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Qué pasa

El pasado viernes 13 de febrero se realizó la  conferencia de prensa en el Congreso de la República, convocada por congresistas como Verónika Mendoza, Manuel Dammert y Juan Pari, además de dirigentes indígenas  y representantes de instituciones civiles; los cuales hicieron escuchar sus posturas al respecto de las nuevas normas: la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM y el Proyecto de Ley 3941-2014 PE, los que podrían incrementar los  conflictos territoriales. 

Richard Smith, Director del Instituto del Bien Común (IBC), Representante del Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú y miembro de la Plataforma Gobernanza Responsable de la Tierra, se unió a la propuesta de ley para lograr la derogatoria de estas normas por considerarlas serias amenazas al régimen de propiedad comunal, poniendo en peligro los derechos territoriales de las comunidades campesinas y nativas del Perú.

Afirman que creación de Zonas de Interés de Desarrollo Empresarial ya está en el PND, que se les entregarán terrenos baldíos destinados a campesinos sin tierra, y que esto contradice los acuerdos de paz.

Las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado ya se encuentran listas para sesionar conjuntamente para debatir el Plan Nacional de Desarrollo. Pero al tiempo que el Gobierno busca las mayorías para aprobarlo su hoja de ruta por el cuatreño 2014-2018, un grupo de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos ha estudiado los pormenores que plantea el texto sobre el desarrollo agrario, y específicamente, sus implicaciones respecto  a la problemática de los terrenos baldíos. La conclusión: “El PND además de contradecir los acuerdos logrados en la Habana, incluye medidas lesivas para un desarrollo rural incluyente”.  

Cada año que pasa se acentúa más la concentración de la propiedad agrícola en el Perú. Como advirtiera Otramirada, el neolatifundismo ha cobrado un nuevo impulso con grandes obras de irrigación como Chavimochic, Olmos o Chinecas. El gobierno de la gran transformación, que tuviera al general Velasco Alvarado como uno de sus referentes más importantes, nos ha devuelto a un escenario previo a la Reforma Agraria, con poderosos grupos económicos reemplazando a los antiguos gamonales.

Según el último Censo Agraropecuario (2012), recogido y comentado en la Revista Agraria, el 65% de las tierras irrigadas de la costa están controladas por una treintena de empresas agroindustriales. Ya sea por la privatización de las antiguas cooperativas agrarias o por la transferencia de tierras por subasta, grupos económicos como  Gloria poseen un territorio mayor a algunas regiones del país (79 728 ha.). El límite en la posesión de tierras, debatido arduamente en el anterior Congreso, hoy es cosa del pasado.

La próxima vez que abra la despensa o la nevera, anímese a enumerar los alimentos que allí guarda. ¿Sabe quién es responsable de que lleguen a su mesa? Contrario a lo que suponemos, las mujeres que trabajan en el campo aportan al menos la mitad de la producción de alimentos a nivel mundial.

Esto es lo que los expertos llaman la “feminización del campo”. En América Latina y el Caribe, entre el 8% y el 30% de las explotaciones agrarias están a cargo de una mujer, de acuerdo a la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Pero lejos de ser una moda, se trata de hacer visible una realidad que ocurre desde hace siglos pero que solo en los últimos años ha comenzado a reconocerse.

“En América Latina, las mujeres siempre trabajaron en la agricultura, pero nunca estuvieron a cargo de sus fincas como en otras regiones del mundo” explica Barbara Coello, economista rural especializada en género y nutrición y consultora del Banco Mundial. “Recién en los últimos años empiezan a aparecer en las estadísticas”.

La Via Campesina, La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA), el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores (WFFP), la Alianza Mundial de Indígenas Trashumantes (WAMPI), el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), la Federación Internacionales de Movimientos Adultos Rurales Cristianos (FIMARC), Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), FIAN Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Para la segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre una Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.

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