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Qué pasa

El gobierno del Presidente Evo Morales, autoproclamado “primer presidente indígena” de Bolivia, viola sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas y ha divido a sus dos máximas organizaciones representativas de tierras altas y bajas con chantajes, sobornos, amedrentamiento y persecución de líderes críticos, pero no ha podido doblegar a las bases y dirigencias legítimas de la CIDOB y del Conamaq orgánicos que lo desenmascararon.

Lo que distingue al MAS del viejo MNR es su manifiesta voluntad de superar la revolución nacionalista que sometió al indígena con un proyecto “modernizador” y “colonizador”, con una “revolución democrática y cultural” que edificará a largo plazo una “sociedad comunitarizada y socialista en el buen sentido del término”, decía Álvaro García Linera en la campaña electoral de 2005. Sin embargo, una vez conquistado el poder, el propio García proscribió el “socialismo comunitario” y desenterró el viejo proyecto “desarrollista” que tanto criticaba.

En el 2015 cumplimos dos años de diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, de los cuales se hizo público un acuerdo en el primer, segundo y tercer punto de la agenda. El documento (en borrador) del primer punto que sale como producto de este acuerdo, fue titulado por las partes: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral.

En el borrador se hace explícito un diseño que no ha sido (y posiblemente no será) conciliado entre las partes y es que para las FARC-EP una hoja de ruta como la que se planteó la Mesa de Conversaciones en el punto de Política de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial debe tener como principio fundamental el derecho a la soberanía alimentaria, en cambio, para el gobierno de Juan Manuel Santos la base del documento es la construcción de un sistema de seguridad alimentaria, alegando que eso es lo acordado en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, lo cual no es más que apelar a las leguleyadas-colombianadas típicas cuando no existen argumentos de peso para negarse.

En alianza con la estatal ecuatoriana Enami, la chilena busca la ejecución del proyecto LLamiragua, una explotación cuprífera en el Valle de Intag que mantiene en pie de guerra a las comunidades de la zona desde 1997. Además de los daños ambientales que acarrearía el proyecto, las empresas han sido objeto de cuestionamientos por el trato dado a los moradores: Es el caso de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín que será juzgado esta semana por defender sus tierras y que lleva 10 meses en prisión preventiva acusado de "rebelión".

Entre violaciones a los derechos humanos y la destrucción de los Andes ecuatorianos avanza la chilena Codelco su andadura en Ecuador de la mano de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami), esta vez en el Valle de Intag, en Junín, área montañosa de Cotacachi con una extensión aproximada de 1.200 km2 y una población de 13.000 habitantes dedicados al trabajo campesino, que ya tuvieron que enfrentar años atrás la embestida de dos transnacionales que finalmente tuvieron que abandonar el proyecto de explotación cuprífera que ahora quiere sacar adelante la estatal chilena, bautizado como“Llurimagua”, en un área concesionada de 4.839 hectáreas que ya ha costado violentas agresiones a los derechos humanos de los pobladores y 10 meses de prisión preventiva arbitraria e ilegal al presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez.

El ministro nepalí de Desarrollo Agrario, Hari Prasad Parajuli, declaró la Década de la Agricultura Familiar 2015-2024 en Nepal, en un acto de clausura del AIAF-2014 celebrado el 1 de enero en Kathmandu. De esta manera, dada la importante contribución que los hombres y mujeres agricultores familiares realizan a la economía y la seguridad alimentaria del país, se prolongarán en el país asiático las actividades iniciadas durante el Año Internacional de la Agricultura Familiar AIAF-2014.

El evento estuvo organizado por Nepal Agriculture Cooperative Central Federation Ltd. (NACCFL), que ha venido ejerciendo la secretaría del Comité Nacional del AIAF-2014 en Nepal, así como por el comité gubernamental para el AIAF-2014. El Comité Nacional lideró gran parte de las actividades del AIAF-2014 en Nepal, consiguiendo importantes objetivos, como por ejemplo el aumento del presupuesto público destinado a la Agricultura Familiar.

Los agroindustriales advierten que sin tecnología no se puede mejorar e incrementar la producción.

El 3 de febrero debía realizarse la cumbre económica, que se denominó Sembrando Bolivia, para enfrentar la caída de precios de las materias primas en el mercado internacional, pero hasta el momento no hay fecha. Los agroindustriales cruceños, principalmente, presionan para que el Gobierno acepte ampliar la producción con el uso de transgénicos, proceso que crece en países vecinos, como el caso argentino.

El encuentro, en el que solicitaron participar los pequeños productores e incluso representantes de los organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros, todavía se posterga porque  hay algunos sectores que solicitaron mayor tiempo para incorporar sus propias propuestas. La agenda principal de los agroindustriales bolivianos que demandan desde hace tiempo es la ampliación de la Función Económica Social (FES), la liberación de las exportaciones, la necesidad de mejorar la infraestructura caminera, pero principalmente demandan la introducción de biotecnología en algunos cultivos.

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