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El Decreto Supremo 001-2015-EM tiene la intención de favorecer la inversión capitalista en minería pero transgrede derechos constitucionales de las Comunidades Campesinas” advirtió Antonio Peña Jumpa, abogado de la Pontificia Universidad Castólica del Perú (PUCP).

Más allá de la corrección normativa la empresa y las autoridades deben “cumplir con la obligación de informar seriamente a las comunidades y éstas materialicen, con el apoyo de recursos o medios, su derecho de ser informados conforme a su identidad cultural”.

“Solo bajo estas condiciones es posible obtener una respuesta sostenible que favorezca, en caso sea posible, a las propias empresas mineras, pero, sobre todo, favorezca a los titulares de los terrenos superficiales como son las comunidades campesinas” precisó el autor.

Hoy, 29 de enero del 2015, el Pleno de la Asamblea Nacional retomará y finalizará el primer debate por la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. La norma es considerada clave para el proyecto político de Alianza País, pues constituye la tercera gran reforma en materia agraria luego de las ocurridas en 1964 y 1973.

Actualmente el país atraviesa por un problema de escasez de tierra productiva. Los datos lo ratifican: en 1970 existía 1,63 hectáreas agrícolas por cada habitante; para el 2014 esa superficie se redujo a 0,43 hectáreas, y para el 2050 las proyecciones son de 0,31 per cápita.

Por ello, el oficialismo apuesta a esta ley que, a su criterio, configura un nuevo mecanismo en la administración de tierras y se promueva su aprovechamiento productivo y así garantizar la soberanía alimentaria y evitar las grandes concentraciones. Uno de los temas nuevos de la ley se refiere a la “extranjerización de la tierra”. 

Este miércoles 28 de Enero, a las 6pm, día del cine nacional, se preestrena en la sala de la Cinemateca Nacional el largo documental de Carlos Azpurua: SABINO VIVE, LAS ULTIMAS FRONTERAS.

Carlos Azpúrua reconocido documentalista ha realizado grandes trabajos relacionados con los pueblos originarios como: Amazonas el negocio de este mundo, Caño Manamo, Yo hablo a Caracas, entre otros, y en esta oportunidad, recoge la vida de lucha del cacique yukpa Sabino Romero Izarra, luchador social, defensor de la naturaleza y de los derechos de los pueblos originarios que fuera asesinado el 3 de marzo de 2013, en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, Venezuela.

Este trabajo tiene una especial importancia, pues ha permitido que se conozca la realidad que sufre el pueblo yukpa y que lamentablemente es silenciada por los prejuicios por un lado y los intereses económicos por el otro, que giran alrededor de los territorios de nuestros pueblos originarios.

Con la presencia de un grupo de dirigentes de varias organizaciones como la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, CONFEUNASSC, DIABLUMA Romelio Gualan, Luis Andrango, Enrique Altamirano, miembros de la Comisión Promotora que presento el proyecto de Ley Orgánica de Tierras y Territorios, a la Asamblea Nacional, por Iniciativa Popular Normativa, con base a lo dispuesto en los Artículos 88 de la Constitución de la República (CR) y 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC); hoy martes 27 de enero de 2015 a las 10:00 am, en los casilleros de la Función Judicial (Calle Clemente Ponce y Piedrahita, junto al Ministerio de Trabajo), presentaron la ACCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA LA ASAMBLEA NACIONAL.

Esta acción la realizaron por que consideran que se han cometido actos violatorios a los derechos y garantías constitucionales de los más de 40000 firmantes, que apoyan la iniciativa popular normativa de la ley orgánica de tierras y territorios que presentaron el 20 de marzo del 2012.

Diversas críticas se abordaron durante el Seminario: “El Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. En la oportunidad representantes del estado, de las comunidades indígenas, organizaciones no gubernamentales y privados concluyeron en que aún quedan muchas falencias que mejorar para adecuar el proceso de Consulta a los estándares internacionales. 

Luego de siete años de que Chile ratificara el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y cinco de la implementación del derecho a la consulta indígena, el balance realizado por distintos actores participantes del seminario “El Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en el Sistema de Evaluación Ambiental” ha dejado en evidencia  las deficiencias y deudas que tiene  la implementación de la consulta.