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Os governos estaduais garantiram 13 das 20 titulações do ano passado. Agora são 154 as terras quilombolas tituladas em todo o Brasil, 80% delas regularizadas pelos governos estaduais.
 
Em 2014, o Incra titulou 7 terras quilombolas, todas parcialmente. As demais terras foram regularizadas por governos estaduais: 10 na Bahia, 2 no Maranhão e 1 no Pará.  As titulações do ano passado beneficiaram 21 comunidades (3.128 famílias) e somam 26.637 hectares.
 
O governo do Estado da Bahia voltou a titular depois de 15 anos. Desde 1999, quando foi titulada a terra Barra do Brumado, no município do Rio das Pontas, não haviam sido registradas novas titulações pelo governo estadual. Os 10 títulos garantiram um total de 22.064,1793 hectares a 1.631 famílias quilombolas. Foram outorgados pela Coordenação do Desenvolvimento Agrário (CDA) do estado, de acordo com os procedimentos definidos pela Lei nº 12.910/2013 que prevê a titulação em favor dos quilombolas de terras devolutas estaduais. As terras estão localizadas na região da Chapada Diamantina, interior da Bahia.

Son campesinos pobres de distintas partes del país que comenzaron el 5 de febrero la “Larga Marcha” reclamando la renuncia del presidente Horacio Cartes. Cuestionan el modelo de sojización que ha desplazado a pequeños productores y trabajadores rurales. También exigen la derogación de la ley de militarización que permite reprimir la protesta social. Hoy a las 17hs la movilización llega a Asunción donde se realizará un festival. En Argentina hay una convocatoria frente a la embajada paraguaya.

Los motivos

La avanzada de los comodities en el mercado internacional ha desplazado las fronteras agrícolas-ganaderas, dándole espacio a la sojización de los cultivos. Grandes porciones de tierra y poca mano de obra es lo que necesita la producción de la oleaginosa. Así miles de campesinos pierden su fuente de trabajo y son obligados a poblar los márgenes de las ciudades.

En este escenario el 15 de junio del 2012 se produce la masacre de Curuguaty donde murieron 11 campesinos y 6 policías en la que fue la más cruda manifestación del aparato represivo estatal expresando la tensión política entre una democracia que tiene al partido colorado desde más de medio siglo en el poder y un país con una desesperante desigualdad social en Paraguay el 85 por ciento del territorio está en manos del 2,6 por ciento de los propietarios, muchos de ellos extranjeros.

La iniciativa partió de las familias agricultoras locales y pretende declarar de interés social la agroecología a nivel distrital. Las mismas se reunirán en un par de semanas con los concejales locales para debatir los detalles.

Ayer lunes representantes de las familias mantuvieron una reunión con el presidente de la Junta Municipal de Horqueta, Heriberto Cabañas. Éste acercó su compromiso de que la ordenanza se aprobaría en las próximas sesiones.

Los y las concejales están interesados en realizar algunas modificaciones al borrador original presentado por las familias. Para eso convocan a las mismas a una próxima sesión de la Junta, en fecha a confirmar, para revisar la propuesta, explicó uno de los voceros de las organizaciones familiares.

El proyecto partió de las familias y consiste en dar reconocimiento a la agricultura familiar campesina regional, que da empleo y alimentación a miles de personas y es clave para la economía local.

El gobierno del Presidente Evo Morales, autoproclamado “primer presidente indígena” de Bolivia, viola sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas y ha divido a sus dos máximas organizaciones representativas de tierras altas y bajas con chantajes, sobornos, amedrentamiento y persecución de líderes críticos, pero no ha podido doblegar a las bases y dirigencias legítimas de la CIDOB y del Conamaq orgánicos que lo desenmascararon.

Lo que distingue al MAS del viejo MNR es su manifiesta voluntad de superar la revolución nacionalista que sometió al indígena con un proyecto “modernizador” y “colonizador”, con una “revolución democrática y cultural” que edificará a largo plazo una “sociedad comunitarizada y socialista en el buen sentido del término”, decía Álvaro García Linera en la campaña electoral de 2005. Sin embargo, una vez conquistado el poder, el propio García proscribió el “socialismo comunitario” y desenterró el viejo proyecto “desarrollista” que tanto criticaba.

En el 2015 cumplimos dos años de diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, de los cuales se hizo público un acuerdo en el primer, segundo y tercer punto de la agenda. El documento (en borrador) del primer punto que sale como producto de este acuerdo, fue titulado por las partes: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral.

En el borrador se hace explícito un diseño que no ha sido (y posiblemente no será) conciliado entre las partes y es que para las FARC-EP una hoja de ruta como la que se planteó la Mesa de Conversaciones en el punto de Política de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial debe tener como principio fundamental el derecho a la soberanía alimentaria, en cambio, para el gobierno de Juan Manuel Santos la base del documento es la construcción de un sistema de seguridad alimentaria, alegando que eso es lo acordado en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, lo cual no es más que apelar a las leguleyadas-colombianadas típicas cuando no existen argumentos de peso para negarse.