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Qué pasa

Bolivia será sede en 2015 de una cumbre mundial de movimientos sociales frente al cambio climático, en respuesta, se dijo, al fracaso de la COP20 recién finalizada en Lima (Perú). Se trata de una acción propuesta por el presidente Evo Morales y aprobada en la cumbre del Alba.

En la resolución de 43 puntos que suscribieron los diez países que integran la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP) se señala: “Apoyar a la convocatoria de un encuentro mundial de movimientos sociales para la salvación de la Madre Tierra y enfrentar los efectos adversos del cambio climático, que se realizará en el Estado Plurinacional de Bolivia en 2015” (numeral 29).

La Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria analizó ayer por la tarde el borrador de informe para primer debate del proyecto de Ley de Tierras y Territorios Ancestrales en el que se recomienda la realización del proceso de consulta prelegislativa.

“En consideración a que la consulta prelegislativa tiene como finalidad la ejecución de un proceso sustancial de participación ciudadana, que permite a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios y a las organizaciones titulares de derechos colectivos ser consultados sobre temas específicos, cuyo contenido pudiere afectar sus derechos colectivos, la Comisión (...) resuelve recomendar al pleno de la Asamblea que el proyecto (...) sea sometido a consulta prelegislativa como dispone la Constitución”, dice la página 8 del documento.

La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, realizada en Lima del 8 al 11 de diciembre de 2014, es expresión de los procesos de movilización y resistencia emprendidos por una diversidad de organizaciones, movimientos, plataformas, redes y colectivos sociales, sindicales, de mujeres, campesinos, indígenas, juveniles, ambientalistas, religiosos, artísticos y culturales peruanos e internacionales. Nos reunimos para seguir debatiendo y compartiendo las múltiples formas de lucha y resistencia, por la construcción de la justicia social, contra el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico, por el respeto de las diversas formas de vida, sin explotación ni expoliación de los bienes de la naturaleza, por la capacidad de los pueblos de decidir sobre sus fuentes de energía, comunitaria, por la reducción de las desigualdades sociales así como promover el Buen Vivir como modelo de vida en armonía con la Naturaleza y la Madre Tierra.

El capital busca hacer frente a su crisis sistémica imponiendo la captura el agua, el saqueo de los territorios y el patrimonio natural, la depredación, la producción de combustibles fósiles, la mayor explotación de los trabajadores y trabajadoras, la represión de los movimientos sociales y la violencia física y psicológica, aumenta múltiples formas de criminalización de las luchas, de los pueblos, de militarización y control territorial.

El abogado de pueblos indígenas víctimas de la contaminación sufrida a principios de los 90 a manos de la empresa Texaco (hoy Chevron) en Ecuador, Pablo Fajardo, informó que se solicitará a los países en los que la petrolera tiene inversiones en la actualidad, la ejecución de la sentencia que pesa sobre la empresa, dictada por la justicia ecuatoriana, para reparar los daños ambientales y sociales ocasionados.

En 1964, Texaco (comprada por Chevron en 2001), inició actividades petroleras en la zona sur de Ecuador, en plena Amazonía. Permaneció en el lugar hasta 1992. Un año después, las comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbíos, presentaron una demanda en contra de la petrolera, en Estados Unidos.

“El caso Chevron es, por muchas razones, el más importante en la actualidad de litigios en el mundo entero: es el daño ambiental más grande causado por una empresa petrolera de forma intencional. En el mundo han existido muchos daños ambientales pero producto de accidentes”, comenta Fajardo.

El 18 de enero de 1989, doce personas que investigaban las desapariciones de habitantes de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, fueron asesinadas en el sector conocido como La Laguna, en la vereda La Rochela.

Cuatro de esas personas provenían de San Gil y pertenecían a juzgados ambulantes de Instrucción Criminal, las otras ocho, eran funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

En diciembre de 1988 se había creado la Unidad Móvil que investigaría los múltiples homicidios y desapariciones ocurridas en los municipios mencionados, organismo al que pertenecían las víctimas.

Las muertes de estos funcionarios estuvieron relacionadas con la masacre de 17 comerciantes en Cimitarrra y el homicidio de dos familiares que fueron a buscarlos, en Puerto Boyacá, hechos ocurridos en octubre de 1987.

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