La III Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en Brasilia, aprobó la “Carta de los Derechos de las Campesinas y los Campesinos”, fue el cambio de etapa en un proceso que comenzó junto al siglo XXI, con la expectativa de construir una Convención Internacional de los Derechos Campesinos, en el marco de la feroz ofensiva neoliberal que azotaba al mundo entero. La V Conferencia, llevada a cabo en Maputo, África, en el año 2008, ratificó la misma y avanzó en definir los mecanismos para interactuar en la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En la lucha por la tierra, las organizaciones campesinas hemos sido perseguidas y criminalizadas, y cientos de dirigentes encarcelados y asesinados. Las organizaciones campesinas resistimos la globalización neoliberal con acciones de masas, pacíficas, pero contundentes, frenando desalojos, realizando ocupaciones de tierras improductivas y latifundios, movilizando en las calles, ocupando edificios públicos para ser escuchados, siempre abiertos al diálogo para la construcción de alternativas, pero con la claridad de que la tierra no se negocia. Desde el BM, la FAO y la OMC se lanzaron conclusiones que pretendían responsabilizar del hambre al “atraso tecnológico” y la escala de los campesinos y enunciaron “El Fin del Campesinado”, como complemento del “Fin de la Historia” de Fukuyama. La propuesta del capital para la agricultura fue la revolución verde en su versión transgénica.
Hoy, ya con más de tres años de discusión formal en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se consolida el proceso hacia una “Declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en el medio rural”, que apunta a lograr una Declaración en Naciones Unidas y construir una Convención Internacional de los Derechos Campesinos, para ampliar y jerarquizar derechos existentes y consolidar nuevos derechos. Un camino que ya recorrieron los pueblos indígenas y en forma similar las organizaciones de las y los trabajadores. Si bien la caracterización teórica de los sujetos a veces puede superponer a indígenas, trabajadores o campesinos, existen en la actualidad innumerables situaciones que mantienen vacíos de jurisprudencia en cuanto al respeto de derechos humanos según la cultura y la identidad. El derecho a la tierra, por ejemplo, puede ser un aspecto determinante para el desarrollo de la vida y de muchos otros derechos. Así, una campesina, que se siente parte/hija de la tierra y la naturaleza, al ser despojada de la misma pierde parte de su ser, además de su lugar de estar, queda incompleta, con su identidad herida. Tanto las observaciones generales de los DESC (derechos económicos, sociales y culturales) como las recientes Directrices Voluntarias de la Tierra que aprobó la FAO, van en ese sentido, sin embargo, al ser solo orientaciones, los estados no están obligados a cumplirlas. El poder judicial, generalmente relacionado al poder económico, desconoce todos esos instrumentos.
En la actualidad, las campesinas y los campesinos estamos expuestos a violaciones sistémicas de nuestros derechos. El capital financiero de la mano de empresas transnacionales, desató una gran ofensiva para subordinar los bienes naturales, la tierra y la agricultura, a los intereses de la banca internacional, destruyendo mercados locales, desalojando campesinos, desmontando millones de hectáreas de bosques, provocando desplazados y migrantes, y desatando la mayor crisis alimentaria de la historia de la humanidad. La mercantilización de los alimentos y la concentración del sector agroalimentario permiten a los grupos corporativos manipular los precios y regular el abastecimiento de alimentos en los mercados, ocasionando, en muchos casos, que esos intereses condicionen y presionen a los gobiernos lesionando seriamente las democracias.
En 2012, el gobierno de Bolivia, bajo la presidencia de Evo Morales, quien participó de los inicios de la CLOC Vía Campesina, asumió el desafío, presentando el “Proyecto de declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” en el Consejo de Derechos Humanos, logrando una resolución que dio inicio a un proceso formal y la creación un “Grupo de Trabajo” (GT)
En 2014, una nueva resolución del Consejo, patrocinada por 11 gobiernos, entre ellos Bolivia, Cuba, Ecuador, Argentina, Filipinas, Sudáfrica, ratificó la necesidad de esta declaración. En febrero de 2015, el GT presentó un nuevo proyecto. En el preámbulo establece: “Reconociendo la contribución pasada, presente y futura de los campesinos para la conservación y mejora de la biodiversidad y para asegurar la soberanía alimentaria, fundamentales para el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente (...). Reconociendo que, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, es fundamental respetar, proteger y promover los derechos reconocidos en esta Declaración (...)”
En su articulado, ratifica los derechos que ya existen en otras declaraciones, como por ejemplo el derecho a la vida, al trabajo digno, a la salud, y se explicitan nuevos derechos para los campesinos y obligaciones de los estados al respecto. Entre ellos, el derecho a la tierra, a la propiedad colectiva, a las semillas, a los medios de producción, al acceso a los mercados y precios justos, al agua de consumo y producción, al uso y gestión de los bienes naturales, y a no ser afectados por agrotóxicos y transgénicos.
El director de la FAO, Graziano Da Silva, también avaló la necesidad de una declaración de los Derechos campesinos, mediante una video conferencia en una de las consultas del GT, en las cuales explicó el rol estratégico de la agricultura campesina en la lucha contra el hambre.
En el camino, se fueron sumando aliados importantes como la UITA (Unión Internacional de Trabajadores Agrícolas), CITI (Consejo Internacional de Tratados Indios), WAMIP (La Alianza mundial de pueblos indígenas nómadas), WFFP (Foro Mundial de Pueblos Pescadores), FIMARC (Federación Internacional de Adultos Rurales Católicos), junto a ONGs como FIAN, CETIM, CELS, que acompañan el proceso. De esta manera ya no es solo una propuesta de la Vía Campesina, sino una demanda de un gran arco de organizaciones populares de productores de alimentos.
Si bien hay resistencia de quienes defienden los intereses de las corporaciones, el proceso cuenta con el apoyo del Grupo América Latina y el Caribe (GRULAC) y del G77 más China, por lo que el debate en adelante se va a centrar en su contenido, dado que ya se dio por sentado la necesidad de la Declaración.
Es por esto que concentraremos la presión y negociación en elementos estratégicos como el derecho a la tierra, la función social de la tierra, y la necesidad de profundas reformas agrarias como obligaciones de los estados así como la definición del sujeto de la declaración, la necesidad de garantizar la vida digna en el campo, en cuanto a servicios, salud, educación etc...
La actual crisis geopolítica, en la cual EE.UU. va perdiendo paulatinamente la hegemonía global, ha permitido un mayor diálogo para la gobernanza internacional, así como la disputa de sentidos y acuerdos respecto a las soluciones a la crisis alimentaria y climática. Sin embargo, para la Vía Campesina, es claro que mientras las instituciones y las economías nacionales o regionales estén controladas en mayor medida por la burguesía, el plan de acción de movimiento popular continuará requiriendo de la lucha activa y frontal contra las corporaciones y el capital financiero, siendo la principal herramienta de los pueblos la acción directa, la organización y la lucha de masas. Esta Declaración será un importante aporte en este sentido, en un momento histórico de América Latina, donde es estratégica la defensa de los procesos populares, democráticos y los derechos conquistados, y eso solo es posible profundizando las transformaciones.
