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Qué pasa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó al gobierno de Paraguay proteger al pueblo indígena Ayoreo-totobiegosode en la región del Chaco, zona de una extraordinaria biodiversidad donde habitan los últimos indígenas aislados de América fuera de la Amazonía.

La acción violenta de los terratenientes que aceleraron la destrucción de sus tierras y recursos hasta el punto de obligarles a salir del bosque, la gripe, el sarampión y una misteriosa enfermedad similar a la tuberculosis aumentan el riesgo de que esta comunidad sea exterminada ante la vista y paciencia de la comunidad nacional e internacional.

La consulta previa, figura establecida en el convenio 169 de la OIT y regulada por laLey de la Consulta Previa en nuestro país, ha sido materia de debate en este último proceso electoral. Solo nueve de los dieciocho candidatos presidenciales se han mostrado a favor de que dicho proceso sea vinculante, ante la siguiente pregunta de este diario: ¿La consulta previa debe ser vinculante al momento de aprobar un proyecto minero? Ellos son Vladimir Cerrón, Francisco Diez Canseco, Yehude Simon, Alfredo Barnechea,  Renzo Reggiardo, Miguel Hilario, Verónika Mendoza, César Acuña y Fernando Olivera.Por otro lado, otros contestaron que es una herramienta importante, pero que no necesariamente deberá constituir  parte fundamental de la decisión final.

El presidente Rafael Correa remitió ayer a la Asamblea 18 objeciones al proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales relacionadas con la compra de tierras por parte de las empresas públicas extranjeras, causales de afectación y de expropiación, entre otros temas.

Correa propone que las empresas públicas extranjeras puedan adquirir arrendar o tomar en usufructo tierras rurales en el territorio nacional para proyectos de producción agraria, previa autorización de la Autoridad Agraria Nacional.

Según el veto, para las actividades en sectores estratégicos, construcción de infraestructura prevista en las políticas públicas de vivienda rural, servicios de salud y educación, y otros proyectos de infraestructura y servicios públicos, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades deberán ceder al Estado el derecho de uso y usufructo, aunque estas tierras se mantendrán en propiedad comunitaria.

En esta entrevista el abogado Abel Areco habla sobre el funcionamiento del Estado para responder a los derechos campesinos y el poder terrateniente en Paraguay.

A instancias de la empresa agro-ganadera Campos Morombí, ayer el Estado paraguayo desplegó 1.500 policías de distintas especialidades, helicópteros, vehículos blindados, colectivos y patrulleras para realizar un desalojo.

Campos Morombí denunció días pasados que en 90 días, campesinos sin tierra deforestaron 600 hectáreas de su predio y la policía -en un arranque de ecologismo- acudió para salvarla.

Hoy la prensa empresarial mostraba titulares que trasmitían el re-establecimiento de la ley y el respeto de la propiedad privada.

La plataforma ciudadana Chile Mejor Sin TPP acusa al actual ministro, a propósito de un informe que habría entregado en 2013, donde afirmaría que "Chile solo puede obtener beneficios marginales" del acuerdo.

En 2013 la organización Derechos Digitales solicitó al entonces consultor internacional Carlos Furche, un informe sobre el impacto económico y político del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).

El actual ministro de Agricultura entregó un estudio titulado Chile y las negociaciones del TPP: Análisis del impacto económico y político, donde se muestra un análisis crítico sobre el acuerdo impulsado por Estados Unidos.

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