IPDRS Logo VISITA NUESTRO
NUEVO SITIO WEB
Actualidad

 

 

 

 

Posts @IPDRS

Qué pasa

Ante la crisis humanitaria que viven los habitantes de La Guajira, y en especial por la desnutrición infantil, organismos de defensa de DD.HH. exigen al Gobierno tomar medidas.
La Federación de Departamentos de Colombia (FDC) pidió este jueves al Gobierno que tome medidas de emergencia ante la crisis que viven los habitantes de La Guajira, en especial en la población infantil, donde un gran número padece de los embates de la desnutrición.

Luego de que la Defensoría del Pueblo alertara sobre los índices de desnutrición en Colombia, el titular de la FDC, Amilkar Acosta, pidió al presidente Juan Manuel Santos que proceda de forma urgente a dar amparo a la niñez en la región caribeña que está castigada por el flagelo del hambre.

>> En Colombia se extiende la muerte de niños por hambre y sed 

Denunció que unos tres mil niños de la étnia wayúu viven en condiciones precarias por la carencia de recursos para su subsistencia.

“Esos hombres y mujeres, que representan el 44.9 por ciento de la población radicada en La Guajira, perdieron valiosas hectáreas de tierra y el acceso al río Ranchería como resultado de la expansión de los programas mineros”, explicó.

La dramática situación de los niños que mueren por desnutrición en Colombia continúa y se extiende, amenazando con convertirse en un problema endémico. Así lo alertó la Defensoría del Pueblo de ese país tras conocerse la muerte de un pequeño de un año en el departamento de Arauca (norte) donde seis niños más están en riesgo de correr con la misma suerte.

EN CONTEXTO

Activistas y voceros de las agrupaciones aborígenes denuncian que el desabastecimiento de agua y la escasez de alimentos causaron el fallecimiento de cuatro mil 770 pequeños de origen wayú, durante los pasados ocho años.

Colombia es un país que aspira ingresar al club de los países ricos, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuya misión es “promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo”.

Pero lo cierto es que en esa nación muere cada 33 horas un menor de cinco años por hambre, según estimaciones del Instituto Nacional de Salud de Colombia. 

EL DATO: En La Guajira las más de 400 mil personas que conforman la comunidad wayúu viven los 365 días del año con temperaturas de entre 35 y 42 grados. Deben soportarla sin el suministro de agua, porque desde que se instaló -hace más de 10 años- una empresa minera en la región, han ido disminuyendo las garantías para que se pueda tener acceso al líquido. Las muertes son la evidencia del drama que en esa zona se vive.

 Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección: 
 http://www.telesurtv.net/news/Piden-al-Gobierno-colombiano-proteger-a-ninos-wayu-20160205-0003.html. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. www.teleSURtv.net

Ante la crisis humanitaria que viven los habitantes de La Guajira, y en especial por la desnutrición infantil, organismos de defensa de DD.HH. exigen al Gobierno tomar medidas.

La Federación de Departamentos de Colombia (FDC) pidió este jueves al Gobierno que tome medidas de emergencia ante la crisis que viven los habitantes de La Guajira, en especial en la población infantil, donde un gran número padece de los embates de la desnutrición.

Luego de que la Defensoría del Pueblo alertara sobre los índices de desnutrición en Colombia, el titular de la FDC, Amilkar Acosta, pidió al presidente Juan Manuel Santos que proceda de forma urgente a dar amparo a la niñez en la región caribeña que está castigada por el flagelo del hambre.

Este sábado 6 de febrero en el territorio indígena autónomo de Charagua la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) festejará 28 años de su creación, evento en el que participarán las 29 capitanías que conforman esta organización indígena y que se encuentran dispersas en el chaco cruceño, chuquisaqueño y tarijeño. El 7 de febrero de 1987, en el centro Arakuarenda en Charagua precisamente, se fundó la APG.

Hace pocos días, el 28 de enero, el pueblo guaraní recordó la masacre de Kuruyuki en la que el ejército boliviano puso fin a su levantamiento en defensa de su territorio en 1982, hasta ese momento este pueblo había resistido con relativo éxito al despojo de su territorio, a la presión ejercida sobre su cultura y su libertad durante el periodo colonial y republicano. Tras la derrota sobrevino la persecución, la dispersión, la servidumbre forzada y el descenso demográfico, inaugurándose un sombrío proceso de marginación social y política, según señalan los investigadores.

Para el ex representante a la Cámara, Wilson Arias Castillo, la Ley de ZIDRES es la peor contra reforma agraria que se ha realizado en el país y está formulada en clave de extranjerización de la tierra por una parte y de agro exportación por la otra. Tanto las investigaciones de Arias, como las de senadores como Castilla, Robledo y Cepeda han dado cuenta ante la contraloría de más de 120 mil hectáreas acumuladas fraudulentamente, pero podrían ser 2 millones según lo manifestado por el propio presidente de FEDEGAN citado por Arias.

Monica Semillas, Cargil, Poligrow con empresas chinas, argentinas, norte americanas entre otras, ingenios como Mayaguez, Manuelita, Riopaila y las familias Santos, Valencia Iragorri, Sarmiento Angulo, Ocampo, Lafourie y Lizarralde hacen parte del selecto grupo de familias que se habrían apropiado de cerca de 2’000.000 de hectáreas en el marco de operaciones fraudulentas de acaparamiento antes de la promulgación de la ley ZIDRES.

Ignacio Vera, funcionario del Indert hasta el 2013, declaró en el juicio por la masacre de Curuguaty, que las tierras en litigio donde ocurrió la matanza son del Estado.

Vera era director departamental del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en Canindeyú (este) cuando un grupo de campesinos ocupó una finca del distrito de Curuguaty, en ese departamento, para reclamar que formase parte de la reforma agraria estatal.

Los campesinos integraban la comisión vecinal Naranjaty, que desde 2004 gestionaba con el Indert la titularidad de las tierras, y poseía un historial de desalojos pacíficos, declaró Vera durante su intervención en el juicio que se sigue en Asunción a once labriegos acusados por la masacre.

Afirmó además que, según los documentos, estas tierras, conocidas con el nombre de Marina Kue, por la presencia de un destacamento de la Armada en el lugar durante décadas, pertenecen al Estado paraguayo.

“Queremos paz en el territorio waorani y queremos que se lo respete” Con esta frase Alicia Cahuiya, vicepresidenta de la nacionalidad Waorani resumió los hechos que han ocurrido en los último años en el Yasuní, sobre todo el último ataque Taromenane ocurrido el pasado 25 de enero, que terminó con la vida de Caiga Baigua . En una rueda de prensa ofrecida en Acción Ecológica, varios expertos en temas de explotación petrolera y pueblos indígenas expresaron su preocupación por lo que está ocurriendo en el Yasuní.

Para Alicia Cahuiya, la intervención del Estado debe ser inmediata con el fin de lograr la pacificación de la zona, ella teme que este ataque desencadene una nueva matanza de indígenas aislados y añade “Pedimos que atiendan lo más pronto posible a las familias que quedaron y que perdieron los hijos, tienen que ayudar a esas familias lo más pronto posible, si no arreglan (el problema) va a empezar  pasar eso (una nueva matanza); tienen que dar territorio wao y taromenani para que no haya más enfrentamientos.”

Joomla! Debug Console