Desinstitucionalización, tierra y emergencia humanitaria en Venezuela

Manuel Gómez Naranjo

Director General de Acción Campesina, miembro de la junta Directiva del Grupo Social CESAP y miembro de la Junta Directiva de la Red Sinergia.

Francisco J. Calvani Abbo

Miembro de Acción Campesina y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB, Caracas.

Ambos autores, responden a la institución Acción Campesina, que impulsa la Agricultura Sostenible en corresponsabilidad con otros actores, privilegiando la participación de los pobladores rurales y de sus organizaciones en función del desarrollo rural del país. Sitio Web:

https://accioncampesina.com/

1. VENEZUELA: CAIDA LIBRE HACIA EL ABISMO DE LA POBREZA

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2019/20) la pobreza total del país ya alcanza al 96,2% de la población, mientras que la pobreza extrema llega al 79,3 % como consecuencia de una caída progresiva del PIB. En 20 años pasamos de producir más de tres millones de barriles diarios de petróleo a menos de 300 mil. Los aspectos que han venido determinando este proceso masivo de empobrecimiento de la población y el sustantivo incremento de la desigualdad social se corresponden con: i) la aplicación de un modelo económico que destruyó el sistema productivo, desencadenado escasez de alimentos y de insumos productivos, hiperinflación y la pulverización del salario; ii) la crisis política que devino en un desmantelamiento de la institucionalidad pública y iii) las sanciones contra el país por parte de los Estados Unidos. En los últimos años debido al empobrecimiento generalizado de la población -incluso de lo que fue una amplia clase media- se empiezan a percibir enormes diferencias sociales, con una mayoría empobrecida que apenas tiene para comer y una minoría que no llega al 5% de la población con altísimos niveles de consumo.

Con respecto al CIVID-19 Venezuela ha tenido un nivel de contagios relativamente bajo en comparación con otros países de AL, debido entre otras cosas, a que el país ya estaba cerrado antes de la pandemia a lo que se agregó la gravísima escasez de combustible que limitó de manera importante la movilización de la población.

El impacto del COVID-19 en la economía está afectando especialmente a los que viven de ingresos diarios como taxistas, peluqueras, empleadas domésticas, campesinos y pequeños productores agrícolas. Unos cuatro millones de trabajadores en el sector informal o por cuenta propia comenzaron a recibir a finales de marzo el bono «quédate en casa», por el equivalente a unos seis dólares al cambio oficial de la fecha.

2. AVANCES EN EL ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

La aparición del COVID-19 ha traído consigo una casi total paralización de la acción pública en temas relacionados con la tierra. En todo caso, se vienen dando reclamos y protestas silenciosas por algunos grupos de productores y campesinos. Se estima que, en el 2020, la caída del producto agrícola y pecuario ha sido de un 30%, con relación al año precedente. Un conjunto de factores se ha venido añadiendo de manera progresiva en el proceso de disminución de la producción agrícola. Entre ellos, se destacan: disminución casi total del crédito agrícola, inflación creciente y persistente, profundización de la escasez de combustible en razón del abandono de la industria petrolera, recrudecimiento de la inseguridad personal y de los bienes en el campo.

Durante la administración gubernamental de Hugo Chávez, el Estado venezolano ha puesto en evidencia y reconocido constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas. A partir de este reconocimiento se han aprobado numerosos instrumentos legales a su favor. Entre ellas, se destacan la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (2001), la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), la Ley de Idiomas Indígenas (2007), la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas (2009) y la Ley del Artesano y Artesana Indígena (2009). En cuanto a los derechos territoriales y la demarcación de tierras, logro consagrado en la Constitución de 1999, se ha avanzado muy poco. El proceso se encuentra prácticamente paralizado.

3. CONFLICTOS EN EL ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

El “Arco Minero del Orinoco (AMO)” abarca una superficie de 111.843,70 km², lo que representa el 12,2% del territorio nacional. En la Amazonía venezolana existían ya ese año 1.899 sitios con actividad minera informal, en muchas de las cuales se incorporan hombres indígenas a partir de relaciones laborales que rozan la esclavitud; mientras que las mujeres indígenas se ven expuestas a la prostitución. En el decreto 2.248 se establece de manera explícita la militarización del territorio del AMO.

La actividad minera en los territorios indígenas está tiendo unos impactos que afectan de manera sustancial la totalidad de vida de las comunidades, provocando: La pérdida de los territorios; Una economía distorsionada, existe un exagerado incremento en los precios de los artículos de consumo; El deslave de las condiciones sociales: la atmósfera social en el AMO es la consecuencia de una institucionalidad caótica que deviene en pobreza, prostitución, trata de mujeres, y una morbilidad diversa que ha significado la reaparición de enfermedades que habían sido erradicadas hace más 50 años, como la malaria y la tuberculosis; La destrucción de los ecosistemas, se han dañado severamente las cuencas por la deforestación y la contaminación con mercurio, cianuro y otros metales pesados.

Por otra parte, la venta de excedentes de cosecha y de artesanías se han visto impedidas por las restricciones de movilización afectando las precarias economías familiares. Muchas familias han tenido que migrar a Brasil y Colombia

4. ACCIONES CAMPESINAS E INDÍGENAS DE ACCESO A LA TIERRA Y EL TERRITORIO

Las luchas políticas, en general, se han despojado de sus ropajes ideológicos para ampararse, por un lado, en decisiones pragmáticas vinculadas a la sobrevivencia de la mayoría de los actores implicados y, por el otro, a motivaciones cínicas y oportunistas de una diversidad de actores que coexisten en el umbral de la legalidad (por ejemplo las fuerzas militares) o, son abiertamente grupos irregulares como guerrilla, paramilitares y delincuencia común, etc.

No existe en Venezuela una estructura orgánica que agrupe a las embrionarias organizaciones locales de indígenas y campesinos, en el imaginario de los políticos (de izquierda y de derecha) predomina la idea de que los campesinos y los indígenas son poblaciones que permanecen en una suerte de edad de la inocencia.

Ha habido persecución y encarcelamiento político de dirigentes indígenas, tal es el caso de Lisa Henrito, Villca Fernández, Geraldine Chacón y Gregory Hinds, Juvencio Gómez. A comienzos de 2021 doce indígenas pemones apresados en diciembre de 2019 por una supuesta sublevación, fueron liberados gracias -entre otras razones- a la defensa realizada por la ONG Foro Penal; desafortunadamente Salvador Franco, murió detenido el 3 de enero de 2021. Sus familiares habían denunciado que padecía de desnutrición severa. Las luchas campesinas e indígenas durante el 2020 estuvieron más debilitadas que nunca, fue un año de luchas fragmentadas que estuvieron muy influidas por la nueva normalidad impuesta por el COVID-19.

5. ARAR EN EL MAR: PROPUESTAS SIN INSTITUCIONALIDAD

Venezuela está sumergida en un caos institucional. Ahora mismo tenemos dos Asambleas Nacionales, un Presidente de la República con una legitimidad muy cuestionada y un autoproclamado Presidente interino que. 

De cualquier modo, si se avanzara hacia una cierta normalización del país habría que pensar en tres grandes ámbitos de propuestas: el rediseño de los marcos regulatorios para que apunten a mayores niveles de equidad en el acceso a la tierra y los territorios; la formulación de políticas públicas y asignación de recursos para compensar la asimetría de poder de los grupos vulnerables (indígenas, campesinas, afrodescendientes y mujeres); la realización de cambios profundos en las instituciones

6. NORMAS

Entre las medidas de mayor repercusión se encuentran las siguientes: el Incremento del encaje legal bancario, estas medidas limitan el otorgamiento de créditos, afectando seriamente el funcionamiento real de toda la economía, incluyendo la actividad agrícola y la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos

7. INSTITUCIONES EN VENEZUELA: LA BÚSQUEDA DE LA UTOPÍA PÉRDIDA

El año 2020 hubo dos cambios relevantes en la institucionalidad pública; el primero, fue la renovación de los diputados de la Asamblea Nacional mediante unas elecciones con poca legitimidad política y cuyos resultados dejan en manos del gobierno ese poder constituido; la segunda, consecuencia de la primera, fue la disolución de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una suerte de esperpento institucional que fue concebida con el único propósito de anular las funciones de la anterior Asamblea Nacional que estaba controlada por la oposición al gobierno.

Ahora bien, estos cambios en las instituciones políticas no han tenido ningún impacto en la estructura administrativa del Estado, especialmente, en aquella asociada a los temas agrarios o indígenas. Se podría decir que, durante el 2020, la institucionalidad pública estuvo paralizada por motivo del COVID-19, pero también como consecuencia de la quiebra económica del Estado. Por otra parte, se ha reimpulsado la idea de Estado Comunal.