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La comunidad Mawidanche de Alto Antiquina en la Provincia de Arauco, denuncia en un comunicado público, la represión sufrida en diciembre de 2015, donde efectivos del ERTA de la PDI atacaron doce viviendas de la comunidad, encarcelando a 5 comuneros y una comunera. Además denuncian irregularidades en la investigación llevada a cabo por la fiscalía, con la utilización de “cooperadores ocasionales” para mantener a los comuneros en prisión preventiva en las cárceles de Lebu y Arauco. Luego de tres meses, la Corte de Apelaciones de Concepción declaró que “la privación de libertad de los imputados lo ha sido con infracción a la constitución material y normas legales que regulan el proceso penal” acogiendo en forma unánime el recurso de amparo presentado la defensa de los comuneros, consiguiendo ayer viernes (11.03.16), la libertad de Lorenza, Carlos, Luis, Juan, Segundo y Eduardo Cayuhan, quedando solamente en prisión preventiva el comunero Milton Ortiz Llebul. A continuación, reproducimos el comunicado público de la comunidad Mawidanche de Alto Antiquina.

La decisión del gobierno nacional de reactivar la explotación del Arco Minero en el país, traerá lamentables consecuencias ambientales, una relacionada a una situación actual que ya sabemos que es grave como la falta de agua, ya que es sabido que este tipo de actividad terminan afectando todas las fuentes de agua dulce, como son las cabeceras y cauces de ríos, lagunas, cascadas, manantiales, etc. ; primero por el uso indiscriminado de este recursos y luego porque terminan siendo contaminadas.

Expertos aseguran que la minería sobre las fuentes de agua lo único que hacen es perjudicar a la humanidad, ya que debido a esto poco a poco va contaminando el agua lo cual es muy peligroso pues mucha gente podría tomar de esta agua y ocasionarse un gran daño y además va ocasionando mas contaminación al ambiente. Han insistido: “No puede ser que se prime el uso del agua para la gran minería por sobre el consumo humano”.

Concesiones a privados que arrojan desechos contaminantes producto de la agroindustria y tala de árboles indiscriminada en su cuenca, son los factores determinantes en la progresiva disminución en el nivel del río más importante del departamento del Cesar, el Guatapurí. La ola de calor de los últimos días puso en evidencia la situación. 

“Bajando desde lo alto de la sierra, majestuoso  nos baña el Guatapurí”, versa la letra de la canción del compositor Nicolás Maestre Martínez, ’El rey del Valle’. Hoy solo queda el nombre del río porque su caudal desapareció casi en por completo. 

“Recuerdo que al meter mis pies en el río sentía tocar la sierra”, comentó Cesia Morales, estudiante de Sociología de la Universidad Popular del Cesar. “Uno llegaba al río y experimentaba una sensación de frescura, hoy hay que buscar refugio del sol en otras zonas”. 

Una pasta de ceniza se ha impregnado en las hojas y tallos de los cultivos, pastizales y bosques de las zonas aledañas al volcán Tungurahua. La masa viscosa de color negro se formó con las lluvias.

La constante caída de polvo volcánico ha ocasionado el mayor daño a los habitantes que viven en las cercanías del coloso, cuya nueva reactivación comenzó el 26 de febrero.

Hasta hace una semana, el paisaje era de color cenizo; ahora, con la lluvia, todo está manchado de negro. El material ha caído más hacia las poblaciones de Chimborazo.

En ese territorio, los campesinos de las parroquias Bilbao, Puela y El Altar, en el cantón Penipe, perdieron sus sembradíos, sus vacas dan menos leche y sus cuyes y conejos murieron. Todos los días, los agricultores agitan las hojas de los pastizales para quitar la ceniza o compran hierba para sus reses. Otros campesinos intentan salvar una parte de las plantaciones de maíz y árboles frutales con fumigaciones.

Una multa de 20 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 79 millones de soles, se le impondría a la empresa Petróleos del Perú S.A. (Petroperú), luego de que en un plazo de nueve meses el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) finalice un segundo procedimiento administrativo sancionador contra la estatal tras los derrames de unos tres mil barriles del crudo negruzco en las regiones de Amazonas y Loreto en enero y febrero de este año. Esto se aplicaría luego de que el OEFA corrobore que Petroperú es responsable de la contaminación de un total de 70 mil metros cuadrados en ambos distritos afectados: Morona (Datem del Marañón) e Imaza (Bagua).

El organismo de control precisó que se actuaría por daños causados a la vida y salud de los más de ocho mil ciudadanos que viven alrededor de ambos ductos rotos y que aún no han sido cambiados por la compañía petrolera. El pasado 26 de febrero, el OEFA inició el primer proceso sancionador tras notificar a la compañía peruana sobre remitir el cronograma de las actividades de cambio de ambos tubos, pero hasta el momento hacen caso omiso ante dicho pedido.