La directora de Derechos Etnicos, María José Irrazábal, y el fiscal de Boquerón, José Brusquetti, allanaron el miércoles la oficina de la ONG Iniciativa Amotocodie (IA). Irrazábal dijo que es por denuncias presentadas por líderes ayoreos de la Unión Nacional de Ayoreos del Paraguay (UNAP).
La ONG IA fue allanada ayer por orden del juez Penal Víctor Hugo Ronzewsky, a pedido de Derechos Etnicos del Ministerio Público. Se incautaron documentos y una computadora del lugar, entre otras cosas. La directora de Derechos Etnicos, María José Irrazábal, justificó el allanamiento diciendo que ayoreos de la UNAP presentaron denuncias contra la ONG y su representante Benno Glauser, por presunta lesión de confianza y simulación de hecho punible. Explicó que "IA afirma que se tuvo a punto de cometer un genocidio con la expedición científica, que comprometió fuertemente el nombre de Paraguay". Además, denunciaron los ayoreos que firmaron un documento, presentado por la ONG, cuyo contenido desconocían y que después supuestamente fue utilizada para suspender la expedición.
El abogado Emigdio Castillo, quien fue convocado de urgencia por IA, calificó la orden judicial "de muy genérica, no especifica nada en particular que busca, que pretende, tampoco está individualizado que hecho punible se esta investigando". Resaltó, además, que el allanamiento se hizo durante la siesta y no había nadie en la oficina para defender los intereses de la ONG y corroborar el procedimiento.
ONGs se pronuncian sobre el caso del allanamiento de Iniciativa Amotocodie
Allanaron la oficina de la organización Iniciativa Amotodie, en Filadelfia, Boquerón. El procedimiento respondía a denuncia hechas por la UNAP (Unión Nacional Ayoreos del Paraguay) ante Derechos Étnicos de Asunción. Ante el hecho se pronunciaron las Organizaciones No Gubernamentales Tierraviva y BASE IS. Reproducimos los documentos.
Estimados compañeros y compañeras,
A raíz del allanamiento de la oficina de Iniciativa Amotocodie realizada por el Fiscal José Luis Brusquetti el día de la fecha, desde Tierraviva hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, en general, a pronunciarse repudiando claramente este hecho, y solidarizándose con los compañeros y compañeras de dicha institución.
El procedimiento fiscal, que se ha iniciado poco después del medio día -y que al momento de escribir estas líneas continúa-, se inscribe en un largo proceso de hostigamiento hacia la Institución defensora de los derechos de los indígenas ayoreos que viven en situación de aislamiento voluntario en el norte del Chaco paraguayo.
Desde hace algún tiempo ha sido notoria la compaña de amedrentamiento por parte de numerosos actores vinculados a los intereses ganaderos y latifundistas que tienen puesta su mirada y deseo de lucro en el rico patrimonio forestal de la región sobre el cual se expanden a ritmo alarmante la frontera ganadera y sirve hoy día como área privilegiadas para la exploración hidrocarburíferas.
Asimismo, más recientemente, con motivo de la expedición científica del Museo de Historia Natural de Londres, programado a desarrollarse en lugares de ocupación y dominio ancestral del pueblo Ayoreo, donde existen evidencias creíbles de presencia de los aislados, Iniciativa Amotocodie llamo la atención, tanto a nivel nacional como internacional, sobre los riesgos de un contacto involuntario y de las consecuencias que esto podría acarrear, tanto para los indígenas como para los propios expedicionarios.
Este hecho, de público conocimiento, fue el último disparador para que agentes estatales y medios de comunicación empresariales, atizaran una inaudita campaña en contra de los defensores de los ayoreos, quien reclamaban el acatamiento de las directrices emanadas de la ONU sobre el derecho de los indígenas en aislamiento, así como la debida participación de las organizaciones y comunidades del mismo Pueblo, quienes fueron ignorados en todo el proceso de elaboración y planificación de la misión a sus territorios, situación reconocida por la propia Secretaria del Ambiente al momento de disponer la suspensión de la llamada expedición "Chaco Seco 2010".
Además, estos organismos del Estado se están valiendo de un episodio puntual en el que una organización indígena e Iniciativa Amotocodie se encuentran con dificultades de relacionamiento pero sobre el cual Iniciativa siempre ha expresado su más profundo respeto a la autonomía de los y las indígenas.
Este hecho, constituye un episodio particularmente grave en la actual coyuntura política del Paraguay, teniendo en cuenta la sucesión de ataques que el movimiento de derechos humanos está sufriendo en distintos ámbitos, ya sea por personas del gobierno como por la prensa comercial que se ha empeñado en crear una opinión pública contraria a la labor de los defensores y defensoras, particularmente en los últimos dos años.
En el caso que afecta a Iniciativa Amotocodie y sus miembros, el Estado está incumpliendo con su deber de respetar derechos y proteger su labor que está encaminada a promover y defender los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, particularmente el de los grupos de ayoreos que aún viven en situación de aislamiento, que requieren una protección especial, conforme las Naciones Unidades lo ha señalado, así como otros organismos internacionales.
Es importante en esta desafortunada ocasión, todas las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil del Paraguay y del mundo nos pronunciemos, recordando al Ministerio Público y al Poder Ejecutivo, que en una democracia, no es el Estado quien controla a sus ciudadanos, si los ciudadanos organizados quienes ejercen de contralor del poder público.
Consideramos menester repudiar nítidamente el evidente abuso de poder en el que incurre el Ministerio Público, al violentar la oficina de IA, rompiendo ventanas y confiscando información, producto de largos años de investigación, almacenados en equipos informáticos de la institución.
Finalmente, es de rigor repudiar enérgicamente a quienes han cuestionado a IA con argumentos fundados en la nacionalidad de algunos de sus miembros, diciendo claramente que los derechos humanos son universales y deben ser promovidos y defendidos en cualquier parte del mundo por cualquier persona, independientemente de su identidad nacional.
Por todo esto, desde Tierraviva, solicitamos a las organizaciones fraternas, tanto nacionales como internacionales, un pronto pronunciamiento sobre estos hechos, exigiendo al Estado de Paraguay el cese de su conducta represiva hacia las organizaciones de derechos humanos, en particular, de Iniciativa Amotocodie y sus miembros.
Fraternalmente,
Oscar Ayala Amarilla
Coordinador Ejecutivo
Tierraviva
Pronunciamiento de BASE IS
Desde BASE Investigaciones Sociales repudiamos enérgicamente el allanamiento irregular de la oficina de Iniciativa Amotocodie ubicada en Filadelfia (Departamento de Boquerón) realizado el día de ayer, 1º de diciembre, por el Fiscal José Luís Brusquetti, y nos solidarizamos con dicha organización que trabaja en defensa de los Derechos Humanos de los Pueblos Ayoreos. Repudiamos asimismo el abuso de poder del Ministerio Público, quien violentó la oficina de IA, rompiendo ventanas y confiscando información, producto de largos años de investigación, almacenados en equipos informáticos de la institución.
El procedimiento fiscal, fundamentado en una denuncia que no especifica el hecho punible, y con una orden de allanamiento que no aclara qué se quiere investigar, es parte del largo hostigamiento por parte de numerosos actores vinculados a intereses ganaderos y latifundistas. Iniciativa Amotocodie había llamado recientemente la atención sobre los riesgos de contacto involuntario y las posibles consecuencias trágicas de la expedición de científicos británicos conocida como expedición "Chaco Seco 2010", argumentando que no se habían acatado las directrices emanadas de la ONU sobre el derecho de los indígenas en aislamiento voluntario.
Este hecho constituye un episodio particularmente grave en la actual coyuntura política de nuestro país, teniendo en cuenta la sucesión de ataques que el movimiento de derechos humanos está sufriendo en distintos ámbitos, ya sea por personas del gobierno, como por la prensa comercial, que se ha empeñado en crear una opinión pública contraria a la labor de los defensores y defensoras, particularmente en los últimos dos años.
La actitud de la Fiscalía General del Estado demuestra, con este tipo de acciones, tanto su supeditación a los intereses de la oligarquía y el agronegocio, como su desprecio por la política gubernamental de respeto a los derechos de los pueblos originarios.
