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Hoy se inició el juicio oral y público en el  caso que involucra a Rubén Darío Quesnel por la venta  ilegal de unas 25 mil hectáreas pertenecientes a la comunidad Cuyabia, del pueblo ayoreo, hecho ocurrido en el año 2012. En este caso están procesados además de Quesnel, ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI),  Julia Beatriz Vargas Meza, quien adquirió la propiedad indígena, y la escribana Justina Maribel Esteche Bareiro, responsables de los trámites de transferencia de las tierras del pueblo Ayoreo.

El tribunal que juzga este caso está integrado por Blanca Gorostiaga, presidenta, y por los magistrados titulares, Gloria Hermosa y Carlos Hermosilla. El juicio oral, que se inició a tempranas horas de la mañana de ayer, se desarrolla en la sala de juicios orales n° 2 del Palacio de Justicia,

Al iniciarse el juicio el fiscal José Dos Santos, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, así como el abogado Maximiliano Mendieta, en representación a la comunidad indígena Cuyabia, querellante adhesiva en este caso, solicitaron el juzgamiento de los procesados y una condena conforme a lo que establece la Ley.

Entrevista a integrantes de la Red de Mujeres Rurales que tiene como meta el empoderamiento de las trabajadoras en el campo y la equidad de género.

La mujer rural representa el 2% de la población total del país y se encuentra en desventaja social en relación a los hombres y a las mujeres urbanas. Según estadísticas oficiales, las mujeres en el campo tienen mayor nivel educativo que los hombres, sin embargo tienen mayores dificultades para conseguir empleos y perciben salarios más bajo.

Norma Carugno vive en Totoral del Sauce (Canelones) y es presidenta de la Red de Mujeres Rurales de Uruguay. En entrevista con Ana María Mizrahi en Televisión Nacional explicó que una de las metas del colectivo es empoderar a la mujer para que se quede en el campo con sus hijos. 

El 92% fue acaparada por cultivos de exportación como la soja y maíz transgénicos, trigo, arroz y caña de azúcar, de acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Una sola diapositiva resume la situación de vulnerabilidad alimentaria de nuestro país.

Un trabajo de recopilación de datos de la campaña agrícola 2012/2013 sobre las superficies de tierra que ocuparon los distintos cultivos temporales en Paraguay, muestra que las empresas que se dedican a la agro-exportación dispusieron del 92% de las mejores tierras para la agricultura.

Mientras que las unidades productivas que cultivan alimentos campesinos e indígenas dispusieron de solamente el 8% de las tierras, explicó la analista de Base Invetigaciones Sociales, Inés Franceschelli, encargada de procesar la información.

La III Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Brasilia, aprobó la “Carta de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos”, fue el cambio de etapa en un proceso que comenzó junto al siglo XXI, con la expectativa de construir una Convención Internacional de los Derechos Campesinos, en el marco de la feroz ofensiva neoliberal que azotaba al mundo entero. La V Conferencia, llevada a cabo en Maputo, África, en el año 2008, ratificó la misma y avanzó en definir los mecanismos para interactuar en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En la lucha por la tierra, las organizaciones campesinas hemos sido perseguidas y criminalizadas, y cientos de dirigentes encarcelados y asesinados. Las organizaciones campesinas resistimos la globalización neoliberal con acciones de masas, pacíficas, pero contundentes, frenando desalojos, realizando ocupaciones de tierras improductivas y latifundios, movilizando en las calles, ocupando edificios públicos para ser escuchados, siempre abiertos al diálogo para la construcción de alternativas, pero con la claridad de que la tierra no se negocia. Desde el BM, la FAO y la OMC se lanzaron conclusiones que pretendían responsabilizar del hambre al “atraso tecnológico” y la escala de los campesinos y enunciaron “El Fin del Campesinado”, como complemento del “Fin de la Historia” de Fukuyama. La propuesta del capital para la agricultura fue la revolución verde en su versión transgénica.

En Tragadero Grande, a 4.100 metros sobre el nivel del mar, frente a la Laguna Azul, en la Comunidad de Sorochuco, Región de Cajamarca, al Norte de Perú, una mujer de 44 años hace oír su voz. "Soy pobre y analfabeta, pero sé que nuestra laguna y las montañas son nuestro verdadero tesoro, y lucharé para que el proyecto Conga no las destruya", dice con firmeza Máxima Acuña de Chaupe, quien lleva resistiendo cuatro años de litigio y múltiples intentos de desalojo por parte de la Minera Yanacocha, la más grande productora de oro de Sudamérica.

El proyecto Conga está administrado por la sociedad anónima Minera Yanacocha —constituida por las empresas Newmont Mining Corporation (51,35%), Compañía de Minas Buenaventura (43,63%) yCorporación Financiera Internacional(5%)—, plantea trasvasar el agua de cuatro lagunas (Mala, Chica, Azul y Perol) hacia tres reservorios que se construirán cerca del lugar de origen de las mismas. Bajo los humedales hay oro, plata y cobre. Y en la Laguna Azul se tiene previsto depositar toda la roca removida.