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- Escrito por ElPais.cr
- Categoría: Bolivia
Tras varios años de discusiones y arduas negociaciones, con el voto unánime de 49 diputados fue aprobada en segundo debate, a ley que prohíbe el otorgamiento de permisos y concesiones para exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en Costa Rica.
Además, prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio en la actividad minera, (expediente 15.948), el cual fue impulsado por el Frente Amplio, cerrando de una vez por todas el "portillo" legal para el desarrollo de estas prácticas insostenibles en Costa Rica.
José María Villalta Flórez-Estrada, diputado del Frente Amplio, señaló que "no se prohíbe la minería subterránea, pero se libera al país de la forma de minería más devastadora que existe: la minería metálica a cielo abierto, la que por las condiciones geológicas del país más está amenazando nuestras fuentes de agua, nuestros bosques y nuestra biodiversidad. Es claro que esto no es suficiente. Pero en comparación con el escenario actual resulta innegable que se trata de un progreso".
Villalta Florez-Estrada considera que "si la concesión de la compañía minera en Crucitas se cae en los tribunales contencioso-administrativos o el Gobierno la revoca, la transnacional minera no podrá obtener una nueva concesión ni revivir la anulada. Tampoco podrá pedir una prórroga del plazo".
Aseguró que "en última instancia, esta reforma le cierra las puertas a decenas de concesiones mineras que están en trámite, en la zona Norte y en el resto del país. Hoy estos trámites están frenados por el decreto de moratoria, pero, como pasó al inicio del Gobierno de los Arias, dicha moratoria puede eliminarse fácilmente con otro decretazo nocturno".
"Como lo hemos señalado en anteriores ocasiones, el gobierno debe ser consecuente y aprovechar este momento para derogar el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas", indicó el diputado Villalta,
Por su parte, el opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), celebró la declaración de Costa Rica como país libre de Minería de Metales a Cielo Abierto, pero advirtió que no obstante, el proyecto de Crucitas sigue siendo una amenaza para el país, por lo que llamó a la población a no bajar la guardia.
"La Fracción de Acción Ciudadana celebró la aprobación de esta iniciativa en virtud de que este tipo de minería tiene efectos ambientales y sociales negativos, especialmente en los territorios ambientalmente frágiles", agregó.
Un boletín del PAC aseguró que la organización presentó el proyecto a la corriente legislativa el 5 de julio de 2005 por iniciativa del ex diputado (2002-2006), Gerardo Vargas Leiva.
"Hoy damos un paso en la dirección correcta declarando de manera definitiva a Costa Rica libre de minería de metales a cielo abierto. No obstante, la lucha sigue pues el proyecto de Crucitas continúa siendo una amenaza. Reiteramos nuestro llamado al Poder Ejecutivo y a doña Laura Chinchilla para que se deje de escudar en pretextos y detenga de una vez por todas ese nefasto proyecto", aseguró el diputado Claudio Monge, gerente del tema ambiental para la Fracción del PAC.
Este proyecto de ley que adicionará un artículo 8 bis y modificación del inciso k) del artículo 103 del Código de Minería, Ley Nº 6797 de 4 de octubre de 1982 y sus reformas, Ley para declarar a Costa Rica país libre de minería y metales pesados a cielo abierto, pasará al Poder Ejecutivo para el trámite correspondiente.
El proyecto modifica el párrafo segundo y agrega ocho párrafos al artículo 8 del Código de Minería, con el fin de prohibir la explotación minera en los refugios de Vida Silvestre y crea la excepción a la prohibición de exploración y explotación minera en pequeña escala, para los trabajadores organizados en cooperativas de las localidades de Abangares, Golfito y Osa, en donde la subsistencia de las familias, depende casi exclusivamente de la extracción del mineral oro.
El proyecto modifica el artículo 103 inciso k) del Código de Minería, con el fin de considerar la técnica de lixiviación con cianuro y mercurio y el uso inadecuado de sustancias peligrosas, según calificación hecha por la Organización Mundial de la Salud, como factores que deterioran el ambiente.
La propuesta incluye siete transitorios, el primero da un plazo de diez años a las cooperativas para eliminar el uso de cianuro y mercurio en la explotación minera y pasar la actividad a prácticas amigables con el ambiente, así como un plazo de tres años al Estado para que promueva alternativas productivas sustentables que ayuden a aprovechar mejor el mineral extraído, para lo cual se les abre la posibilidad de tener acceso a créditos de manera prioritaria en la Banca de Desarrollo.
El segundo reconoce la preservación de los derechos de concesión adquiridos de buena fe, antes de la eventual aprobación de la ley.
El tercer transitorio referido a los permisos de extracción que se encuentran en trámite posterior a la eventual aprobación de la presente ley, los cuales deberán ser archivados.
El cuarto transitorio, advierte la imposibilidad de extender los permisos de exploración y extracción, posterior a su vencimiento.
Un quinto transitorio hace referencia al estudio que debe realizar el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) del estado de las solicitudes pendientes, así como de los permisos y concesiones otorgadas en las áreas de reserva de Abangares, Osa y Golfito y cancelar y archivar aquellas que sean contrarias al principio de legalidad.
El sexto transitorio se refiere a la reglamentación que le debe dar el Poder Ejecutivo a lo que dispone la reforma al artículo 8 del Código de Minería contenida en el artículo 2 del proyecto de ley, contemplando la asistencia y los incentivos para el desarrollo de tecnología limpia y alternativas productivas.
Un último transitorio que se refiere a la reglamentación por parte del Ministerio de Salud y el Minaet sobre el almacenamiento, transporte, uso y manipulación del cianuro, mercurio y sustancias peligrosas en pro de la salud de la población trabajadora y de sus familias.
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- Escrito por La Hora
- Categoría: Chile
Los delegados oficiales de los países que conforman la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se reunieron ayer, en Quito, para escuchar una iniciativa ecuatoriana para enfrentar al cambio climático.
Esto con la finalidad de que se convierta en una posición regional para ser presentada en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16), que se desarrollará en Cancún (México), del 29 de noviembre al 10 de diciembre.
"La propuesta se denomina ‘Emisiones Netas Evitadas', que va de lo local a lo regional para ser ‘sacada a la luz' como una alternativa de combate contra el cambio climático", explicó Ricardo Patiño, canciller de Ecuador.
El enfoque
Patiño comentó que se observa a la Unasur "como una comunidad para liderar un proceso de transformación durante esta época afectada por patrones de consumo y producción del mundo desarrollado".
El planteamiento de ‘Emisiones Netas Evitadas' consiste en que los países desarrollados y en desarrollo no emitan dióxido de carbono al implementar actividades económicas productivas, lo cual estará "sujeto a mecanismos de compensación en base a criterios de corresponsabilidad", manifestó Daniel Ortega, director de medio ambiente y cambio climático de la Cancillería.
Adicionalmente, señaló que "es un mecanismo no mercantil y voluntario de mitigación", por lo que no será parte del mercado de emisiones, pero si tendrá incentivos económicos muy claros de cumplimiento de los compromisos financieros bajo la Convención.
Incluye a todos
Diego Ortega, asesor de la Cancillería, manifestó que el mundo necesita "un compromiso global" para que todos aporten desde sus realidades y responsabilidades históricas.
Por su parte, el canciller Ricardo Patiño dijo que "el cambio es factible a través de iniciativas que permitan transformar a nuestras sociedades e incentivar la posibilidad para mantener nuestros modelos de desarrollo bajos en emisiones y respetuosos de la atmósfera como un bien público global".
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- Escrito por ABC Digital
- Categoría: Venezuela
El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Miguel Angel López Perito, anunció ayer a la mañana que podría haber invasiones masivas de propiedades privadas por parte de campesinos "sin tierras" luego de la decisión en la Cámara de Diputados de tratar de impedir la compra de una parte de las tierras del brasileño Ulisses Rodrigues Teixeira.
Indicó que hay una urgencia de comprar tierras para los campesinos que necesitan lotes para trabajar. Pero la iniciativa surgida el lunes pasado en la Cámara Baja complica aún más el proceso de negociación y la situación en el campo.
No descartó que surjan hechos de violencia y/o invasiones de tierras por parte de campesinos "sin tierras" como reacción a la decisión de los diputados.
Insistió en comprar las 7.900 hectáreas de Teixeira, situadas entre los departamentos de San Pedro y Amambay para paliar el problema que soportan los labriegos.
La Cámara de Diputados incluyó en el proyecto de ley de presupuesto 2011 un artículo que impedirá al Gobierno utilizar los fondos destinados al Indert para la compra de las tierras de Teixeira. La propuesta fue efectuada por el diputado de Patria Querida Carlos Soler, y tuvo el acompañamiento de todos los legisladores presentes en la sesión del lunes pasado en horas de la tarde.
El legislador patriaqueridista explicó que el proyecto de ley establece que un 40% de los fondos presupuestados deben destinar para pagar deudas en concepto de compra de tierras y el 60% para la compra de tierras ofertadas al Indert y que se encuentran en proceso de adquisición.
Soler acusó a López Perito de tener una obsesión por la compra del inmueble.
Descartarían compra
Ante una consulta periodística, López Perito afirmó que el Gobierno podría dejar de lado la compra del inmueble para los campesinos sin tierras y se estarían buscando otras ofertas, si el Congreso aprueba el proyecto de ley.
Sin embargo, uno de los dirigentes que impulsan la compra de las tierras de Teixeira, José Rodríguez, había manifestado que es innegociable la adquisición del inmueble del brasileño.
El Gobierno acordó comprar 7.900 hectáreas por US$ 14 millones, pero el brasileño compró las 22.000 hectáreas en poco más de US$ 10 millones, lo que daría pie a pensar que se trata de un gran negociado.
Dirigente habla de medidas drásticas
SANTA ROSA DEL AGUARAY, Dpto. de San Pedro (Omar Acosta, corresponsal). El dirigente campesino Eulalio López califica de criminal la decisión tomada por la Cámara de Diputados con relación al cerrojo que pusieron para no permitir la compra de las obsesionadas, polémicas y cuestionadas tierras de Ulisses Rodrigues Teixeira.
López advierte que este fin de semana mantendrán un encuentro con los dirigentes campesinos del país, y luego tomarán medidas e iniciarán acciones que serán drásticas. "Esta decisión que tomaron los diputados es criminal, y serán ellos los responsables de la violencia si se desata en el campo", afirma Eulalio López.
Está todo claro, ya no hay nada que agregar, utilizan el Parlamento, con caprichos para impedir que se adquiera las tierras de Teixeira, y con eso evitar la reforma agraria, expresó López. Añadió que lo único que van a conseguir los diputados es el enfrentamiento en el campo y ellos serán responsables si eso ocurre.
Acusó que los diputados tratan de impedir la compra, primero declarando área protegida una parte de la propiedad sin argumento ni sustento legal.
Siguió diciendo que cuando están ya muy avanzadas las negociaciones para que se adquieran las siete mil hectáreas, se frena todo y no queda otro camino que la invasión. López también señala que existen algunos diputados que entienden la necesidad, no a todos se puede meter en la misma bolsa, pero con esta decisión ellos incitan a la violencia y provocan a la gente necesitada.
El dirigente campesino desafía a que se presenten pruebas sobre la sobrefacturación de las tierras: "Desafío públicamente a quien sea y donde sea a que presenten pruebas sobre irregularidades en el proceso de compra; no hay sobrefacturación, ni intento de estafa", dijo.
Actualmente están presentes unas 300 personas frente al inmueble de Teixeira, entre ellos hay gran cantidad de niños en situación de extrema necesidad, explicó. Reiteró López que este fin de semana tomarán la decisión que seguirán ante la nueva situación. "Este sábado. en principio, nos quedamos para reunirnos en Guayaybí para determinar las acciones a seguir", concluyó.
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- Escrito por La opinión
- Categoría: Brasil
Los campesinos de Bermejo salieron a la defensa de los militares bolivianos acusados por argentinos de haber incursionado al suelo del vecino país a robar y denunciaron que foráneos de Argentina quieren apoderarse de al menos 700 hectáreas del territorio nacional, inventando falsedades y calumnias contra los uniformados de Bolivia.
Waldo Cardozo, dirigente de la Federación de Campesinos de Bermejo, en declaraciones exclusivas a la radio "Bermejo" de la Red Erbol, afirmó que están muy molestos por las noticias difundidas por los medios de comunicación de Argentina, porque en ningún momento incursionaron militares bolivianos al territorio argentino.
"Nunca el coronel Willy Gareca, como jefe de frontera militar de Bemejo, impulsó una supuesta incursión al territorio argentino, tampoco ha decomisado vehículos, ni maquinarias, como aseguran, nosotros los campesinos (bolivianos de la frontera) somos mejor los avasallados por los argentinos", manifestó Cardozo.
Agregó que este problema fronterizo entre Bolivia y Argentina no es reciente, porque hace mucho tiempo los campesinos de la comunidad de Arrozales, Bermejo, vienen denunciando que argentinos están avasallando tierras bolivianas, pero sin que ninguna autoridad nacional, ni medio de comunicación, haga eco de esas acusaciones como ahora, cuando algunas personas del vecino país inventan falsedades contra "nuestros" militares.
Según el reporte de la radio "Bermejo", son alrededor de 700 hectáreas productivas de Bolivia las que ahora se estaría perdiendo tras el avallamiento de argentinos.
Por su parte, Cipriana Mamani, una de las personas de las 15 familias bolivianas principalmente afectadas por la "remoción de los hitos", afirmó que argentinos empezaron a avasallar la comunidad de Arrozales desde el 2000.
"Nosotros sembramos caña en la frontera desde 1960 y no sólo desde 2000, cuando los argentinos han empezado a avasallarnos, nosotros sembramos y ellos sólo aparecen para cosechar porque dicen que está en suelo argentino los sembradíos, sin tener ninguna documentación, en cambio las familias que vivimos aquí tenemos nuestras tierras saneadas y con todos los papeles al día", manifestó.
También ratificó que todas esas denuncias de que militares bolivianos habrían ingresado a territorio argentino a robar maquinaria son un invento para justificar la incursión de foráneos a nuestras tierras.
"Las informaciones que salieron en los últimos días son todo al revés, los que están avasallándonos son los argentinos en el suelo boliviano, no puede ser que se inventen esas acusaciones (en contra de nuestro militares), nada de lo que está diciendo (la prensa de Argentina) es cierto, mejor por qué las autoridades argentinas no vienen a hablar con nosotros, que tenemos documentos", aseveró.
La periodista Reina Caucota de la radio "Bermejo" de la Red Erbol agregó que la Federación de Campesinos del lugar ya emitió un manifiesto unánime en defensa de los militares bolivianos.
El documento hace referencia a las operaciones que hizo en los últimos días el coronel Willy Gareca e indica que este militar actuó en la zona siempre enmarcado en las leyes bolivianas, tratados internacionales y en fiel cumplimiento de las órdenes de las Fuerzas Armadas "haciendo respetar el territorio nacional".
Mientras, ante el anunció de la llegada del Instituto Geográfico Militar a Bermejo, el dirigente Cardozo dijo que harán un seguimiento celoso los campesinos de las actividades que se desarrollen en el lugar, pero siempre en defensa de la zona avasallada en la frontera.
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- Escrito por Telám
- Categoría: Qué pasa
El ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, sostuvo que "Argentina debe aprovechar el gran negocio de ser proveedora de alimentos al mundo", y para que eso ocurra consideró necesario "poner límites a la extranjerización de las tierras".
"Hoy la discusión es quién provee alimento al mundo, porque el gran negocio hoy es el alimento y Argentina tiene las condiciones para hacerlo", evaluó el funcionario durante una reunión que mantuvo con las principales Bolsas de Cereales del país que se convocaron en la ciudad de Córdoba.
Domínguez detalló que "son 6400 millones de personas en el mundo, de los cuales 1000 millones no comen por problemas de alimentos y en 40 años la población mundial está estimada en 9400 millones de habitantes, por lo tanto se cree que va a faltar alimentos para 1500 millones, es decir que el negocio del alimento es un negocio en si mismo y nosotros no podemos ser ajeno al negocio".
"Están viniendo por nuestras tierras porque es generadora de negocios. Estamos planteando un límite a la extranjerización de tierras al modelo brasilero, es decir que en escala municipal no puede más del 25 por ciento quedar en manos del extranjero y de este total más del 40 por ciento no puede pertenecer a más de una persona", dijo aludiendo a los proyectos que esperan tratamiento".
"El tema de la Ley de Semillas y el de la Ley de Extranjerización de Tierras son "aspectos claves para nuestro país y que los cuales esperamos que tengan pronto tratamiento parlamentario", añadió al hablar en rueda de prensa.
Entre otros temas dijo que desde el Gobierno nacional se está "evaluando la posibilidad" de ampliar el cupo de exportación de granos (trigo y maíz) a partir de las estimaciones de cosecha y los sobrantes de la campaña anterior, al reunirse con las principales bolsas cerealeras.
El ministro destacó que para la campaña 2010-2011 se estima un "record que alcanzaría los 103 millones de toneladas" de granos, por lo tanto consideró que se trata de un "importante volumen de producción a partir de una evaluación conservadora" en cuanto a las apreciaciones.
"Todo esto es muy importante porque en función de ese volumen habrá que ver la liberación de las exportaciones, que es el principal desafió de las Bolsas y de nuestro ministerio como así también avanzar en el tema precios para esta campaña", dijo el ministro.
En cuanto al trigo dijo que "se habló tanto de que iba a faltar y resulta que nos ha sobrado un millón y medio de tonelada, sumado a los 13 millones de toneladas que estimamos para la próxima campaña vamos a disponer de 14,5 millones de toneladas".
"No está comprometido el abastecimiento del mercado interno, hoy tenemos que plantear la situación en función de un nuevo escenario de producción, de favorables condiciones climáticas y otros factores que nos hacen suponer que el trigo no va a faltar y también generar las condiciones para que el productor pueda aprovechar los precios internacionales", resaltó.
En ese sentido dijo que lo que se está haciendo es "corroborar la información para tomar decisiones y aprovechar esas condiciones favorables del precio en el mercado externo, pero hay que hacerlo racionalmente".
Finalmente resaltó que se acordó con en la necesidad de avanzar en la coordinación de una red de estimación en forma conjunta entre el Ministerio de Agricultura y las que tienen las bolsas cerealeras, además de sumar al ámbito académico para ir construyendo un escenario de estimaciones cada vez más preciso.
