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NOTICIAS - ACTUALIDAD
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- Escrito por Pagina Siete
- Categoría: Bolivia
A cuatro años de la promulgación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional no es aplicada ni socializada en su plenitud debido a que se identificó dificultades en la diversidad de mandatos que hay en las comunidades originarias, a la accesibilidad a los municipios y a la falta de presupuesto, aseguró el director general de Justicia Originaria Campesina, dependiente del Viceministerio Indígena Originario, Nelson Cox.
La Ley de Deslinde Jurisdiccional -promulgada el 29 de diciembre de 2010- otorga rango constitucional a la Justicia Indígena Originario Campesina.
Esta norma establece los mecanismos de coordinación y cooperación que debe regir entre la justicia ordinaria, la agroambiental y la indígena.
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- Escrito por La Patria
- Categoría: Bolivia
El informe anual de la Defensoría del Pueblo destaca que el proceso de construcción de escenarios participativos de las naciones y pueblos indígena, originario-campesinos, se ha distorsionado totalmente por la contaminación de intereses políticos al interior de sus comunidades, ayllus, markas y suyus.
Asegura también que el ejercicio de los derechos de los indígenas originarios y campesinos a cinco años de su reconocimiento en el actual texto constitucional, se halla aún invisibilizado en las políticas públicas del nivel central, departamental y municipal.
Observando esta realidad la representación departamental de la Defensoría del Pueblo, realizó acciones concretas con esta población, específicamente en el tema de seguimiento a la práctica de sus formas propias de administración de justicias sujetas a la normativa constitucional y la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional.
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- Escrito por El Nuevo Día
- Categoría: Colombia
Mientras algunas organizaciones no gubernamentales aseguran que la restitución de tierras aún no es contundente, la Unidad de Tierras reitera que realizar el proceso en medio del conflicto tiene sus dificultades. El debate continuará en 2015.
El proceso de restitución de tierras en el país estuvo marcado este año que termina por grandes debates nacionales e internacionales sobre el modelo que viene aplicando el Gobierno para devolver la tierra a miles de campesinos que aseguran que fueron despojados por grupos armados ilegales y sus testaferros.
El blanco de los cuestionamientos fue la Unidad de Restitución de Tierras, organismo creado en 2011 siguiendo los lineamientos de la Ley de Víctimas para orientar, gestionar y representar a esas familias. Desde diversos sectores sociales, tanto nacionales como internacionales, se alega que el proceso no llega a la médula del problema: al despojo. Según datos oficiales, seis millones de personas se desplazaron por la violencia y abandonaron cuatro millones de hectáreas.
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- Escrito por Farmlandgrab
- Categoría: Ecuador
Jorge Herrera, presidente de la Conaie; y Carlos Pérez Guartambel, titular de la Ecuarunari, coincidieron en señalar que la propuesta no responde a las necesidades de los sectores que representan. “Esa ley lo que busca es garantizar los intereses de las empresas transnacionales”, manifestó Herrera.
Los dirigentes añadieron que, tal como sucedió con la Ley de Aguas, la de Tierras tampoco recoge los planteamientos que ellos plantearon en su momento a la Asamblea, como la de establecer mecanismos reales para evitar el acaparamiento de la tierra, o aspectos como la falta de parámetros claros en la definición de latifundios.
“Esta Ley deja intactos los latifundios, persigue los minifundios, persigue a los pequeños propietarios que impide dividir, fraccionar, desmembrar las tierras y se abre el camino para la reconcentración de la tierra para la inversión extranjera, para que ellos compren tierras en grandes cantidades y dediquen a los monocultivos, a los agros tóxicos”, dijo por su parte Pérez Guartambel.
El dirigente añadió que si el Pleno decide convocar a consulta prelegislativa, tal como lo recomienda el informe de la Comisión, su organización evaluará si participa en esta. “La Consulta prelegislativa con la experiencia que tuvimos con la Ley de Aguas es menos que un saludo a la bandera, es una tomadura de pelo a las comunidades”, añadió el dirigente de la Ecuarunari.
El proyecto
Este cuerpo legal establece entre uno de sus artículos el Fondo Nacional de Tierra que intervendrá en la ejecución de las políticas redistributivas para el acceso equitativo a la tierra por parte de organizaciones legalmente reconocidas de la agricultura familiar campesina.
Además se creará el Sistema de Información Pública Agropecuaria que integrará datos como estadísticas, aptitud y uso de la tierra rural, catastro rural, información relativa a la oferta y demanda de la tierra rural, entre otros. (HCR)
Expropiación
Señala las causales de expropiación de las tierras rurales de dominio privado en los siguientes casos: cuando las tierras aptas para la explotación agrícola, forestal, silvícola o acuícola no cumplan la función social y ambiental. Cuando su explotación se realice empleando prácticas que atenten contra la protección de los recursos renovables y el ambiente, cuando a pesar de disponer de las aptitudes apropiadas en infraestructura para la producción agropecuaria se hayan mantenido inexplotadas durante los últimos 18 meses consecutivos a partir de la primera notificación.
Además, define al latifundio como la propiedad rural de gran extensión ineficientemente aprovechada, que sobrepase los máximos de superficie definidos por la Autoridad Agraria Nacional de acuerdo a la zonificación productiva del país, a la infraestructura productiva, tipo de cultivo o actividad productiva, de propiedad de una persona natural o jurídica.
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Jorge Herrera, presidente de la Conaie; y Carlos Pérez Guartambel, titular de la Ecuarunari, coincidieron en señalar que la propuesta no responde a las necesidades de los sectores que representan. “Esa ley lo que busca es garantizar los intereses de las empresas transnacionales”, manifestó Herrera.
Los dirigentes añadieron que, tal como sucedió con la Ley de Aguas, la de Tierras tampoco recoge los planteamientos que ellos plantearon en su momento a la Asamblea, como la de establecer mecanismos reales para evitar el acaparamiento de la tierra, o aspectos como la falta de parámetros claros en la definición de latifundios.
“Esta Ley deja intactos los latifundios, persigue los minifundios, persigue a los pequeños propietarios que impide dividir, fraccionar, desmembrar las tierras y se abre el camino para la reconcentración de la tierra para la inversión extranjera, para que ellos compren tierras en grandes cantidades y dediquen a los monocultivos, a los agros tóxicos”, dijo por su parte Pérez Guartambel.
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- Escrito por La República
- Categoría: Perú
Con apoyo y decisión, esta comunidad nativa quechuahablante de la selva de San Martín ya no tala árboles para ampliar sus parcelas de sembrío. Ahora, más bien, apuesta por diversificar sus cultivos, mejorar su producción de café bajo la sombra y con fertilizantes orgánicos; sus agricultores saben que pueden contribuir con su ejemplo a reducir el cambio climático.Isabel Carreño G.
El estruendoso sonido de una sierra eléctrica corta abruptamente la tranquilidad en la que vive la comunidad nativa de Chirikyacu; el hombre está a punto de derribar, una vez más, un árbol muy cerca de sus límites. Felizmente, desde hace un tiempo reciente, sus habitantes ya no amplían sus terrenos de cultivo arrasando árboles como sus vecinos sino que apuestan por proteger sus bosques y reforestarlos.
