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- Escrito por ABC Digital
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La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) ha reaccionado en bloque al inesperado conflicto en Ecuador y ha dado una rápida respuesta que demuestra que la región ha aprendido de las lecciones que dejó el golpe de Estado en Honduras.
Frente a la sublevación contra el Gobierno del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, la reacción del bloque suramericano fue rápida, unánime y contundente.
A las pocas horas del secuestro del mandatario ecuatoriano en un hospital de Quito sitiado por policías insurgentes, Argentina tomó la delantera al condenar el levantamiento, mensaje al que se unieron el resto de los jefes de Estado suramericanos.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, y su esposo, antecesor y secretario general de la Unasur, Néstor Kirchner, convocaron a una reunión de urgencia en Buenos Aires a los mandatarios miembros del bloque.
La reacción fue unívoca: una condena firme a cualquier intento de golpe de Estado y una advertencia de que ningún gobierno inconstitucional será reconocido por los socios de la Unasur.
Esta posición única marca un cambio sustancial respecto al golpe de Estado contra el hondureño Manuel Zelaya, en junio de 2009, tras el cual hubo divisiones internas por el reconocimiento de Colombia y Perú al gobierno de Porfirio Lobo, surgido tras las elecciones de noviembre pasado, un aval que el resto del bloque suramericano marcó como un pésimo precedente en la región.
Esta división quedó en evidencia en la cumbre de la Unasur de mayo pasado, cuando -a excepción de colombia y Perú- los socios amenazaron con no acudir a la cumbre Unión Europea-Latinoamérica de Madrid si Lobo asistía como invitado oficial.
También dejaron ver sus diferencias respecto de la posibilidad de que Honduras pudiera retornar a la Organización de Estados Americanos (OEA) , de la que fue expulsada tras el derrocamiento de Zelaya.
Casi como una ironía del destino, hace sólo dos días, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño -quien este jueves resultó herido durante la violenta sublevación-, convocó a sus colegas latinoamericanos a una reunión en su país para conversar sobre la actual situación de Honduras y debatir su posible reincorporación a la OEA.
"No se va a aceptar este tipo de golpes de Estado y limpiarlos en un año con total facilidad", dijo el miércoles Patiño, sin imaginar que un día después su propio país viviría un intento desestabilizador.
No es secreto que algunos gobiernos de la región se han sentido frustrados por la imposibilidad de devolver a Zelaya al sillón presidencial.
"El límite es Honduras", dijo este jueves el canciller argentino, Héctor Timerman, quien habló del firme propósito de la Unasur de no dejar que la trama política que se desató en el país centroamericano, con un nuevo gobierno ya instalado, se repita en Ecuador.
Incluso Colombia, Perú y Chile -que también ha reconocido al gobierno de Lobo- se mostraron altamente preocupados por la situación suscitada en Quito y recalcaron su condena a los intentos golpistas.
"Si dejamos pasar a los gorilas en este momento, la hora del gorilaje puede volver al continente", señaló el peruano Alan García.
También el colombiano Juan Manuel Santos remarcó que la respuesta "contundente" que la región ha dado "en defensa de la democracia" ante la insurrección en Ecuador es "una señal muy importante para el mundo".
"Aquí no vamos a permitir lo que ocurrió en Honduras", dijo Correa tras retomar el mando y agradecer la reunión de sus colegas en Buenos Aires.
La de Ecuador no es la primera crisis institucional que pone a prueba al bloque creado en mayo de 2008 como fruto del proceso de convergencia política entre la Comunidad Andina de Naciones (Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia) y el Mercado Común del Sur (Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, con Venezuela en proceso de adhesión) .
Hace dos años la Unasur dio un fuerte respaldo al boliviano Evo Morales para sortear la ola de protestas internas que dejaron una treintena de muertos.
También terció en 2008 en la pelea de Bogotá con Ecuador y Venezuela tras la incursión militar colombiana en territorio ecuatoriano para acabar con un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Y el año pasado sirvió como válvula de escape a la tensión generada por la decisión de Colombia de dejar utilizar a militares estadounidenses bases en su territorio, asunto fuertemente rechazado por Venezuela, Ecuador y Bolivia.
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- Escrito por Francisco Hidalgo Flor
- Categoría: Chile
El 30 de septiembre de 2010, lo ha dicho el propio Rafael Correa, ha sido el día más difícil de su gobierno y del proceso político abierto a fines del 2006, pues estuvo a puertas de que la intentona golpista tuviera éxito, pero a la vez evidencia fragilidad del régimen y abre interrogantes sobre posibles reajustes en su línea estratégica.
Hacia fines de las horas vespertinas de este día el panorama era sombrío: el presidente de la república retenido en el hospital de la policía, desde las 11 de la mañana; la sede del parlamento tomada por la policía nacional; el aeropuerto de Quito cerrado y tomado por la rama aérea de las fuerzas armadas; el canal de televisión estatal rodeado por manifestantes ultraderechistas. Es verdad que las movilizaciones populares de respaldo al Gobierno iban ganando en número y fuerza, pero con lentitud frente a la magnitud de los acontecimientos.
¿Qué había pasado? Pues que un descontento salarial de la policía nacional y de las fuerzas armadas, como consecuencia de la aprobación de la Ley del Servicio Público, que eliminaba bonos especiales, sueldos extras por antigüedad y ampliaba los tiempos para ascensos institucionales, para todos los servidores públicos, incluidos policías y militares, se convirtió en el "caldo de cultivo" para que sectores de ultra - derecha, amplificaran una sublevación nacional.
A lo que se sumó la enorme imprudencia de Correa y su equipo de asesores, de ir personalmente al foco de la sedición, el regimiento Quito No. 1, ubicado en el centro norte de la ciudad, situación que fue aprovechada por los complotados para retenerlo en el hospital del centro policial.
La sincronización de acontecimientos, que incluyeron el control sobre aeropuertos, la toma de instalaciones en el Ministerio de Defensa, y la demora en el pronunciamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, dan pie para fundamentar la hipótesis de una conspiración concertada que supera los ámbitos a los que tienen acceso militares y policías.
Siempre habrá que tener en cuenta un dato que puede pasar como secundario, pero que tiene trascendencia al preguntarse por ¿quién mas estaba implicado en la intentona?: hasta fines de octubre los grupos banqueros, dueños y accionistas, deben vender sus acciones y propiedad en medios de comunicación. La aplicación de un mandato constitucional lo determina así.
Eso afecta en especial los intereses del primer grupo financiero del país (Banco Pichincha), dueño de la cadena de televisión Teleamazonas y varias revistas; y de un poderoso grupo comercial y banquero (El Juri) dueño de la cadena Telerama.
Los acontecimientos también evidencian la fragilidad del proceso social y político que vive el Ecuador, pues el poder de las fuerzas armadas como decisores políticos, se vuelve a mostrar desestabilizador; en la eventualidad de que la rama del ejército de las fuerzas armadas hubiera plegado al intento golpista, quizás el rumbo final hubiera sido distinto.
En defensa salió el respaldo de importantes sectores populares, que con divergencias y todo, en el transcurso del día fueron viendo que estaba en peligro no sólo la estabilidad de Correa, sino las conquistas alcanzadas en el proceso constituyente, y espacios de presencia política real.
A las pocas horas en la ciudad de Quito se movilizaron ciudadanos y organizaciones sociales condenando la intentona golpista, respaldando la constitucionalidad, pero también pidiendo avances en cambios profundos.
Porque toca decir que en las semanas previas, en el gobierno se acentuaba un viraje estratégico, para privilegiar una alianza con los sectores empresariales, en especial agroindustriales, reflejados en el "Código de la Producción"; mientras se debilitaba sus nexos con los sectores sindicales, en especial la burocracia pública, reflejada en la "Ley de Servicio Público", y la "Ley de Educación Superior".
El gobierno de Correa sobrevive a la intentona, pero pareciera que queda debilitado.
En lo inmediato debe enfrentar la depuración de las fuerzas armadas y policiales; en el largo plazo debe resolver: ¿Qué tipo de alianzas sociales le interesa construir?.
Deben reconocer que no alcanza con las adhesiones que puedan generar los bonos de la pobreza, las canastas de víveres y útiles escolares, los programas alimentarios a escuelas y barrios pobres; hay que construir alianzas programáticas con las organizaciones populares y movimientos políticos de la tendencia.
Tiene un norte de gran alcance, los contenidos de la nueva Constitución: hacer de ellos la base para una alianza política que pueda dar garantías al proceso histórico en marcha.
Y enfrentar la enorme asignatura pendiente de Correa: construir un proceso democrático, en el sentido profundo del concepto, no solo la institucionalidad, sino la participación como sujetos políticos de los sectores populares y sus organizaciones, en verdad los únicos capaces de dar fortaleza estratégica.
Eso implica avanzar de manera urgente en los cambios profundos.
Francisco Hidalgo Flores sociólogo, profesor de la Universidad Central del Ecuador
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- Escrito por Terra
- Categoría: Chile
El presidente Rafael Correa denunció un intento de golpe de estados desde un hospital donde fue internado tras haber sido agredido por policías que se tomaron el jueves el principal cuartel capitalino en protesta por reformas laborales.
"Tienen prácticamente secuestrado al presidente", dijo Correa. Denunció que agentes rebeldes rodearon el hospital de la policía al que fue conducido tras resultar intoxicado por una bomba de gas lacrimógeno lanzada por los sublevados.
Afirmó que algunos policías intentaron ingresar por la fuerza a su habitación.
Correa consideró la revuelta policial como "un intento de golpe de Estado", y denunció que grupos rebeldes y opositores venían preparando la "conspiración" desde "hace mucho tiempo".
"Me quitaron la máscara para que me asfixie... Entonces me trajeron (a la clínica). En verdad que no podía respirar", aseguró el mandatario. "Me tuvieron que ingresar al hospital... ¡Es impresionante nuestra fuerza pública: atacaron al Presidente!", añadió.
El ministro de Seguridad Unterna y Externa, Miguel Carvajal, informó que se declaró el estado de excepción y que las fuerzas armadas y las unidades de la policía garantizan el orden público
"No toda la policía está en una situación de insubordinación. Este tema de la insubordinación de la policía es de algunos sectores, y nosotros estamos tomando las medidas para garantizar la seguridad pública", agregó.
El canciller Ricardo Patiño dijo tener información que "hay gente que está intentando meterse por los techos (del hospital) para atentar contra su integridad personal (de Correa)".
"Están tratando de consolidar un golpe de Estado", denunció Patiño desde un balcón del palacio de gobierno, ante cientos de seguidores del gobierno. Los instó a marchar hasta el hospital para "rescatar" al mandatario.
Ante la ausencia de policías en algunas ciudades, se reportaron saqueos de comercios.
En declaraciones a radio Sonorama, el ejecutivo del aeropuerto, Philippe Baril, dijo que alrededor de 300 militares cerraron las pistas del lugar, y que unos 700 pasajeros se han visto afectados por dicha medida, añadió. Tropas militares mantienen cerrado el aeropuerto para proteger las instalaciones.
Los policías rebelados rechazan la nueva Ley de Servicios Públicos que les extiende de 5 a 7 años el tiempo para ser ascendidos y les quita algunos beneficios económicos.
Antes ingresar al hospital, Correa calificó a los rebelados de "unos ingratos, bandidos, nadie ha apoyado tanto a la policía como este gobierno".
"Si quieren matar al presidente, mátenme... pero este presidente seguirá haciendo lo que tiene que hacer", gritó exhibiendo su pecho a los manifestantes.
Los sublevados se tomaron cuarteles policiales en Quito, Guayaquil y otras ciudades, quemaron llantas, lanzaron gases lacrimógenos y cerraron las carreteras de acceso a la capital, según reportes de las radios y canales de televisión, que mostraron imágenes de los incidentes.
Cientos de partidarios del gobierno se concentraron frente al palacio de Gobierno, en el centro de Quito, para apoyar a Correa, que desde uno de los balcones arengó a la multitud.
El Coronel Joel Loaiza, jefe del comando de Guayas, al sur de Quito, afirmó que "acá estamos en un caos... a pesar de que ya no hay mando ni control ... los policías están tratando de dar seguridad a la ciudadanía" .
Dorís Soliz, ministra Coordinadora de la política de Ecuador, afirmó que la rebelión será controlada: "el gobierno está unido ...los altos mandos están absolutamente respaldando la democracia".
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- Escrito por Servindi
- Categoría: Chile
El gobierno de Ecuador solicitó a la comunidad internacional una contribución de 3600 millones de dólares para el proyecto ambiental Yasuní-ITT, informó Lenin Moreno, vicepresidente de Ecuador.
Moreno explicó que este financimiento económico se trata de la "corresponsabilidad sobre el cambio climático" que tienen todos los países del mundo.
Esta solicitud la realizó al momento de su intervención en las Naciones Unidas.
Los 3600 millones de dólares que pide el gobierno representan el cincuenta por ciento de lo que recibiría el Estado ecuatoriano por explotar los campos petrolíferos de Ishpingo, Tambococha y Tuputini que se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní.
Mientras tanto, la ministra María Fernanda Espinosa, Coordinadora del Patrimonio, prevé llegar a Madrid el próximo 30 de setiembre para exponer las características y objetivos del proyecto.
El viaje de la ministra es parte de la gira internacional que realiza con el objetivo de explicar a la comunidad internacional en qué consiste el plan Yasuní-ITT y de esa manera entablar compromisos que viabilicen el proyecto.
El plan Yasuní-ITT, planteado por el gobierno de Rafael Correa, consiste en no explotar petróleo en la selva amazónica a cambio de una compensación de la comunidad internacional.
De esta manera se evitaría la emitisión a la atmósfera de más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono.
El Parque Nacional Yasuní, fue creado en 1979 y declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biósfera en 1989.
Tiene 982 mil hectáreas en la cuenca del Alto Napo en la Amazonía y cuenta con 2.274 clases de árboles y arbustos, donde viven pueblos indígenas no contactados.
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- Escrito por Servindi
- Categoría: Colombia
