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Qué pasa

Ao contrário do que diz a ministra da Agricultura, Kátia Abreu, as propriedades improdutivas não só existem como estão crescendo. "Se comparadas aos dados oficiais do governo, as declarações da nova ministra não fazem sentido", afirma Edmundo Rodrigues, da Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra. Confira a reportagem:

(Marcelo Pellegrini – Carta Capital)

As grandes propriedades rurais improdutivas, consideradas por definição como latifúndio, não apenas existem no Brasil, ao contrário do que afirmou na segunda-feira (5) a ministra da Agricultura, Kátia Abreu, como cresceram. Apenas no governo Lula (2003-2010), os latifúndios ganharam 100 milhões de hectares. Com isso, em 2010, as terras improdutivas representavam 40% das grandes propriedades rurais brasileiras, segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Ao todo, 228 milhões de hectares estão abandonados ou produzem abaixo da capacidade, o que os torna sem função social e, portanto, aptos para a reforma agrária de acordo com a Constituição.

Mañana vence el plazo que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) dio a la Conaie para que abandonara su edificio que, según la planificación oficial, será destinado a la rehabilitación de jóvenes.

Delegaciones indígenas tienen previsto llegar hoy a la capital con el objetivo defender la casa de la organización.

Desde un inicio los dirigentes anunciaron que no saldrán de la edificación debido a que la consideran un símbolo de su lucha y un derecho ganado tras años de injusticia.

A las delegaciones de la Conaie se sumarán los integrantes de la Ecuarunari, presidida por Carlos Pérez. Los indígenas anunciaron que harán una asamblea y después se dirigirán a la casa de la Conaie para la velada hasta mañana.

El informe anual de la Defensoría del Pueblo destaca que el proceso de construcción de escenarios participativos de las naciones y pueblos indígena, originario-campesinos, se ha distorsionado totalmente por la contaminación de intereses políticos al interior de sus comunidades, ayllus, markas y suyus.

Asegura también que el ejercicio de los derechos de los indígenas originarios y campesinos a cinco años de su reconocimiento en el actual texto constitucional, se halla aún invisibilizado en las políticas públicas del nivel central, departamental y municipal.

Observando esta realidad la representación departamental de la Defensoría del Pueblo, realizó acciones concretas con esta población, específicamente en el tema de seguimiento a la práctica de sus formas propias de administración de justicias sujetas a la normativa constitucional y la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional.

A cuatro años de la promulgación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional no es aplicada ni socializada en su plenitud  debido a que se identificó dificultades en la diversidad de mandatos que hay en las comunidades originarias, a la accesibilidad a los municipios y a la falta de presupuesto, aseguró el director general de Justicia Originaria Campesina, dependiente del Viceministerio Indígena Originario, Nelson Cox.

La Ley de Deslinde Jurisdiccional -promulgada el 29 de diciembre de 2010- otorga rango constitucional a la Justicia Indígena Originario Campesina.
Esta norma establece los mecanismos de coordinación y cooperación que debe regir entre la justicia ordinaria, la agroambiental y la indígena.

Mientras algunas organizaciones no gubernamentales aseguran que la restitución de tierras aún no es contundente, la Unidad de Tierras reitera que realizar el proceso en medio del conflicto tiene sus dificultades. El debate continuará en 2015.

El proceso de restitución de tierras en el país estuvo marcado este año que termina por grandes debates nacionales e internacionales sobre el modelo que viene aplicando el Gobierno para devolver la tierra a miles de campesinos que aseguran que fueron despojados por grupos armados ilegales y sus testaferros.

El blanco de los cuestionamientos fue la Unidad de Restitución de Tierras, organismo creado en 2011 siguiendo los lineamientos de la Ley de Víctimas para orientar, gestionar y representar a esas familias. Desde diversos sectores sociales, tanto nacionales como internacionales, se alega que el proceso no llega a la médula del problema: al despojo. Según datos oficiales, seis millones de personas se desplazaron por la violencia y abandonaron cuatro millones de hectáreas.

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