COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS - CAOI
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Organizaciones indígenas y campesinas rechazan proyecto de ley que pretende elevar a 40 mil hectáreas el límite de la propiedad agraria.
El Congreso de la República del Perú postergó hasta la próxima legislatura el debate de los proyectos de ley que proponen elevar los límites de la propiedad agraria. De los tres proyectos presentados, el más peligroso es aquel que plantea un límite de 40 mil hectáreas, entregado por el APRA, partido del gobierno, y que ha generado el rechazo unánime de las organizaciones indígenas, las mismas que advierten no solo de la intención de volver al latifundio sino que la iniciativa legislativa tiene nombres propios: las grandes empresas dedicadas a los cultivos de exportación y los agrocombustibles, lo que implica un atentado contra la soberanía y la seguridad alimentarias.
En diálogo con la CAOI, Mario Palacios Panez, Presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), señaló que el proyecto de ley busca legalizar la enorme concentración de tierras que se está dando sobre todo en la costa norte del Perú, donde las grandes empresas se han apropiado de las antiguas cooperativas azucareras que poseen tierras altamente productivas.
Estas cooperativas azucareras se formaron a raíz de la Reforma Agraria de 1969, decretada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que expropió las grandes haciendas pertenecientes a los llamados "barones del azúcar". Los gobiernos que siguieron al de Velasco fueron desmantelando progresivamente esta Reforma.
"Si este proyecto es aprobado, los grandes proyectos de irrigación ejecutados por el Estado en la costa servirían únicamente para las empresas dedicadas a la agroexportación, no para los campesinos que producen para el mercado interno", señaló Palacios, quien agregó que el proyecto de ley está dirigido a favorecer a esas grandes empresas y a las dedicadas a los agrocombustibles.
Propuesta insultante
Por su parte, Roberto López Cruz, Secretario General de la Confederación Campesina del Perú (CCP) calificó de "insultante" la propuesta de fijar el límite de propiedad agraria en 40 mil hectáreas. Recordó que su organización desde los años sesenta ha luchado contra la concentración de propiedad en pocas manos y el latifundio.
"Nuestra propuesta es establecer límites de propiedad de acuerdo a las cuencas. Recordemos que los pequeños y medianos propietarios somos los que producimos para el consumo interno, garantizando la soberanía y la seguridad alimentarias a costa de subsidiar a las ciudades, porque los precios de nuestros productos, como la papa, el maíz y el arroz, son tan bajos que trabajamos a pérdida", indicó López.
Subrayó que diversos estudios han demostrado que la pequeña agricultura es más barata, más ecológica y genera más fuentes de empleo, porque no está mecanizada como en las grandes concentraciones de tierra existentes en la costa. La propuesta de la CCP es limitar la propiedad a 250 hectáreas. La Reforma Agraria de Velasco fijó el límite en 150.
Un riesgo adicional, añadió López, es la escasez de agua, sobre todo en la costa. Si el cuestionado proyecto prospera, el agua sería acaparada por las grandes empresas agroexportadoras.
"Esta iniciativa legislativa no es fortuita, busca favorecer a esas grandes empresas. Tenemos conocimiento que personajes del gobierno tienen acciones en ellas, a través de testaferros, en la industria azucarera de Piura, Lambayeque y La Libertad (regiones de la costa norte). Por eso su gran interés en quitar los límites a la propiedad", dijo a la CAOI.
No al latifundio
La Confederación Nacional Agraria (CNA), presidida por Antolín Huáscar Flores, también se pronunció sobre este tema, señalando que los tres proyectos de ley presentados "desconocen las características geográficas y culturales" del Perú y "vulneran los derechos y reconocimientos de las comunidades campesinas, nativas y productores agrarios".
Los proyectos presentados son tres: el 3194 que plantea 40 mil hectáreas, el 4075 que propone 25 mil y el 4062 cuya cifra es 10 mil. Los tres, dijo la CNA, se amparan "en el vacío de la Constitución Política del Perú, que no establece claramente los límites de la propiedad de tierras".
La CNA pidió tener presente "que los pequeños agricultores somos proveedores de la canasta alimentaria nacional, mientras que la agricultura a gran escala se aboca a la agroexportación, con productos como la canola, la caña de azúcar y el maíz, orientándose a la producción de agrocombustibles y amenazando la seguridad alimentaria nacional".
En su pronunciamiento difundido esta semana, la CNA propone la conformación de mesas de trabajo descentralizadas a fin de recoger opiniones de las organizaciones agrarias y otros sectores relacionados con la propiedad de tierras, con la finalidad de elaborar un proyecto de ley acorde a la realidad social y geográfica del Perú.
La concentración de tierras
El proyecto de ley en cuestión se ajusta perfectamente a la filosofía del "perro del hortelano" difundida en tres artículos publicados el año 2007 por el Presidente Alan García en el diario El Comercio y en los que agravia a las comunidades andinas y amazónicas, amenazando con despojarlas de sus tierras para entregarlas a megaproyectos productivos, es decir, a esas grandes empresas agroexportadoras y de agrocombustibles.
Como señalaron a CAOI los dirigentes de las organizaciones indígenas y campesinas, la concentración de tierras en el Perú ya es una realidad alarmante, principalmente en la costa. El Grupo Gloria, de los Rodríguez Banda, ha comprado desde el año 2006 las azucareras Casa Grande, Chiquitoy, Cartavio, Sintuco y San Jacinto, sumando 60 mil hectáreas en el valle de Chicama, región La Libertad, según reveló un informe publicado por la revista Caretas esta semana.
El informe agrega que un total de 225 mil hectáreas se concentran en solo 34 empresas agroindustriales. En La Libertad hay 100 mil hectáreas en manos de 13 propietarios; en Lambayeque 28 mil hectáreas y 2 propietarios; en Piura 31,800 hectáreas y 7 propietarios; y en Ica (región de la costa sur), 13 mil hectáreas y 8 propietarios.
Las organizaciones campesinas e indígenas preparan medidas para enfrentar este nuevo atentado contra sus derechos territoriales y evitar que se legalice la alta concentración de tierras y el latifundio.
