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Qué pasa

La Plataforma para la Gobernanza Responsable de la Tierra y el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú advierten que las comunidades que no tienen sus derechos saneados podrían ser afectadas por esta norma

El 16 de diciembre de 2015 se publicó el Decreto Supremo N° 019-2015-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Título III (Capítulos I, II y III) de la Ley 30230 referida a la creación de procedimientos especiales y simplificados para el saneamiento de tierra a favor de proyectos de gran inversión.

Después de dos décadas de vigencia de la Ley INRA (promulgada en 1996), los avances de saneamiento y titulación de tierras han sido informados en términos  cuantitativos pero no se conoce si tales datos reflejan los objetivos de transformación de la desigual estructura agraria de Bolivia. Esta es una de las afirmaciones contenidas en la investigación “Segunda Reforma Agraria: una historia que incomoda”, que la Fundación TIERRA presentará este 27 de enero en el Paraninfo de la UMSA, a las 18:30.

Según los autores del libro, la práctica común de todos los gobiernos sin excepción consistió en hacer una evaluación solo de la cantidad de hectáreas tituladas “…sin que interese mucho si este proceso conlleva también la transferencia de derechos propietarios a manos de los sectores rurales excluidos”.

Nuevamente se complica la situación en la zona de influencia de proyecto minero Las Bambas. Los dirigentes  de las provincias de Chumbivilcas (Cusco), Cotabambas y Grau (Apurímac), anunciaron el reinicio de una huelga interprovincial indefinida que iniciará en el transcurso de esta semana.

Esta medida de fuerza responde a la suspensión de la mesa de trabajo –y diálogo– por parte del Ejecutivo, que en dos oportunidades (16 de noviembre y 19 de enero) dejó “en el aire” a autoridades y dirigentes, bajo la excusa de no tener acreditados a los representantes de distritos y centros poblados que se encuentran en la zona de influencia de Las Bambas. Esta suspensión les fue comunicada –el mismo día de la reunión– mediante un oficio (del 18 de enero) firmado por el Jefe de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, José Ávila.

"Hermanos Latinoamericanos y del Ecuador, reciban fraternales y revolucionarios saludos de Cumbre Agraria Étnica, Campesina y Popular del departamento de Antioquia-Colombia, que forma parte de la Cumbre Agraria Nacional, que se constituye a partir de las masivas movilizaciones frente al tema campesino desde el año 2013 en Colombia. Saludamos a las hermanas y hermanos campesinos e indígenas del Ecuador por los esfuerzos de caminar rumbo a una Cumbre Agraria que reivindique sus derechos. Espero que mis palabras sirvan de aliento y motivación para continuar con sus sueños que son los nuestros y de todos."

José Libardo, Dirigente del Movimiento Agrodescendientes concede una entrevista al Observatorio del Cambio Rural durante su participación en la VII Conferencia de CLACSO 2015 en la ciudad de Medellín, Colombia.

Fue una gran alegría que el pasado 25 de septiembre los gobiernos de 193 países aprobaran en las Naciones Unidas el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15.2 que plantea “poner fin a la deforestación” para el 2020. Por fin una medida concreta y urgente, ya que cada año se queman en el mundo 13 millones de hectáreas de bosques que generan alrededor de un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, tres meses más tarde en la COP21, los mismos gobiernos no incluyeron esa meta en el Acuerdo de París y los países con más altos índices de deforestación como Brasil, Indonesia, Myanmar, Nigeria, Tanzania, Paraguay, Argentina y Bolivia en sus contribuciones para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, no se comprometieron “a poner fin a la deforestación” para el 2020. A lo mucho que llegaron países como Brasil y Bolivia, fue a plantear la eliminación de la deforestación “ilegal” para el 2020.

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