La pandemia profundiza las desigualdades de un modelo agroalimentario insostenible^[1]

Luis Rojas Villagra
lurovilla@gmail.com

Economista por la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Es investigador multifacético y docente del Instituto de

Trabajo Social de la UNA. Fundador de la Sociedad de Economía Política del Paraguay. Es activista social y en defensa de la naturaleza.

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Inés Franceschelli
ines.franceschelli@henoi.org.py

Comunicadora, actualmente se dedica a la investigación e incidencia en temas relacionados con la disputa por la tierra, los agro negocios

y las violaciones a los derechos humanos; y además, en la vulneración alimentaria desde una perspectiva anticapitalista e internacionalista.

Heñói Centro de Estudios y promoción de la Democracia, los Derechos Humanos y la Sostenibilidad Socioambiental, tiene como fines

desarrollar actividades de investigación, formación, sensibilización, y apoyo a la acción de los sujetos y movimientos sociales y políticos de Paraguay.

1. Marco General del país

El año 2020 ha sido un tiempo de continuidad de los problemas estructurales derivados del modelo económico neoliberal, y de la política prebendaria y elitista vigente en el Paraguay desde hace mucho tiempo. Las instituciones estatales han continuado con sus líneas históricas de actuación, apoyando prioritariamente a los agronegocios, la agricultura mecanizada y la ganadería de exportación, manteniendo en el abandono a los agricultores campesinos e indígenas. Sin embargo, nunca antes el país se había endeudado tan aceleradamente como en el 2020, año marcado por la pandemia y la recesión económica. Una de las derivaciones de la pandemia sumada a la fragilidad estatal, fue el gran aumento del endeudamiento público, La deuda pasó de representar el 22.7% del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2019, al 33.5% en octubre 2020.

Uno de los efectos que rápidamente se observó, por causa de la cuarentena decretada por el gobierno de marzo a octubre del 2020, fue el aumento de precios de productos agrícolas básicos, A pocos días de iniciada las restricciones, el precio de la cebolla se incrementó 148%, de la papa 138%, la naranja 58%, del tomate 6% , situación que generó la protesta de los consumidores, por lo cual el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) tuvo que actuar, de modo a aumentar nuevamente la importación de esos productos, y bajar, al menos parcialmente, los precios. Así, el volumen de las hortalizas ingresadas al país en dicho periodo se incrementó en 98 % mientras el valor pagado por las mismas creció 128%, lo cual indica que se importó más cantidad y a precios más altos. A esas dificultades se sumó la irracional expansión de los negocios inmobiliarios y la poca disponibilidad de semillas, tanto las de rubros de autoconsumo como algunas de cultivos de renta.

La falta de ingresos seguros, la inflación del precio de los alimentos, las dificultades para la movilidad de los pequeños productores, entre otros elementos, tuvo una válvula de escape en la autogestión comunitaria y barrial, a través de la organización de miles de ollas populares por todo el país, en su mayoría gestionadas por la propia población con dificultades para alimentarse. En setiembre del 2020, se promulgó la ley 6603[2] de apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el territorio de la república durante la pandemia del Covid 19.

2. Avances en el acceso a la tierra y territorio

Los mecanismos legales para que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) cuente con tierras han sido prácticamente abandonados, entre ellos la compra, la expropiación y la recuperación de tierras irregularmente ocupadas, limitándose el actuar de dicho ente agrario, casi exclusivamente a procesos de regularización de lotes asignados en periodos anteriores. Según un informe del 2016[3], en el INDERT existían registradas unas 70.000 solicitudes de lotes por parte de familias campesinas que aún esperaban una respuesta. En el año 2019 se registraron 2.167 nuevas solicitudes de lotes, mientras que en el 2020 fueron otras 525 solicitudes.

Tampoco el gobierno ha avanzado en la recuperación de tierras ocupadas ilegalmente, como las denominadas tierras malhabidas, esto se debe a la falta de voluntad política del Gobierno, así como a la sistemática oposición por parte de los sectores terratenientes, a esto se suma la corrupción endémica del ente agrario, y la complicidad de los órganos de control.

Por otra parte, en el periodo de análisis, se han mantenido las características principales de la política fiscal del país: baja presión tributaria, sumado a la reducción del presupuesto destinado al sector campesino a través del INDERT. En el 2019 el presupuesto fue de Gs. 159.000 millones, monto que se redujo en el 2020 a 146.000 millones. El presupuesto para el 2021, incluye un gran recorte de -26%, quedando en tan solo Gs. 108.000 millones.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y territorio Los desalojos de tierras, que se habían multiplicado en el 2019 tanto en zonas rurales como urbanas, tuvieron una desaceleración en el 2020 a raíz de las restricciones creadas por la pandemia, aunque igualmente se ejecutaron en algunos casos. No obstante, existen muchos procesos judiciales abiertos, y la permanente presión de terratenientes y propietarios, apoyados por campañas en los medios comerciales de comunicación, para reiniciar los procesos de desalojo. A continuación, se destacan algunos de los principales conflictos por la tierra:
4. Asentamiento 1° de marzo, distrito de Yvyrarobana, Canindejú: El Instituto de Bienestar Rural (IBR) había permutado 4.500 hectáreas por una avioneta, a favor de la empresa Perfecta S.A. en 1969, en abierta violación al Estatuto Agrario de 1963[4]. Generando presión para desalojar a las familias campesinas asentadas en el lugar.
5. Colonia Yvype, Sexta Línea: La comunidad campesina que sigue resistiendo en sus lotes ha sufrido atropellos, allanamientos y desalojos en los últimos años, así mismo, viene siendo fragmentada y reducida por efecto de la irregular transferencia de lotes a no sujetos de la reforma agraria, y la consecuente sojización del territorio.
6. Asentamiento 3 de Julio, distrito de Maracaná, Canindejú: Las amenazas de desalojo son permanentes hacia la comunidad, mientras el INDERT no da respuestas al pedido de solicitud de compra de 1.800 hectáreas por parte de 135 familias que residen y producen ahí.
7. Asentamiento Rosarino, distrito de Maracaná, Canindejú: La comunidad sufrió dos desalojos por parte de la fiscalía y la policía, en setiembre y octubre. Sin embargo, la lucha campesina sigue vigente, con el apoyo de la Organización de Lucha por la Tierra (OLT).
8. Comunidades indígenas: En agosto, la comunidad Guyrapaju, del distrito de Caaguazú, fue desalojada de un territorio donde vivían desde hacía 12 años. En octubre, otra comunidad indígena, en Jacuí Guazú, distrito de Mayor Otaño, fue desalojada de tierras que habitaban desde hacía 20 años.
9. Asesinato de Arnaldo Rodríguez: Eran unas 30 familias que ocupaban 300 hectáreas que reclamaban al INDERT como tierras públicas. Un comerciante de nombre Héctor Calonga, las reclamaba como su propiedad. El 8 de junio de 2020, en una situación de tensión entre Calonga y los campesinos, el comerciante habría disparado a quemarropa a Arnaldo Rodríguez, quien murió minutos después en el lugar[5].

4. Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y territorio

En 2020 la mayor actividad de las organizaciones estuvo orientada a proteger a las comunidades frente a la situación sanitaria, realización de ollas populares comunitarias para garantizar la alimentación, donaciones de alimentos de origen agrícola y animal, para asistir a poblaciones en situación de vulnerabilidad, tanto en zonas rurales, urbanas y periurbanas.

La Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina, Indígena y Popular (ACIP), realizaron una movilización nacional en el mes de octubre, en la capital, reclamando acceso a la tierra y regularización de la tenencia de la tierra para las familias campesinas, cese de los desalojos, condonación de deudas, reactivación productiva de la agricultura familiar, implementación de la ley de defensa y promoción de la agricultura campesina.

Se presentó el anteproyecto de Ley “Que crea la Comisión Nacional para el estudio de los mecanismos de recuperación de las tierras malhabidas, identificadas en el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia del año 2008”[6]. Se impulsó el proyecto de ley de creación de la Dirección Nacional de Catastro y Registros Públicos (DINACARE). El 1° de octubre fue aprobado por la Cámara de Senadores el proyecto de ley que crea el Seguro Agrícola para la Agricultura Familiar Campesina (SAFC)[7].

5. Normas

Promulgación, lenta reglamentación y nula operatividad de la Ley 6286/19, de defensa, restauración y promoción de la agricultura familiar campesina.

Por otra parte, el MAG estuvo trabajando en poner en funcionamiento el Programa Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Agricultura Familiar 2020/2025, en el cual nada menos que el 87% del presupuesto estaría destinado a mecanizar las fincas campesinas, con soja y maíz transgénicos, además de sésamo[8].

6. Instituciones

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): la política agraria del gobierno actual ha sido errática e ineficaz para promover el desarrollo de la agricultura campesina.

En cuanto al INDERT, continuando la triste tradición de esta institución, su último presidente, Mario Vega, fue destituido el 19 de octubre de 2020, al ser imputado por hechos de corrupción, como lesión de confianza.

[1] 1 Resumen del capítulo de Paraguay, del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica,

disponible en: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/146

[2] Ley 6603/20. Disponible en: https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9365/ley-n-6603-de-apoyo-y-asistencia-a-las-ollas-populares-organizadas-en-todo-el-territorio-de-la-republica-del-paraguay-durante-la-pandemia-declarada-por-la-organizacion-mundial-de-la-salud-a-causa-del-covid-19

[3] Arantxa Guereña y Luis Rojas, Yvy Jára. Los dueños de la tierra en Paraguay (Asunción: OXFAM, 2016), 72.

[4] Milena Pereira, Informes sobre el Derecho a la Reforma Agraria 2018, 2019 (Asunción: CODEHUPY, 2018, 2019).

[5] Luis Rojas, 25 años: la reforma agraria en el papel, el capital en expansión, el campesinado en lucha (Asunción: CODEHUPY, 2020)

[6] Disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/122947

[7] Sistema de Información Legislativa, Proyecto de Ley que crea el seguro para la agricultura familiar campesina, consultado el 15 de diciembre 2020. Disponible en: http://silpy.congreso.gov.py/expediente/121853

[8] Sociedad de Economía Política del Paraguay (SEPPY), Camino al default social y fiscal, consultado el 16 de enero 2020. Disponible en: http://seppy.org.py/camino-al-default-social-y-fiscal/