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Al exponer ante la CIDH la preocupación de la Iglesia sobre los efectos negativos que tienen las industrias extractivas sobre las poblaciones "no solo se se pretende aprovechar el espacio para posicionar la visión de la Iglesia, sino garantizar un proceso de seguimiento a los casos paradigmáticos", expresó el Secretario Ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, Mauricio López. Así lo dijo al explicar que en la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que se cumplirá el próximo jueves 19 de marzo, los representantes de la Comisión de Justicia y Solidarida del CELAM y la Red Eclesial Pan Amazónica presentarán la visión tanto pastoral, social y de cómo la Iglesia viene acompañando los procesos de resistencia y de lucha por los derechos humanos.

En una entrevista para el programa Contacto Sur de ALER, Mauricio López adelantó que durante la audiencia se expondrá la preocupación de la Iglesia ante casos emblemáticos en los que se vulneran los derechos humanos de poblaciones indígenas y campesinas, afectadas por las industrias extractivas. Entre los casos especiales se denunciará el de Piquiá de Baxio, en Brasil; San José, el Progreso y Magdalena, en Oaxaca, México; el del Parque Nacional Yasuní, en Ecuador; el de la comunidad Nueva Esperanza, de Honduras y el caso de la explotación petrolera en el campo 116 en la amazonía de Perú.

Se carecía aquí de culturas agrícolas, mientras en Europa y Estados Unidos ya se utilizaban equipos para el manejo de subsuelos, abonos orgánicos, rotación de cosechas, drenajes, riego y selección de razas.

Desde 1950, con la Revolución Verde, Colombia se tornó en gran demandante de insumos químicos a partir de los fertilizantes, teniendo en cuenta que el 80% de nuestros suelos son ácidos. En 1984, 30 años después, el consumo de fertilizantes pasó de 20.000 toneladas al año a 754.000, 37 veces más, y de ahí a 2010 se ha duplicado hasta llegar a un millón y medio. Para 1974 Colombia ya era el primer consumidor de agroquímicos de América Latina.

Con los años no ha cambiado. Un informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de 2012, afirma que Colombia aplica 521 kilos por hectárea, mientras que en América Latina el promedio de aplicaciones de fertilizantes es de 148; en Asia, 85; en el norte de África, 157, y en el África subsahariana, 10.

Así es, desde el punto de vista de los nativos, la batalla por la recuperación de las tierras que se libra con dureza en este departamento. Reportaje del periodista Ramón Campos Iriarte.

Desde Cali, en un carro, nos encaminamos hacia Corinto, uno de los 42 municipios del departamento de Cauca. El viaje dura dos horas, con hermosos paisajes, por una carretera pavimentada. El objetivo es llegar a las fincas Quebrada Seca, Miraflores, García Arriba y García Abajo, en el municipio de Corinto, Cauca, todas ocupadas por indígenas, mayoritariamente nasa, desde diciembre pasado. A la salida del pueblo de Corinto, vemos unos 50 ESMAD desabrochados, tomando gaseosa bajo el sol inclemente del suroccidente colombiano. Desde ese punto hacia las fincas se entra por un camino destapado con vestigios de disturbios: piedras y palos atravesados, ramas quemadas. Los portones de las fincas, rocas enormes y troncos de árboles sobre la carretera están pintados de rojo y verde, los colores del Consejo Regional Indígena del Cauca, la organización que heredó las luchas de Juan Tama, La Gaitana, y Quintín Lame. Esto es territorio indígena.

Un centenar de delegadas y delegados de la colonia campesina Barbero Cué, ubicada en el departamento de San Pedro, a 330 kilómetros de la capital paraguaya, se movilizaron frente a tribunales.

El objetivo de las mismas es exigir que de una vez la justicia paraguaya establezca los límites legales de las 17.343 hectáreas de tierra que el gobierno italiano donó a las familias en 2012.

La donación nunca se pudo concretar cabalmente porque empresas ganaderas lindantes, políticos locales y hasta ex presidentes del Instituto de la Tierra(Indert), maniobraron jurídicamente para beneficiarse con las tierras.

Otra denuncia de las familias incluso afirma que el propio presidente de la República, Horacio Cartes, tiene intereses puestos en el lugar, porque ocupa tierras al interior de las hectáreas donadas.

Producto de estos ardides, una anterior mensura judicial de 2013 dio como resultado que las tierras donadas tenían solo 14.090 hectáreas y no 17.343. Y un embargo cayó sobre las tierras, porque el ex intendente local, el hoy diputado Pastor Vera Bejarano, vendió en un remate las deudas de impuesto de las tierras.

"La mayor parte de las personas ve a las plantaciones forestales como algo esencialmente bueno. Ellas evocan el paisaje perdido de los antepasados. A menudo escuchamos que promueven el desarrollo y generan trabajo. Los árboles cultivados alimentarán la industria, harán crecer al país, y producirán los bienes que la sociedad necesita. Los árboles, además, son vistos como un elemento que mejora los ambientes. Es casi inevitable entonces que se apoye la expansión (de la industria) forestal."

Las plantaciones de pinos, eucaliptos o de cualquier otra especie de árbol sea nativa o exótica, no son bosques. Son sistemas artificiales creados y sostenidos por el hombre, destinados a producir sólo una parte de sí mismos: el tronco de los árboles de una de estas especies.