IPDRS Logo VISITA NUESTRO
NUEVO SITIO WEB
Actualidad

 

 

 

 

Posts @IPDRS

Qué pasa

Con la presencia de un grupo de dirigentes de varias organizaciones como la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, CONFEUNASSC, DIABLUMA Romelio Gualan, Luis Andrango, Enrique Altamirano, miembros de la Comisión Promotora que presento el proyecto de Ley Orgánica de Tierras y Territorios, a la Asamblea Nacional, por Iniciativa Popular Normativa, con base a lo dispuesto en los Artículos 88 de la Constitución de la República (CR) y 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC); hoy martes 27 de enero de 2015 a las 10:00 am, en los casilleros de la Función Judicial (Calle Clemente Ponce y Piedrahita, junto al Ministerio de Trabajo), presentaron la ACCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA LA ASAMBLEA NACIONAL.

Esta acción la realizaron por que consideran que se han cometido actos violatorios a los derechos y garantías constitucionales de los más de 40000 firmantes, que apoyan la iniciativa popular normativa de la ley orgánica de tierras y territorios que presentaron el 20 de marzo del 2012.

Diversas críticas se abordaron durante el Seminario: “El Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. En la oportunidad representantes del estado, de las comunidades indígenas, organizaciones no gubernamentales y privados concluyeron en que aún quedan muchas falencias que mejorar para adecuar el proceso de Consulta a los estándares internacionales. 

Luego de siete años de que Chile ratificara el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y cinco de la implementación del derecho a la consulta indígena, el balance realizado por distintos actores participantes del seminario “El Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas en el Sistema de Evaluación Ambiental” ha dejado en evidencia  las deficiencias y deudas que tiene  la implementación de la consulta.

Bajo el argumento de promover las inversiones para reactivar la economía, el Estado peruano vuelve a vulnerar los derechos colectivos de las comunidades, ahora mediante el Decreto Supremo 001-2015-EM, publicado el 6 de enero último, donde dicta disposiciones con el objeto de reducir plazos y simplificar procedimientos para “(…) impulsar la inversión vinculada a proyectos mineros de Concesión de Beneficio, actividades de Exploración y Explotación de concesiones mineras” (Art. 1). Dichas normas vulneran y ponen en riesgo los derechos de las comunidades campesinas del país.

La primera violación consiste en modificar el régimen administrativo de las comunidades, otorgándole competencias a las Juntas Directivas Comunales pasando por encima del órgano supremo de la comunidad, la Asamblea General (Ley 24656). La segunda, es que se modifica las reglas por las cuales las comunidades deciden sobre sus tierras, establecidas en el artículo 11 de la Ley 26505 (conocida como Ley de Tierras). De esta forma una norma de menor jerarquía, como un decreto supremo, pretende modificar dos leyes, violando el artículo 103 de la Constitución Política que señala que una ley se deroga sólo por otra ley, lo que constituye una ilegalidad.

La Declaración de Berna y Greenpeace otorgaron a Chevron el "Premio a la vergüenza superlativa”. Los 64 mil votantes vía Internet eligieron al gigante petrolero norteamericano como peor empresa del planeta, responsable, entre otros, del desastre ecológico en la selva virgen del norte de Ecuador.

Este premio acordado la tarde del viernes 23 de enero en la ciudad alpina helvética, es el de la despedida del "Ojo Público”, luego de tres lustros de existencia. La mirada ciudadana, crítica contra el poder económico y político mundial, considera que ese Foro no representa ya el lugar más de adecuado, ni el premio el método más efectivo de denuncia.

A partir de mayo próximo, las organizaciones que promovieron hasta ahora el "Ojo Público”, se lanzarán con otras 50 asociaciones de desarrollo, ecológicas, ambientales, de derechos humanos y sindicales, a una campaña política a favor de la Iniciativa Popular "Por multinacionales responsables”.

No parece, pero estos meses antes de las elecciones subregionales del 29 de marzo serán decisivos para dos municipios que decidieron ser autonomía indígena (San Pedro de Totora en Oruro y Charagua en Santa Cruz); se les acaba el tiempo para consolidar su proceso. Albó reflexiona sobre ello.

El 6 de diciembre de 2009, mediante referéndum, 11 municipios decidieron transitar hacia la forma estatal autonomía indígena. Para consolidar este paso, debían elaborar sus estatutos y, una vez superada la prueba de constitucionalidad, volver a una nueva consulta para aprobar el texto. Tal era el ímpetu de entonces que sus alcaldes elegidos en los comicios municipales de abril de 2010 tenían un expreso carácter “transitorio”, hasta que concluya el proceso autonómico y, se decía máximo en dos años, sean relevados por las nuevas autoridades de la autonomía indígena. Han pasado más de cinco años y a puertas de una nueva elección municipal, solo dos han logrado llegar a la etapa previa al referéndum, el cual incluso aún no se sabe si habrá. ¿Qué pasa? Animal Político acudió a Xavier Albó, antropólogo y sacerdote jesuita, para tratar de explicarlo. 

Joomla! Debug Console