la naranja, doblando su rendimiento productivo; pero, al cabo de cinco años terminando en las calles. O pensar en los trabajadores ecuatorianos asalariados, insertos en el agronegocio de las flores, que con la cabeza gacha y con un control casi penitenciario, no pueden ni desviarse tranquilamente a una conversación alejando la mirada de las camas o hileras de flores que les corresponde trabajar. 

Una tarea pendiente de las ciencias sociales es volver a revisar la noción de trabajo porque ésta, de acuerdo a Lais Ambro (1999), ocupa un lugar importante en el pensamiento histórico y tiene resonancia en la producción académica, la definición delimita el objeto, métodos y hallazgos.  En un recuento de la sociología del trabajo en América Latina Ambro afirma que en la actualidad existe una subordinación de las ciencias sociales a la economía y que en ese marco están ausentes los sujetos, lo que tiene que ver con la profundización de la globalización y la consolidación de un dios – consumo; pero, también, tiene que ver con la revisión de la noción de trabajo.

Referencias bibliográficas

ABRAMO, Lais (1999). Desafios atuais da sociologia do trabalho na América Latina: Algumas hipóteses para a discussão. En: de LA GARZA TOLEDO, Enrique (Compilador). Los retos teóricos de los estudios del trabajo hacia el siglo XXI. Argentina: CLACSO. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar

AGUILAR, José María (s.f.). El trabajo como objeto sociológico. Disponible en: https://goo.gl/Ge2hwX

BAUMAN, Zygmunt (2005). Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. Barcelona: Gedisa.

BIBLIA LATINOAMERICANA. Bolivia: Edición Pastoral.

HIMNO AL TRABAJO. Disponible en: https://goo.gl/E6MEbL

OIT (2016). Panorama Laboral Temático 3: Trabajar en el campo en el siglo XXI. Realidad y perspectivas del empleo rural en América Latina y el Caribe (Versión revisada).  Lima: OIT / Oficina Regional para América Latina y el Caribe, 2015. 100 p. Disponible en: https://goo.gl/KAtF1b

RODRIGAÑEZ, Casilda (2000). La represión del deseo materno y la génesis del estado de sumisión inconsciente. Madrid: Nossa y Jara Editores “Madre Tierra”. Disponible: https://goo.gl/1h2MVA 

RODRIGAÑEZ, Casilda (2002). El Asalto al Hades. La rebelión de Edipo. 1ra parte”. Madrid: Traficantes de Sueños.

*Oscar Bazoberry Chali, Coordinador del IPDRS y Docente Investigador del CIDES - UMSA

En los últimos días del 2017, ha trascendido la novedad de los avances en las negociaciones del tratado entre la Unión Europea y el Mercosur. Asimismo, delegaciones como la argentina y brasilera, y sus respectivos presidentes, anuncian que tienen un interés expreso de firmar el tratado en el menor tiempo posible, se espera que esto ocurra durante el primer trimestre del 2018. De hecho, en estos días que circulará este artículo, se han reanudado las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, entre el 19 de febrero hasta el 2 de marzo, se encuentran reunidos en Paraguay con claras intenciones de destrabar los puntos conflictivos.

Como en anteriores rondas, hace casi tres décadas, uno de los temas más preocupantes es el referido a los productos agropecuarios. Pero no nos engañemos, digamos claramente que su preocupación son los productos agropecuarios del agronegocio, no así los de la agricultura familiar campesina indígena afrodescendiente cuya existencia y persistencia es vital para los pueblos de Sudamérica, y por supuesto, deberían serlo para los Estados que suscriben el MERCOSUR y los tratados de libre comercio.

Los asuntos más sensibles tienen que ver con la ganadería bovina extensiva que se promueve entre los productores de carne y los productores de leche. A finales de enero del 2018, las noticias indicaban que los negociadores de la UE ofrecían una cuota de noventa y nueve mil toneladas de carne libre de aranceles a favor del Mercosur, a cambio de acceso irrestricto para los productos lácteos europeos. Esta propuesta a los agroindustriales sudamericanos les pareció un exceso.

En este juego de mercados se habla del bioetanol y en menor medida de maíz y de carne aviar. En términos de la diplomacia se reconoce que habrá perdedores en todos los campos, tanto en Europa como en Sudamérica; en términos del desarrollo podríamos decir que se trata de medir y mitigar, disminuir no el impacto, sino la velocidad de las pérdidas. Como ocurre con el tema del cambio climático, al parecer la idea es reconocer que no se puede hacer nada y lo que queda como objetivo final es adaptarse. Sin embargo, aunque el fenómeno del mercado global moderno y el cambio climático tengan el mismo origen en la sociedad industrial, habría que reconocer que las decisiones políticas sobre el mercado tienen una connotación distinta.

En el lado europeo les preocupa cuántas granjas, que suelen ser las que reciben menos subsidios y posiblemente las más pequeñas, seguirán el proceso de extinción al que fueron condenadas por las prácticas industriales y la impostura de la propiedad privada y el capital sobre el suelo. Un tema particular es la resistencia que opone particularmente los productores desde Francia, e Irlanda, secundados por los de Polonia y otros en otros países con menor peso en la agricultura, o con menor peso de sus agricultores en las decisiones políticas. Aquí, curiosamente, se discute la flexibilización laboral en el agro como una medida paliatoria a las “ventajas” que significa el mercado de trabajo en otros lugares del mundo, entre ellos Sudamérica, así con el mismo criterio un ajustes a las medidas ambientales, también como una forma compensatoria favorable a Europa. Esta discusión fue más nítida en las discusiones del tratado entre los Europa y los Estados Unidos, circunstancias en que equilibrar la balanza significaba que los países europeos flexibilizaban en el estado de bienestar y los EEUU restringían algunas formas de trabajo que en términos económicos “abaratan” sus costos de producción.

En el lado sudamericano los cálculos son menos finos pues se trata de incrementar las ventas al menor costo posible, incluso de muchos productos que no existen en cantidad suficiente y son muy difíciles de incrementar a corto plazo, o tendrán consecuencias previsibles en acumulación de tierras y deforestación. En la mayoría de los casos con prima ilusión de que la producción depende de los mercados sin mayores limitaciones naturales, tecnológicas o sociales. Quienes pierden, en general son los propios auspiciadores que a la hora de la hora tienen que rematar sus fincas y sus negocios para dar paso a los grandes capitales, algunos de ellos transnacionales, que se hacen de los beneficios territoriales nacionales del mercado global.

Ante esta situación, ¿dónde y cómo están los campesinos, indígenas, agricultores familiares, sus productos, la afectación directa e indirecta a sus territorios, aguas, biodiversidad y los mercados que han construido, que auspician y participan? ¿Y las sociedades urbanizadas, asalariadas y sobrevivientes en el comercio minorista y los rebalses del mercado de bienes y servicios? Ausentes, desarrollando habilidades para acomodarse y sacar pequeñas ventajas de los resultados de las políticas de sus gobiernos.

No se puede dejar de afirmar, que Sudamérica está en su peor momento de orientación hacia una integración con sostenibilidad y protección de su población. Hay muchas iniciativas aisladas, algunos protagonizan procesos y apuestas, en la mayoría de los casos de corto plazo y demás de contradictora con los intereses regionales, y existen muchos mirones de palco.

La UE actualmente está negociando con los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En tanto Venezuela, antes observador de las negociaciones, hoy se encuentra suspendida del bloque. Los otros países que tienen el estatuto de estados asociados, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam, no pintan ni suman ni restan. La situación de cada país es diferente respecto a la Unión Europea, sus propias acciones y deliberaciones comerciales.

Sin embargo, este pretendido acuerdo, que según los deseos de Macri y Temer está a la vuelta de esquina, tendrán un efecto de arrastre para los otros países de la región, basta poner de ejemplo la impresionante expansión de la soya en Bolivia y el entusiasmo con el mercado de exportación de carne.

No está demás insistir en que este modelo de acuerdos, en los que se involucra un universo de aspectos, muchos incomprensibles, están llegado a su fin, hoy no se puede pretender seguir negociando con la mano escondida, aunque muchos afirmen su buena fe y su inteligencia superior. Tanto en el norte como en el sur, es necesario dar paso a negociaciones específicas, multilaterales, a puertas abiertas donde la sociedad pueda contrarrestar los intereses de las corporaciones y de la legitimidad / ilegitimidad de los gobiernos y gobernantes.

Bueno sería comenzar por casa, tanto la Unión Europea como los bloques sudamericanos como el MERCOSUR, que tienen una deuda con sus propios países y con su población, así como con las consecuencias de sus acciones en el resto del mundo.

En el caso del Sudamérica, los gobiernos y los bloques regionales mantienen una deuda pendiente, histórica y creciente con la población campesina indígena afrodescendiente, los negociadores se han preguntado ¿Cuál será la consecuencia de la expansión de las zonas de ganadería para la agricultura familiar? ¿Disminuirán los asesinatos de campesinos e indígenas en Brasil? ¿Disminuirá la judicialización de la protesta en Argentina y Paraguay? Seguramente éstos son temas de otro capítulo del tratado, quizá el menos importante para los que están en la mesa, por eso no se encuentran en discusión ni en la prensa.

¡Ojo! Éste es solo un ejemplo de otras decisiones que están siendo tomadas en la región en este concierto de naciones y relaciones internacionales, como es el caso de las inversiones, créditos y el mercado de la China, Rusia, y otros que están omnipresentes y no son debidamente conocidos, y ahí cada gobierno y Estado actuó a su propio criterio, interés y urgencia. Es pues, otra muestra de que la integración sudamericana, en beneficio de su población, de sus magníficos bienes naturales, se encuentra en un mal momento.

Quizá este tratado, pueda al menos servir para eso, para revisar los procesos internos, y no solo discutir la modalidad y los alcances del tratado con la UE, sino con cada uno de los países y bloques del mundo. Sé, por supuesto, que es mucho pedir, al final, a nuestras delegaciones y políticos, les sigue convocando la foto de portada.

A bacia hidrográfica do rio Paraguaçu é composta por mais de 150 rios, que nutrem 86 dos 417 municípios baianos. A área banhada por ela é de 54.877 km² (Inema, 2015), cerca de 10% do território do Estado. Vivem nesta área 1.720.367 pessoas (Inema, 2015), aproximadamente 12% dos habitantes da Bahia, e suas águas contribuem para o abastecimento de Salvador, a capital do Estado. O nome do principal rio desta bacia significa ‘mar grande’ e tem sua origem na língua tupi (Santos, 2013).

O rio Paraguaçu nasce no município de Barra da Estiva – Bahia/BR. A aptidão agrícola das terras da Bacia variam entre média e alta, com destaque na região da Chapada Diamantina, justamente onde há uma precipitação um pouco maior, devido ao clima semiúmido a úmido. A união destes elementos tornou a região um polo de atração para a agroindústria. Desde a década de 1980, com a chegada do agronegócio, a demanda pela água, como fator de produção para essas empresas, só vem aumentando. A alguns quilômetros da cabeceira do rio Paraguaçu fica a Barragem do Apertado, concluída em 1998 pela Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia – CERB, com o objetivo principal de atender as demandas hídricas do setor usuário da irrigação (LOPES et al., 2008). Hoje, responsável pela modificação da região, abrigando inúmeras agroindústrias.

Conforme estudos, a Barragem do Apertado possui usos distintos, dentre os quais destacam-se a irrigação e o abastecimento doméstico. Mas, nos últimos três anos em que acentuou o colapso hídrico no alto Paraguaçu o rio chegou a cortar logo abaixo da barragem. O sistema de abastecimento da cidade de Mucugê (BA) foi interrompido. Percebe-se uma priorização pelo agronegócio em detrimento ao abastecimento humano.

A chapada Diamantina, no alto Paraguaçu, hoje se destaca na produção de café, batatas e está se tornando um grande polo na produção de fruticultura tropical. Grande parte da produção atende as demandas regionais e nacional, mas o clima e as montanhas favorecem a uma produção destaque para a exportação, principalmente o café e produtos elaborados como sucos, cachaças e vinhos.

O Plano de Bacia Hidrográfica é um dos instrumentos para consubstanciar, fundamentar e orientar a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e o seu respectivo gerenciamento. Na Bahia, os esforços para definir essa política e instituir um sistema de gerenciamento de recursos hídricos foram iniciados em 1995, por meio da Lei no 6.812/1995, que criou a Superintendência de Recursos Hídricos (SRH/BA). Nesse mesmo ano foi editada a Lei no 6.855/1995, que dispõe sobre a Política, o Gerenciamento e o Plano Estadual de Recursos Hídricos.

O aproveitamento sustentável da bacia do rio Paraguaçu é fundamental, sendo necessário um planejamento integrado que vise o avanço das condições socioambientais, o aumento da quantidade e a melhoria da qualidade da água para os mais diferentes usos. Porém, a bacia hidrográfica do rio Paraguaçu, assim como tantas outras bacias hidrográficas, ainda carecem desses Estudos. Pois, a Falta de conhecimento desses usos, de estudos relacionados à bacia hidrográfica e de planejamento ambiental favorecem aos grandes monocultivos e, quando não atendidas suas demandas essas empresas começam a migrar para áreas próximas a outros afluentes do Paraguaçu.

A ingerência do agronegócio na política dificulta uma ação integrada de longo prazo para manutenção e conservação da bacia hidrográfica. Aproveitam-se do mito do desenvolvimento para manipular a opinião pública e omitir o diagnóstico que aborde a situação atual dos recursos hídricos; a análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo; o balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais [...]. Conforme a Lei das Águas (nº 9433, art. 7º).

A expansão do agronegócio e a falta de um Plano integrado, afetou também o rio Utinga, um dos principais afluentes dessa Bacia Hidrográfica. O rio Utinga nasce na comunidade de Cabeceira do Rio, distante cerca de oito quilômetros da sede do município de Utinga. Ele é responsável pelo abastecimento de água das cidades de Utinga, Wagner, Lajedinho e Andaraí.

As bombas se multiplicam para alimentar os sistemas de irrigação ao longo do rio Utinga, onde concentra grande parte das monoculturas de mamão e banana. Nos últimos 10 anos houve um aumento do plantio irrigado, de culturas que absorvem um grande volume de água, passando de aproximadamente 200 para mais de 1.000 hectares. Isso é equivalente a mais de 2 milhões de pés de banana, que para manter sua produtividade necessita, para cada planta, 40 litros de água por dia. Sem controle, plano de manejo ou fiscalização, boa parte dessas bombas para irrigação não possui sequer outorga de uso da água.

No início de 2018, a situação repetiu o ocorrido em 2015 e início do ano 2017, em que o rio Utinga interrompeu sua correnteza por mais de 120 dias, afetando onze comunidades rurais e ribeirinhos, dez assentamentos e dois sistemas de captação e tratamento para uso doméstico, desde a sede do município de Wagner até a Área de Proteção Ambiental – APA Marimbus/Iraquara, divisa dos municípios de Andaraí e Lençóis, onde o rio deságua, afetando uma média de três mil famílias entre abastecimento humano e produtores/agricultores. A economia de 830 famílias dos assentados, pequenos agricultores, quilombolas e pescadores foi afetada e, endividados, alguns camponeses chegaram a passar fome.

No final de 2017, O Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – INEMA decretou a suspensão de 50% do volume outorgado para o rio Utinga e todos seus afluentes, exceto para consumo humano e dessendentação animal, por meio da Portaria 15.068; e os grandes produtores adotaram um racionamento em alternância, dia sim – dia não, que somada à ação do Decreto poderia amenizar o colapso hídrico, mas as medidas não foram adotadas por todos os produtores e o próprio Governo do Estado atendendo aos interesses do agronegócio suspendeu temporariamente a atuação do INEMA, comprometendo a vazão do rio, a qualidade de vida dos pequenos agricultores e o próprio meio ambiente da Chapada Diamantina.

A outorga deve atender à necessidade dos usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes alternativas (Lei das Águas – 9433, Art. 15). O uso da água como commodity fere esse Direito Costumeiro - conjunto de normas de conduta social, criadas espontaneamente pelo povo, através do uso reiterado, e que gera a certeza de obrigatoriedade, reconhecidas e impostas pelo Estado (Nader, p. 156). Assegurados pela Constituição Federal (CF – 1988. Art. 216, Inciso I e II) – as formas de expressão e o respeito aos modos de criar, fazer e viver.

Entretanto, a atuação do INEMA, além de não focar nos pontos mais críticos do subsistema hídrico do Rio Utinga, a fim de perenizar todo percurso, prioriza a monocultura da banana em detrimento de outros usos, contrariando os artigos 1º e 15 da Lei das Águas - Nº 9.433, que prevê a suspensão parcial ou total, em definitivo ou por prazo determinado, as outorgas de direito de uso de recursos hídricos, em situações de escassez, priorizando o consumo humano e à dessedentação de animais.

A Própria Lei das Águas (nº 94330) em seu artigo 7º prevê metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis; medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados, para o atendimento das metas previstas; prioridades para outorga de direitos de uso de recursos hídricos; e principalmente, a criação de áreas sujeitas a restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos.

De acordo com Rogério Mucugê, da Conservação Internacional e coordenador do projeto “Semeando Águas no Paraguaçu”, os espaços de reivindicação da sociedade civil para a resolução estão dominados pelos representantes de grandes empreendimentos rurais. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraguaçu é um deles. Apesar da ideia de composição diversificada e democrática dos Comitês, a população em geral e as entidades de preservação ambiental são sempre voto vencido nas decisões sobre a Bacia.  Apesar disso, não há nenhuma repercussão na mídia.

Na ocasião do lançamento da Campanha de conservação da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu, Wilson Pianissola, líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST, chegou a advertir o Secretário de Meio Ambiente de que o rio não voltaria a secar pela atuação do Estado ou pela ação popular. Mesmo com a forte mobilização dos camponeses o problema do rio Utinga persiste. Somente, os efeitos climáticos (chuvas) têm favorecido a perenização do rio.

Ainda no rio Paraguaçu, em seu médio curso, há outras duas barragens − Bandeira de Melo e a Represa de Pedra do Cavalo, fazendo divisa com o baixo curso. A barragem de Bandeira de Melo fica na região semiárida e tem como função regularizar a vazão do rio e atender a usos múltiplos. Mas, com o esgotamento do alto Paraguaçu e dos outros afluentes a população teme o uso também, da barragem Bandeira de Melo, para o agronegócio.

Considerando essa realidade que aponta para a intensificação dos conflitos por água na região, faz-se urgente, uma mudança de posição do Estado a fim de garantir o direito à água e ao modo de vida das populações que dependem da Bacia Hidrográfica do rio Paraguaçu e consequentemente a sustentabilidade desta Bacia. Como afirma o senhor Ramiro de Souza, do Assentamento São Sebastião - Utinga, “dizem na televisão que o agro é tudo, mas não é, a água que é tudo. Ninguém vive sem água”.

A garantia do uso utilitarista da terra. Ameaça às Áreas de Proteção Permanente (APPs) e ao modo de vida das Comunidades Tradicionais e Povos Originários. Esses sujeitos sociais dão um sentido diferente à vida e, assim, constroem cotidiamente relações sociais e uma relação sociedade-natureza oposta/antagônica a essa lógica dominadora, por isso, são violentamente reprimidas.

Quando um rio morre, morre também seus povos. O rio é parte do territó/rio, implica dimensões simbólicas intrínsecas na identidade camponesa, uma afinidade que define o modo de vida do povo ribeirinho. Lá estão os acontecimentos, os fatos históricos, que mantem viva a memória das comunidades; estão enterrados os ancestrais e encontram-se os sítios sagrados; estão determinados o modo de vida e a visão humana e do cosmo.

Sendo assim, a administração do Comitê da Bacia Hidrográfica e o sistema de gerenciamento dos recursos hídricos há de se considerar, além das legislações ambientais, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, dentre outras leis que tratam das comunidades tradicionais e povos originários. Estes são grupos culturalmente diferenciados, com suas próprias organizações sociais, que ocupam e usam os territórios e seus recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, adotando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. O uso equilibrado desses recursos naturais não só garante a segurança alimentar e nutricional dos povos e comunidades tradicionais, mas a preservação dos direitos culturais, reconhecendo assim a condição multicultural e pluriétnica da sociedade Brasileira.

Os conflitos e interesses em disputa nos territórios da Bacia Hidrográfica do Rio Paraguaçu/Bahia-Brasil, são uma pequena mostra do que ocorre em grande parte do Brasil, assim como em outras regiões Sul-americana, por isso são importantes a resistência e a gestão local do território, ao mesmo tempo que a denúncia aos sistemas que nutrem esta forma de exploração de nossos recursos naturais (solos, agua e terra) a nível global.

 Bibliografia:

• SEMEANDO ÁGUAS NO PARAGUAÇU. Disponível em: https://www.conservation.org/global/brasil/publicacoes/Documents/Livro%20Semeando%20A%CC%81guas%20no%20Paraguac%CC%A7u.pdf. Acessado em: 09 fev. 2018.
• CHAPADA DIAMANTINA: a caixa d’água da Bahia vai secar! Disponível em: https://www.cptnacional.org.br/index.php/publicacoes-2/destaque/3818-chapada-diamantina-a-caixa-d-agua-da-bahia-vai-secar. Acessado em: 09 fev. 2018.
• LEI Nº 9433, DE 08 DE MARÇO DE 1997. Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm. Acessado em: 09 fev. 2018.
• O COLAPSO HÍDRICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARAGUAÇU E O EMINENTE CONFLITO ENTRE OS USUÁRIOS. Disponível em: https://www.cptnacional.org.br/publicacoes/noticias/conflitos-no-campo/4091-o-colapso-hidrico-da-bacia-hidrografica-do-rio-paraguacu-e-o-eminente-conflito-entre-os-usuarios. Acessado em: 09 fev. 2018.
• AVALIAÇÃO DOS USOS DA ÁGUA NA BARRAGEM DO APERTADO, MUCUGÊ – BA. Disponível em: http://www.repositoriodigital.ufrb.edu.br/bitstream/123456789/1158/1/TCC-Cristiano%20VERS%C3%83O%20FINAL.pdf. Acessado em: 19 fev. 2018.
• DIREITOS DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. Disponível em: http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2014/04/Cartilha-Povos-tradicionais.pdf. Acessado em: 19 fev. 2018.