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El próximo 24 de julio, la Isla del Cerrito será sede de la Cumbre Social del Mercosur, la que reunirá a más de mil personas de los países que lo conforman.

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS - CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

 

Organizaciones indígenas y campesinas rechazan proyecto de ley que pretende elevar a 40 mil hectáreas el límite de la propiedad agraria.

 

El Congreso de la República del Perú postergó hasta la próxima legislatura el debate de los proyectos de ley que proponen elevar los límites de la propiedad agraria. De los tres proyectos presentados, el más peligroso es aquel que plantea un límite de 40 mil hectáreas, entregado por el APRA, partido del gobierno, y que ha generado el rechazo unánime de las organizaciones indígenas, las mismas que advierten no solo de la intención de volver al latifundio sino que la iniciativa legislativa tiene nombres propios: las grandes empresas dedicadas a los cultivos de exportación y los agrocombustibles, lo que implica un atentado contra la soberanía y la seguridad alimentarias.

En diálogo con la CAOI, Mario Palacios Panez, Presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), señaló que el proyecto de ley busca legalizar la enorme concentración de tierras que se está dando sobre todo en la costa norte del Perú, donde las grandes empresas se han apropiado de las antiguas cooperativas azucareras que poseen tierras altamente productivas.

Estas cooperativas azucareras se formaron a raíz de la Reforma Agraria de 1969, decretada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que expropió las grandes haciendas pertenecientes a los llamados "barones del azúcar". Los gobiernos que siguieron al de Velasco fueron desmantelando progresivamente esta Reforma.

"Si este proyecto es aprobado, los grandes proyectos de irrigación ejecutados por el Estado en la costa servirían únicamente para las empresas dedicadas a la agroexportación, no para los campesinos que producen para el mercado interno", señaló Palacios, quien agregó que el proyecto de ley está dirigido a favorecer a esas grandes empresas y a las dedicadas a los agrocombustibles.

Propuesta insultante

Por su parte, Roberto López Cruz, Secretario General de la Confederación Campesina del Perú (CCP) calificó de "insultante" la propuesta de fijar el límite de propiedad agraria en 40 mil hectáreas. Recordó que su organización desde los años sesenta ha luchado contra la concentración de propiedad en pocas manos y el latifundio.

"Nuestra propuesta es establecer límites de propiedad de acuerdo a las cuencas. Recordemos que los pequeños y medianos propietarios somos los que producimos para el consumo interno, garantizando la soberanía y la seguridad alimentarias a costa de subsidiar a las ciudades, porque los precios de nuestros productos, como la papa, el maíz y el arroz, son tan bajos que trabajamos a pérdida", indicó López.

Subrayó que diversos estudios han demostrado que la pequeña agricultura es más barata, más ecológica y genera más fuentes de empleo, porque no está mecanizada como en las grandes concentraciones de tierra existentes en la costa. La propuesta de la CCP es limitar la propiedad a 250 hectáreas. La Reforma Agraria de Velasco fijó el límite en 150.

Un riesgo adicional, añadió López, es la escasez de agua, sobre todo en la costa. Si el cuestionado proyecto prospera, el agua sería acaparada por las grandes empresas agroexportadoras.

"Esta iniciativa legislativa no es fortuita, busca favorecer a esas grandes empresas. Tenemos conocimiento que personajes del gobierno tienen acciones en ellas, a través de testaferros, en la industria azucarera de Piura, Lambayeque y La Libertad (regiones de la costa norte). Por eso su gran interés en quitar los límites a la propiedad", dijo a la CAOI.

No al latifundio

La Confederación Nacional Agraria (CNA), presidida por Antolín Huáscar Flores, también se pronunció sobre este tema, señalando que los tres proyectos de ley presentados "desconocen las características geográficas y culturales" del Perú y "vulneran los derechos y reconocimientos de las comunidades campesinas, nativas y productores agrarios".

Los proyectos presentados son tres: el 3194 que plantea 40 mil hectáreas, el 4075 que propone 25 mil y el 4062 cuya cifra es 10 mil. Los tres, dijo la CNA, se amparan "en el vacío de la Constitución Política del Perú, que no establece claramente los límites de la propiedad de tierras".

La CNA pidió tener presente "que los pequeños agricultores somos proveedores de la canasta alimentaria nacional, mientras que la agricultura a gran escala se aboca a la agroexportación, con productos como la canola, la caña de azúcar y el maíz, orientándose a la producción de agrocombustibles y amenazando la seguridad alimentaria nacional".

En su pronunciamiento difundido esta semana, la CNA propone la conformación de mesas de trabajo descentralizadas a fin de recoger opiniones de las organizaciones agrarias y otros sectores relacionados con la propiedad de tierras, con la finalidad de elaborar un proyecto de ley acorde a la realidad social y geográfica del Perú.

La concentración de tierras

El proyecto de ley en cuestión se ajusta perfectamente a la filosofía del "perro del hortelano" difundida en tres artículos publicados el año 2007  por el Presidente Alan García en el diario El Comercio y en los que agravia a las comunidades andinas y amazónicas, amenazando con despojarlas de sus tierras para entregarlas a megaproyectos productivos, es decir, a esas grandes empresas agroexportadoras y de agrocombustibles.

Como señalaron a CAOI los dirigentes de las organizaciones indígenas y campesinas, la concentración de tierras en el Perú ya es una realidad alarmante, principalmente en la costa. El Grupo Gloria, de los Rodríguez Banda, ha comprado desde el año 2006 las azucareras Casa Grande, Chiquitoy, Cartavio, Sintuco y San Jacinto, sumando 60 mil hectáreas en el valle de Chicama, región La Libertad, según reveló un informe publicado por la revista Caretas esta semana.

El informe agrega que un total de 225 mil hectáreas se concentran en solo 34 empresas agroindustriales. En La Libertad hay 100 mil hectáreas en manos de 13 propietarios; en Lambayeque 28 mil hectáreas y 2 propietarios; en Piura 31,800 hectáreas y 7 propietarios; y en Ica (región de la costa sur), 13 mil hectáreas y 8 propietarios.

Las organizaciones campesinas e indígenas preparan medidas para enfrentar este nuevo atentado contra sus derechos territoriales y evitar que se legalice la alta concentración de tierras y el latifundio. 

La Unión Europea espera que el contexto de crisis económica mundial y la expansión registrada por los países del Mercosur en los últimos años faciliten la concreción de un acuerdo comercial entre ambas partes. Aun así considera que la escasa integración dentro del bloque sudamericano complica un avance ágil de las negociaciones.

En un almuerzo organizado por la Fundación Carolina en Bruselas, el director para América Latina de la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Gustavo Martín Prada, afirmó que ninguno de los dos bloques está dispuesto a que las negociaciones vuelvan a fracasar como en 2004.

"Antes de relanzar las negociaciones, tuvimos un año entero de discusiones preliminares porque todos somos conscientes de que no nos podemos permitir un segundo fracaso. Tomaremos una serie de recaudos si no estamos seguros. Soy más optimista de lo que era en 2004", aseguró el jerarca.

Las declaraciones se dan con el telón de fondo del encendido debate parlamentario que se dio en la Unión Europea sobre los potenciales beneficios de un acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur, cuyas tratativas fueron criticadas por eurodiputados que ven en ellas un riesgo para los agricultores del bloque.

"Corremos el riesgo de abrir la caja de Pandora (con un acuerdo con Mercosur). Muchos sectores agrícolas estarían en peligro ¿Qué necesidad había de relanzar las negociaciones?", dijo el conservador británico James Nicholson.

La semana pasada el presidente de Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva se comprometió a avanzar en un acuerdo durante su presidencia pro témpore del Mercosur que se inicia el próximo mes. Pero hay dudas del éxito de que los pasos sean grandes. El director para América Latina de la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Prada, sostuvo que la propia falta de integración dentro del Mercosur ha "complicado" las negociaciones.

"Es mucho más fácil negociar con una región que está más integrada que con otra que en muchos sectores no ha avanzado en la integración. Hay una asimetría con la Unión Europea, que sí está integrada, y eso complica la negociación", sostuvo Prada. Agregó que "hace muchos años existe un gran malentendido porque ambos bloques suelen considerar que la otra parte no le presta suficiente atención. Es curioso porque es un sentimiento recíproco".

Por otra parte, el ejecutivo descartó un mayor proteccionismo. "Todos aprendimos de los años 30 que la mejor manera de empeorar una crisis económica es separarse. Por lo tanto, para nosotros las negociaciones con el Mercosur son una manera de asegurarnos de no cometer los mismos errores del pasado", dijo. "Evidentemente se podría pensar que la crisis ha empeorado las cosas, pero yo pienso que no. La crisis nos dará a ambas partes una cierta urgencia para avanzar en un acuerdo que no teníamos en 2004", dijo el jerarca.

También resaltó que la situación económica de los países del Mercosur "es mucho mejor que en 2004" y que ha cambiado el panorama agrícola, porque en los últimos años, en especial en Argentina, hubo un desarrollo de otro tipo de productos que ya no se dirigen como antes sobre todo a la UE sino a Asia, como la soja. "Entonces, lo que en 2004 era prioridad absoluta en términos de Mercosur en el caso de los cereales y la carne, ya no lo es". Agregó que el capítulo agrícola "que es el más espinoso de esta negociación, hoy llega bastante más llevadero y manejable".

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG), con el apoyo del SENASA Perú, la Secretaria Técnica de PANAFTOSA y la FAO, organizan la reunión tripartita en sanidad animal, con el propósito de dar a conocer la estrategia y plan operativo de Bolivia para alcanzar la certificación y reconocimiento del Altiplano y Valles como territorios libres de fiebre aftosa con vacunación.

Según los organizadores, la estrategia que se presentará en dicho encuentro, nace a partir de dos proyectos enfocados al control progresivo de la fiebre aftosa que fueron iniciados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), para cinco países de la Región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

Ambos proyectos, dieron origen a un proyecto regional integrado único, con cinco ejes temáticos para contribuir al control y erradicación progresiva de la fiebre aftosa en países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Venezuela, reduciendo la vulnerabilidad ante la inseguridad alimentaria de pequeños productores ganaderos.

En febrero de 2010, los países beneficiados, en una reunión del Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria (COTASA) realizado en Lima, Perú, definieron prioridades y necesidades, de acuerdo al Plan Subregional Andino de Erradicación de Fiebre Aftosa 2010-2015; las mismas que se plasmaron en las áreas fronterizas prioritarias.

En esta reunión se consideró necesario que el SENASAG, coordine las acciones en las zonas de frontera con Perú y Chile, para contar con un sólido respaldo político, además de complementar y armonizar los esfuerzos de prevención y de vigilancia que los servicios veterinarios de estos países realizan en dichas zonas geográficas, dando así, pasos significativos en la Erradicación de Fiebre Aftosa del subcontinente y en la consecución del Plan Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa.

 

El Congreso de la República, a través de la Comisión Agraria, ha puesto en agenda el debate de un proyecto de ley que propone límites a la extensión de la propiedad agraria en la costa; de manera paralela, se ha sometido a discusión otras dos propuestas con el mismo objetivo.

Los alcances de estas propuestas han provocado un amplio debate mediático que enfrenta al poder de la gran empresa del país con los pequeños y medianos productores agrarios y comunidades campesinas y nativas.

Frente a esta situación CONVEAGRO, Foro agrario democrático y concertador, que ha escuchado a los autores de los proyectos, se pronuncia:

LEGALIDAD

 1)        La Constitución Política del Estado en el capítulo del Régimen Agrario, dice: a) "La Ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra, según la peculiaridad de cada zona", y en el título del Régimen Económico, afirma: "El Estado promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades".

 2)        La agricultura tradicional del Perú se sustenta en la pequeña y mediana propiedad, que sin apoyo significativo del Estado y ausente de las políticas nacionales, se desarrolla garantizando la seguridad alimentaria de todos los peruanos.

3)        Las organizaciones representativas del gran empresariado nacional, al amparo de una errada concepción de la ‘Economía Social de Mercado', sostienen que en el asunto de la propiedad agraria "el cielo es el límite", desconociendo que en nuestro país las tierras de cultivo son escasas y que la concentración de la propiedad significa la exclusión de la pequeña y mediana agricultura. Por ello, se ve obligada con frecuencia a ampliar la frontera agrícola en áreas no aptas para la agricultura, a costa de la erosión de las tierras en pendientes y la deforestación de nuestra amazonía.

4)        El Perú que es un país diverso, geográfica, social y culturalmente desarrolla una actividad agropecuaria distinta y particular en cada parte de su territorio, lo que permite a su pequeña y mediana agricultura, lograr una producción diversificada en base a su inmensa y rica variedad natural y sin atentar contra el medio ambiente, respetando sus recursos y costumbres.

CIFRAS ARBITRARIAS

5)        Las propuestas legislativas plantean límites de 40 mil, 25 mil y 10 mil hectáreas de cultivo bajo riego, sin ningún sustento técnico, y menos social. Estas propuestas suponen que sólo la gran propiedad tiene capacidad de desarrollo. No consideran las particularidades de nuestra geografía, las características de los suelos, pastos y bosques, ni los procesos de salinización de los suelos, de deforestación y desertificación. Tampoco consideran que hay un potencial de inversiones medianas y pequeñas que podrían aumentar grandemente los rendimientos, tanto para el mercado interno como para la exportación, si es que se dan las políticas apropiadas.

 6)        Está probado que la exagerada concentración de tierras en nuestras áreas de cultivos tradicionales conlleva al monopolio y la concertación de precios que atentan contra el libre mercado y provocan el abuso de los altos precios para el consumidor nacional, sin que las dependencias creadas para el control y fiscalización hagan nada como el INDECOPI, que en estos casos están pintados en la pared o al servicio de los grupos de poder económico.

7)        En esta época de globalización y de grandes inversiones, las grandes empresas que ahora exageran sus temores sin motivo real, deberían optar por incorporar a la actividad productiva, con sus propias inversiones, áreas eriazas que el Perú posee, y aplicar en ellas la alta tecnología. Pero el acceso a aquellas áreas habilitadas con recursos del Estado, como son los grandes proyectos de irrigación, debería obedecer a criterios de fortalecimiento de la seguridad alimentaria del país, ampliación y consolidación de una eficiente y próspera agricultura mediana y familiar y al logro de un desarrollo rural con equidad. Estos deben ser los criterios para la distribución de las tierras en proyectos de irrigación como Olmos y Majes, donde se ha invertido millones y millones de soles de todos los peruanos.

POSTERGAR EL DEBATE

CONVEAGRO, en defensa de la producción nacional y en respeto a la democratización de la propiedad agraria, mantiene su inquebrantable papel concertador para lograr que en este y otros temas de interés nacional, el Perú se mantenga como un país unido para lograr un desarrollo inclusivo. Por ello pide al presidente del Congreso de la República, postergar el debate de esta importante iniciativa para la próxima legislatura, en tanto los gremios y organizaciones agrarias y los entes empresariales representativos sean consultados y se logre afinar una propuesta de consenso. CONVEAGRO se pone a disposición para tan elevados fines.

 

Lima, 14 de julio 2010.

 

 

CONSEJO DIRECTIVO

Federico León y León, Presidente

Jorge Prado Sumari, Secretario

Juan Rheineck Piccardo, Director

Lucila Quintana Acuña, Director

Reynaldo Trinidad Ardiles, Director

Alfredo Rabines Flores, Director

Ricardo Chuquín Poma, Director