Gobierno boliviano debe tomar medidas para productores del campo y los jóvenes

Lorenzo Soliz T. y César Soliz O.

El gobierno boliviano decretó este 14 de abril varias medidas complementarias para que la población continúe resistiendo la cuarentena total por el covid-19 hasta el 30 de abril y para disminuir los efectos sobre la economía y el empleo. Entre otras medidas, el DS 4216 establece el Programa especial de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, que destinará hasta 1.500 millones de Bolivianos para créditos que se otorgarán a cinco años de plazo, con 1 año de gracia, cuya la tasa de interés y condiciones recién serán reglamentadas. Entre tanto el Plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad laboral a las empresas legalmente constituidas otorgará créditos concesionales por 18 meses con seis de gracia, por un monto equivalente a dos salarios mínimos nacionales, por trabajador, por un máximo de dos meses. Estas medidas sin duda paliarán en algo los efectos que ya se sienten en el empleo, los ingresos y la economía.

Sin embargo estas medidas no alcanzan a las y los productores del campo. Como se sabe, este tiempo de cuarentena total fue posible resistir, en gran medida, gracias a la disponibilidad de productos alimenticios de la denominada agricultura familiar. Tubérculos, hortalizas, frutas y carnes rojas y blancas, entre otros, que contribuyen en modo importante a la seguridad alimentaria estuvieron al alcance de la gran mayoría de la población, a veces con cierta especulación. A ello se sumó la solidaridad y cooperación entre la población, especialmente de grupos y activistas jóvenes, para ayudar a paliar el hambre a los grupos más vulnerables.

Pese a esta evidencia, las medidas gubernamentales no benefician ni atienden a campesinos indígenas y pequeños productores que producen los alimentos con que nos alimentamos cotidianamente. Como en el pasado, se continúa considerándolos solo como sectores pobres y no como productores y productoras, como actores económicos. En el país, según el Censo Agropecuario del 2013, existían 871.927 unidades de producción agropecuaria, de las cuales 803.738 pertenecían a una comunidad (www.ine.gob.bo), todo un sector que produce alimentos y genera empleo directo e indirecto.

Por las restricciones de la cuarentena hay productores(as) del altiplano y zonas de valle que no lograron cosechar aún la papa, y el gorgojo de los andes está mermando la producción más que otros años en las mismas parcelas, y los productores de leche y sus derivados de las zonas más alejadas no pueden comercializar sus productos porque no tienen la forma de llevar sus productos a los mercados. En zonas del valle cochabambino donde se suele realizar la siembra de papa después de la época de lluvias (papa lojru), habitualmente por semana santa, tampoco se llevó a cabo con normalidad. En el Chaco, los animales del bosque (monos y loros) consumieron más maíz de las parcelas ya que sus dueños no llegaron para espantarlos como solían hacerlo, y en zonas del Chaco chuquisaqueño prácticamente quedaron sin productos que cosechar por el ataque de las langostas semanas antes de la declaración de la cuarentena. En la Amazonía campesinos, indígenas y pequeños barraqueros no lograron comercializar toda la castaña recolectada del bosque, incluso anunciada la cuarentena los compradores bajaron el precio de 100 Bs la caja de 23 kilogramos a solo 60 o 50Bs, según los lugares; en las zonas de recolección y producción de cacao no se alcanzó a cosechar y recolectar todo el cacao, al igual que otros productos alimenticios de las familias de esta región, etc. En otras zonas de la Amazonía, hay migración de los pequeños centros urbanos a propiedades privadas y de pequeños productores rurales donde hay productos que cosechar y el trabajo se paga con alimentos. El riesgo mayor de todo ello es que no quede reserva de semilla para la nueva siembra, la siembra de invierno donde hay condiciones para hacerlo.

Con relación a la juventud, rural y urbana, si bien muchos de ellos recibirán el bono universal de 500 Bs., no han sido tomados en cuenta para la generación de iniciativas y emprendimientos que contribuyan a generar empleo e ingresos. La juventud hoy está más formada y más preparada que antes, tienen mayores recursos en conocimiento y manejo tecnológico y redes de contactos y comunicación. La Ley 342 de la juventud establece que a este grupo etario pertenecen personas de 16 a 28 años de edad, según el censo de población del año 2012, había 1.796.001 jóvenes (17% del total nacional) entre 20 y 29 años, de los cuales 1.315.398 estaban en el área urbana y 480.603 en el área rural (www.ine.gob.bo). Todo un potencial de fuerza laboral, creatividad y emprendimiento.

Consideramos necesario que el gobierno nacional tome medidas complementarias para apoyar a estos sectores a los que acabamos de referirnos, no como sujetos de políticas sociales sino por su capacidad y potencial productivo. Dotar de crédito productivo, especialmente capital de operación con bajo interés, a través del sistema financiero que prácticamente cubre todo el país, en las áreas alejadas con la Banca estatal, la Banca de la micro y pequeña empresa y las Entidades financieras de desarrollo. Incentivar procesos de transformación, de ferias y mercados locales, incluir más la producción local en las compras estatales, facilitar el acceso a semillas para las nuevas siembras, entre otras. Para ello debe coordinar con las organizaciones nacionales y departamentales de productores, organizaciones económicas campesinas (OECAS) y las comunitarias (OECOM), asociaciones, cooperativas, etc.). Las ONGs pueden apoyar y acompañar actividades productivas, de transformación y comercialización con modalidades diversas con asistencia técnica, capacitación comunicación, etc.; sumar a ello los esfuerzos y aportes que ya está realizando la cooperación internacional. Mayor coordinación con gobiernos departamentales y municipales en esta materia, para acompañar y apoyar iniciativas de re-dinamización productiva de sectores campesinos indígenas, pequeños productores y de las y los jóvenes en sus jurisdicciones. Solo así se podrá re-dinamizar también las economías locales, de los municipios y ciudades intermedias -hoy mal trechas como efecto de las medidas por la pandemia-, y así disminuir los riesgos de mayores niveles de pobreza y la desigualdad, que ya son marcadamente manifiestas.

De no apoyar a este sector de productores agropecuarios que contribuyen a la seguridad alimentaria nacional –que además no tienen garantizada su propia alimentación y sus ingresos por la pandemia-, es previsible la escasez de alimentos en el país, y mayor contrabando e importación debilitando más la capacidad productiva local. Se prevé que las migraciones se puedan intensificar hacia centros urbanos donde no hay ni habrá empleo suficiente o a las tierras bajas, y habrá que ver si hay opciones fuera del país; será terreno fértil para prestamistas informales y usureros así como el habilito (endeudamiento) que empobrecerán más a esta población sometiéndola a condiciones indignas de trato y trabajo, como el de la zafra, actividades agropecuarias y agroforestales, el empleo doméstico, entre otros. Igualmente, si no se apoya ni otorga oportunidades a la juventud rural y urbana, la tasa de desempleo también irá en aumento, con todas las consecuencias sociales y políticas que de ello se puedan derivar, en un contexto en que, además, permanecerá el coronavirus en nuestro medio.