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El abogado de pueblos indígenas víctimas de la contaminación sufrida a principios de los 90 a manos de la empresa Texaco (hoy Chevron) en Ecuador, Pablo Fajardo, informó que se solicitará a los países en los que la petrolera tiene inversiones en la actualidad, la ejecución de la sentencia que pesa sobre la empresa, dictada por la justicia ecuatoriana, para reparar los daños ambientales y sociales ocasionados.

En 1964, Texaco (comprada por Chevron en 2001), inició actividades petroleras en la zona sur de Ecuador, en plena Amazonía. Permaneció en el lugar hasta 1992. Un año después, las comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbíos, presentaron una demanda en contra de la petrolera, en Estados Unidos.

“El caso Chevron es, por muchas razones, el más importante en la actualidad de litigios en el mundo entero: es el daño ambiental más grande causado por una empresa petrolera de forma intencional. En el mundo han existido muchos daños ambientales pero producto de accidentes”, comenta Fajardo.

La Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático, realizada en Lima del 8 al 11 de diciembre de 2014, es expresión de los procesos de movilización y resistencia emprendidos por una diversidad de organizaciones, movimientos, plataformas, redes y colectivos sociales, sindicales, de mujeres, campesinos, indígenas, juveniles, ambientalistas, religiosos, artísticos y culturales peruanos e internacionales. Nos reunimos para seguir debatiendo y compartiendo las múltiples formas de lucha y resistencia, por la construcción de la justicia social, contra el sistema capitalista patriarcal, racista y homofóbico, por el respeto de las diversas formas de vida, sin explotación ni expoliación de los bienes de la naturaleza, por la capacidad de los pueblos de decidir sobre sus fuentes de energía, comunitaria, por la reducción de las desigualdades sociales así como promover el Buen Vivir como modelo de vida en armonía con la Naturaleza y la Madre Tierra.

El capital busca hacer frente a su crisis sistémica imponiendo la captura el agua, el saqueo de los territorios y el patrimonio natural, la depredación, la producción de combustibles fósiles, la mayor explotación de los trabajadores y trabajadoras, la represión de los movimientos sociales y la violencia física y psicológica, aumenta múltiples formas de criminalización de las luchas, de los pueblos, de militarización y control territorial.

El 18 de enero de 1989, doce personas que investigaban las desapariciones de habitantes de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, fueron asesinadas en el sector conocido como La Laguna, en la vereda La Rochela.

Cuatro de esas personas provenían de San Gil y pertenecían a juzgados ambulantes de Instrucción Criminal, las otras ocho, eran funcionarios del Cuerpo Técnico de Policía Judicial.

En diciembre de 1988 se había creado la Unidad Móvil que investigaría los múltiples homicidios y desapariciones ocurridas en los municipios mencionados, organismo al que pertenecían las víctimas.

Las muertes de estos funcionarios estuvieron relacionadas con la masacre de 17 comerciantes en Cimitarrra y el homicidio de dos familiares que fueron a buscarlos, en Puerto Boyacá, hechos ocurridos en octubre de 1987.

Chile, Colombia, México y Perú solicitaron hoy en la XX Conferencia de las Partes (COP20) sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se efectúa en Lima, la aprobación de un acuerdo global vinculante para reducir la pobreza con desarrollo sostenible.
 
Los presidentes Ollanta Humala (Perú), Michelle Bachelet (Chile), Juan Manuel Santos (Colombia) y Enrique Peña Nieto (México), cuyos países conforman la Alianza del Pacífico, urgieron a alcanzar una base sólida y vinculante, bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en el borrador que se enviará a la COP21 de París en 2015.
 
Los mandatarios de Perú, Chile y Colombia expusieron sus puntos de vista al inaugurar la Sesión de Apertura del Segmento Presidencial Intervenciones de los Jefes de Estado y de Gobierno de la COP20 y la Décima Sesión de la Conferencia de las Partes que sirve como reunión para el Protocolo de Kioto (CMP10), que concluirá el 12 de diciembre.

Luego de más de más de una década de lucha por su tierra, la comunidad indígena Yexwase Yet (ex San Fernando) recibió ayer el título de propiedad de las 10.030 hectáreas, una parte del territorio ancestral del pueblo Enxet Sur.

El acto de entrega de los documentos de titularidad de las tierras se realizó en el Salón de los Mariscales del palacio de López, ocasión en que el Presidente de la República, Horacio Cartes, hizo entrega de títulos de propiedad a los líderes de la citada comunidad.

La ceremonia contó, además, con la presencia del Vicepresidente Juan Afara y del titular del Instituto Paraguayo del Indígena, Jorge Servín, así como de invitados especiales.