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Organizaciones adjuntas al Pacto de Unidad, Cámara Agopecuaria del Oriente y Cámara de Pequeños Productores Agropecuarios del Oriente definen ejes transversales para fomentar producción alimentaria

Organizaciones del denominado Pacto de Unidad (occidente), Cámara Agropecuaria del Oriente (Santa Cruz) y la Cámara de Pequeños Productores Agropecuarios del Oriente (Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija) pulen los ejes transversales que plantearán en la cumbre Sembrando Bolivia -se realizará en los próximos días- para incrementar la capacidad productiva y ‘blindar’ al país de la crisis del crudo. 

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) informó de que el Pacto de Unidad integrado por organizaciones sociales y productivas originarias, campesinas e interculturales del occidente sistematizó propuestas relacionadas con producción primaria, transformación de subproductos y mercados campesinos. 

Tras cinco meses de consulta previa a los pueblos indígenas Aymara, Quechua, Atacameño, Colla, Rapa Nui, Diaguita, Mapuche, Yagan y Kawéskar, se aprobaron las medidas para la creación del Ministerio y los Consejos de Pueblos Indígenas.

El anuncio fue entregado por la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, junto al subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, el encargado nacional de la consulta, Lautaro Loncón, y los secretarios regionales ministeriales.

De esta forma se dio por terminada la jornada nacional de consulta, que reunió a 152 delegados representantes de las expresiones territoriales de los nueve pueblos indígenas.

El rol de la cartera será colaborar con la Presidenta de la República, con el fin de definir una política indígena para Chile. De este modo, los delegados definieron además la creación de nueve consejos, uno por pueblo, y un Consejo Nacional. 

Un antropólogo y una investigadora analizan los ejes principales en los que consideran cambió el proceso: el discurso indígena, que tiene su correlato en un nuevo relacionamiento MAS-originarios, y la defensa de la Madre Tierra, que alcanzó un punto de inflexión con el caso TIPNIS"

Los invito a que se sientan orgullosos de los pueblos indígenas, que son la reserva moral de la humanidad”, fue una de las referencias que expresó Evo Morales el 22 de enero 2006, cuando brindó su primer discurso como Presidente.

No fue la única. Entonces, además de aquello, Morales manifestó  que los indígenas fueron marginados "históricamente”  y que ese sector no había tenido nada qué ver en temas como la elevada deuda externa que cargaba  entonces el país. "No somos responsables de semejante endeudamiento”, sostuvo. 

En suma, el Jefe de Estado  hablaba desde un sector de la población que por primera vez llegaba  al Palacio (un recorrido que no estuvo exento de varias vicisitudes). Incluso citó el dato de que en el censo del 2001, más del  60% de los bolivianos se identificaba como parte de un pueblo indígena. Con ello,  además, esperaba   un cambio en la cultura política vigente hasta entonces.  

Las familias agricultoras del lugar fueron beneficiadas por una donación del gobierno italiano en 2012, que no puede efectivizarse porque no se identificaron de manera transparente los límites de las tierras. En 2013 se hizo una primera mensura que arrojó 3 mil hectáreas menos de lo que figura en la donación, en medio de una serie de ardides judiciales asociados a políticos y un ex titular del INDERT.

El pasado 30 de enero el Instituto de la Tierra de Paraguay (INDERT) decidió rever su postura y acompañar institucionalmente la realización de una segunda mensura judicial de las tierras de Barbero Cué, ubicadas en el departamento de San Pedro, a más de 300 kilómetros de la capital paraguaya.

Se trata de la finca 231, padrón 682 de San Pedro del Ycuamandiyú, perteneciente actualmente al Estado de Italia.

A través de experiencias oníricas, los muertos de las comunidades awá, a causa de minas antipersona, se convierten en guías de la cotidianidad de sus familiares y contribuyen al resarcimiento del dolor.

Así lo interpreta una investigación doctoral de la Universidad Nacional sobre la reconstrucción de la cotidianidad de indígenas que sufren este flagelo.

Datos de la Asociación MINGA muestran que el pueblo awá de Nariño representado en las organizaciones indígenas Camawari y Unipa, sufrieron 28 accidentes por minas antipersona con un saldo de 76 muertos entre 2005 y 2014.

Las minas antipersonal son un problema no tan visible como el desplazamiento y las masacres causadas por el conflicto armado en el país. En Nariño, este problema está vinculado con la proliferación de cultivos ilícitos de coca, donde los artefactos son el blindaje para los activos de grupos armados.

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