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Un estudio de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, con la mayor muestra hecha hasta ahora entre las víctimas, demuestra que el 90% perdió su tierra y que el 99% algún bien.
Un estudio de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, con la mayor muestra hecha hasta ahora entre las víctimas, demuestra que el 90% perdió su tierra y que el 99% algún bien. Martes 19 Octubre 2010
Uno de los problemas que enfrenta la reparación de las víctimas del conflicto armado es la cuantificación de los bienes que les fueron despojados, que abandonaron, o que perdieron por causa de la violencia.
Para suplir, en parte, este vacío, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado hizo una encuesta a 10.433 familias, en 68 municipios del país, en la que indagó por algunos aspectos del estado del derecho a la propiedad de los desarraigados por el conflicto.
Los resultados de la "III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada" constituyen la radiografía más aproximada de las condiciones por las que los desplazados (desde 1998) tuvieron que abandonar sus tierras y bienes, y qué fue lo que perdieron.
La encuesta incluyó hogares de personas inscritas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), que lleva Acción Social de la Presidencia y hogares de personas no inscritas.
El estudio fue hecho por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad de Colombia, bajo la dirección del profesor Luis Jorge Garay, y los resultados preliminares en materia de "bienes rurales" fueron revelados este martes.
Garay explicó que esta encuesta es la tercera que la Comisión ha hecho para "verificar cuál es el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y constatar el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004".
Sin embargo, esta encuesta se diferencia de sus versiones anteriores porque la muestra es más que significativa, lo cual permite concluir que los resultados son muy próximos a la realidad. Según Garay, esta tercera encuesta también "permitió concluir que los resultados de las encuestas anteriores son bastante consistentes".
Lo que tenían y lo que perdieron
El estudio reveló que un 83 por ciento de personas inscritas en el RUPD perdió alguno de los bienes preguntados, porque se vio obligado a abandonarlo o porque le fue arrebatado. Así, el 72 por ciento los encuestados dijo haber perdido ganado u animales productivos; el 50 por ciento, maquinaria o vehículo; el 42 por ciento, tierras; el 24 por ciento, infraestructura productiva; y el 19 por ciento, bienes raíces no rurales.
La encuesta discriminó la propiedad de bienes productivos de los muebles del hogar. Porque, cuando se pregunta por estos, el porcentaje de familias que perdió algún bien aumenta a 99 de cada 100.
La situación de las personas no inscritas en el registro es muy parecida. El 78 por ciento perdió algún bien; el 63 por ciento, animales; el 45 por ciento, maquinaria y equipo; el 36 por ciento, tierras; el 23 por ciento, cultivos; el 17 por ciento, bienes; y el 16 por ciento, infraestructura productiva.
El estado de la propiedad
La mayoría de las familias desplazadas, el 78,3 por ciento, se declaró propietaria de la finca o parcela que tenía antes de su desplazamiento. De este porcentaje, solo el 21 por ciento cuenta con una escritura registrada y el 9 con una sin registrar.
El 35 por ciento de las familias desplazadas inscritas en el RUPD no cuenta con un papel que acredite su tenencia y el 23 por ciento cuenta con documentos como promesas, contratos, entre otros.
"Así, se muestra con toda claridad la tradicional informalidad en la tenencia de la tierra rural en el país", concluye el informe.
El destino de la tierra
La encuesta también constató que debido a la amenaza inminente y el peligro para sus vidas, el 90 por ciento de las familias encuestadas tuvo que abandonar su tierra. El 3,5 por ciento la dejó al cuidado de familiares o amigos; una proporción semejante se vio obligada a venderla; y el 2,2 por ciento la tuvo que entregar sin recibir nada a cambio.
Conocimiento de la condición de la tierra
El estudio también incluyó preguntas que buscaron identificar si la población desplazada sabe en qué condiciones se encuentran sus bienes.
Más de la mitad, el 53 por ciento, cree que sus bienes continúan abandonados; el 30 por ciento no sabe, el 6 por ciento los explota directa o indirectamente; y otro porcentaje igual al inmediatamente anterior respondió que su predio está ocupado sin su consentimiento.
Un alto porcentaje, el 76.8 por ciento de las familias, dijo no saber cuál es el uso de sus tierras; el 39 por ciento afirmó que está "enmontada" (descuidada); el 36 que es utilizada en actividades agrícolas; un 17 por ciento dijo que es utilizada en actividades "agrícolas de gran escala" y el 6 por ciento aseguró que su tierra está dedicada al cultivo o al transporte de sustancias de uso ilícito.
La cantidad de tierras despojadas o abandonadas
La cantidad de hectáreas de tierra usurpadas o abandonadas por causa de la violencia entre 1980 y julio de 2010 es cerca de 6,65 millones, sin contar los territorios de comunidades étnicas. Esa cantidad de tierras equivale al 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria del país.
Según estableció la investigación, entre 1998 y 2008 fue el período en el que más se abandonaron o despojaron las tierras: 5,3 millones de hectáreas.
Hay que tener en cuenta que con el abandono de las tierras, la población desplazada también perdió su casa, pues el 89 por ciento de los predios contaban con ese inmueble.
Además, la calidad de las tierras era óptima para la producción pues el 82 por ciento dispone de agua casi todo el año; el 55 por ciento está en planicies; el 20 está ubicada en laderas; el 60 por ciento era "tierra negra" y el 15 por ciento "café".
Uno dato significativo que arrojó la encuesta es que el 41 por ciento de los desplazamientos fue "masivo", el 31 por ciento de carácter "individual" y el 28 de tipo "grupal" (entre 2 y 10 familias).
A propósito, los investigadores sugirieron que ante la predominancia de los desplazamientos masivos, el Estado podría "pensar en retornos grupales que facilitarían el desarrollo de actividades productivas asociadas".
Sobre la Ley de Víctimas
Al final de su informe preliminar, los investigadores celebraron la radicación en el Congreso de una Ley de Víctimas. "Resulta a no dudar esperanzador para un grupo poblacional que ha sido víctima del desplazamiento forzado y de otras violaciones graves a los derechos humanos, tales como asesinatos, masacres torturas, secuestros, desapariciones forzadas, etc."
No obstante, advirtieron que el proyecto de Ley tiene falencias que si no son corregidas "comprometerían su constitucionalidad".
La primera es que contempla como "reparación" la ayuda humanitaria que el Estado ha entregado por vía administrativa. Los investigadores recuerdan que la jurisprudencia vigente "prohíbe descontar de la reparación a las víctimas las prestaciones o servicios a las que tienen derecho por razones humanitarias o de solidaridad, o simplemente por su condición de ciudadanos (como la educación, salud, entre otros, que son deber del Estado con toda la población)".
En segundo lugar, indicó Garay que el concepto de reparación, a la luz de la jurisprudencia vigente y de los compromisos adquiridos por Colombia con la legislación internacional, debe ser integral. Es decir, "que incluya la restitución de bienes materiales e inmateriales, no solo las tierras, sino los animales, infraestructura y otros bienes que son fundamentales para producir ingresos", explicó Garay.
Además, el concepto de reparación también incluye el "lucro cesante" y el "daño emergente", que es la estimación económica de la cantidad de dinero que perdió la población desplazada o dejó de recibir a causa de su despojo.
Garay es consciente de que este concepto de reparación sería demasiado costoso para el Estado. Sin embargo, advirtió que no por ello el proyecto debía ir contra el principio contenido en la jurisprudencia. "Se deben contemplar medidas de tarificación para la reparación administrativa, buscar salidas, pero no echar por tierra principios porque se podría caer la Ley por inconstitucional. Eso sería lo peor que podría pasar", dijo el investigador.
El grupo de investigadores también indicó que para que la Ley cumpla con requisitos de constitucionalidad y goce de legitimidad es necesario contar con la participación de las víctimas en su discusión, máxime cuando proyectos como este exigen una consulta previa con las comunidades étnicas.
Por todo esto, los resultados de la "III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada", la más completa y aproximada sobre cuál es la situación de la población desplazada, no son de poca monta. Representan un baluarte para una verdadera reparación.
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- Escrito por espectador.com
- Categoría: Paraguay
Afirman que el bloque "no tiene razón de ser" y que supondrá más burocracia y superposición de organismos.
Se rechaza además la presencia de Néstor Kirchner al frente de la secretaría general, y se anuncia que se pedirán explicaciones sobre los detalles del nombramiento de alguien que "no tiene estatura política".
Aunque el Gobierno cuenta con los votos suficientes para aprobar la adhesión de Uruguay, procura lograr una base amplia a través de una posición común.
El 23 de mayo de 2008 los presidentes de todos los países de América del Sur firmaron en Brasilia el Tratado Constitutivo de la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur).
La nueva organización entrará en vigencia formalmente 30 días después que sea ratificado por nueve naciones.
Hasta el momento lo han hecho sólo seis: Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú y Venezuela.
En procura de acelerar el proceso y lograr la ratificación de por lo menos dos países más, el mes pasado el vicencanciller de Ecuador -país que en la actualidad ocupa la presidencia del bloque-, Kintto Lucas, realizó una visita a Uruguay.
El proyecto de ratificación se encuentra a estudio de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, y aunque el Frente Amplio cuenta con los votos suficientes como para aprobarlo, desde el Gobierno se pretende contar con una "base amplia".
En el actual Ejecutivo comandado por José Mujica se entiende que la Unasur se "ajusta plenamente" al mandato constitucional de "perseguir la integración con los pueblos hermanos de la región", en un intento de cumplir con la "frustrada unión que soñaron los héroes emancipadores".
Según dijo a El Espectador el canciller Luis Almagro, el Gobierno iniciará en los próximos días una ronda de contactos con los principales líderes de la oposición para adoptar una "política de Estado" en este tema.
"Sería muy bueno para Unasur y para Uruguay que así fuera. Lo que haremos será explicar a los líderes de la oposición o sus representantes la situación en cuanto a la rectificación del tratado, las ventajas que tendría el mismo y el papel que desempeña Unasur a nivel continental", dijo Almagro.
El secretario general del Partido Colorado (PC), Pedro Bordaberry, señaló que "escuchará el planteo que le haga el Gobierno y sus razones para incorporar a Uruguay y luego trasladará el análisis al Comité Ejecutivo Nacional del PC.
Señaló que, si todos los países de Sudamérica adhieren, no sería sensato quedar afuera, pero también identificó una superposición de organismos en la región y apuntó que se debe analizar detenidamente el hecho de que Brasil no parece demasiado interesado en la Unasur, al punto de que "le cedió" a Néstor Kirchner la secretaría general.
Bordaberry requerirá información acerca de la secretaría general y de las razones de haber allanado el camino al ex presidente argentino en su elección.
El secretario general del Partido Colorado fue el más crítico hacia los recientes comentarios de Kirchner en Gualeguaychú, y dijo que esa es una razón más para analizar detenidamente la incorporación de Uruguay al organismo.
"¿Cuál es el cometido de la Unasur? ¿Pararse en Gualeguaychú y gritarle a los uruguayos desde ahí que luchar contra Botnia es causa nacional? ¿Cuál es el cometido de la Unasur? ¿Pararse en Gualeguaychú y gritar: ‘hemos logrado entrar a Botnia'? ¿Ese es el cometido?", se preguntó Bordaberry.
Y luego añadió: "El secretario general de la Unasur, de acuerdo al Tratado (Constitutivo de la Unasur), tiene que tener dedicación exclusiva. Entonces, el (actual) secretario general de la Unasur, que tiene dedicación exclusiva, se dedica a decir que luchar contra Botnia es causa nacional y grita que lograron entrar al Uruguay. Entonces, me parece que si no se aclara eso, votar algo en lo que el secretario general de ese organismo nos está agrediendo antes de empezar, me parece que no es serio".
Con respecto al pedido de Bordaberry de elevar una queja formal ante lo afirmado por Kirchner, desde Cancillería se afirmó que no contesta "versiones de prensa" sino que siempre se maneja por pedidos formales, ya que no se quiere entrar en un "juego interminable" de contestar declaraciones.
Se señaló que, a ojos del Gobierno, la negociación con los vecinos "evoluciona favorablemente".
Desde el Partido Nacional se anunció que no se votará la ratificación ya que se entiende que "no están claros sus cometidos" y que primero deben perfeccionarse los organismos ya existentes como el Mercosur antes de pensar en crear otros nuevos".
En el Partido Independiente no "se le encuentra mucho sentido" a la Unasur, ya que "exagera instancias de integración que terminan superpuestas y débiles, acumulando burocracia y fracasos.
Su líder, Pablo Mieres, señaló que Uruguay debe apostar fuertemente al Mercosur, su ámbito natural, y también a la Organización de Estados Americanos, y además consideró que Kirchner "no tiene estatura política" para ocupar su cargo.
"Me parece claro que (Kirchner) es una persona que lo que menos hace es generar consensos, y esos cargos son para personas que generan consensos y que están por encima del bien y del mal. Si Kirchner ni si quiera puede pararse por encima del conflicto de Gualeguaychú, demuestra que no tiene estatura. No la tiene, nunca la tuvo. No tiene estatura política para un cargo internacional, y en todo caso tiene para el cargo nacional porque lo vota la gente, pero bueno, allá ellos los que lo votan", dijo Mieres.
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- Escrito por Prensa Latina
- Categoría: Uruguay
Una declaración que expresa la necesidad de un desarrollo agrícola sostenible con nuevas tecnologías a favor de la producción de alimentos cerró la primera reunión ministerial del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).
Las naciones miembros de ese bloque acordaron impulsar la productividad agrícola mediante el traspaso de tecnología e información, en momentos en que el cambio climático y una disminución de las tierras de cultivo amenazan las reservas futuras de alimento.
Los ministros de Agricultura de los 21 países de la APEC adoptaron la Declaración de Niigata, Japón, sobre seguridad alimentaria y un plan de acción para prevenir la escasez de alimentos, en su reunión de dos días.
"Incrementar la disponibilidad de alimentos suficientes, seguros y nutritivos en la región de APEC, consolidando comunidades rurales viables, será necesario para tratar un posible desequilibrio en la oferta-demanda de alimentos derivado de un futuro aumento de la población y los ingresos", indicó la declaración.
La cita fue la primera de la APEC sobre seguridad alimentaria ante la necesidad de fortalecer el abastecimiento de productos agrícolas por el aumento de la demanda, lo que ya ha disparado los precios de algunos cereales desde 2007.
También llamó a una inversión agrícola responsable en momentos en que una creciente adquisición de tierras cultivables en países en desarrollo por parte de otras naciones causa roces con los habitantes locales.
El texto final subrayó la necesidad de un desarrollo agrícola sostenible y la importancia de crear mecanismos para promover las inversiones en agricultura, mejorar el comercio de productos alimenticios y fortalecer la confianza en los mercados.
El mundo necesita producir un 70 por ciento más para alimentar a la población mundial proyectada en el 2050, dijo el ministro de Agricultura de Japón, Michihiko Kano.
Los resultados del encuentro sentaron las bases para la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la APEC, que se celebrará en noviembre en la ciudad nipona de Yokohama.
Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Rusia, Singapur, Tailandia, Taiwán y Vietnam, integran ese bloque.
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- Escrito por ALAI - América Latina en movimiento
- Categoría: Chile
Con la asistencia de los presidentes Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa de Ecuador se inauguró este 12 de octubre en Quito el V Congreso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) que se prolongará hasta el 16 de octubre.
Por la mañana una nutrida manifestación multicolor recorrió las calles coloniales de la ciudad de Quito destacando la participación de los delegados y delegadas al Congreso de la CLOC, así como delegaciones del IV Foro Mundial de las Migraciones que también se llevó a cabo en Quito y del Grito de los Excluidos.
El acto de inauguración del Congreso de la CLOC, realizado en el coliseo de la Universidad Central del Ecuador, se constituyó en un acto político en la medida en que el movimiento campesino latinoamericano dio un espaldarazo al régimen democrático ecuatoriano que el pasado 30 de septiembre sufrió un fuerte sobresalto por una asonada policial que fracasó pero que puso en riesgo la vida del presidente Rafael Correa.
Los voceros de la CLOC, el ecuatoriano Luis Andrango y la chilena Francisca Rodríguez, expresaron algunas de las principales demandas del movimiento campesino que se pueden sintetizar en impulsar la reforma agraria integral para hacer realidad el principio del Sumak Kausay (buen vivir); rechazo al modelo industrial de agricultura manejado por unas pocas transnacionales que promueven el uso de transgénicos, monocultivos y agrotóxicos; impulso de la agricultura campesina como la mejor forma de fortalecer la soberanía alimentaria y combatir el cambio climático; repudio a la criminalización de las luchas sociales; apoyo a los procesos de transformación política y social propuestos por los gobiernos progresistas; participación democrática con autonomía e impulsar las reivindicaciones y las luchas de las mujeres rompiendo la lógica perversa del machismo y el patriarcado.
Ante un millar de delegados y delegados del continente, el Presidente boliviano Evo Morales, quien es uno de los fundadores de la CLOC-Vía Campesina, recordó que esta organización, que se funda en Lima, Perú, en 1994, es resultado de la campaña 500 años de resistencia indígena, negra y popular que se desarrolló a principios de la década de los 90 del siglo pasado. En esa época la consigna del movimiento campesino era "de la resistencia a la toma del poder", pero ahora se puede decir "en Bolivia, misión cumplida", dijo Morales.
Morales también manifestó su solidaridad con el gobierno de Rafael Correa y la revolución ciudadana y repudió el intento golpista en el Ecuador señalando que este "viene de Estados Unidos, del imperialismo y el capitalismo". También recordó que desde el 2002 hasta el 2010 hubo cuatro intentos de golpe en el continente: en 2002 en Venezuela, en 2008 en Bolivia, en 2009 en Honduras y en 2010 en Ecuador. Señaló que el intervencionismo de Estados Unidos se realiza so pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y se materializa en los ejercicios militares conjuntos y en la formación de los policías. Hizo un llamado a las fuerzas armadas latinoamericanas a dejar de someterse al imperialismo, a no concurrir a los ejercicios militares conjuntos y a crear en América del Sur una escuela de formación militar para que defienda la democracia y la soberanía.
El presidente Correa, por su lado, dijo que luego del intento de golpe de Estado se radicalizará la revolución ciudadana y parte de esa radicalización será la política agraria en función de los más pobres. Dijo que en el Ecuador no se necesita una reforma agraria sino una revolución agraria.
"Tenemos (los) indicadores más inequitativos del mundo en cuanto a distribución de tierra, injusticias ancestrales, nuestros pueblos originarios sobre todo en la sierra central están en las peores tierras, desplazados a 3500 metros de altura, en tierras erosionadas, con pendientes, con bajísima productividad, eso no hace mas que incrementar los procesos de exclusión. Hemos hecho todo lo posible pero no todo lo que hemos querido, nos hace falta mucho por hacer en el campo. Se había previsto entregar 200.000 hectáreas pertenecientes al Estado y apenas se han entregado el 10 por ciento", indicó Correa.
Proceso organizativo
Rafael Alegría, dirigente de la comisión internacional de Vía Campesina, manifestó que este quinto Congreso de la CLOC representa la consolidación de los movimientos indígenas, campesinos y comunales, de lo que se podría "llamar el ruralismo en América Latina, que, como producto del modelo neoliberal estaba bastante golpeado pero ahora es el momento de relanzar y refundar todos los movimientos sociales en América Latina".
El V Congreso de la CLOC-Vía Campesina constituye la culminación de un proceso de más de un año en el que se han realizado pre-congresos en la región andina, el Caribe, Centroamérica, Cono Sur y la región norte. Previo al quinto Congreso se realizó la III Asamblea de Jóvenes y la IV Asamblea de Mujeres. En estos foros se han debatido los temas agrarios y organizativos para fortalecer el posicionamiento político del movimiento campesino en el continente.
"En el contexto que vive América Latina es muy importante fortalecer los procesos de organización y la articulación de propuestas, porque necesitamos posesionarnos en los procesos políticos y democráticos en una lucha tremenda contra los grupos de poder", señaló Rafael Alegría.
El dirigente campesino agregó que: "Estamos en un momento de lucha de clases claramente definido en el continente, hay una defensa inclaudicable de los recursos naturales, de los bienes, como la tierra, el agua, las semillas, los bosques, y por otro lado esta la embestida de las empresas transnacionales por apoderarse de estos recursos".
Finalmente, Alegría manifestó que "las elites y los grupos golpistas del continente pretenden arrebatar los procesos democráticos. El golpe en Honduras fue como un laboratorio para ver cómo reacciona el pueblo de Honduras y también los pueblos de América Latina; para nosotros la intentona golpista en Ecuador es parte de una estrategia diseñada por los grupos oligárquicos y el Departamento de Estado, el Pentágono y todas esas fuerzas para irnos derrotando, pero ahora en nuestros pueblos se cayeron las máscaras y hay procesos de concienciación; en Honduras estuvimos 6 meses en las calles, miles de personas, y ahora estamos por una Constituyente democrática, participativa; es el momento de luchar por la refundación de los Estados con la ventaja de que ahora podemos hacer alianzas con los gobiernos y en este contexto es el momento de fortalecer estas luchas y estos movimientos".
Foto: Idania Trujillo
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- Escrito por Prensa Latina
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El encarecimiento de los alimentos en los próximos años aumentará el hambre en América Latina, alertó hoy el último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
La situación descrita confirma que la recesión incrementó de 47 a 52,5 millones las personas desnutridas entre en 2010, situación que empeorará en Centroamérica, y aunque representa una disminución en relación con 2006 aún es insuficiente.
El representante regional de la FAO, José Graziano, significó que la reversión del hambre en Latinoamérica es importante, porque era la única zona a nivel mundial que iba en camino de erradicarla.
Para la FAO, el aumento de los precios internacionales de los alimentos a partir de 2006 y la crisis financiera y económica en 2009 son las principales causas de la malnutrición en los últimos años.
Graciano explicó que aunque América Latina estaba mejor preparada para afrontarla, la recesión fue más profunda de lo inicialmente previsto con graves consecuencias en el empleo y en los ingresos de los hogares más vulnerables, lo que prolongó la crisis alimentaria.
Precisó que si bien se trabaja para reducir el hambre continuará un nivel elevado de desnutrición, menor en la parte sur donde hay países con mayor crecimiento económico.
De acuerdo con el informe la inestabilidad, y en momentos estancamiento, de la recuperación en Estados Unidos y Europa, golpeará más a las naciones latinoamericanas vinculadas a esas economías y que tienen escasos fondos para impulsar políticas sociales.
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, donde entre cinco y dos de cada 10 personas están mal nutridas, encararán la situación social y financiera más compleja de la región, señaló el documento.
El texto, publicado hoy, indicó que después de registrarse en 2009 una cifra de un billón (millón de millones) de personas con hambre en el mundo, el número descendería este año a 925 mil.
