Luchas por la tierra y el territorio, en la pandemia en Argentina[1]

Gisela Hadad
giselahadad@hotmail.com

Socióloga, Doctora en Ciencias Sociales. Investiga conflictos territoriales y la identidad del movimiento indígena.
Coordina el Grupo de Trabajo (GT) Pueblos Indígenas, autonomías y derechos
colectivos, y es miembro del GT Estudios Críticos del Desarrollo Rural (CLACSO).

Tomás Palmisano
tomaspalmisano@hotmail.com

Politólogo, Doctor en Ciencias Sociales. Investiga la concentración de la tierra y el capital,
las transformaciones territoriales, acción colectiva y resistencias al
avance del agronegocio, la minería de gran escala y la actividad hidrocarburífera.

Juan Wahren
juanwahren@gmail.com

Sociólogo, Magíster y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Coordina el GT de Estudios Críticos
del Desarrollo Rural, integra el GT de Territorialidades en disputa y re-existencia (CLACSO),
y el GT sobre Movimientos Sociales y Educación Popular (GEMSEP).

Grupo de Estudios Rurales – Grupo de Estudio de los Movimientos Sociales de
América Latina (GER-GEMSAL). Instituto de Investigaciones Gino Germani. Universidad de Buenos Aires

1. Entre la crisis económica y la crisis sanitaria

En diciembre de 2019 se produjo un recambio presidencial que supuso la salida del entonces presidente Mauricio Macri, máximo referente de la Alianza Cambiemos, y su reemplazo por Alberto Fernández de la coalición Frente de Todos de composición principalmente peronista. A pesar de las diversas políticas anticíclicas y algunos gestos positivos hacia las organizaciones campesinas, indígenas y de la agricultura familiar, el nuevo gobierno nacional ha mostrado un importante apoyo al modelo extractivo.

 La pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2 que provoca la enfermedad por COVID-19 significó un nuevo golpe a la economía argentina profundamente resentida. El 19 de marzo se anunció el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (ASPO), el cuál exceptuó una serie de actividades esenciales entre las que se incluyeron aquellas vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.

En la última medición disponible correspondiente al tercer trimestre (INDEC, diciembre de 2020b), el Producto Interno Bruto (PIB) mostraba una caída de 10,2 %, respecto al mismo trimestre del año anterior, la relación deuda pública/PIB era de 100,7 %, 10,5% más que a finales de 2019 (Secretaría de Finanzas, 2020).

2. Avances en el acceso a la tierra y el territorio

Según información proporcionada por responsables del Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural (PRONTAR) desde el año 2018, este fue desfinanciado y la pandemia dificultó notablemente retomar los trabajos. Además de la titulación mediante convenios de 37.095,23 ha el PRONTAR destinó fondos a obras hidráulicas, alambrados y la provisión de frutales y aves de corral para las familias campesinas. Por su parte, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) finalizó cerca de 50 relevamientos territoriales.

En el plano del derecho internacional se produjo un auspicioso fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la Asociación Lhaka Honhat, que nuclea alrededor de 132 comunidades, conformadas por unos 10.000 miembros de los pueblos wichí, iyjwaja, komlek, niwackle y tapy’y.

3. Conflictos en el acceso a la tierra y el territorio

Los acontecimientos más destacados por provincia son:

Buenos Aires: La principal problemática radica en torno a las fumigaciones con agrotóxicos. En algunos municipios los propios vecinos realizan una “epidemiología popular” que constata la multiplicación de casos de malformaciones, cáncer, infertilidad y otras enfermedades. Otra problemática emergente en la provincia fue la quema de pastizales en zonas de humedales, detrás de las cuales se encuentran intereses inmobiliarios y del agronegocio.

Catamarca: Las comunidades indígenas diaguitas se ven fuertemente afectadas por el uso intensivo del agua que requiere la actividad de la empresa minera FMC, que explota la laguna extrayendo litio. La organización Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA) advirtió sobre este hecho pues teme que se repita la historia del río Trapiche, que se secó por la sobreexplotación.

Chaco: Esta provincia ha continuado sufriendo el avance de los desmontes, aún durante el ASPO. La presión extractivista sobre el territorio trae aparejado el aumento de la persecución y represión a sus pobladores. En respuesta, algunas comunidades se organizaron en milicias de defensa del territorio, como es el caso de la Guardia Comunitaria Whasek Wichí.

Chubut: Las autoridades impulsan un proyecto de zonificación que prevé “sacrificar” áreas de la meseta central de Chubut y habilitar emprendimientos mineros. En noviembre la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UAC-CH) denunció el allanamiento de viviendas de asambleístas de Rawson.

Entre Ríos: Autoridades uruguayas aprobaron una legislación que multiplicaba entre 3 y 200 veces, respecto de los valores anteriores, la concentración permitida de sustancias tóxicas en los vertidos fluviales (fósforo, cromo, mercurio, plomo, etc.), sumado a eso, la provincia sigue afectada por las fumigaciones con agrotóxicos, especialmente sobre poblados y escuelas.

Formosa: Durante 2020, se denunció el desmonte de unas 8.000 ha del predio en territorio formoseño, esta situación se vincula con la creciente criminalización y represión de los pueblos indígenas que habitan en Formosa.

La Pampa: La problemática del agua es uno de los principales conflictos, y en este caso, se visualiza en una fuerte oposición a la construcción de la represa Portezuelo del Viento.

La Rioja: En Nonogasta, departamento de Chilecito, funciona desde décadas la curtiembre Curtume CBR, que acumula decenas de denuncias por contaminación de aguas y suelos, vertido de sustancias tóxicas, aumento de enfermedades graves (genéticas, respiratorias, cancerígenas), etc.

Mendoza: Es notable la lucha del pueblo mendocino en contra de la modificación de la ley provincial 7722, que protege el agua y prohíbe el uso de sustancias tóxicas (cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, etc.). Por otra parte, el gobierno provincial decidió cerrar la Escuela Campesina Agroecológica, gestionada por la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra-Somos Tierra Vía Campesina (UST).

Misiones: Fue escenario de múltiples resistencias, así como de hechos de violencia hacia las comunidades mbya guaraní, que se enfrentan permanentemente al desmonte y el desalojo.

Neuquén: Entre los conflictos más destacados, está el que sostiene cerca de Añelo, la comunidad (lof) Campo Maripe con el Estado provincial y las empresas petroleras que ocupan su territorio. Varias comunidades, entre ellas Paichil Antriao y Quintriqueo, siguen sin poder concluir la demarcación y titulación territorial, y son sometidos a constantes amenazas de desalojo.

Río Negro: En 2017, las fuerzas policiales fueron responsables de la muerte del joven comunero Rafael Nahuel, A la fecha continúa el hostigamiento. Por su parte, el lof Buenuleo, ubicado en el Cerro Ventana de Bariloche, objeto de múltiples agresiones e intentos de desalojo, recibió el 14 de mayo un dictamen favorable de la CIDH a la medida cautelar solicitada en favor de los miembros de la comunidad.

En otro orden de conflictos, en diciembre de 2019, el gobierno aprobó la utilización de un pozo de agua de 2,5 millones de litros para la minera Aquiline Argentina. Por su parte, la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobacci demanda que se cancelen los permisos de extracción de agua subterránea.

Salta: En los primeros meses del año se registraron al menos 25 muertes de niños y niñas wichís por desnutrición y deshidratación, mientras que el avance de la frontera agrícola destruyó las principales fuentes de vida de las poblaciones originarias.

Santa Fe: A fines de 2019,  entra en default del grupo agroexportador Vicentín. Desde noviembre de 2019, se encuentra en la Cámara de Senadores (con media sanción de Diputados) un proyecto que establece una zona de resguardo de 1.000 metros libres de tóxicos alrededor de pueblos y ciudades, pero el mismo no fue tratado a lo largo de 2020.

4. Acciones campesinas e indígenas de acceso a la tierra y el territorio

Antes del ASPO, se realizó un encuentro masivo en Rio Negro por el Agua y el Territorio de Kurulefu. Así mismo se organizaron asambleas masivas. Durante la pandemia se crearon nuevas redes de distribución y comercialización justa y solidaria que rebasaron la capacidad de producción de muchos de los movimientos campesinos e indígenas que producen alimentos frescos y procesados desde sus territorios. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) junto a los tradicionales verdurazos en algunos puntos del país –con un particular respeto a las mediadas de cuidado colectivo- en octubre, instaló una “chacra agroecológica” simbólica en la Plaza de Mayo. Después de la cuarentena, los días 11 de octubre y 12 de diciembre se realizó una constelación de Acciones Plurinacionales por la Vida y los Territorios de Abya Yala, que tenía como centro la denuncia de la continuidad del extractivismo y visibilización de las demandas y alternativas que se construyen desde los movimientos sociales.

Diferentes organizaciones rurales e investigadores y científicos expresaron su preocupación por la aprobación del trigo transgénico y por el acuerdo de granjas porcinas con China. Respecto a la pandemia pudimos relevar una serie de declaraciones y manifiestos de diversas organizaciones indígenas, campesinas y socio-ambientales. Dichas declaraciones tenían como eje el replanteamiento del modelo agroalimentario nacional, además de poner en cuestión la ilusión del crecimiento económico basado en el despojo y la expropiación de territorios y vidas.

5. Propuestas

Con respecto a proyectos de ley se ha propuesto El proyecto de Ley de Control Ambiental de Fumigaciones; El Proyecto de Ley de Acceso a la Tierra y La propuesta de Ley de Humedales. Desde el campo de la permacultura, la Asociación Gaia, propone modificar la forma de entender el mundo y las relaciones vitales, promoviendo el conocimiento de los principios y los valores éticos de la permacultura.

6. Normas

Durante el año 2020, se promulgaron diversas normas a nivel municipal y provincial en relación con el uso de los recursos naturales, regulando la megaminería, la técnica de la fractura hidraúlica para la extracción de hidrocarburos y la distancia de las fumigaciones con agrotóxicos en las zonas rurales y rururbanas.

En agosto se creó el Programa de Promoción del Trabajo, Arraigo y Abastecimiento Local (PROTAAL), dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura.

Con respecto a la problemática medioambiental, en septiembre se anunciaron varias medidas: la creación del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto, el envío al Congreso del proyecto de Ley de Educación Ambiental, la implementación del Plan Casa Común y el traspaso del Programa Nacional de Prevención de Incendios y Manejo del Fuego al ministerio de Ambiente

[1] Resumen del capítulo de Argentina, del Informe 2020 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, disponible en: https://ipdrs.org/index.php/publicaciones/libros/impreso/146