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Qué pasa

Resalta la incongruencia de la propuesta de Juan Manuel Santos de ‘Una Colombia sin Coca’, como cambio de paradigma para solucionar “el problema de las droga ilícitas” y la contradicción de que, entretanto, al valioso plan del cannabis terapéutico en el Senado, sí cuente con su visto bueno.

Los políticos colombianos llevan más de 50 años prometiendo una Colombia sin coca. El mundo lleva 100 años infructuosamente tratando de prohibir aquellas plantas que denomina estupefacientes, aunque no lo sean.

Aparentemente, no sobra resaltar la incongruencia de la propuesta de Juan Manuel Santos de ‘Una Colombia sin Coca’, como cambio de paradigma para solucionar “el problema de las droga ilícitas” y la contradicción de que, entretanto, la valiosa propuesta de cannabis terapéutico que cursa actualmente en el Senado, sí cuente con su visto bueno.

¿En qué consiste el modelo de seguridad francesa que el presidente Juan Manuel Santos estaría pensando en implementar en Colombia para mantener la seguridad rural durante el posconflicto? Lea también: Santos responde a fuertes críticas por declaraciones sobre policía rural

La pregunta surgió después de que el Mandatario sostuviera desde París que “los franceses han venido ayudándonos y pensando en la organización del posconflicto y la Gendarmería francesa es un modelo que para nosotros puede ser muy importante y queremos que nos ofrezcan colaboración en ese sentido”.

Lo primero que debe explicarse es que la Fuerza Policial Francesa está divida en dos. Una es la Policía Nacional, que se encarga de la seguridad en las ciudades y cumple roles similares a los de cualquier policía del mundo, investigando crímenes y manteniendo el orden público en cada ciudad.

La otra es la Gendarmería Nacional, que asume la seguridad de las zonas rurales, los sectores periurbanos y pueblos con menos de 20.000 habitantes.

Hoy, 29 de enero del 2015, el Pleno de la Asamblea Nacional retomará y finalizará el primer debate por la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. La norma es considerada clave para el proyecto político de Alianza País, pues constituye la tercera gran reforma en materia agraria luego de las ocurridas en 1964 y 1973.

Actualmente el país atraviesa por un problema de escasez de tierra productiva. Los datos lo ratifican: en 1970 existía 1,63 hectáreas agrícolas por cada habitante; para el 2014 esa superficie se redujo a 0,43 hectáreas, y para el 2050 las proyecciones son de 0,31 per cápita.

Por ello, el oficialismo apuesta a esta ley que, a su criterio, configura un nuevo mecanismo en la administración de tierras y se promueva su aprovechamiento productivo y así garantizar la soberanía alimentaria y evitar las grandes concentraciones. Uno de los temas nuevos de la ley se refiere a la “extranjerización de la tierra”. 

El Decreto Supremo 001-2015-EM tiene la intención de favorecer la inversión capitalista en minería pero transgrede derechos constitucionales de las Comunidades Campesinas” advirtió Antonio Peña Jumpa, abogado de la Pontificia Universidad Castólica del Perú (PUCP).

Más allá de la corrección normativa la empresa y las autoridades deben “cumplir con la obligación de informar seriamente a las comunidades y éstas materialicen, con el apoyo de recursos o medios, su derecho de ser informados conforme a su identidad cultural”.

“Solo bajo estas condiciones es posible obtener una respuesta sostenible que favorezca, en caso sea posible, a las propias empresas mineras, pero, sobre todo, favorezca a los titulares de los terrenos superficiales como son las comunidades campesinas” precisó el autor.

Este miércoles 28 de Enero, a las 6pm, día del cine nacional, se preestrena en la sala de la Cinemateca Nacional el largo documental de Carlos Azpurua: SABINO VIVE, LAS ULTIMAS FRONTERAS.

Carlos Azpúrua reconocido documentalista ha realizado grandes trabajos relacionados con los pueblos originarios como: Amazonas el negocio de este mundo, Caño Manamo, Yo hablo a Caracas, entre otros, y en esta oportunidad, recoge la vida de lucha del cacique yukpa Sabino Romero Izarra, luchador social, defensor de la naturaleza y de los derechos de los pueblos originarios que fuera asesinado el 3 de marzo de 2013, en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, Venezuela.

Este trabajo tiene una especial importancia, pues ha permitido que se conozca la realidad que sufre el pueblo yukpa y que lamentablemente es silenciada por los prejuicios por un lado y los intereses económicos por el otro, que giran alrededor de los territorios de nuestros pueblos originarios.

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