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Qué pasa

El agrónomo y ex titular del SENAVE, Miguel Lovera, analiza la ganadería paraguaya en su artículo “Negocio insustentable que mantiene la inequidad”. En su artículo Lovera explica que en los últimos 20 años esta actividad económica vive un salto productivo debido a la demanda internacional, pasando de 27 mil a 211 mil toneladas de carne exportadas en 15 años.

“Con ese impetuoso aumento, han aumentado también los impactos negativos de la actividad. La deforestación, principal impacto ambiental verificable de esta actividad en el Paraguay ha llegado a niveles inusitados en ciertas regiones del Chaco Boreal, llegando a empujar las cifras a unas 35 hectáreas deforestadas por hora”, dice.

Uno de los aspectos que analiza es el control de empresas extranjeras en el negocio cárnico en Paraguay, donde más del 50% de las exportaciones de carne vacuna se realizan a través de empresas de capital brasileño.

Para hoy miércoles 2 de marzo el movimiento “Defendamos a Casanare” convocó a una “gran movilización social campesina”, de rechazo a la ley Zidres y en defensa del agua. 
A las 7 de la mañana los organizadores tienen previstos sitios de concentración en el aeropuerto de Yopal y en el sector de “La nevera”, al norte de Casanare.
Cristóbal Torres, uno de los organizadores sostuvo que se quiere enviar un mensaje al Gobierno del Presidente Santos, de que “nuestros campesinos se respetan y de que en Casanare no permitiremos que acaben con el agua, ni que se despoje a nuestros campesinos de sus tierras, las cuales las quieren para entregárselas a los extranjeros”, argumentó.
Torres invitó a todos los casanareños nativos o por adopción para que acompañen la movilización social campesina, teniendo en cuenta que “el abandono es evidente por parte del Estado en esta región, mientras nuestros campesinos que son gente buena están ad portas del despojo de sus tierras”. 

Después de las movilizaciones en el campo de enero y de este mes es probable que por un tiempo las aguas se tranquilicen. A nivel gremial se evalúa que es momento de que las organizaciones representativas de los productores "trabajen" en la relación con el gobierno trasladándole los planteos del sector.

El presidente de la Federación Rural, Fernando Dighiero, dijo a El País que hoy se evaluará en la gremial las movilizaciones del 24 de febrero pasado, aunque ya reconoció que fueron "menos numerosas" que las de enero. "Es momento de bajar la pelota al piso y dejar que las gremiales trabajen", consideró.

La conveniencia de adherir a las movilizaciones había sido muy debatida en el seno de la Federación. Dighiero señaló que la organización tomó la decisión de respaldar las movilizaciones y dejó en libertad a su dirigencia de concurrir o no a las distintas concentraciones.

Campesinos cultivadores de coca, reunidos con dirigentes de Anzorc, Ascal-G y Acatamu, en La Julia el pasado 19 de febrero de 2016, conocieron los alcances de los acuerdos de La Habana en materia de sustitución de cultivos declarados ilícitos, consumo de drogas y narcotráfico.

Se evaluó el proceso de negociación a nivel nacional sobre este tema en la Cumbre Agraria, las mesas regionales y con Parques Nacionales Naturales –PNN–; se debatió sobre la erradicación forzada y violenta que se adelanta en varias regiones del país por parte del Ejército Nacional; se analizó el impacto de las erradicaciones violentas en esta región del Río Duda que comprende los municipios Uribe y Mesetas; y de definió un plan de acción para enfrentar las erradicaciones de los cultivos que se están dando así:

Organizaciones indígenas pidieron al Ministerio de Energía y Minas realizar una consulta previa del acto administrativo mediante el cual éste aprobará la actualización del instrumento de gestión ambiental del Oleoducto Norperuano conocido como Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

El fundamento de la petición radica en que el PAMA incluirá la evaluación integral de los impactos del transporte de petroleo y las obligaciones ambientales de mitigación de dichos impactos, los cuales afectan de manera directa a las comunidades por cuyo territorio atraviesa el Oleoducto Norperuano.

Indican que la aprobación de actos administrativos y normativos referidos a derrames de petroleo y al oleoducto "no puede aprobarse de espaldas a las comunidades afectadas, como hasta ahora se ha hecho, más aún cuando estos derrames afectan y ponen en peligro la subsistencia de los pueblos indígenas".

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