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Qué pasa

El proyecto de Ley de Tierras garantizará la soberanía alimentaria, además de combatir la especulación. En Argentina, entre el 10% al 15% de los cultivos están en manos de extranjeros. 

Con inversión en infraestructura, especialmente de riego, las hectáreas (ha) de tierra de uso agropecuario podrían aumentar de 7,3 millones a 8,3 millones, un millón más. Lo que hoy se ocupa, según estándares internacionales, ya resultaría insuficiente para una población de 16 millones.

Las cifras fueron expuestas por Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, ilustrando la necesidad del proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que reemplazaría a la norma vigente, expedida en 1994. “La respuesta que podemos dar a esta realidad -dice- es el fomento de la productividad agrícola”.

De 8 millones de kg en 2009 pasó a 43 millones de kg en 2013. Este y otros datos la sociedad civil acaba de acercar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, que desde este 23 de febrero examinará a Paraguay en torno al derecho a la alimentación adecuada y otros. Ver el informe en este enlace

Del 23 de febrero al 6 de marzo próximos el Comité desarrollará su 54° sesión en la ciudad de Ginebra (Suiza), donde se pondrá en evaluación a tres estados: Paraguay, Tajikistán y Gambia en varios aspectos, entre ellos el del derecho mencionado.

El primero en ser examinado será Paraguay, ese mismo lunes 23 y el martes 24 de febrero de acuerdo al programa oficial. Además de los informes de los gobiernos, la sesión recibió informes alternativos de la sociedad civil.

Hasta hace pocos años atrás, una de las áreas naturales mejor conservadas que presentaba el país, sin la menor duda era, el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure (Tipnis), debido principalmente a la baja población humana que presentaba, debido a la larga distancia que se halla entre las poblaciones mayores y al difícil acceso carretero.

La apertura de varios caminos, como el que va desde San Ignacio de Moxos hasta San Francisco por la parte norte y desde Villa Tunari hasta Isinuta en la orillas del río Isiboro, permitió que nuevos colonos cocaleros ingresen en el territorio sur y forestales y ganaderos en el norte. Bajo este invasor panorama comenzó una depredadora tarea de los nuevos "intrusos" que devastaron y depredaron todo lo que se hallaba en el objetivo de sus intereses extractivistas.

Pese a los cambios sociopolíticos de las últimas décadas, en Bolivia persiste un modelo desarrollista basado en el extractivismo y en las posibilidades coyunturales que el  mercado internacional ofrece.

Este modelo tiene dos caras, por una parte genera crecimiento económico, pero, por otra, impide el ordenamiento territorial que permitiría que las activi- dades productivas, de conservación y otras se realicen de acuerdo a la vocación de cada espacio territorial.

También conduce a la flexibilización del cumplimiento de normas ambientales y sobre derechos indígenas a fin de facilitar el desarrollo de las actividades extractivas, tiene impactos sociales y ambien- tales negativos y no contribuye a un desarrollo integral y sostenible.

En ese contexto, una serie de actividades –mineras, petroleras y agropecuarias– que se desarrollan en las proxi- midades de los territorios indígenas y, en algunos casos, al interior de éstos atenta contra su integridad y da lugar al avasallamiento de tierras.

Saneamiento y avasallamiento

Aunque la Constitución Política del Estado (cpe) y otras normas legales vigentes respaldan los derechos territoriales indígenas y se ha avanzado en el saneamiento y titulación de las tco (tierras comunitarias de origen), el extractivismo crea condiciones para su avasallamiento –y el de áreas protegidas– que, desde esa lógica, son vistas como tierras  “subutilizadas” u “ociosas”.

Así se desconoce que en éstas el uso de los recursos naturales renovables no es exclusivamente agropecuario, sino diversificado y orientado a la sobrevivencia y desarrollo actual y futuro de los pueblos que las habitan.

El dirigente de Paraguay Pyahurâ, Eladio Flecha, evaluó la “Larga Marcha”. En ella unas 8 mil personas caminaron cerca de 150 kilómetros durante seis días, pasando por distintas comunidades de Paraguay, para exigir la renuncia del presidente Horacio Cartes y la conformación de una Junta Patriótica en su reemplazo.

El referente explicó que la idea de hacer la marcha nació de la preocupación que tiene este partido sobre la situación política y económica del país, pero también de todo el periodo histórico que algunos analistas llaman transición a la democracia.

“El proceso democrático de 26 años está inconcluso, porque mientras no haya tierra, salud, educación, vivienda, trabajo, infraestructuras…difícilmente podemos hablar de democracia y de que las cosas mejoraron. Nos quedamos en la libertad de expresión”, dijo.

Agregó que ninguno de los gobiernos posteriores a la dictadura estronista enfocó sus políticas de manera tal a solucionar estos problemas y que con este gobierno de Horacio Cartes, incluso la situación se agravó.

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