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Qué pasa

Ubicada en la Patagonia occidental, la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo cuenta con una superficie de 108.494,4 km² y es la tercera región más extensa del territorio nacional. Su población estimada, según el Censo de 2010, es de 104.843 habitantes, siendo una de las zonas con menor densidad poblacional.

Desde 2005, en el contexto de un Chile con un sistema económico social neoliberal impuesto por la dictadura militar, la región se vio amenazada por la empresa transnacional Endesa y Colbún y su proyecto Hidroaysén, el cual intentó construir cinco mega represas en los ríos Baker y Pascua, el cual inundaría un territorio de 5.910 hectáreas, destruyendo flora y fauna, afectando recursos naturales, cultura y sociedad, con el objetivo de aportar energía a grandes mineras del país.

De 8 millones de kg en 2009 pasó a importar 43 millones de kg en 2013, según un informe de Base de Investigaciones Sociales. Organizaciones de la sociedad civil acercaron el dato al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas, que desde este 23 de febrero al 6 de marzo examinará a Paraguay en torno al derecho a la alimentación adecuada y otros.

El Comité desarrollará su 54° sesión en la ciudad de Ginebra (Suiza), donde se pondrá en evaluación a tres estados: Paraguay, Tajikistán y Gambia en varios aspectos, entre ellos el del derecho mencionado.

Además de los informes de los gobiernos, la sesión recibió informes alternativos de la sociedad civil.

El viernes 5 de febrero, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Babahoyo, se celebró un taller como antesala rumbo a la Cumbre Agraria en el Ecuador.

Los convocantes del evento fueron la Cooperativa Guarel y la Cooperativa Agricola Las Mercedes de Babahoyo junto a la organización Tierra y VIda y el Observatorio del Cambio Rural. Alrededor de 50 personas aportaron al debate agrario con su análisis a la Ley de Tierras y propuestas desde la organización social en la Costa.

Esteban Daza expuso los puntos críticos de la Ley de Tierras que difícilmente se podrán poner en práctica por la influencia histórica de la agroindustria en Ecuador.

El 15 de junio de 2015 una mesa de defensa distrital de la ciudad presentó el proyecto de ordenanza que busca zonificar el territorio, frente a las fumigaciones sojeras sobre tierras campesinas, fuentes de agua y remanentes ecológicos.

La articulación está compuesta por familias campesinas, ambientalistas, defensoras de derechos indígenas, defensoras de derechos humanos, docentes, estudiantes, bomberos y otros sectores de la sociedad civil de la región, ubicada a 360 kilómetros al Sur de la capital paraguaya.

Para este mes de marzo se prevé la primera reunión entre la mesa y las nuevas autoridades del municipio, luego de la renovación tras las elecciones de noviembre último.

Los indígenas peruanos aseguran que el derrame de crudo en el río Marañón es responsabilidad de la empresa estatal Petroperú por no cumplir con las normas establecidas en defensa de los recursos naturales.

El derrame de unos dos mil barriles de petróleo de la Amazonía de Perú sobre el río Marañón, al suroeste del país, afecta a miles de indígenas que dependen del agua natural para su existencia.

“Unas ochenta comunidades y caseríos nativos de la región amazonas son los más perjudicados por el derrame de crudo”, dijo este viernes el presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte de Perú (Orpian-P), Edwin Montenegro.

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