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El estado de excepción dispuesto en varios departamentos es una medida legal, pero crea incertidumbre, según dijeron varios ganaderos durante la asamblea de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), ayer en Mariano Roque Alonso.

El representante del gremio en Concepción, Luis M. Saldívar, quien sostuvo que los productores de la zona están con la incertidumbre de cómo se va a aplicar la medida, consideró que el respaldo legal debe constituir la reacción de la República ante la presencia de efectivos del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Fue tajante al indicar que es una situación en que no se debe fracasar.

Raúl Rivarola, de la regional Alto Chaco (que incluye la zona de Agua Dulce, en donde se montó un operativo de rastrillaje a dirigentes del EPP), consideró que los ganaderos deben apoyar al Gobierno y de ser posible poner a disposición de las fuerzas públicas toda la cooperación disponible. Aunque también pidió que el Gobierno cumpla con su rol. "Hace años perseguimos a funcionarios de varias instituciones a que cumplan con su trabajo y no dejar una zona con ausencia de Estado", refirió.

Luis Villasanti, de Concepción, igualmente sostuvo que se trata de un grupo de guerrilleros y que la actitud gremial debe incluir el apoyo a los propios dirigentes de la ARP y de los socios más afectados.

Silfrido Baumgarten, de San Pedro, dijo que existe incredulidad en que haya buenos resultados, por lo que algunos están escépticos al respecto.

Carlos Pereira consideró que cada sector debe contribuir con su función al recordar que el Gobierno es el que debe garantizar la seguridad y no los productores.

El tema seguirá debatiéndose en reuniones de la comisión directiva, se informó tras la finalización de la asamblea.

Ganaderos piden que las Fuerzas Armadas ingresen a los montes para capturar a los integrantes del EPP.

Los miembros de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) exigieron soluciones y resultados concretos al presidente de la República, Fernando Lugo, quien promulgó la ley de estado de excepción en cinco departamentos del país, donde se tiene elementos concretos de la acción de los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Los ganaderos manifestaron la incertidumbre y el estado de zozobra en la que viven y la que conlleva hasta con la renuncia de capataces y peones, durante la asamblea anual de la ARP que se realizó ayer en Mariano Roque Alonso.

Pese al escepticismo que sienten, solicitaron que los militares no solo vayan a realizar controles aleatorios a los pobladores sino que ingresen a las zonas boscosas a fin de detener al mencionado grupo delictivo.

"Se le alertó al ministro del Interior (Rafael Filizzola) de lo que sucedía en la zona, dijimos que su operativo en el Norte era un fracaso, que solo recorrían y registraban a la agente en la ruta. Nunca entraban en el monte. Ahora pedimos que el Ejército actúe, entre en los montes, no puede ser que el último grupo que haya entrado en un monte fue en la Guerra del Chaco y ahora solo sirve para los desfiles. Exigimos que las FFAA entre y haga su tarea, requirió de manera contundente Germán Ruiz, vicepresidente 1º de la ARP

En tanto que Mario Saldívar, ganadero de Concepción, dijo: "La inseguridad va cobrando ribetes dramáticos, no podemos permitir un fracaso ni en 2 ni en 15 ni en 30 días. Cuántas vidas y cuántas inversiones más se verán afectadas".

"Llegamos a usar la máxima instancia de renunciar a nuestros derechos individuales que se ha establecido en caso excepcional y si el Gobierno considera que es así hay que dar oportunidad y hacer un acompañamiento firme y cercano durante los 30 días para que no haya abusos", manifestó por su parte Justino Ramírez de Amambay.

Fracasos

Fueron varios los cuestionamientos y las críticas a la pobre gestión en materia de seguridad, ya que hasta ahora la policía no logró capturar al primer anillo del EPP, fue el contenido de los discursos de los ganaderos.

"No es posible que el país ocurran secuestros y muertes, ni hemos tenido triunfo sobre ellos, a una persona como Severiano Martínez no lo pueden agarrar, a los otros tampoco. Quizás tengamos crecimiento en el sector, pero tenemos guerrilleros que matan a nuestros empleados", en medio de aplausos de los demás presentes expresó el Dr. Luis Villasanti, de Concepción.

El 26 de abril de 2010 el Banco Mundial inaugura una importante conferencia de dos días en su sede de Washington DC. Sentados a la mesa estarán gobiernos, agencias de donantes, investigadores, directores ejecutivos de empresas y representantes de organizaciones no gubernamentales. ¿El punto principal de discusión? Qué hacer para conducir las enormes sumas de dinero que llegan a las mesas de negociación donde se promueven nuevas operaciones de agronegocios en vastas áreas de tierras de cultivo en los países en desarrollo, especialmente en África. A estas adquisiciones de tierra de cultivo el Banco Mundial le dice "inversiones agrícolas". Los movimientos sociales les llaman "acaparamiento de tierras".

En la reunión, el Banco Mundial hará público un estudio muy esperado sobre esta nueva tendencia de acaparamiento de tierras. Aparte de evaluar cuántas hectáreas se están comprando y vendiendo y dónde, por qué y a través de quiénes, el Banco Mundial presentará sus propuestas de solución a preocupaciones que han elevado los inversionistas extranjeros -de George Soros al fondo soberano de capital de Libia o el gigante de telecomunicaciones ZTE, de China- en torno a los posibles riesgos implícitos al asumir el control de tierras extranjeras para producir alimentos para exportación: una serie de "principios" que deben seguir todos los jugadores. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), han accedido a respaldar al Banco Mundial en la promoción de estos "principios".

La Vía Campesina, FIAN, Land Research Action Network y GRAIN produjimos una declaración conjunta donde a grandes rasgos mostramos que la iniciativa del Banco Mundial servirá únicamente para facilitar el acaparamiento de tierras y las razones para detener esta iniciativa. Docenas de otras organizaciones y movimientos sociales se han comprometido formalmente como co-responsables de la declaración. Hoy mismo y en los próximos días, muchos grupos hablarán contra esta tendencia actual de acaparamiento de tierras y explicarán por qué la solución real a la alimentación del mundo se basa en el respaldo al cultivo familiar-comunitario enfocado a mercados locales y regionales -y no en la agricultura industrial para las agroempresas globales.

El Senado fue convocado para este sábado, a las 10:30, para el tratamiento del proyecto que declara el estado de excepción en cinco departamentos. Los legisladores deben considerar las modificaciones, que los diputados introdujeron este viernes a la iniciativa.

Ñandutí AM confirmó que el senador Miguel Carrizosa, presidente del Congreso, convocará a una reunión extraordinaria a sus colegas.

Los senadores aprobaron el jueves un proyecto presentado por Marcelo Duarte. Rechazaron la iniciativa del Ejecutivo. Los diputados modificaron algunos artículos, principalmente para evitar que miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) puedan acogerse a disposiciones constitucionales que permiten abandonar el país a personas que sean detenidas como consecuencia del estado de excepción.

Los diputados modificaron, principalmente de forma, varios artículos del proyecto del Senado. Si esta cámara se ratifica en su sanción original, el proyecto debe regresar a Diputados.

"Todas las bancadas del Senado tienen la intención de resolver esto lo antes posible", aseguró el senador colorado Martín Chiola consultado por la emisora sobre el tema.

El parlamentario opositor dijo que el Ejecutivo complicó el tratamiento de este asunto, ya que envió un proyecto de ley para crear el estado de excepción. Sostuvo que en este caso, el pedido tiene que seguir todos los pasos de una ley.

Agregó que si se hubiera emitido un decreto, el Congreso hubiera tenido apenas 48 horas para expedirse. En el caso de un proceso normal, el Legislativo tiene 30 días para el tratamiento.

Asesores del Ejecutivo argumentaron este viernes que se resolvió elaborar un proyecto de ley para dar participación a los parlamentarios en este asunto, considerado de gran importancia.

En la práctica, con la aprobación de esta ley, el Congreso otorga un plazo de 30 días al Ejecutivo para obtener resultados concretos en su campaña contra el EPP.

"Esperamos resultados. No podemos permitir que siga muriendo gente inocente", agregó.

El estado de excepción regirá en cinco departamentos: Concepción, San Pedro, Alto Paraguay, Amambay y Presidente Hayes.

 

A la par de intervenir con la fuerza pública cinco departamentos en el intento de atrapar a los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), es necesario que el Gobierno y la sociedad civil adopten medidas que tengan por objetivo sacar a sus habitantes de la pobreza a la que la injusticia los ha condenado. La miseria es el caldo de cultivo de los extremistas que buscan una salida desesperada por el camino de la violencia.

 

Los muchos años de abandono y las falsas promesas a los campesinos son los que han creado el clima propicio para que el EPP encontrara adeptos, para gestar la lucha armada y convencer a unos cuantos de que solo por esa vía es posible buscar el cambio para que haya una mayor justicia social en la distribución de la riqueza.

El proceso que desemboca en la actual situación montó ya una compleja estructura, que incluye el apoyo de los que no han ingresado a la clandestinidad de los montes, pero cooperan en la logística para la supervivencia de los que sí lo han hecho. Los que están fuera de algún tipo de acción directa en el área de influencia del EPP están también involucrados de manera pasiva porque el temor les impide adoptar una posición contraria a la de los armados.

En ese terreno cada vez más complejo es que se insertan las fuerzas del orden a las que la declaración de estado de excepción otorga facultades extraordinarias. La urgente misión que llevan y la ansiedad por alcanzar resultados que atenúen las críticas a la incapacidad del Gobierno, sin embargo, no deben hacer perder de vista que esa medida transitoria es apenas un componente de un trabajo que debe ser mucho más abarcante y profundo.

El ataque de los efectos no tiene que hacer perder de vista la lucha contra las causas que han configurado el movimiento de delincuentes que secuestran, extorsionan, asesinan y crean una atmósfera de zozobra en las regiones donde operan.

Es necesario, por lo tanto, que a la par de la tarea represiva se implementen también programas sociales que marquen de manera eficaz la presencia real del Estado en los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Alto Paraguay y Presidente Hayes, además de otros, inclusive.

Lo que va a desmontar los espíritus rebelados contra la injusticia histórica no será la aniquilación física del EPP, sino el logro de aquellas reivindicaciones largamente postergadas. Con mejores niveles de salud, educación, vivienda, precios de los productos agrícolas y posesión efectiva de la tierra, los agricultores pobres y empobrecidos abandonarán la idea de lanzarse a proyectos que solo ahondarán su mala calidad de vida.

Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la sociedad civil - ganaderos, maestros, la Iglesia, ONGs, trabajadores de la cultura, profesionales diversos y otros sectores organizados- deben diseñar un plan global que tenga por objetivo sacar a la gente de su pobreza, darles motivos para soñar con esperanzas su futuro y ser personas dignas con acceso a las conquistas de la sociedad globalizada. Esto es lo que les sacará de la cabeza las ganas de involucrarse en la aventura sin futuro de la ilegalidad.