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La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó ayer su rechazo a la llamada "Ley de la Madre Tierra" porque convierte "al productor en delincuente" y advirtió que su vigencia atenta contra la seguridad alimentaria que busca el Gobierno nacional.

El Presidente Anapo, Demetrio Pérez Flores, lamentó que la Ley fuese aprobada sin conocimiento de esa entidad, pese a que solicitaron a la Comisión de Tierras y Territorio del Senado y Diputados sin tener a la fecha el texto de la entonces propuesta, hoy Ley del Estado.

"El objetivo es prácticamente dejar de producir, porque si uno viola algunas normas de esta Ley, obviamente se toma al productor como un delincuente, se lo procesa y se lo encarcela", manifestó a tiempo de expresar el rechazo de este sector por ser desfavorable y la pregunta es qué va a ser la población sin comer ni tener alimentos baratos como la que tenemos en el país.

Anapo señala que hay un artículo que lleva a la cárcel a los productores y por eso para una actividad lícita como es la agricultura, no se puede considerar ese proyecto de ley. "Yo me pregunto, será que la población va a dejar de comer durante dos años, será que el Estado podrá abastecer de productos durante dos años que no se tengan productos", indicó.

La Ley define como derecho a la diversidad de la vida a "la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro".

Asimismo existe el derecho a vivir libre de contaminación, entendida como "la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas".

El derecho al equilibrio es definido como mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales; mientras que se exige al que toque la tierra, la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.

El Pacto de Unidad, frente que aglutina a diferentes organizaciones indígenas y campesinas del país, considera que la Ley de Derechos de la Madre Tierra, aprobada en la víspera en el Senado, sólo servirá para que el Presidente Evo Morales tenga un protagonismo político en la Cumbre Climática de Cancún, México.

Esta posición fue dada a conocer por el Mallku de la Comisión de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Rafael Quispe, quien adelantó que los dirigentes que integran el Pacto de Unidad, y son parte de la Cumbre sobre el Cambio Climático en Cancún, harán llegar una carta a la Asamblea Legislativa, dando a conocoer su molestia por la maratónica aprobación de la Ley, sin consenso de los indígenas, campesinos originarios.

"No sabemos de dónde ha aparecido la Ley Madre Tierra y tampoco está orientada hacia la Ley Marco sobre Madre Tierra que nosotros hemos sugerido, simplemente, esa (norma aprobada) es para que (el presidente Morales) haga protagonismo político en Cancún", manifestó Quispe.

Indicó que en el borrador de la norma que presentó el Pacto de Unidad a la Asamblea Legislativa estaba contemplada la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que demanda el respeto a este sector de la población, el consentimiento libre previo e informado sobre las actividades extractivas, además del reconocimiento y protección del conocimiento de la ciencia ancestral.

Pero, según el dirigente de CONAMAQ, estos puntos no fueron tomados en cuenta en la Ley de Madre Tierra, que ahora solamente espera ser promulgada por el Ejecutivo.

Agregó que antes de partir a Cancún, los representantes que integran el Pacto de Unidad, avanzaron en algunos acuerdos con el senador Fredy Bersatti y el diputado Galo Silvestre, para aprobar la norma cuestionada, con la inclusión de la consulta vinculante.

Al final, estos acuerdos no se respetaron y "se aprobó una ley corta (sobre la Madre Tierra ) sin consenso y no tiene absolutamente nada de nuestras propuestas, esto si que es meterse un autogol", aseveró.

Acotó que el mandatario Morales arribará a Cancún seguramente con una Ley que no tiene en realidad el contenido que los pueblos indígenas del mundo están peleando para incluirlos en las conclusiones de la Cumbre.

Recordó que el Pacto de Unidad trabajó un proyecto de ley marco sobre la Pachamama (Madre Tierra en aymara) fundacional, con una visión civilizatoria del "Buen Vivir", como una alternativa ante el capitalista socialista.

Anteriormente, el diputado Galo Silvestre informó que el tratamiento del tema de la consulta en el proyecto Ley Madre Tierra fue uno de los puntos álgidos para aprobar el proyecto y al final se llegó a un acuerdo con el Pacto de Unidad para que ésta sea excluida de la norma.

Datos

Pacto de Unidad está integrado por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia- "Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), la Confederación de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

 

Un conflicto diplomático entre la Argentina y Paraguay amenaza con hacer fracasar la cumbre de presidentes del Mercosur que tendrá lugar el 16 y el 17 de este mes en Foz de Iguazú.

Paraguay no asistirá a la próxima cumbre del Mercosur si no se destraba esta semana el conflicto que golpea al comercio exterior local. Esto es más que un problema bilateral, apuntó el canciller Lacognata.

"Si no podemos garantizar el libre tránsito de nuestros productos dentro del Mercosur, ¿de qué Mercosur estamos hablando?". Estas palabras del canciller Héctor Lacognata sustentan la decisión de Paraguay de llevar al ámbito del bloque regional su reclamo por el bloqueo a la flota local por parte de los portuarios argentinos.

Hace más de un mes que los obreros marítimos de la nación vecina no prestan los servicios de remolcadores a los barcos con contenedores que circulan desde o hacia Paraguay, lo que pone en riesgo al 80% del comercio exterior local.

Ante esto, el secretario de Estado anunció ayer que el Gobierno decidió ir un paso más allá de la vía diplomática y condicionó su asistencia a la cumbre semestral del bloque Mercosur en Foz de Iguazú (16 y 17 de diciembre) a la solución del problema esta semana.

En la cumbre, Paraguay debe asumir la presidencia temporal del bloque que integra junto a Argentina, Brasil y Uruguay.

"Si en esta semana este conflicto no tiene una definición favorable a los intereses paraguayos, Paraguay definiría este fin de semana la conveniencia o no de asistir a la cumbre del Mercosur a realizarse en Foz de Iguazú", declaró el canciller luego de reunirse con el embajador argentino Rafael Romá y dijo que había transmitido la decisión a los embajadores de Brasil y Uruguay acreditados en Asunción.

"A nosotros nos parece que no están dadas las condiciones para seguir profundizando la firma de acuerdos y documentos dentro del Mercosur hasta tanto no esté garantizado el cumplimiento del artículo 1 del Tratado de Asunción, el acuerdo marco que da origen al Mercosur, que es el de libre tránsito de mercadería, bienes y productos", apuntó Lacognata.

El Gobierno, agregó, se reserva el derecho de resolver en su momento la toma de otras medidas en el ámbito bilateral, aunque "en este momento nuestro objetivo es que el problema sea asumido como conflicto al interior del Mercosur".

GARANTÍAS. Por su parte, el embajador argentino dijo que el tema se trató en el marco de la Cumbre Iberoamericana celebrada en Mar del Plata la semana pasada y que su Gobierno estaba haciendo gestiones para conformar una mesa de negociación con los armadores y trabajadores del sector en su país. "El conflicto es pura y exclusivamente entre los gremios portuarios (argentinos) y los armadores de Paraguay", señaló Romá.

Pero Lacognata, si bien reconoció que las trabas tienen un origen gremial, argumentó que el Gobierno argentino "tiene la obligación, por el derecho internacional, de garantizar el libre tránsito de nuestros productos, no puede dejar en manos de un sindicato el arbitrio (para) que nuestros productos pueda circular por la hidrovía".

TRABA MOYANISTA, SEGÚN CLARÍN

La medida de fuerza que está paralizando el comercio exterior paraguayo es impulsada por el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos de Argentina (SOMU), que comanda el gremialista moyanista Omar Suárez. Esto, en solidaridad con el gremio marítimo de Paraguay (SOMUPA) que creó el propio Suárez, cercano al poderoso Hugo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, según fuentes sindicales citadas por el diario bonaerense Clarín.

En medio del conflicto trascendió que la única empresa que está operando cargas a Paraguay es la firma CONAY, que pertenece al grupo Maruba que tiene como director precisamente a Omar Suárez.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, mencionó como candidatos a la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a una ex ministra colombiana, un ministro venezolano y un asesor del presidente brasileño.

La ex ministra colombiana María Emma Mejía; el titular de Energía Eléctrica de Venezuela, Alí Rodríguez; y Marco Aurelio García, asesor del presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, fueron mencionados por Correa en entrevista citada por el diario oficial El Ciudadano.

Estos candidatos para suceder a Néstor Kirchner en el cargo de Secretario General del bloque, tras el fallecimiento del ex presidente argentino el pasado 27 de octubre, fueron planteados por los Mandatarios en la reciente Cumbre Iberoamericana de Mar del Plata.

Según Correa en los estatutos de la UNASUR se cometió un error "que implicó que casi Ecuador no firme esos estatutos porque la Secretaria General, que era la encargada de impulsar el proceso de integración, estaba en cuarto lugar".

Es así, comentó, que en el organigrama estructural del bloque primero estaba el Consejo de Jefes de Estado, luego el Consejo de Ministros, después el Consejo de altos delegados y después la Secretaría General, "poco menos que un tomador de apuntes", dijo.

"Entonces buscamos a alguien que haga el cargo, y por eso se había pensado en un ex Presidente, sin excluir que hay que cambiar esos estatutos", afirmó.

"Se había pensado en un ex Presidente, parece que muchos ya tienen sus compromisos, ocupaciones y legítimo cansancio, entonces probablemente se buscará a alguien que no sea ex Presidente, hay grandes suramericanos que pueden ocupar el cargo", sostuvo.

Por otra parte, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, calificó la víspera como un logro para la diplomacia ecuatoriana la Declaración Especial sobre "La Defensa de la Democracia y el Orden Constitucional en Iberoamérica", en la XX Cumbre Iberoamericana.

Esta propuesta fue encabezada por Correa y es de enorme importancia, recalcó Patiño, debido a que todos los países Iberoamericanos ofrecieron su respaldo al Gobierno ecuatoriano ante el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre.

Para Patiño la clausula democrática de la UNASUR, firmada en Guyana, y la de Iberoamérica, en Mar del Plata (Argentina), determinan que si algún país libre que pase por una crisis dictatorial no podrá formar parte de este tipo de cumbres.

Al aviso de que Chávez y Evo Morales no podrían asistir se sumó esta tarde la noticia de que Piñera y Correa no llegarían a tiempo para la reunión. Así se suspendería la elección del sucesor de Néstor Kirchner, prevista para esta tarde, según informaron a Infobae.com.

Si bien los mandatarios latinoamericanos tenían previsto avanzar en la discusión de los candidatos a reemplazar a Néstor Kirchner en el puesto de secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la ausencia con aviso de Hugo Chávez y Evo Morales, sumada al atraso que tienen el chileno Sebastián Piñera y el ecuatoriano Rafael Correa podrían provocar la suspensión de la reunión, según anticiparon fuentes oficiales a Infobae América.

A este hecho se suma la probable ausencia de la presidente Cristina Kirchner, quien pactó una reunión con el rey de España, Juan Carlos I de Borbón, media hora después de la hora de inicio de la cumbre.

En caso de confirmarse la suspensión, el encuentro podría o bien tener lugar en el día de mañana o bien postergarse hasta el año que viene.

Se esperaba que la Reunión Extraordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado de la Unasur se realizará a las 17 en el Hotel Hermitage, donde funcionarios y mandatarios debían debatir, además del sucesor de Néstor Kirchner, la aprobación de una "cláusula democrática" para las situaciones de golpe de Estado en los países de la región.

Este viernes los cancilleres abrirán además la XX Cumbre Iberoamericana, cuyo lema central es "Educación para la Inclusión Social", pero cuyo verdadero tema principal será el trasfondo de la crisis económica que azota a España y Portugal y el escándalo de los cables reservados de Estados Unidos que involucran a varios de sus líderes.

La crisis en España obligó al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a cancelar su participación en el cónclave iberoamericano, una iniciativa impulsada por Madrid en los años 90 cuando buscó anclaje en América latina para internacionalizar su entonces floreciente economía.

España estará representada por el rey Juan Carlos, en tanto Portugal --país que también enfrenta una crítica situación económica-- estará representado por su presidente, Aníbal Cavaco Silva.

A las 19, la Presidente encabezará la ceremonia inaugural de la XX Cumbre Iberoamericana, acompañada por el jefe de Estado de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, y el Secretario Iberoamericano, Enrique V. Iglesias, en el Auditorium Astor Piazzola.

Las deliberaciones presidenciales tendrán lugar el sábado por la mañana, cuando también habrá un homenaje formal a Kirchner, y por la tarde en el Hotel Provincial.

La directora de Derechos Etnicos, María José Irrazábal, y el fiscal de Boquerón, José Brusquetti, allanaron el miércoles la oficina de la ONG Iniciativa Amotocodie (IA). Irrazábal dijo que  es por denuncias presentadas por líderes ayoreos de la Unión Nacional de Ayoreos del Paraguay (UNAP).

La ONG IA fue allanada ayer por orden del juez Penal Víctor Hugo Ronzewsky, a pedido de Derechos Etnicos del Ministerio Público. Se incautaron documentos y una computadora del lugar, entre otras cosas. La directora de Derechos Etnicos, María José Irrazábal, justificó el allanamiento diciendo que ayoreos de la UNAP presentaron denuncias contra la ONG y su representante Benno Glauser, por presunta lesión de confianza y simulación de hecho punible. Explicó que "IA afirma que se tuvo a punto de cometer un genocidio con la expedición científica, que comprometió fuertemente el nombre de Paraguay". Además, denunciaron los ayoreos que firmaron un documento, presentado por la ONG, cuyo contenido  desconocían y que después supuestamente fue utilizada para suspender la expedición.

El abogado Emigdio Castillo, quien fue convocado de urgencia por IA,  calificó la orden judicial "de muy genérica, no especifica nada en particular que busca, que pretende, tampoco está individualizado que hecho punible se esta investigando". Resaltó, además, que el allanamiento se hizo durante la siesta y no había nadie en la oficina para defender los intereses de la ONG y corroborar el procedimiento.

ONGs se pronuncian sobre el caso del allanamiento de Iniciativa Amotocodie

Allanaron la oficina de la organización Iniciativa Amotodie, en Filadelfia, Boquerón. El procedimiento respondía a denuncia hechas por la UNAP (Unión Nacional Ayoreos del Paraguay) ante Derechos Étnicos de Asunción. Ante el hecho se pronunciaron las Organizaciones No Gubernamentales Tierraviva y BASE IS. Reproducimos los documentos.

Estimados compañeros y compañeras,

A raíz del allanamiento de la oficina de Iniciativa Amotocodie realizada por el Fiscal José Luis Brusquetti el día de la fecha, desde Tierraviva hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, en general, a pronunciarse repudiando claramente este hecho, y solidarizándose con los compañeros y compañeras de dicha institución.

El procedimiento fiscal, que se ha iniciado poco después del medio día -y que al momento de escribir estas líneas continúa-, se inscribe en un largo proceso de hostigamiento hacia la Institución defensora de los derechos de los indígenas ayoreos que viven en situación de aislamiento voluntario en el norte del Chaco paraguayo.

Desde hace algún tiempo ha sido notoria la compaña de amedrentamiento por parte de numerosos actores vinculados a los intereses ganaderos y latifundistas que tienen puesta su mirada y deseo de lucro en el rico patrimonio forestal de la región sobre el cual se expanden a ritmo alarmante la frontera ganadera y sirve hoy día como área privilegiadas para la exploración hidrocarburíferas.

Asimismo, más recientemente, con motivo de la expedición científica del Museo de Historia Natural de Londres, programado a desarrollarse en lugares de ocupación y dominio ancestral del pueblo Ayoreo, donde existen evidencias creíbles de presencia de los aislados, Iniciativa Amotocodie llamo la atención, tanto a nivel nacional como internacional, sobre los riesgos de un contacto involuntario y de las consecuencias que esto podría acarrear, tanto para los indígenas como para los propios expedicionarios.

Este hecho, de público conocimiento, fue el último disparador para que agentes estatales y medios de comunicación empresariales, atizaran una inaudita campaña en contra de los defensores de los ayoreos, quien reclamaban el acatamiento de las directrices emanadas de la ONU sobre el derecho de los indígenas en aislamiento, así como la debida participación de las organizaciones y comunidades del mismo Pueblo, quienes fueron ignorados en todo el proceso de elaboración y planificación de la misión a sus territorios, situación reconocida por la propia Secretaria del Ambiente al momento de disponer la suspensión de la llamada expedición "Chaco Seco 2010".

Además, estos organismos del Estado se están valiendo de un episodio puntual en el que una organización indígena e Iniciativa Amotocodie se encuentran con dificultades de relacionamiento pero sobre el cual Iniciativa siempre ha expresado su más profundo respeto a la autonomía de los y las indígenas.

Este hecho, constituye un episodio particularmente grave en la actual coyuntura política del Paraguay, teniendo en cuenta la sucesión de ataques que el movimiento de derechos humanos está sufriendo en distintos ámbitos, ya sea por personas del gobierno como por la prensa comercial que se ha empeñado en crear una opinión pública contraria a la labor de los defensores y defensoras, particularmente en los últimos dos años.

En el caso que afecta a Iniciativa Amotocodie y sus miembros, el Estado está incumpliendo con su deber de respetar derechos y proteger su labor que está encaminada a promover y defender los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, particularmente el de los grupos de ayoreos que aún viven en situación de aislamiento, que requieren una protección especial, conforme las Naciones Unidades lo ha señalado, así como otros organismos internacionales.

Es importante en esta desafortunada ocasión, todas las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil del Paraguay y del mundo nos pronunciemos, recordando al Ministerio Público y al Poder Ejecutivo, que en una democracia, no es el Estado quien controla a sus ciudadanos, si los ciudadanos organizados quienes ejercen de contralor del poder público.

Consideramos menester repudiar nítidamente el evidente abuso de poder en el que incurre el Ministerio Público, al violentar la oficina de IA, rompiendo ventanas y confiscando información, producto de largos años de investigación, almacenados en equipos informáticos de la institución.

Finalmente, es de rigor repudiar enérgicamente a quienes han cuestionado a IA con argumentos fundados en la nacionalidad de algunos de sus miembros, diciendo claramente que los derechos humanos son universales y deben ser promovidos y defendidos en cualquier parte del mundo por cualquier persona, independientemente de su identidad nacional.

Por todo esto, desde Tierraviva, solicitamos a las organizaciones fraternas, tanto nacionales como internacionales, un pronto pronunciamiento sobre estos hechos, exigiendo al Estado de Paraguay el cese de su conducta represiva hacia las organizaciones de derechos humanos, en particular, de Iniciativa Amotocodie y sus miembros.

Fraternalmente,

Oscar Ayala Amarilla

Coordinador Ejecutivo

Tierraviva

Pronunciamiento de BASE IS

Desde BASE Investigaciones Sociales repudiamos enérgicamente el allanamiento irregular de la oficina de Iniciativa Amotocodie ubicada en Filadelfia (Departamento de Boquerón) realizado el día de ayer, 1º de diciembre, por el Fiscal José Luís Brusquetti, y nos solidarizamos con dicha organización que trabaja en defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Ayoreos. Repudiamos asimismo el abuso de poder del Ministerio Público, quien violentó la oficina de IA, rompiendo ventanas y confiscando información, producto de largos años de investigación, almacenados en equipos informáticos de la institución.

El procedimiento fiscal, fundamentado en una denuncia que no especifica el hecho punible, y con una orden de allanamiento que no aclara qué se quiere investigar, es parte del largo hostigamiento por parte de numerosos actores vinculados a intereses ganaderos y latifundistas. Iniciativa Amotocodie había llamado recientemente la atención sobre los riesgos de contacto involuntario y las posibles consecuencias trágicas de la expedición de científicos británicos conocida como expedición "Chaco Seco 2010", argumentando que no se habían acatado las directrices emanadas de la ONU sobre el derecho de los indígenas en aislamiento voluntario.

Este hecho constituye un episodio particularmente grave en la actual coyuntura política de nuestro país, teniendo en cuenta la sucesión de ataques que el movimiento de derechos humanos está sufriendo en distintos ámbitos, ya sea por personas del gobierno, como por la prensa comercial, que se ha empeñado en crear una opinión pública contraria a la labor de los defensores y defensoras, particularmente en los últimos dos años.

La actitud de la Fiscalía General del Estado demuestra, con este tipo de acciones, tanto su supeditación a los intereses de la oligarquía y el agronegocio, como su desprecio por la política gubernamental de respeto a los derechos de los pueblos originarios.