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Qué pasa

Un centenar de delegadas y delegados de la colonia campesina Barbero Cué, ubicada en el departamento de San Pedro, a 330 kilómetros de la capital paraguaya, se movilizaron frente a tribunales.

El objetivo de las mismas es exigir que de una vez la justicia paraguaya establezca los límites legales de las 17.343 hectáreas de tierra que el gobierno italiano donó a las familias en 2012.

La donación nunca se pudo concretar cabalmente porque empresas ganaderas lindantes, políticos locales y hasta ex presidentes del Instituto de la Tierra(Indert), maniobraron jurídicamente para beneficiarse con las tierras.

Otra denuncia de las familias incluso afirma que el propio presidente de la República, Horacio Cartes, tiene intereses puestos en el lugar, porque ocupa tierras al interior de las hectáreas donadas.

Producto de estos ardides, una anterior mensura judicial de 2013 dio como resultado que las tierras donadas tenían solo 14.090 hectáreas y no 17.343. Y un embargo cayó sobre las tierras, porque el ex intendente local, el hoy diputado Pastor Vera Bejarano, vendió en un remate las deudas de impuesto de las tierras.

"La mayor parte de las personas ve a las plantaciones forestales como algo esencialmente bueno. Ellas evocan el paisaje perdido de los antepasados. A menudo escuchamos que promueven el desarrollo y generan trabajo. Los árboles cultivados alimentarán la industria, harán crecer al país, y producirán los bienes que la sociedad necesita. Los árboles, además, son vistos como un elemento que mejora los ambientes. Es casi inevitable entonces que se apoye la expansión (de la industria) forestal."

Las plantaciones de pinos, eucaliptos o de cualquier otra especie de árbol sea nativa o exótica, no son bosques. Son sistemas artificiales creados y sostenidos por el hombre, destinados a producir sólo una parte de sí mismos: el tronco de los árboles de una de estas especies.

Entre os dias 9 a 11 de março, lideranças quilombolas do Abuí, Paraná do Abuí, Tapagem, Serrinha, Jauari e Ariramba e lideranças indígenas dos povos Kaxuyana, Hixkaryana e Waiwai reuniram-se para definir as estratégias e a agenda de 2015 da campanha “Índios e Quilombolas de Oriximiná: juntos na defesa de seus direitos territoriais”. Promovido com o apoio da Comissão Pró-Índio de São Paulo e do Iepé Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, o evento contou também com a participação de representantes da Comissão Pastoral da Terra/Diocese de Óbidos e da Paróquia de Oriximiná.

Apesar da preocupação com todas as ameaças que pairam contra os direitos indígenas e quilombolas, como a PEC 215, os participantes comemoraram recente resultado de sua campanha conjunta: a decisão judicial  de 24 de fevereiro que estipulou prazo de dois anos para a titulação das terras quilombolas do Alto Trombetas, em Oriximiná. A decisão foi tomada no âmbito de Ação Civil Pública proposta em 2013 pelo Ministério Público Federal em apoio às reivindicações da campanha.

Unos 300 indígenas supervivientes de un éxodo que empezó hace tres décadas, cuando un gran empresario ganadero les expulsó de su territorio ancestral en la vasta región del Chaco, han vuelto a su tierra prometida para exigir al Estado paraguayo que la titule a su nombre.

Los miembros de la comunidad indígena Xákmok Kásek son oriundos del Chaco, una región de especial riqueza medioambiental y cultural.

A finales de febrero reingresaron al terreno que les pertenece, de acuerdo con una sentencia de 2010 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

Son 10.700 hectáreas, repartidas entre una empresa agrícola y la propiedad de un gran terrateniente, el estadounidense Roberto Eaton, quien les expulsó a principios de la década de 1980.

La Corte sentenció al Estado paraguayo a restituir toda esa extensión a los indígenas antes de 2014.

La comunidad, formada por miembros de los pueblos sanapaná y énxet, no aguantaba más.

Las 350 a 400 cabezas de ganado, sembrados de pastoreo, el tractor y las herramientas de trabajo que Jorge Ernesto Aragón Barrios, Segundo Filemón y Javier González Sáenz tenía en el predio El Agrado, en la vereda San Antonio, de Mapiripán, las tuvieron que abandonar en el año 2006 por las amenazas de los paramilitares. Estas tres personas sostienen que se convirtieron durante cinco años en víctimas del desplazamiento forzado, pese a ser propietarios de El Agrado desde el año 1989.

A partir del año 2011 volvieron a recobrar la posesión del predio, cuando uno de los lugartenientes se acogió al programa de desmovilización y los otros paramilitares entregaron voluntariamente el terreno, “pero el ganado, las herramientas y el tractor no fueron devueltos”, dicen. (Lea: Juez revisará la orden de libertad que le fue concedida al 'Alemán') 

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