Problemática alimentaria y crisis sanitaria en Ecuador

Francisco Hidalgo Flor[1]

La crisis provocada a nivel mundial por la pandemia del Covid – 19 está dando la vuelta a todo, nada está quedando en su lugar, empezó siendo un problema sanitario, pero alcanza a poner en cuestión al conjunto del modelo civilizatorio levantado en los últimos setenta años, luego de la posguerra de mitad del siglo XX para acá, esto es el capitalismo globalizado.

En algunas regiones y países con mayor complejidad que en otros, y al parecer las evoluciones en el Ecuador están quedando entre las de mayor drama: ¿Quién no quedo estremecido con las imágenes que los medios de comunicación, nacionales[2] e internacionales, transmitieron el 1 de abril, la exposición de cadáveres en las vías públicas de la ciudad de Guayaquil y la quema de llantas en las barriadas que acumulaban muertos por varios días? Al momento de escribir este artículo se reconoce oficialmente que los datos generados tienen subregistro[3].

Una de las cuestiones que ha emergido en su gravedad es la problemática alimentaria: hay países enteros que tienen dificultad para acceder a alimentos, y en otros países hay zonas, como las barriadas populares, que tienen muchas trabas para acceder a alimentos, además que las cadenas privadas de expendio solo se ubican en zonas de ingresos medios y altos, pero no en los espacios donde viven poblaciones con ingresos bajos. Añadiendo que la situación sanitaria demanda alimentos frescos y sanos, no solo enlatados o envasados, pero aún producidos con insumos contaminantes.

Es la consecuencia de setenta años de un sistema corporativo que construyó a nivel mundial la concentración de la producción y del comercio alimentario, basado en una injusta e irracional división internacional, sostenida sobre la base de tratados comerciales, bajo auspicio de la OMC, que monopolizó fertilizantes y semillas, que obligó a que las mejores tierras del mundo se orientaran a los productos que demandan los países centrales y las grandes transnacionales de consumo, y volvieran dependientes de alimentos a la mayor parte de países en África, Asia y Latinoamérica.

Lo que es peor, en los últimos años, con la promoción de los agrocombustibles, que la producción fuera a alimentar automóviles y la monopólica industria de cárnicos.

Irracionalidad pues aleja la producción de alimentos de las necesidades de las poblaciones humanas circundantes, es más se impone un modelo que obliga a los campesinos a abandonar sus mecanismos de cultivos tradicionales al ritmo que multiplica fertilizantes y semillas de marca transnacional.

Un ejemplo de ello es Ecuador, las mejores tierras del país, aquellas con mayor fertilidad de suelos, con acceso a riego, ubicadas en las zonas planas y valles, conectadas con las principales vías de transporte, con gran apoyo estatal, están orientadas a productos que se consumen en Europa, Estados Unidos o China: camarón, banano, flores.

Los productos agrícolas para el mercado nacional se producen en tierras de poca fertilidad, con poco o ningún riego, alejadas de las principales vías, con escaso apoyo estatal, en unidades productivas pequeñas o medianas: maíz suave y maíz duro, plátano, tomate, frejol, melloco, alverja, pimiento, cebolla, entre otros.

Ahora las bodegas de las grandes compañías, en puertos y aeropuertos están abarrotadas de productos que no pueden salir del país y que jamás tuvieron el propósito de consumirse en el país. Ahí varados y pudriéndose. Los barcos llenos de petróleo sin tener a donde ir. Y en las empresas despidiendo a los y las trabajadores/as.

Mientras en las ciudades, en las barriadas populares con habitantes por miles, hombres y mujeres demandan alimentos para sostener su vida: frutas, hortalizas, cereales, leche, huevos, carne.

Y quienes producen esos alimentos, algunos de ellos se vuelven con mayor demanda por su valor nutritivo como quinua, o su aporte para enfrentar las enfermedades de vías respiratorias: naranja, limón, miel de abeja, son los y las campesinos, agricultores, de la costa, sierra y Amazonía, que se mantuvieron necios produciendo para los mercados nacionales.

Evidencia de lo dicho es que del año 2000 para acá en el Ecuador decreció la superficie en cultivos transitorios, donde está la mayor parte de los alimentos para el consumo nacional, se perdieron doscientas mil hectáreas. Mientras que, en permanentes, donde están la mayor parte de cultivos para la exportación, se incrementó en ciento cincuenta mil hectáreas. Veamos el siguiente gráfico, elaborado[4] sobre los datos de la ESPAC nacional[5]

Otro tema por tratar, de nivel local, es la cuestión del acopio y comercio de alimentos para los sectores urbanos de menores recursos económicos y para las poblaciones marginales, pues el neoliberalismo debilitó o eliminó los circuitos de mercados municipales o estatales, tampoco el desarrollismo trabajó en esa línea.

Las principales cinco cadenas privadas de supermercados fueron las empresas que mayor utilidad generaron en la última década y media, luego de los bancos y las empresas petroleras.

La concentración del mercado en grandes cadenas oligopólicas de mercantilización incrementa la fragilidad del acceso a alimentos para los sectores periféricos y/o marginales. Lo que se agudiza si colocamos el requerimiento de alimentos sanos y frescos, sin químicos ni preservantes.

Es urgente e imprescindible trabajar en líneas de comercialización pública, a través de gobiernos locales y/o provinciales, que acerquen producción agrícola campesina y consumo en barrios populares.

Es emergente fortalecer el apoyo a los esfuerzos locales y regionales a favor de la agroecología.

Finalmente es necesario demandar una perspectiva estratégica, que reconozca que esta crisis sanitaria no es un caso aislado, sino que se encuentra enmarcada dentro de un conjunto de condiciones estructurales mundiales, transformar el sentido esencial de las políticas públicas , que plantee desacoplarse del sistema alimentario global, revertir tierras dedicadas a cultivos de exportación a favor de cultivos para el mercado nacional y recuperar los saberes indígenas y campesinos de armonía entre la vida de los seres humanos con la naturaleza.

Definitivamente hay que dar la vuelta a todo, no se puede volver a la normalidad.

[1] Profesor de Sociología Agraria en la Universidad Central del Ecuador, investigador de Sipae.

[2] Las primeras imágenes sobre las exposiciones de cadáveres en la vía pública en Guayaquil fueron transmitidas por los noticieros de las cadenas privadas de televisión pro – gobiernistas de Teleamazonas y Ecuavisa

[3] A la presente fecha: 06/ 04/ 2020, los datos oficiales reconocen un total de casos confirmados con Covid 19 llega a 3767, y se reconoce fallecimientos de 109 casos.

[4] Elaboración: Sipae, agradezco el apoyo de Freddy Montenegro y Eliana Anangonó para la elaboración del gráfico.

[5] Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- ESPAC, consultar en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/encuesta-de-superficie-y-produccion-agropecuaria-continua-bbd/

Gobierno boliviano debe tomar medidas para productores del campo y los jóvenes

Lorenzo Soliz T. y César Soliz O.

El gobierno boliviano decretó este 14 de abril varias medidas complementarias para que la población continúe resistiendo la cuarentena total por el covid-19 hasta el 30 de abril y para disminuir los efectos sobre la economía y el empleo. Entre otras medidas, el DS 4216 establece el Programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que destinará hasta 1.500 millones de Bolivianos para créditos que se otorgarán a cinco años de plazo, con 1 año de gracia, cuya la tasa de interés y condiciones recién serán reglamentadas. Entre tanto el Plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad laboral a las empresas legalmente constituidas otorgará créditos concesionales por 18 meses con seis de gracia, por un monto equivalente a dos salarios mínimos nacionales, por trabajador, por un máximo de dos meses. Estas medidas sin duda paliarán en algo los efectos que ya se sienten en el empleo, los ingresos y la economía.

Sin embargo estas medidas no alcanzan a las y los productores del campo. Como se sabe, este tiempo de cuarentena total fue posible resistir, en gran medida, gracias a la disponibilidad de productos alimenticios de la denominada agricultura familiar. Tubérculos, hortalizas, frutas y carnes rojas y blancas, entre otros, que contribuyen en modo importante a la seguridad alimentaria estuvieron al alcance de la gran mayoría de la población, a veces con cierta especulación. A ello se sumó la solidaridad y cooperación entre la población, especialmente de grupos y activistas jóvenes, para ayudar a paliar el hambre a los grupos más vulnerables.

Pese a esta evidencia, las medidas gubernamentales no benefician ni atienden a campesinos indígenas y pequeños productores que producen los alimentos con que nos alimentamos cotidianamente. Como en el pasado, se continúa considerándolos solo como sectores pobres y no como productores y productoras, como actores económicos. En el país, según el Censo Agropecuario del 2013, existían 871.927 unidades de producción agropecuaria, de las cuales 803.738 pertenecían a una comunidad (www.ine.gob.bo), todo un sector que produce alimentos y genera empleo directo e indirecto.

Por las restricciones de la cuarentena hay productores(as) del altiplano y zonas de valle que no lograron cosechar aún la papa, y el gorgojo de los andes está mermando la producción más que otros años en las mismas parcelas, y los productores de leche y sus derivados de las zonas más alejadas no pueden comercializar sus productos porque no tienen la forma de llevar sus productos a los mercados. En zonas del valle cochabambino donde se suele realizar la siembra de papa después de la época de lluvias (papa lojru), habitualmente por semana santa, tampoco se llevó a cabo con normalidad. En el Chaco, los animales del bosque (monos y loros) consumieron más maíz de las parcelas ya que sus dueños no llegaron para espantarlos como solían hacerlo, y en zonas del Chaco chuquisaqueño prácticamente quedaron sin productos que cosechar por el ataque de las langostas semanas antes de la declaración de la cuarentena. En la Amazonía campesinos, indígenas y pequeños barraqueros no lograron comercializar toda la castaña recolectada del bosque, incluso anunciada la cuarentena los compradores bajaron el precio de 100 Bs la caja de 23 kilogramos a solo 60 o 50Bs, según los lugares; en las zonas de recolección y producción de cacao no se alcanzó a cosechar y recolectar todo el cacao, al igual que otros productos alimenticios de las familias de esta región, etc. En otras zonas de la Amazonía, hay migración de los pequeños centros urbanos a propiedades privadas y de pequeños productores rurales donde hay productos que cosechar y el trabajo se paga con alimentos. El riesgo mayor de todo ello es que no quede reserva de semilla para la nueva siembra, la siembra de invierno donde hay condiciones para hacerlo.

Con relación a la juventud, rural y urbana, si bien muchos de ellos recibirán el bono universal de 500 Bs., no han sido tomados en cuenta para la generación de iniciativas y emprendimientos que contribuyan a generar empleo e ingresos. La juventud hoy está más formada y más preparada que antes, tienen mayores recursos en conocimiento y manejo tecnológico y redes de contactos y comunicación. La Ley 342 de la juventud establece que a este grupo etario pertenecen personas de 16 a 28 años de edad, según el censo de población del año 2012, había 1.796.001 jóvenes (17% del total nacional) entre 20 y 29 años, de los cuales 1.315.398 estaban en el área urbana y 480.603 en el área rural (www.ine.gob.bo). Todo un potencial de fuerza laboral, creatividad y emprendimiento.

Consideramos necesario que el gobierno nacional tome medidas complementarias para apoyar a estos sectores a los que acabamos de referirnos, no como sujetos de políticas sociales sino por su capacidad y potencial productivo. Dotar de crédito productivo, especialmente capital de operación con bajo interés, a través del sistema financiero que prácticamente cubre todo el país, en las áreas alejadas con la Banca estatal, la Banca de la micro y pequeña empresa y las Entidades financieras de desarrollo. Incentivar procesos de transformación, de ferias y mercados locales, incluir más la producción local en las compras estatales, facilitar el acceso a semillas para las nuevas siembras, entre otras. Para ello debe coordinar con las organizaciones nacionales y departamentales de productores, organizaciones económicas campesinas (OECAS) y las comunitarias (OECOM), asociaciones, cooperativas, etc.). Las ONGs pueden apoyar y acompañar actividades productivas, de transformación y comercialización con modalidades diversas con asistencia técnica, capacitación comunicación, etc.; sumar a ello los esfuerzos y aportes que ya está realizando la cooperación internacional. Mayor coordinación con gobiernos departamentales y municipales en esta materia, para acompañar y apoyar iniciativas de re-dinamización productiva de sectores campesinos indígenas, pequeños productores y de las y los jóvenes en sus jurisdicciones. Solo así se podrá re-dinamizar también las economías locales, de los municipios y ciudades intermedias -hoy mal trechas como efecto de las medidas por la pandemia-, y así disminuir los riesgos de mayores niveles de pobreza y la desigualdad, que ya son marcadamente manifiestas.

De no apoyar a este sector de productores agropecuarios que contribuyen a la seguridad alimentaria nacional –que además no tienen garantizada su propia alimentación y sus ingresos por la pandemia-, es previsible la escasez de alimentos en el país, y mayor contrabando e importación debilitando más la capacidad productiva local. Se prevé que las migraciones se puedan intensificar hacia centros urbanos donde no hay ni habrá empleo suficiente o a las tierras bajas, y habrá que ver si hay opciones fuera del país; será terreno fértil para prestamistas informales y usureros así como el habilito (endeudamiento) que empobrecerán más a esta población sometiéndola a condiciones indignas de trato y trabajo, como el de la zafra, actividades agropecuarias y agroforestales, el empleo doméstico, entre otros. Igualmente, si no se apoya ni otorga oportunidades a la juventud rural y urbana, la tasa de desempleo también irá en aumento, con todas las consecuencias sociales y políticas que de ello se puedan derivar, en un contexto en que, además, permanecerá el coronavirus en nuestro medio.

Agenda económico productiva en la pos cuarentena por pandemia de covid-19

Algunas propuestas para el campo sudamericano

Lorenzo Soliz, IPDRS

La pandemia del covid-19 llegó a la región sudamericana justo en momentos en que en gran parte de ella, es decir en los andes y valles interandinos, en el Chaco sudamericano y la Amazonía, se realizan las cosechas agrícolas y la recolección de frutos de los bosques, aunque aún no se han completado totalmente los trabajos del ciclo agrícola, agroforestal y de recolección.

Actualmente la población rural de la región es de 64,5 millones de personas, 15% del total, de 430 millones de habitantes (http://www.cepal.org/es/temas/proyecciones-demograficas/estimaciones-proyecciones-poblacion-total-urbana-rural-economicamente-activa). La región además presenta una alta diversidad cultural, para el año 2014 se estimaba que en América Latina existían más de 800 pueblos indígenas con una población cercana a los 45 millones de personas. (CEPAL. Los pueblos indígenas en América latina: Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos. Santiago de Chile, 2014).

Ante la pandemia del “coronavirus” esta población, especialmente los pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrodescendientes, son los más vulnerables ya que no cuentan con sistemas adecuados de salud para atender enfermedades endémicas como el dengue, malaria, chagas y otras, menos aún para atender personas contagiadas por el coronavirus; tampoco es generalizado el acceso a agua segura en sus comunidades y territorios, entre muchas otras carencias que son evidencias de pobreza y desigualdad al interior de los países y en la región. Para protegerse ante el riesgo de propagación de la pandemia han asumido diversas estrategias según las regiones, condiciones y prácticas culturales: internarse a los bosques evitando el contacto con población urbana; replegarse a sus comunidades y cerrar el acceso de caminos vecinales y otros mecanismos de autodefensa, en algunos países incluso antes de las medidas gubernamentales; cierre y cancelación  de actividades turísticas; resoluciones orgánicas complementarias a las medidas gubernamentales para disminuir los riesgos de propagación y contagio, etc.

En la mayoría de los países, la agricultura sigue siendo importante en la generación de empleo rural, supera el 60% en Bolivia, Brasil, Paraguay y Perú. Según la OIT, un 5% de personas que viven en zonas urbanas cercanas a zonas con actividad agrícola acuden a emplearse en dichas actividades, en Ecuador y Perú supera el 8%. En este tiempo de cuarentena fue visibilizado con mayor claridad el gran aporte de mujeres y hombres campesinos indígenas y pequeños productores a la alimentación urbana y rural.

Sin embargo, en el área rural no todas las familias producen sus alimentos ni lo hacen en la cantidad suficiente para todo el año, tampoco en todos los casos tienen opciones de caza, pesca, melea ni recolección de frutos del bosque. Quienes han desarrollado sistemas productivos diversificados en superficies significativas para su alimentación y para el mercado tienen cierta capacidad de soportar este tiempo de crisis y cuarentena; pero quienes están sintiendo la escasez y están pasando necesidades son aquellos que se dedican a oficios no agropecuarios o han optado por la multi/pluriactividad combinando actividades en el área rural y actividades informales en la urbana; quienes no producen en cantidad suficiente ni diversifican sus cultivos y actividades productivas; quienes no tienen tierra o no la tienen en cantidad suficiente; los que no tienen acceso a riego; en algunas zonas altoandinas también mujeres y hombres adultos mayores y niños(as), entre otros.

En esta coyuntura de la cuarentena, desde el IPDRS saludamos que las organizaciones comunales han organizado de manera colectiva el abastecimiento de alimentos que no producen en sus territorios; organización de la caza y la pesca para proveerse de proteína animal; recuperación y fortalecimiento de mecanismos de reciprocidad y colaboración para compartir productos alimenticios entre las familias; implementación de ferias itinerantes en algunos espacios locales, etc.

Las medidas de emergencia sanitaria y de cuarentena aplicadas en la mayoría de los países de la región por la cantidad de días que ya lleva y porque las ayudas gubernamentales (bonos, canasta de alimentos) que no llegan hasta ahora, está generando malestar, tensiones e incipientes movilizaciones que pueden descontrolarse si no se logra saciar el hambre y atender las necesidades más básicas. Además está dificultando completar adecuadamente las labores del ciclo agrícola, agroforestal y de recolección; ni que decir de quienes generan sus ingresos diariamente para cubrir las necesidades familiares.

Dado que esta situación de cuarentena va a concluir, ya que no es posible sostenerlo por mucho tiempo, y cuando se retomen seguramente de manera gradual las actividades, es necesario afrontar de manera inmediata las consecuencias y efectos que ya está dejando la pandemia en los diferentes ámbitos. Una de ellas es el riesgo de una crisis alimentaria, con desempleo y agravamiento de las condiciones de vida de mujeres y hombres del campo. Por ello desde el IPDRS formula las siguientes propuestas para la etapa de recuperación posterior a la cuarentena por la pandemia.

1. Sistemas de protección y cuidado personal y colectivo.

Bajo la hipótesis que la pandemia del covid-19 va a continuar por lo menos por los próximos meses sino años, seguramente con diverso grado de afectación en todos los ámbitos de la vida de la población, se debe fortalecer el sistema de salud en las áreas rurales, combinando con los sistemas de la medicina tradicional e incrementando recursos públicos para ello. Por su parte la población deberá cambiar definitivamente y asimilar nuevos hábitos de protección y cuidado personal y colectivo tanto en el área urbana como rural interconectados sobre todo por el sistema de transporte e intermediación. En el campo se deberá asimilar nuevos hábitos y prácticas para continuar con la vida cotidiana bajo las nuevas condiciones, una vida productiva y saludable en la familia y en la convivencia comunitaria según cada contexto y cultura.

2. Movilizar recursos y actores para fortalecer sistemas productivos y alimentarios en los territorios

Es imperativo movilizar todos los recursos institucionales, materiales, humanos, económicos, tecnológicos, asistencia técnica incluso virtual, para contribuir en la producción campesina indígena y afrodescendiente que está alimentando a la población, antes y durante este tiempo de crisis; producir especialmente en las tierras y territorios titulados a los que han accedido estos sectores en las última década en prácticamente todos los países, y debe ser de manera sostenible de acuerdo a la vocación productiva y a las características agroecológicas y agroforestales. El aumento de la producción no implica necesariamente ampliación de frontera agrícola sino trabajar en la productividad con fortalecimiento de la base productiva diversificada preexistente. El propósito es asegurar la producción de alimentos para los siguientes seis meses ya que las cosechas obtenidas ahora estarán agotándose. Y, donde sea posible, generar reserva de alimentos.

Se propone la siembra inmediata de cultivos de corto plazo (granos, hortalizas, tubérculos), que se puede empezar a cosechar a partir del segundo mes e incluso antes tanto para su consumo, trueque, intercambio como para los mercados locales y regionales. También promover e incentivar la siembra en huertos, canchones (tras patio) y en todo espacio posible tanto en área urbana como rural para garantizar la disponibilidad y acceso a alimentos en los próximos meses.  Todo esto debe ser complementario al sistema habitual de producción que tienen las familias y organizaciones de las diversas zonas y ecorregiones.

Además, hoy más que nunca, se deben valorar y criar (sembrar, reproducir, cuidar y reservar) la diversidad de semillas nativas o criollas, el material vegetal y el germoplasma en manos de los pequeños productores, campesinos indígenas y afrodescendientes.

3. Mantener, reforzar y en su caso constituir ferias productivas y comerciales

Por la importancia que tienen para dinamizar las economías locales, estimular la producción local y generar empleo directo e indirecto entre otros beneficios, se debe mantener, reforzar y en su caso constituir ferias permanentes o temporales y mercados locales de productos alimenticios y de rigen rural, y de productos necesarios para el campo y las ciudades intermedias en alianza entre productores y consumidores, el apoyo de autoridades locales y la participación de intermediarios en los casos necesarios. En dichas ferias, los productores campesinos indígenas y afrodescendientes deben ser actores relevantes, y no marginales ni marginados como suele ocurrir en algunos casos. Los gobiernos locales deben controlar el agio y especulación y los sistemas de pesos y medidas, principalmente las utilizadas por los intermediarios.

4. Renovados esfuerzos para involucrar a la juventud

No cabe duda que la pandemia también sirvió para ayudar a ver la importancia del mundo rural en sus diversas dimensiones para nuestras vidas tanto en el área rural como urbana. Por ello es necesario renovar estrategias y mecanismos para interesar y ofrecer a los más de 30,7 millones de jóvenes rurales latinoamericanos (PROCASUR, CCDA. Sistematización de los resultados del encuentro internacional de juventudes rurales, tierra y territorios. Abril, 2016) nuevas posibilidades y opciones de participación en el fortalecimiento del desarrollo rural, no necesariamente vinculados con actividades agropecuarias ni en las actuales condiciones de trabajo como realizan sus padres y abuelos. Más bien incluyendo innovaciones necesarias y escudriñando nuevas actividades y emprendimientos en áreas en que puedan desempeñarse (procesamiento y transformación de la producción, comercialización, biocomercio, diversos servicios rurales, etc.), dado que cuentan con mayor formación y capacitación y tienen manejo y dominio de las tecnologías de información y comunicación, de las aplicaciones (app), etc. Además, a diferencia del pasado, muchas zonas rurales están interconectadas y tienen acceso al internet, una herramienta que la juventud conoce y maneja.

5. Organización y control territorial

En territorios de pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrodescendientes que cuentan con áreas destinadas a la cacería, pesca, recolección de frutos y otros recursos destinados al consumo local o a mercados nacionales y de exportación (como castaña, cacao, por ejemplo) deben fortalecer y aplicar las normas y los mecanismos de control, vigilancia y gestión territorial, ya que por la falta de alimentos y la necesidad de ingresos puede convertirse en una actividad depredatoria y atentatoria contra la integridad territorial y de las organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, tanto por acción interna pero sobre todo por acción de actores externos como pescadores y cazadores furtivos, comerciantes de estos productos, recolectores externos, madereros, etc. Lo importante es que las organizaciones territoriales, como propietarios colectivos legales de dichas áreas no pierdan su capacidad decisional y de control y gestión territorial. También tendrán que ejercer control sobre la circulación de actores externos vinculados con industrias extractivas de sus territorios y territorios circunvecinos.

6. Recomponer el tejido social y recuperar la confianza.

No cabe duda que la pandemia ha generado condiciones razonables para la desconfianza entre población urbana y rural, entre vecinos, entre comunarios y comunidades; también frente a las personas en tránsito, los migrantes de retorno, los turistas, etc. Se han debilitado los lazos sociales y comunitarios. Cundió la desconfianza y el temor ante el extraño y la discriminación. Por eso es necesario recomponer el tejido social y recuperar la confianza entre todos, bajo las nuevas condiciones y prácticas de cuidado y convivencia colectiva mencionadas en contexto de presencia del virus covid-19 en nuestro medio. No será fácil, pero es necesario para recuperar la convivencia rural, y rural urbana.

Son necesarias otras medidas como la preservación de empleo urbano y rural, la dotación de bonos a sectores vulnerables, financiamiento productivo, medidas fiscales y arancelarias, entre otras, que aquí nos limitamos a mencionar.

¿Por qué el kit de alimentos del
gobierno no incluía soja?

Luis Rojas – Heñói

La velocidad en la expansión de la inesperada pandemia del coronavirus, ha venido a desnudar rápidamente muchas de nuestras fragilidades sociales, en nuestro país, así comoen otros tantos. A la desastrosa situación de los sistemas públicos de salud, e incluso de las finanzas públicas, que para afrontar una emergencia como esta solo puede recurrir desesperadamente a más deudas del Estado, se deben sumar otras dimensiones muy deterioradas.

Es el caso de la crítica situación alimentaria y productiva en el Paraguay, “un país eminentemente agropecuario, que alimenta a 60 millones de personas en el mundo”[1], según los publicistas del modelo agroexportador. En este país eminentemente agropecuario, 300 mil familias carecen de tierras, 840 mil personas viven subalimentadas, y miles tienen problemas de desnutrición, obesidad y otras enfermedades vinculadas a la mala alimentación. Todo esto en un país con millones de hectáreas de tierras fértiles, abundante agua dulce, una biodiversidad prodigiosa y la mayor producción de energía eléctrica per cápita del mundo.

Recursos sobran. Para algunos. Para otros faltan. Paraguay es el campeón mundial de la desigualdad en la distribución de tierras, una pequeña oligarquía terrateniente, nacional y extranjera, controla más del 80 % de las tierras, y las destinan a la producción de soja y maíz transgénicos; ganadería para exportación de carne; directamente a la especulación inmobiliaria; o a actividades ilícitas como el narcotráfico y cultivos ilícitos. En simultáneo, miles de campesinos, campesinas e indígenas han tenido que abandonar el campo para explotarse en trabajos informales en las ciudades, vender algo en las calles, prostituirse, delinquir, o irse del país, en busca de lo que aquí no encontraron. Es el Paraguay del coronavirus, donde hijos de familias ganaderas y afines van a Francia a esquiar en sus vacaciones, y disfrutar de un buen champán francés, mientras los hijos de los barrios populares envían mensajes de WhatsApp, pidiendo donaciones de víveres para sus ollas populares, que calmen el hambre durante la crisis.

La población mayoritaria padece un sistema alimentario deficiente, porque el modelo productivo agroexportador está en función a los intereses de la reducida y angurrienta élite, y no al pueblo mayoritario. Hay recursos públicos y privados para apoyar a los agronegocios, no para la agricultura campesina. El 94 % de la tierra cultivada corresponde a rubros empresariales, destinados principalmente al mercado internacional. La soja se destaca con 3,5 millones de hectáreas y casi 10 millones de toneladas anuales. La gran ganadería con unas 14 millones de vacas sobre 17 millones de hectáreas. En contrapartida, menos del 6 % de la tierra pertenece a cultivos campesinos, como la mandioca, porotos, maíz nativo, maní, frutas y hortalizas. Obra y gracia de la sojización y vacunización[2] del país, apoyadas por el crédito y la represión estatales.

El coronavirus desnudó nuestra fragilidad alimentaria. Como no abastecemos el mercado interno con producción nacional de productos básicos, éstos rápidamente empezaron a encarecerse: en 2 semanas, el precio de la cebolla en los supermercados aumentó 148 %, la papa 138 %, la naranja 58 % y el tomate 6 %[3]. Mientras las importaciones desde Brasil se reducían por disposiciones del vecino país, los productos argentinos quedan como única opción para salvarnos de una hambruna mayor. La dependencia de empresas y producción extranjera han hecho añicos la seguridad y soberanía alimentaria del Paraguay. El histórico y saludable contrabando es solo una expresión de esta auténtica vergüenza nacional.

Lo que no importamos es soja (si sus semillas transgénicas y sus agrotóxicos anexos); tampoco la comemos, no es parte de nuestra cultura alimentaria. Por eso cuando el gobierno anunció socorrer a la población empobrecida con kits de alimentos, incluyó en ellos 2 kilos de azúcar, pan, poroto y aceite, 5 kilos de fideo y harina, un kilo de sal, 12 litros de leche y 2 latas de carne en conserva, además de jabones[4]. No se acordaron de incluir la soja, que alimenta a 60 millones de personas más allá de nuestras fronteras. Mejor dicho, a cerdos y aves que alimentarán personas en otras latitudes. O mejor aún, que saciarán el hambre de personas, porque en rigor, carne derivada de balanceados transgénicos y antibióticos, no puede llamarse alimento.

Nuestra tierra y agua destinada a la soja, la que no puede ir a nuestro kit de alimentos. Ahora el gobierno anuncia que no habrá kits, sino 230.000 gs. por transferencia telefónica, para 330 mil familias pobres[5], para poder ir al Súper. Un poco de carne, azúcar, sal, aceite, yes yes, pan, jabón y papel higiénico, y pará de contar, no da para más. El libre mercado fija los precios, generalmente en favor del patrón.

¡Qué modernidad! Compraremos comida y jabones con el celular; racionaremos la compra para aguantar la pandemia; mientras, enviamos soja y carne al resto del mundo, y escuchamos al ministro Mazzoleni en televisión, contándonos cuantos se han enfermado y cuántos han muerto hoy. De coronavirus. No de hambre o malnutrición, eso no tiene cámaras ni micrófonos.

Referencias

[1]https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20843&LangID=S

[2] Referente al ganado vacuno.

[3]https://www.ultimahora.com/suben-precios-frutihorticolas-y-el-mag-culpa-los-proveedores-n2876492.html

[4] https://npy.com.py/2020/03/que-contienen-los-kits-y-como-me-anoto-para-recibirlos/

[5]https://www.ultimahora.com/gobierno-reemplaza-kits-alimentos-dinero-mas-300000-familias-n2876845.html

Foto portada: ecovisión

Material libre para su difusión citando la fuente.

 COVID-19 en el campo: Control territorial,
autocuidado y resistencias cotidianas

Ruth Bautista Durán[1]

Desde las montañas de Montes de María, entre los departamentos de Sucre y Bolívar de Colombia, las Comunidades Marchantes Étnico Campesinas, emiten un comunicado en el que alertan a su gobierno central sobre las condiciones en las que deben enfrentar, la propagación primero del impacto de la información, y luego, del contagio mismo del Coronavirus (COVID-19). Explican, “desde el gobierno nos piden lavarnos las manos cada 3 horas, pero en nuestras comunidades no hay agua ni para tomarla (…) nos piden aislamiento en nuestras casas, mientras cientos de nosotros tenemos que salir diariamente a producir e incluso comercializar los alimentos”[2]. Situación por la que atraviesan muchos territorios campesinos, indígenas y afrodescendientes de Sudamérica, y que nos hacen preguntarnos ¿Cómo enfrentan estas poblaciones las enfermedades? ¿Cómo enfrentan el problema de su acceso a derechos, a servicios, a inclusión social y política en aquello que se denomina “bienestar común”?

Las respuestas inmediatas y prácticas a estas preguntas, no suelen tenerlas los organismos multilaterales ni las instituciones públicas, que no pueden abastecer las necesidades de la población rural (ni urbana), necesidades que, convertidas en demandas, enlistan consistentes agendas reivindicativas en todo el ámbito rural. Siguiendo el comunicado de las comunidades de Montes de María, exponen: “Los territorios rurales de Montes de María son habitados en su mayoría por familias campesinas, afrodescendientes e indígenas que re inventamos todos los días formas de proteger lo poco que nos queda, e históricamente hemos luchado por condiciones dignas en nuestras comunidades. En todas nuestras agendas de negociación con los gobiernos de turno hemos insistido en la urgencia de garantizar nuestro derecho al agua y a un buen sistema de salud pública, en proteger nuestras montañas y fuentes hídricas para seguir garantizando la alimentación y por ende la vida, no sólo nuestra sino de una gran parte de la población”. Mostrando su activa forma de re invención cotidiana de estrategias de protección, y además, su forma de negociar temas estructurales como agentes de su propio desarrollo y asumiendo cierta responsabilidad frente al resto de la sociedad.

En el caso de las comunidades indígenas, aún más, las amazónicas y selváticas, la efectividad de los sistemas de salud, y aún, los servicios de infraestructura y saneamiento básico, son inexistentes o precarios, con el desate de la alerta por el COVID-19 solo recomiendan prácticas higienizantes propias de las sociedades urbanas, y un aislamiento que redunda con la situación de marginación e incomunicación con las que suelen vivir estas poblaciones. En Brasil, la opción es enfrentar la pandemia “por cuenta propia”[3], tal como se enfrentan a otras enfermedades mucho más letales en su entorno como el dengue (enfermedad viral transmitida por mosquitos), aunque por toda la –no siempre buena- información sobre la epidemia los pueblos indígenas se encuentran en alerta, bajo la recomendación de no viajar hacia las ciudades y no recibir visitantes[4].

Por otra parte y en la perspectiva del ejercicio del control territorial, en el Cauca, otro departamento de Colombia, el Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), emitió una resolución respecto a la pandemia del COVID-19 en la que afirma su derecho a “definir los lineamientos políticos organizativos para la protección de la vida y la salud de las comunidades a través de los sistemas propios”, basándose en el derecho fundamental a la salud, y el reconocimiento de los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida. De tal forma, se declaran en “Minga permanente de Protección de la vida, la salud y el buen vivir en los territorios indígenas del departamento del Cauca”, recomiendan intensificar la vida espiritual de sus comunidades y realizar ejercicios de armonización, y además, intensificar el ejercicio de control territorial, “suspende la entrada de personal foráneo a los territorios indígenas (…) desplazamiento a destinos turísticos y sitios sagrados [prohíbe el] ingreso, presencia y movilización de actores armados legales e ilegales en los territorios indígenas”. Se suma a los planes de contingencia, medidas preventivas y protección nacionales, pero a través de sus estructuras organizativas propias, como intermediadores en la información, detección temprana, acompañamiento a pacientes y articulación al sistema de salud respecto a la pandemia. Además de disponer su institucionalidad propia, autoridades, dinamizadores y sabios, dispone de su tejido de educación, emisoras indígenas y anima a “mantener y ampliar la economía propia, basada en la producción local, la recuperación de prácticas productivas y alimentarias ancestrales, trueques familiares, cooperativas, fondos rotatorios, mercados locales agroecológicos, minga, fortalecimiento de empresas comunitarias (…) prohibir el ingreso y consumo de productos procesados, bebidas azucaradas (…) fortalecer espacios productivos por la autonomía alimentaria (…) uso de huertas medicinales y alimentarias, como fuente de alimentación y cuidado integral de la vida”[5].

Al pensar en el campo, los pobladores y la dinámica rural, debemos imaginar varios escenarios y también, varias trayectorias, formas de negociación de necesidades, formas organizativas e institucionales. En las últimas décadas, la tendencia ha sido el cristalizar la lucha por la tierra y la defensa territorial en las ciudades, en reclamos ante las instalaciones de oficinas públicas, explanadas, en largas marchas hacia el poder centralizado en las urbes, siempre en demanda. Con poco reconocimiento social, se desestima a la población rural en términos de “productividad” económica, y tampoco se suele valorarla en términos de resiliencia y adaptación, a los cambios climáticos en sus territorios y en sus temporadas productivas, y tampoco, en los embates sociopolíticos o sanitarios.

En Bolivia, la Nación Qhara Qhara que había logrado articular un evento en la ciudad de Sucre, con invitados de Colombia y diversos académicos sobre su demanda histórica e internacional sobre las riquezas del Galeón San José, tuvo que suspender este evento y elevó un comunicado para sus bases que indica “se recomienda a todas las autoridades que son parte de la Nación Qhara Qhara respetar y asumir las recomendaciones de las autoridades nacionales para ayudar a combatir esta emergencia nacional”. Y además, en territorio guaraní, el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca suspendió la conmemoración de los 128 años de la muerte de su líder histórico Apiguaniki Tüpa, el 29 de marzo, y recomienda a “todos los capitanes zonales, comunales y responsables de salud, de cada capitanía, quienes deberán coordinar con las instancias de salud correspondiente de existir alguna sospecha de síntomas del COVID-19, deben reportar al centro médico más cercano para que los profesionales del área aconsejen las acciones a seguir”.

Las poblaciones rurales cuya actividad principal es la agropecuaria, suelen enfrentar y superar problemas sanitarios, epidemias y plagas. Es cierto que los sistemas de salud centralizados no les favorecen, pero su existencia, reproducción y permanentes luchas, nos hablan de estrategias de sobrevivencia y saberes locales efectivos para enfrentar adversidades.

Las muchas enfermedades y plagas generan bastante conocimiento, no sólo aquel que se considera tradicional sino también como producto de la experimentación en pequeña escala. Los productores saben, por ejemplo, que la diversidad de cultivos favorece al menor ataque de plagas y enfermedades. Las familias campesinas se desenvuelven en contextos adversos y aprenden a enfrentar un diálogo con la naturaleza, responden a los caprichos del clima, las variaciones en calidad del suelo, la transformación demográfica de sus comunidades, la disponibilidad de fuerza trabajo; y por supuesto, la dinámica del mercado local y las políticas agroalimentarias.

No siempre salen airosas en este permanente proceso de aprendizaje, las familias rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes, suelen vivir enormes desastres, inundaciones, sequías, heladas, las plagas pueden arrasar con su producción y son muchos los riesgos que viven ante la política extractiva de los Estados respecto a los recursos naturales de sus territorios. Sin embargo, la actividad agrícola en su vida cotidiana les ha enseñado a ser cautelosas y cuidadosas, y no temen a la innovación en miras al mejoramiento de sus cultivos o la crianza de sus animales. Esta cautela es la que se encuentra en los comunicados y resoluciones citados, aquella que emerge de una vida cotidiana que sabe reinventarse aún en la desigualdad y desventaja estructural de lo rural respecto a lo urbano.

La persistencia de la vida rural y el ejercicio de gobiernos propios, y principalmente, del control territorial que se previene de la incursión de agentes externos, pero además, resguarda los sistemas propios de educación, cultura y autocuidado, serán los que enfrenten la alerta, la enfermedad y la emergencia. Sin abandonar las luchas y demandas actuales, sin permitir la intervención o militarización de los territorios, las autoridades rurales desde los territorios, enseñan al resto de la sociedad a articularse, desde sus lógicas propias, a las políticas de protección, prevención y atención al posible contagio de un virus que está poniendo en riesgo a un sistema económico que se sustenta en la desigualdad y el marginamiento de varios sectores sociales.

[1] Socióloga, investigadora del IPDRS y coordinadora de la plataforma del Movimiento Regional por la Tierra y Territorio: www.porlatierra.org/casos

[2] OPDS Montes de María, disponible en: https://www.facebook.com/notes/opds-montes-de-mar%C3%ADa/coronavirus-y-territorios-rurales-montes-de-mar%C3%ADa-frente-a-una-pandemia-sin-agua/2527637167454255/ 19 de marzo de 2020.

[3] “Sem apoio do Ministério da Saúde, indígenas enfrentam coronavírus por conta própria”, disponible en: https://pt.org.br/sem-apoio-do-ministerio-da-saude-indigenas-enfrentam-coronavirus-por-conta-propria/   16/03/2020

[4] “Baixa imunidade de povos indígenas do Pará ao novo coronavírus preocupa autoridades”, disponible en: https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/03/18/baixa-imunidade-de-povos-indigenas-do-para-ao-novo-coronavirus-preocupa-autoridades.ghtml  18/03/2020

[5] “Se suspende la entrada de personal foráneo a los territorios indígenas del departamento del Cauca”. Resolución del Consejo Regional Indígena del Cauca 006, 17 de marzo de 2020, disponible en: https://www.cric-colombia.org/portal/res-006-17-mar-2020-suspende-entrada-personal-foraneo-territorios-indigenas-departamento-cauca/

Una mirada del estado socioambiental y
 territorial de Uruguay¹

Pablo Díaz Estévez
diazpablouruguay@gmail.com

Observatorio de Política de Tierra, Núcleo de Estudios Rurales, Universidad de la República, Sede de Tacuarembó. Grupo universitario interdisciplinario de estudios rurales: Educación rural, Tenencia de la tierra y Ruralidades.

1. Marco general del país

Al cuarto año del tercer período del Frente Amplio en el gobierno, con 34% de adhesiones de la población para las elecciones del 2019, superior ante sus contendientes, pero no suficiente para ganar la primera vuelta.

95 % de la población uruguaya es urbana, aunque el sector agropecuario sigue siendo la base de generación de divisas, cuyos productos primarios representan 57% del valor de las exportaciones a octubre de 2018, el país creció 2,5% en términos interanuales.

Si bien el agro uruguayo no entró en una crisis estructural por la fuerte concentración de la riqueza, los agentes nacionales más débiles del sector agroindustrial experimentaron una crisis de viabilidad.

El Estado no intervino los mercados, ni direccionó el desarrollo productivo ni disciplinó al capital financiero. La política tributaria gravó sueldos, pasividades y consumo, sin afectar la riqueza ni su inequitativa distribución.

El mercado de tierras y el mercado de alimentos siguieron concentrados en los agentes económicos más poderosos sin que el Estado fijara allí un posicionamiento decisivo. Sin embargo, la política del Instituto Nacional de Colonización (INC) de acceso a la tierra permitió mejorar los ingresos de una buena parte de las unidades productivas familiares al seguir subsidiando la renta del uso de las tierras públicas.

2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio

La política de tierras no sufrió modificaciones respecto a los años anteriores.

No hay una política pública de tenencia de la tierra en 96% del territorio, donde los reguladores no estatales, como grandes empresas, sociedades anónimas y capitales extranjeros exigen la libre compra-venta-arrendamiento de tierra como si fuera una mercancía más.

64% de las adjudicaciones de tierra del INC se realizaron en régimen de cotitularidad, tanto al hombre como a la mujer de un núcleo familiar.

La única política activa de tenencia y acceso a la tierra es llevada a cabo por el Instituto Nacional de Colonización y la afectación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), las cuales regularon ciertos aspectos de uso de la tierra en pequeñas zonas del país.

Entre 2008 y 2018, ingresaron al SNAP unas 15 áreas en todo el país, que son apenas 285.265 hectáreas, representando menos de 1% del territorio nacional.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

Protestas nacionales de los productores agropecuarios, que incluyó a los productores familiares, a la pequeña, a la mediana y a la gran burguesía agraria bajo el lema Un solo Uruguay (USU), este movimiento de productores “autoconvocados” bregó contra la cooptación de sus dirigentes negando el carácter partidario de su movilización y diferenciándose de las gremiales tradicionales del campo.

En la Proclama principal del USU no hubo una oposición a la inversión extranjera, sino que se reclamaba “que todos tenemos que tener las mismas reglas de juego”.

La Mesa Nacional de Colonos promovió una negociación con el INC para evitar desalojos de predios habitados, no obstante, la institución omitió y limitó este diálogo. Los desalojos de las tierras públicas son operados por orden judicial, se procedió en la Colonia Eduardo Acevedo del Departamento de Artigas por el atraso en el pago de la renta, desconociendo la inversión en mejoras en la propiedad del colono.

Se generó el movimiento Cota 81, que denunciaba el nivel de inundación que causaría el segundo megaproyecto de la empresa finlandesa UPM en las riberas del Río Negro. Además, la participación eco-feminista del colectivo “Por el costado de la vía” en una serie de intervenciones públicas, denunciando los perjuicios del proyecto de ferrocarril y los efectos que causaría la ampliación de la superficie afectada para abastecer la nueva planta de pasta de celulosa del proyecto UPM2.

En Paso De Centurión y Sierra de Ríos (Departamento de Cerro Largo) el SNAP realizó consultas para que unos 200 padrones rurales ingresaran a la zona. Los pobladores se movilizaron para confrontar sus derechos a las empresas forestales para resguardar el estado natural del ecosistema.

El Movimiento “Canelones Libre de Soja Transgénica”, presentaron firmas al gobierno para la prohibición de la soja transgénica en el Departamento de Canelones, por ser irreconciliable con la tradición de la producción familiar granjera.

En el Departamento de Montevideo, el colectivo Asamblea Permanente por la Rambla Sur se opuso a la privatización del Dique Mauá, a una concesión de empresas que requieren de una terminal fruviomarítima. La empresa china Shandong Baoma Fishery Group, adquirió terrenos considerados como “suelo rural”, para construir un megapuerto. Los pobladores denunciaron los impactos que sufriría su economía local.

4. Acciones Campesinas e Indígenas

Una campaña de recolección de firmas motorizada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, se procuró el uso del mecanismo de democracia directa, referéndum, que se utilizará para oponerse a la ley 19.553 de “riego con destino agrario”.

Otra campaña de recolección de firmas fue impulsada a nivel nacional por un “movimiento ciudadano” llamado “UPM2 No” contrario a la instalación de la planta de celulosa.

Las acciones indígenas se centraron en acciones culturales de denuncia y de solidaridad internacional con otros pueblos originarios. La re-emergencia charrúa fue la principal expresión de estos pueblos originarios en 2018, a partir de diversos colectivos que se nuclean en el Consejo de Nación Charrúa (CONACHA) y los productores familiares o campesinos nucleados en torno a la Red de Semillas Nativas y Criollas que llevaron adelante el VII Foro de Soberanía Alimentaria.

5. Propuestas

El conflicto del sector agropecuario desatado el 23 de enero y la firma del contrato para la segunda planta de UPM, son las principales causas que generan diferentes protestas de la población en la gestión.

La Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR) en los últimos años reclama políticas diferenciales con la producción familiar.

Dirigentes de sindicatos de trabajadores rurales nucleados en la Unión Nacional de Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA), coordinaron una respuesta a la problemática del sector agropecuario planteada por los “autoconvocados”. El Movimiento por la tierra y contra la pobreza elevó al Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores, una propuesta de movilización por una alianza entre las organizaciones del campo y la ciudad que permita diputar la renta de la tierra y su tenencia. Sin embargo, en la Mesa representativa, la iniciativa no prosperó por la posición de USU respecto a la gran propiedad y la política tributaria.

6. Normas

Desde el primer gobierno del Frente Amplio se ha endurecido la legislación para penalizar a ocupantes precarios de tierra, a nivel urbano y rural, con la aprobación de la Ley N° 19.661 que establece la “Modificación de las normas de desalojos colectivos y del régimen de prescripciones adquisitivas quinquenales”.

El “desalojo colectivo” es el que se efectúe frente a 5 núcleos familiares o más, que “a título precario, de forma continua e ininterrumpida se encuentren ocupando desde hace más de veinticuatro meses un inmueble, sin que el propietario haya iniciado acciones judiciales tendientes a su recuperación”.

El Parlamento aprobó el Proyecto de Ley “Por el que se declara de interés general la promoción y el desarrollo de sistemas de producción, distribución y consumo de productos de base agroecológica y se crea una Comisión Honoraria Nacional”, promovido por la Asociación Civil Redes Amigos de la Tierra, la Red de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología de Uruguay y el capítulo local de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología SOCLA.

7. Instituciones

El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente alcanzó la construcción de 30.000 viviendas en 51 años. La Cámara de Senadores rechazó un proyecto por universalizar la vivienda social también para las familias rurales sin “título de propiedad en regla o con posibilidades de regularizar”. En el Departamento de Cerro Largo, la Oficina de Regularización de Tierras y Propiedades, presentó al 2018 unos 500 escritos para regularizar situaciones de tenencia precaria. Estos ocupantes urbanos y rurales tienen sus derechos posesorios reconocidos, no obstante, también están expuestos a ser penalizados por la Ley de usurpación Nº 18.116 de abril de 2007.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del pueblo intervino a favor la Mesa Nacional de Colonos. Cuando la presidencia de la república, difundió el estado de las deudas de un colono con el INC, la INDDHH tomó posición denunciando que se había difundido “información pública de forma no adecuada y que tal proceder podría ocasionar efectos inhibitorios al pleno ejercicio de los derechos de la libertad de expresión”. Con la aprobación en Naciones Unidas de los Derechos Campesinos, se habilita la posibilidad que la INDDHH se vincule de forma más estrecha a situaciones de reivindicación del acceso a la tierra y el territorio.

[1] El IPDRS tituló el artículo, el cual es un resumen del capítulo Uruguay, parte del Informe 2018.

Bolsonaro, perseguição, exploração e extrativismo
nos territórios e povos indígenas do Brasil

Carlos Walter Porto-Gonçalves

cwpg@uol.com.br

Danilo Pereira Cuin

danilo_cuin@yahoo.com.br

Julia Nascimento Ladeira

julia.nladeira@gmail.com

Marlon Nunes Silva

marlonunesilva@gmail.com

Pedro Catanzaro da Rocha Leão

pedroleao0498@gmail.com

Laboratório de Estudos de Movimento Sociais e Territorialidades (LEMTO), é um grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-graduação em Geografia do Departamento de Geografia da Universidade Federal Fluminense.

1. Marco Geral

Aliança político partidária alimentou uma corrente conservadora, que deu pé ao impeachment preventivo ao ex-Presidente Lula da Silva e a eleição dum presidente fascista e medíocre.

A mídia e as igrejas protestantes contribuíram a eleição de Bolsonaro com um discurso de ódio, expondo o excessivo gasto público e a corrupção do PT.

Ele encarnava a volta a valores conservadores, com argumentos fascistas de legitimação da supremacia branca, familiarista, masculina e heterossexual; numa afronta contra políticas sociais, e as demandas de povos indígenas, afrodescendentes, mulheres e comunidades GLBT.

Bolsonaro assume uma política ultraliberal, subordinada as oligarquias financeiras, defensora dos interesses de empresas transnacionais, com enormes consequências na persistência da desigualdade social.

1480 ocorrências de conflitos no campo, colocando nem disputa uma área equivalente a 4,6% do território, envolvendo aproximadamente um milhão de pessoas.  

Mais de 400 mulheres que agem como protagonistas nas lutas no campo, assim como no âmbito político, estão na cadeia.  Esta persecução vem crescendo desde o governo de FHC, e no 2015 no segundo governo de Lula da Silva.

Desde 1994 com o Plano Real, as elites submeteram o pais às maiores taxas de juros do mundo.  As medidas iniciaram com a sobrevalorização do Real, a importação generalizada de produtos industriais, o que permitiu um populismo consumista. 

O setor industrial secundário em 1994 contribuía com 26% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, hoje contribui com menos de 10%, empurrando o pais ao extractivismo, para exportações de produtos primários agrícolas e minerais.

Lula da Silva com a aliança político partidária, colocou um megaprojeto de infraestrutura, lançado por FHC em 2000, a Iniciativa de Integração Regional Sul Americana (IIRSA), para alcançar o mercado da Asia.

O país recebeu recursos do banco chinês, o BNDES, aliado ao setor da construção civil, aliado a corporações como Odebrecht, Camargo Correia, OAS.

A ruptura política iniciada em 2015 deu pé a expressão duma ideológica ultraliberal, e agudisou o regime de acumulação rentista.  

Aumentou a exploração do trabalho e da natureza, como a reforma trabalhista, a lei que limita os gastos públicos por 20 anos, a regressão da política ambiental, da reforma agrária e dos direitos territoriais dos povos e comunidades tradicionais, entre eles indígenas e quilombolas.

2. Avanços no Acesso à Terra e ao Território

110 milhões de hectares de terras/territórios estão nas mãos de povos indígenas; cerca de 100 milhões de hectares de conservação, metade delas sob uso direto de populações tradicionais.  Mais de 40% do território brasileiro está sob uso direto de grupos que escapam ao controle das oligarquias latifundiárias.

191 bilhões de reais estão disponíveis para os agronegociantes com o Plano Safra.

Expansão territorial dos grupos empresariais ligados à mineração, ao agronegócio, ao hidro negócio, às grandes empreiteiras com suas mega-obras de construção civil (portos, hidrovias, rodovias, hidrelétricas) e novos setores como os de energia eólica e solar. 

No final do primeiro mandato de Lula da Silva, se editou a medida provisória 458 proporcionando a maior legalização de terras griladas da história do Brasil; em particular na Amazônia para a concentração fundiária.

A lei é o segundo grande golpe contra a classe trabalhadora subalternizada.

1. Sobre os Assentamentos Rurais

Diminuição histórica de decretos de desapropriação para fins da reforma agrária no Brasil, em 1998 assinaram 845 decretos, 2015 nenhum decreto foi assinado, 2018 4 decretos foram aprovados.

Entre 2015 e 2018 a desapropriação foi duma área equivalente a 0,7%, da ocorrida entre 1995 e 1998, e a 1,8% da área no primeiro mandato de Lula da Silva.

Entre 2005 e 2016 mais de 100.000 famílias se assentarão no território brasileiro.  A média anual do período 2015-2018 foi de 9.609 famílias.

1. Sobre as Terras Indígenas

Ouve uma queda vertiginosa das homologações desde o 1º governo FHC, com sua quase nulidade no período de ruptura política de 2015.  FHC fez 145 homologações. Lula alcançou 79 TI's e Dilma 21; Temer homologou somente 1 no Mato Grosso.
Aceleração do desmatamento nas Terras Indígenas na Amazônia, reconhecidamente áreas mais preservadas pelas práticas culturais dos povos.
Entre 2016 e 2018 o desmatamento atingiu um crescimento de 124%, o que representa um salto de 11,9 mil hectares para 26,7 mil hectares.
As TI's exercem um papel fundamental enquanto barreira ao desmatamento, sobretudo no Pará.

1. Sobre as Comunidades Quilombolas

A destinação de recursos públicos para a titulação de territórios quilombolas sofreu uma queda de mais de 97% nos últimos cinco anos, de R$ 42 milhões o 2003 para R$ 1 milhão 2018.
Nos últimos 15 anos 206 áreas quilombolas, com pelo menos 13 mil famílias, foram tituladas pelo INCRA.  Em 2018 se emitirão apenas 144 comunidades e titulou somente 4 terras quilombolas.

3. Conflitos no Acesso à Terra e ao Território

No ano 2018, 4,6% do território brasileiro esteve sob disputa direta em conflitos foram 1480 ocorrências de conflitos na área rural, envolvendo 957.713 pessoas e 39.425.494 hectares; 92% está localizada na Amazônia.

Se inverterão 191 bilhões de reais para os agronegociantes com o Plano Safra de apoio Estatal ao setor  privado.

Dos 912 conflitos em que foi possível identificar as categorias sociais que protagonizaram algum tipo de violência, o Estado aparece diretamente implicado em 30% deles, em 131 em casos de grilagem.

O Estado se envolveu em conflitos com empresas mineradoras, para garantir o acesso ao subsolo, o que exige a mediação do Estado contra os que ocupam a superfície da terra, e ainda o acesso à água.

4. Ações e Propostas dos Movimentos Sociais

A pesar da persecução política, a militarização do campo e a cidade, e o crescente número de assassinatos a lideranzas indígenas, os movimentos sociais estão demostrando sua capacidade de articulação estratégica.  

Se gestão encontros, plenárias, manifestações, ocupações, retomadas de terra, ocupações de instituições públicas e acampamentos que envolvem uma grande diversidade de organizações.  

Mais de 3 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, reivindicando a retomada das demarcações de Terra Indígenas (TIs), e a declaração do FAMA coloca como horizonte a construção da aliança entre a diversidade para o “enfrentamento ao sistema capitalista, patriarcal, racista e colonial”.

5. Normas e Instituições

Brasil vive um transição institucional no desenvolvimento rural e agrário para favorecer ao setor privado.

Temer em 2018, favoreceu interesses do agrohidronegócio, da ampliação da exploração mineral e do capital financeiro. O INCRA se transformou numa imobiliária estatal.
Intensa política de titulação individualizada de lotes, promovendo fragmentação e vulnerabilização das famílias assentadas.  Só em 2017 foram expedidos 26.523 Títulos de Domínio e 97.030 contratos de concessão de uso.

Ao contrario o valor destinado à obtenção de terras para agricultura familiar foi em 2018 de 83,7 milhões, sendo que em 2015 foi de 800 milhões.
O orçamento para a Assistência Técnica nos assentamentos também sofreu grandes cortes, passando de 355,4 milhões, em 2015, para 19,7 milhões em 2018.

O Crédito Fundiário para a venda de lotes de assentamentos rurais.

Os grupos que dominam o agronegócio emplacaram a nomeação da Sra. Ministra Tereza Cristina (DEM-MS), indicada pela Frente Parlamentar Agropecuária. Uma das defensoras do projeto que muda as regras no registro de agrotóxicos no país. 

O conjunto das políticas que o novo governo vem pondo em prática, sobretudo contra a reforma agrária, o mundo indígena e o meio ambiente e em defesa dos interesses do capital financeiro, da mineração e do agronegócio, ratifica a tese de que se trata da continuidade da ruptura política iniciada em 2015.

Perú: un contexto peligroso para defensores
de la tierra y el medio ambiente¹

Aldo Santos Arias
aldosanto@gmail.com

1.      Marco general del país

Un reto del Estado peruano es garantizar la seguridad jurídica de las comunidades campesinas y nativas, y los 55 pueblos indígenas, cuyos territorios están expuestos a actividades ilegales o a la superposición de derechos.

Isaac Huamán Pérez, Director Regional de Agricultura y Christopher Paul Hernández Larrañaga, Director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria fueron detenidos por liderar una organización criminal dedicada al tráfico de tierras en Ucayali.

Perú sería uno de los países más peligrosos para defensores de la tierra y el medio ambiente el tráfico de terrenos, fenómeno que al igual que el narcotráfico, es una cadena de valor asociada a una serie de delitos como usurpación, falsedad genérica, corrupción de funcionarios, etc.

El 28 de marzo del 2018, Martín Vizcarra Cornejo sucedió en la presidencia A Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció luego de un escándalo relacionado a servicios que habría brindado a la empresa brasilera Odebrecht, mientras ejercía funciones.

Escándalos de corrupción, revelan una red de jueces y fiscales comprometidos con actos de corrupción que involucraban a funcionarios, empresarios, políticos y hasta a reconocidos deportistas.

El presidente Vizcarra propuso una reforma del sistema de justicia y convocó a un referéndum que aprobó tres modificaciones constitucionales, entre ellas la prohibición de la reelección de congresistas, legitimando así su gobierno.

El 2018 estuvo marcado por el desarrollo de campañas electorales a nivel regional y municipal.

2.      Avances en el acceso a la tierra y el territorio

El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) ha fortalecido su rectoría en materia de saneamiento físico legal. Además, la emisión de diferentes instrumentos normativos ha permitido llenar vacíos y superar algunos de los problemas de los gobiernos regionales.

Sin embargo, la Política Nacional Agraria pese a señalar que el saneamiento físico legal de las comunidades campesinas y nativas sería prioritario, contradictoriamente siguió privilegiando la titulación de predios individuales, dejando de lado la titulación comunal. Lo mismo ocurre con el Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú – PTRT3, que desde el 2015, no ha titulado a ninguna comunidad. Se calcula que más de 49 % de la superficie del país está ocupado por comunidades campesinas y comunidades nativas, sólo en cuatro de 24 regiones se han reportado avances en materia de saneamiento físico legal y titulación durante el 2018.

Gobiernos Regionales reciben transferencias de entre 300 mil y 1 millón de soles anuales para el saneamiento de tierras rurales y solo 33 % de ellos destina dichos recursos para la titulación comunal, el resto los destina para la titulación de predios individuales.

3.      Conflictos por el acceso a tierra y territorio  

La titulación de una comunidad nativa puede tomar hasta 25 años, mientras que, para una empresa, tener los derechos sobre tierras toma un máximo de 5 años.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Dirección Regional Forestal, aprobaron una norma para entregar concesiones de hasta 200 mil hectáreas, bosques adjudicados que se superponen a 29 de 53 comunidades y que tenían el compromiso de titular 350 mil hectáreas. Entonces, solo se podrá entregar derechos sobre 110 mil hectáreas, el territorio a titular se ha reducido a la tercera parte.

De acuerdo con cifras del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), se han entregado 241.085,26 hectáreas para el aprovechamiento forestal y minero generando inestabilidad social, inseguridad jurídica y precariedad económica.

Según la Presidencia del Consejo de Ministros, han sido identificados 194 casos de conflicto social a nivel nacional, 80 corresponden a minería y 20 a hidrocarburos. Con cifras diferentes, la Defensoría del Pueblo indica que, de 181 casos identificados en 2018, 113 son conflictos socioambientales, la minería ocupa 64,6 % e hidrocarburos 13,3 %.

La presencia de actividades extractivas en las comunidades campesinas y nativas continúa siendo una fuente potencial de conflictos sociales.

Queda pendiente la emisión de una norma que establezca criterios técnicos para solucionar controversias por superposición de tierras comunales por otros derechos, concesiones forestales, mineras, petroleras o Áreas Naturales Protegidas.

No existe un sistema unificado que permita tener información oficial de la cantidad de comunidades campesinas y nativas tituladas o en proceso de titulación.

Estado peruano desconoce la personería jurídica de los pueblos indígenas, ya que el reconocimiento de las comunidades no ha tomado en cuenta los estándares del Convenio 169 de la OIT. El pueblo Achuar del Pastaza no logra la titulación integral de su territorio, por este desconocimiento.

La comunidad campesina La Arboleda, situada entre los distritos de Tiquillaca y Atuncolla, en Puno, presentó un recurso de agravio constitucional que se resolvió en diciembre 2018, luego de 7 años de espera, el Tribunal Constitucional ha anulado todo lo actuado y devuelto el caso a la primera instancia.

4.      Acciones campesinas e indígenas para el acceso a la tierra y el territorio

Encuentro del Papa Francisco con los pueblos indígenas en Puerto Maldonado (20 de enero). Las organizaciones indígenas dirigieron una comunicación al líder religioso, denunciando la vulneración de sus derechos.

Foro de Pueblos Indígenas en el marco de la VIII Cumbre de las Américas (13 y 14 de abril). Se elaboraron propuestas para fortalecer la institucionalidad indígena, y combatir la corrupción que amenaza y vulnera los derechos de los pueblos indígenas.

Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas de la Amazonía: “aportando a la agenda de las mujeres” (26 y 27 de abril). Se pronunció en a favor de la defensa del territorio para el buen vivir, la lucha contra el cambio climático, la economía indígena con énfasis en la agricultura y seguridad alimentaria, lucha contra la violencia, la igualdad de oportunidades y participación política de las mujeres.

Semana de Encuentro de los Pueblos Indígenas u Originarios del Perú (4 al 8 de junio). Para fortalecer la agenda del Pacto de Unidad, como el empoderamiento de las mujeres y la consolidación de la agenda de los pueblos indígenas u originarios para la defensa de sus derechos como la identidad cultural, la autonomía, la institucionalidad indígena, el acceso a la tierra y al territorio.

Taller Enfoque de la Mujer Indígena en la Gestión del Territorio y sus Bosques (08 y 09 de agosto). Presentaron propuestas de las mujeres indígenas sobre la gestión del territorio y bosques.

Foro Balance, retos y caminos a seguir para el Buen Vivir de las mujeres indígenas (19 de setiembre). Elaboró recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la Plataforma de Beijing y la Cedaw, y para visibilizar la situación de los derechos humanos de las mujeres indígenas.

IV Diálogo Intercultural para el Buen Vivir (30 de noviembre). Las organizaciones del Pacto de Unidad recibieron al Ministerio del ambiente para conocer el estado de la implementación de las políticas ambientales y el proceso de elaboración del Reglamento de Ley de Cambio Climático.

V Diálogo Intercultural para el Buen Vivir (28 de diciembre) Las organizaciones del Pacto de Unidad recibieron al Ministerio de Agricultura y riego para conocer el estado de la implementación de las políticas agrarias, el estado de la agricultura familiar, la titulación de comunidades campesinas y nativas en el marco del PTRT3.

5.      Propuestas

El V Encuentro Nacional del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú y el Informe alternativo 2018 planteó algunas prioridades para el Estado:

• La derogatoria, modificación o suspensión, de las normas aprobadas durante el actual gobierno, referidas al acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, adquisición y expropiación de inmuebles, transferencias de propiedad del Estado para obras de infraestructura, entre otros.
• Crear una política pública nacional para la seguridad territorial de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas.
• Garantizar la función Viceministerio de Interculturalidad respecto al derecho a la tierra y territorio de los pueblos.
• Ampliar la normatividad de consulta previa para la construcción de infraestructura para la provisión de servicios públicos.
• Garantizar los derechos a la tierra y al territorio, mediante, la titulación colectiva, demarcación, saneamiento y protección de los territorios ancestrales.
• Cesar políticas y normas que promuevan el acceso a tierras y territorios de pueblos indígenas, beneficiando a proyectos de inversión de grandes empresas privadas.
• Implementar el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado antes de la adopción y la ejecución de cualquier proyecto, programa, política o norma que afecte derechos fundamentales y colectivos.
• Promover y garantizar la participación efectiva de las mujeres indígenas en las decisiones acerca de nuestras tierras y territorios.

6.      Normas

1. Ley N° 30723, que prioriza la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali, iniciativa cuestionada porque pone en riesgo la sostenibilidad ambiental y la vida de los pueblos indígenas en situación de aislamiento que habitan las Reservas Indígenas Isconahua, Murunahua y Mashco Piro.
2. La Ley N° 30754 Marco sobre Cambio Climático, que agrupa 10 Proyectos de Ley y que reconoce el valor de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas u originarios, además de contemplar su participación en los mecanismos de adaptación y mitigación del cambio climático. Las organizaciones exigieron que sea consultada previamente, pues no tomaba encuentra compromisos climáticos, excluyendo derechos de titulación, manejo y gobernanza territorial.
3. La Ley Nº 30776, que delega al poder ejecutivo, la facultad de legislar en materia de reconstrucción y cierre de brechas en infraestructura y servicios. Se emitieron 101 decretos legislativos, entre ellos el DL N° 1374, que establece el Régimen Sancionador por Incumplimiento de las Disposiciones de la Ley N° 28736 sobre Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial las organizaciones criticaron esta norma, pues no han sido consultadas sobre su emisión y alcances.
4. Instituciones

Las competencias en materia de titulación y saneamiento físico legal han sido transferidas desde el gobierno nacional hacia los gobiernos regionales, proceso no exento de dificultades, por lo que estas capacidades son bastante limitadas.

Los esfuerzos de la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural han centrado en proponer mecanismos de simplificación y gratuidad, no obstante la precariedad institucional y la continua rotación de funcionarios debilitan la sostenibilidad de cualquier política. Otra entidad importante en materia de titulación es el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, cuyas competencias en materia de otorgamiento de concesiones forestales han sido transferidas a los gobiernos regionales.

Si bien se ha generado normativa que precisa que la demarcación y titulación de comunidades nativas a cargo de los gobiernos regionales no podrá quedar suspendida por superposición con áreas de los BPP, dicha medida no atiende a las comunidades nativas que solicitan la titulación de áreas de bosques y no una cesión en uso, que es la figura que el Estado viene aplicando actualmente. 

El Ministerio de Cultura, órgano técnico especializado en materia de Pueblos Indígenas u Originarios del Poder Ejecutivo, tiene la función de coordinar acciones para culminar el proceso de saneamiento físico legal de las territorial de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, conforme establece el Decreto Supremo Nº 005-2013-MINCU, por lo que se requiere un activo acompañamiento del sector, a fin de garantizar los derechos de los pueblos indígenas en materia de seguridad jurídica.

*(1) Este artículo fue titulado por el IPDRS, tomando una cita del texto

Pilares de la revuelta Indígena – Popular

Francisco Hidalgo Flor
francisco.hidalgo.flor@gmail.com

Introducción:

La publicación en el portal de Sudamérica Rural de este breve ensayo: “Comuna, Agora, Barrios: pilares de la revuelta indígena – popular” tiene el propósito a abrir una miradas, conocimientos y reflexiones que ubiquen a la par lo específico y lo general de las movilizaciones, levantamientos, revueltas, rebeliones que sacudieron a Sudamérica en los meses de octubre y noviembre del 2019.

Alumbrar sobre lo concreto puede aportar a mirar lo general, en esa dinámica podemos encontrar los horizontes y las limitaciones de estos acontecimientos que sacudieron el continente.

El texto que presentamos se interroga inicialmente respecto de cuáles son los pilares de un acontecimiento que marco un punto de inflexión respecto de la verdadera situación social y política del Ecuador, más allá de lo que los grandes medios de “comunicación” y la ideología oficial pretendían imponer.

La ideología oficial pretendía que aquello que acontecía en los niveles de la institucionalidad gubernamental era lo que acontecía en la sociedad, eso es la viabilidad del retorno neoliberal y la transición hacia el recorte del estado. Pero precisamente lo que evidenciaron los acontecimientos de octubre es la profunda y asentada resistencia social al modelo neoliberal, resistencia desde las clases populares.

Una de las especificidades de las revueltas en Ecuador es la importancia del movimiento indígena, pero a la par la evolución de los acontecimientos, en especial alrededor del centro político, que es la capital, Quito, y la espacialidad de las instituciones del poder, que se colocaron en condiciones de fragilidad, solo se pueden entender por la incorporación y apoyo desde las barriadas populares de la misma ciudad, y también unas redes de solidaridad y respaldo en los intersticios de los propios aparatos públicos.

Reconociendo también que fue una revuelta de alcance nacional, que incorporó expresiones de lucha especialmente en las regiones andina y amazónica, con cortes de carreteras y paralizaciones en la dinámica económica.

El texto nos presenta tres pilares: la Comunidad indígena en las zonas rurales, el Barrio popular en las grandes ciudades, y el Ágora no solo como el espacio físico en la Casa de la Cultura sino como modalidad de interacción y dirección.

Pero esta revuelta en Ecuador adquiere otras connotaciones cuando se la reconoce como el primer momento de una oleada que continuó casi inmediatamente en Chile, luego empató con los graves acontecimientos de noviembre en Bolivia, y finalmente se expresó también en el paro nacional de Colombia.

Oleadas de lucha social en la región que obligan a reconocer el enorme problema de la inequidad en nuestro continente, y la enorme vitalidad e indignación social que sobrepasa la institucionalidad de partidos y estado.

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