El acceso a la tierra y el territorio en tiempos de COVID-19 en Bolivia

Elba Flores Gonzales

Trabajadora social (UMSA) e investigadora social con experiencia en derechos indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Realizó varias investigaciones sobre justicia indígena, resolución de conflictos y autonomías indígenas.

Deborah Díaz Araujo

Abogada (UAGRM) y especialista en derecho agrario. Trabaja en el acompañamiento a organizaciones indígenas en los procesos de dotación y titulación de sus territorios y la defensa de sus derechos.

Juan Pablo Marca Marca

Politólogo y sociólogo (UAGRM), es autor y coautor de varios libros, artículos, ensayos y columnas de opinión sobre la temática regional y pueblos indígenas en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Victoria Lina Aguilera Orrury

Ingeniera ambiental (UAGRM), trabaja en la implementación del Sistema de Información Geográfica y Análisis Espacial en el Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) en el CEJIS.

Unidad Funcional de Investigación e Información Estratégica – Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

1. Contexto general

En 2020, la crisis política iniciada con la anulación de las Elecciones Generales de 2019 encontró, durante la pandemia del COVID-19, una movilización encabezada por diferentes organizaciones populares y campesinas del occidente del país, que demandaron al Tribunal Supremo Electoral y al gobierno transitorio, la realización de las Elecciones Generales, las mismas que llevaron a que el Movimiento Al Socialismo (MAS), con 55,11 % de los votos válidos, asuma nuevamente el poder, ahora con un discurso centrando en responder a las demandas que surgieron debido a la pandemia: crisis económica, gestión de la crisis sanitaria y unificación del país. La gestión de la pandemia desde el gobierno no incorporó un enfoque intercultural ni la variable étnica.

Durante este periodo las grandes actividades extractivas (minería, petrolera, forestal y agropecuaria) fueron promovidas como una salida a la crisis y para la reactivación económica, generando conflictos en las comunidades indígenas que habían determinado su autoaislamiento como medida de protección, en el marco del ejercicio de la libre autodeterminación. Durante el periodo de cuarentena, entre abril y julio, 49 territorios indígenas (algunos habitados por pueblos en situación de alta vulnerabilidad) registraron focos de calor en un número considerable. En mayo se promulgó el Decreto Supremo (D.S.) N° 4232 que autorizó el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación del uso de semillas transgénicas.

2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio

Entre 1996 y 2020, en Bolivia se saneó y tituló más de 88 millones de hectáreas (88.433.837 ha), superficie que representa 86 % del total de las tierras que debían ser saneadas en el país (103.418.772 ha). En este mismo periodo se entregaron aproximadamente un millón de títulos ejecutoriales a 2.673.830 beneficiarios. Más de un millón de mujeres fueron beneficiadas con la entrega de títulos ejecutoriales; esta cifra representa 49 % del total de beneficiarios.

En 2006, con la promulgación de la Ley N° 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, la política agraria nacional dio un giro sustancial en sintonía con los cambios que se vivían en el país, apostando por un proceso de redistribución que priorizó la dotación gratuita y colectiva de las tierras fiscales a favor de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. En este periodo y hasta 2010 existió un considerable avance en la titulación de territorios indígenas que alcanzó una superficie de 13.335.734 ha; sin embargo, en el periodo 2010– 2020, por diversos factores (principalmente políticos), el avance en el reconocimiento del derecho propietario de las tierras comunitarias a favor de indígenas fue casi inexistente.

Como resultado de la crisis ambiental, producto de los incendios forestales que afectaron a las regiones de la Chiquitanía, el Chaco y la Amazonía (2019), el proceso de saneamiento y titulación de tierras se vio paralizado.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

La crisis económica ocasionada por la paralización de las distintas áreas de la economía nacional por la llegada de la pandemia del COVID-19, llevó al gobierno de transición a impulsar y consolidar el modelo extractivista; por tanto, los conflictos por el control de la tierra y los recursos naturales se centraron en la actividad minera y petrolera, la ampliación de la frontera agrícola para el uso de los transgénicos y para favorecer al agronegocio, en la consolidación de tierras a favor de grandes propietarios, además de la no atención de los conflictos de avasallamiento a los territorios indígenas por parte de comunidades interculturales.

La promulgación del D.S. N° 4232 que autorizaba el uso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya, llevó a que organizaciones indígenas, instituciones de la sociedad civil y activistas, a quienes se sumaron la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y la Central de Pueblos Indígenas Mojeños del Beni (CPEM-B) como terceros interesados, presenten una Acción Popular contra el gobierno transitorio, la misma fue rechazada por el sector agropecuario del oriente y algunas autoridades de Estado.

Los incendios forestales de 2019 afectaron a más de 6,4 millones de ha de los departamentos de Santa Cruz y Beni. El impacto sobre la región de la Chiquitanía (Santa Cruz) afectó a más de 47 comunidades de los pueblos indígenas Chiquitano, Ayoreo, Guarayo; y en la Amazonía (Beni) a las comunidades Cayubaba, Baures, Sirionó y Araona.  Esta situación fue denunciada al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), el cual sentenció sobre el caso Chiquitanía, Chaco y Amazonía Vs. Estado Plurinacional de Bolivia que, los incendios de 2019 fueron un “ecocidio.

El INRA consolidó a favor del entonces ministro de planificación del desarrollo, Branko Marinkovic, dos propiedades agrarias en el departamento de Santa Cruz. La titulación de estos predios se realizó de forma contraria a la normativa agraria que prohíbe a funcionarios públicos favorecerse con la adjudicación o dotación de tierras (Ley Nº 3545, art. 47).

Una de las regiones más golpeadas por la minería aurífera legal e ilegal, antes y durante la pandemia, son los municipios de Teoponte, Guanay, Tipuani, Mapiri, Apolo y San Buenaventura, en La Paz, y Rurrenabaque en Beni (CEDIB-Contiocap, 2020). Las empresas mineras que operan en estas regiones generaron impactos directos sobre los pueblos indígenas Leco, Mosetén, Chimán, Tacana y Uchupiamonas que habitan en las orillas de los ríos aledaños. En el territorio indígena Jach’a Marka Tapacarí Cóndor Apacheta, en Oruro, las autoridades originarias se declararon en emergencia ante el avasallamiento de sus tierras en la comunidad Ticaña, por la empresa minera Belén la Victoria de San Luís que movilizó maquinaria y personal en el sector.

En el pueblo indígena T’simane que habita en el municipio de San Borja (Beni), se denunció que grupos de campesinos interculturales realizaron el aprovechamiento ilegal de madera con maquinaria en su territorio. También hay un asentamiento de comunidades interculturales en el territorio chiquitano de Monte Verde (Santa Cruz). De acuerdo al Consejo de Fiscalización de este territorio, el conflicto inició en 2018 con el asentamiento ilegal de tres comunidades interculturales al interior de Monte Verde, que desmontaron aproximadamente 350 ha sin ningún tipo de autorización.

4. Acciones indígenas y campesinas para el acceso a la tierra y el territorio

Las acciones reivindicativas se concentraron más bien en la presentación de demandas para la atención de sus necesidades, así como manifiestos públicos frente a las políticas extractivistas y agrarias desarrolladas por el gobierno de transición y el ejercicio de la jurisdicción indígena en la consolidación de las autonomías indígenas.

Del conjunto de estas acciones es necesario destacar las siguientes: acciones frente al nuevo Plan de Uso de Suelo (PLUS) del departamento del Beni; demanda de abrogación del paquete normativo que ocasionó los incendios de 2019 y audiencias virtuales del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN).

En el ejercicio de su libre determinación y a través de sus instancias de gobierno, las comunidades indígenas de tierras altas y bajas, especialmente la Organización Indígena Chiquitana (OICH), CICOL, Central Indígena de Comunidades de Concepción (CICC), la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) en el Chaco, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en la Amazonía sur, el pueblo Mosetén en la Amazonía norte y el Consejo Yuqui del trópico de Cochabamba, asumieron diferentes medidas para proteger sus formas de vida, tales como el autoaislamiento, la prohibición de las salidas de los territorios para las y los comunarios a no ser que sea para la provisión de alimentos, y la prohibición de que terceros ingresen para realizar actividades extractivas.

También se destacan el control territorial, la coordinación en la gestión del riesgo con las autoridades municipales; las campañas de ayuda humanitaria por parte de los dirigentes para conseguir alimentos, víveres y medicamentos (aspecto que se observó fundamentalmente en la Nación Qhara Qhara de Chuquisaca, el pueblo Yuqui de Cochabamba y Ayoreode de Santa Cruz); la revalorización de la medicina tradicional y el uso de plantas medicinales; la producción familiar y comunitaria de alimentos; la aplicación de la justicia indígena, decisión asumida por la organización de mujeres del pueblo Mosetén (OMIN), del TIPNIS y del Territorio Indígena Multiétnico I (TIM I). Por otra parte, se identificó demandas de atención y acceso a los servicios de salud integral con enfoque intercultural.

Así mismo, Frente a los decretos transgénicos (Decretos Supremos Nº 4232 y Nº 4238) y la política agraria del gobierno de Añez, se debe destacar que más de 300 organizaciones de productores, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, consumidores, instituciones, profesionales y colectivos urbanos que promueven el consumo de alimentos saludables, enviaron el 18 de mayo de 2020 una Carta Abierta y un Pronunciamiento Nacional rechazando el D.S. Nº 4232.

Hasta la fecha, Bolivia cuenta con cinco autonomías indígenas originarias campesinas formalmente constituidas: por la vía de conversión municipal están Charagua Iyambae y Kereimba Iyambae (Santa Cruz), Uru Chipaya y Salinas (Oruro); y por la vía territorial Raqaypampa (Cochabamba). Las autoridades indígenas definieron ejercer su jurisdicción y aprobar sus estatutos sin la participación del TSE.

6. Propuestas desde las organizaciones indígenas

Se destacan las siguientes propuestas: Participación en la gestión ambiental y derecho a la consulta previa y de buena fe. Protección de la diversidad genética y preservación de las semillas nativas. Abrogación de las normas que componen el paquete normativo denominado “Apoyo a la producción de alimentos”.

El 28 de abril de 2020, las organizaciones indígenas y el 26 de marzo, organizaciones civiles), exigieron una mayor coordinación entre niveles de gobierno y las autoridades y organizaciones indígenas, para enfrentar la pandemia.

7. Normas que se promulgaron en 2020

D.S. N° 4245: Amplió la cuarentena condicionada y dinámica hasta el 30 de junio del 2020 y, al igual que el Decreto Nº 4229, permitió la continuidad de las actividades del sector industrial, manufacturero, agropecuario, minero e incluyó al sector maderero y forestal. D.S. N° 4232: Autorizó al Comité Nacional de Bioseguridad el establecimiento de procedimientos abreviados para la evaluación del maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados. D.S. N° 4320 con el cual Estado promueve la mercantilización de la tierra en pequeñas propiedades. Ley Departamental N° 181 de Declaratoria de Pausa Ambiental. Para preservar el patrimonio natural y establecer restricciones administrativas de acuerdo al uso de suelos para la restauración y conservación.

8. Institucionalidad

Inestabilidad de cargos de Ministros de Desarrollo Rural y Tierras. En el INRA se mantuvo el interinato de sus autoridades. Los órganos responsables de proyectar las políticas agrarias de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras son la Comisión Agraria Nacional (CAN) y las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD). La instancia nacional no logra reunirse y cumplir sus atribuciones hace más de diez años; lo mismo pasa en el ámbito departamental, que por intereses sectoriales y cálculos políticos no logran establecerse.