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La Cumbre del Agro “Sembrando Bolivia” finalmente se realizará entre el 26 y 27 de marzo, dos días antes de las elecciones subnacionales.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Rodolfo Machaca, adelantó la noticia a través de la red Erbol y ayer en Santa Cruz, tanto en los subsectores afiliados a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), como del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.

Según el dirigente campesino, fue el propio presidente Evo Morales quien les informó el lunes pasado, en la reunión del Pacto de Unidad, sobre la fecha del evento, luego de ser postergado al menos en dos oportunidades.

El evento debía realizarse el 3 de febrero en Santa Cruz, luego fue postergado para el 10 a pedido de los empresarios privados del oriente boliviano, sin embargo, tampoco se concretó.

Se reunió esta semana la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular para adelantar su seminario político ideológico, en el cual se analizó el momento del proceso, sus desarrollos y atranques. Dentro de la discusión sobresalieron 4 puntos: el proceso y su vínculo regional, el tema de la paz, el incumpliendo del gobierno nacional y la proyección de la movilización.

La cumbre está caracterizada por ser el principal espacio de unidad de sectores sociales y políticos que convergieron en el pasado paro agrario y que lograron sentar al gobierno en una mesa de interlocución y acuerdos, instalada por el propio Santos en octubre. 

El desarrollo regional de la Cumbre

Una de las mayores potencialidades que tiene este proceso de articulación, es la capacidad y desarrollo regional con que cuentan las organizaciones que la conforman. Por ello, las dinámicas de trabajo y reactivación en las diferentes zonas del país ha sido uno de los principales puntos de discusión. 

El acuerdo agrario firmado en La Habana propone crear un fondo para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. El problema es que el Estado ni siquiera sabe cuántos baldíos tiene y tampoco ha recuperado las tierras usurpadas a las víctimas del conflicto armado.

El año pasado, el gobierno y la guerrilla de las Farc firmaron el acuerdo sobre el asunto agrario, el primero de seis temas que contiene la agenda que se discute en La Habana. Allí, el gobierno se comprometió a crear el Fondo de Tierras para la Paz, a través del cual desarrollará una reforma agraria integral que, se supone, garantizará el acceso a tierra a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente así como a las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto armado.

Según el acuerdo, rubricado el 26 de mayo de 2014, el Fondo se nutrirá con baldíos que fueron apropiados de forma ilegal o irregular, con predios inexplotados económicamente y terrenos que aunque están en zonas de reserva forestal tienen vocación agrícola. El problema es que el gobierno no sabe cuántos baldíos tiene, algunos fondos del Estado carecen de información, otros administran bienes que ya están comprometidos para reparar y restituir a las víctimas del conflicto, y otros más están embolatados por procesos administrativos o judiciales.

Varias comunidades indígenas de Paraguay se manifestaron hoy en el centro de Asunción para exigir al Gobierno que acate una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que obliga al Estado a devolver unas 10.000 hectáreas de tierra al grupo Xákmok Kásek, del pueblo sanapaná. 

Varias comunidades indígenas de Paraguay se manifestaron hoy en el centro de Asunción para exigir al Gobierno que acate una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que obliga al Estado a devolver unas 10.000 hectáreas de tierra al grupo Xákmok Kásek, del pueblo sanapaná.

Llegados de distintos rincones del país, un centenar de nativos permanecieron cortando calles del centro capitalino, frente al edificio de la Vicepresidencia, para pedir que esa institución intervenga para que se cumpla la sentencia de la CorteIDH, que data de 2010.

"Necesitamos que el Gobierno concrete de una vez por todas un acuerdo de pago con el propietario. No tiene sentido que esto se siga retrasando cuando el propietario quiere vender para terminar el conflicto", dijo a Efe Gerardo Larrosa, líder de la comunidad Xákmok Kásek.

Luego de una marcha desde el coliseo de la Universidad Central del Ecuador, un centenar de indígenas representantes de varias organizaciones ecuatorianas llegaron a la Asamblea Nacional donde entregaron 18 observaciones al proyecto de la Ley de Tierras que se tramita desde el año pasado.

Este fue el primer acto en el marco a la Cumbre de los Pueblos que se instalará oficialmente mañana en la capital con seis mesas temáticas, entre ellas, para analizar los mecanismos de participación en la consulta prelegislativa; las nuevas medidas para evitar que el Ministerio de Inclusión Económica y Social retire el edificio donde funcionan; y la Ley de Educación Intercultural Bilingue. 

Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, recibió el documento de los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) con el compromiso de analizar las propuestas.