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Este sábado 6 de febrero en el territorio indígena autónomo de Charagua la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) festejará 28 años de su creación, evento en el que participarán las 29 capitanías que conforman esta organización indígena y que se encuentran dispersas en el chaco cruceño, chuquisaqueño y tarijeño. El 7 de febrero de 1987, en el centro Arakuarenda en Charagua precisamente, se fundó la APG.

Hace pocos días, el 28 de enero, el pueblo guaraní recordó la masacre de Kuruyuki en la que el ejército boliviano puso fin a su levantamiento en defensa de su territorio en 1982, hasta ese momento este pueblo había resistido con relativo éxito al despojo de su territorio, a la presión ejercida sobre su cultura y su libertad durante el periodo colonial y republicano. Tras la derrota sobrevino la persecución, la dispersión, la servidumbre forzada y el descenso demográfico, inaugurándose un sombrío proceso de marginación social y política, según señalan los investigadores.

Ignacio Vera, funcionario del Indert hasta el 2013, declaró en el juicio por la masacre de Curuguaty, que las tierras en litigio donde ocurrió la matanza son del Estado.

Vera era director departamental del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en Canindeyú (este) cuando un grupo de campesinos ocupó una finca del distrito de Curuguaty, en ese departamento, para reclamar que formase parte de la reforma agraria estatal.

Los campesinos integraban la comisión vecinal Naranjaty, que desde 2004 gestionaba con el Indert la titularidad de las tierras, y poseía un historial de desalojos pacíficos, declaró Vera durante su intervención en el juicio que se sigue en Asunción a once labriegos acusados por la masacre.

Afirmó además que, según los documentos, estas tierras, conocidas con el nombre de Marina Kue, por la presencia de un destacamento de la Armada en el lugar durante décadas, pertenecen al Estado paraguayo.

Para el ex representante a la Cámara, Wilson Arias Castillo, la Ley de ZIDRES es la peor contra reforma agraria que se ha realizado en el país y está formulada en clave de extranjerización de la tierra por una parte y de agro exportación por la otra. Tanto las investigaciones de Arias, como las de senadores como Castilla, Robledo y Cepeda han dado cuenta ante la contraloría de más de 120 mil hectáreas acumuladas fraudulentamente, pero podrían ser 2 millones según lo manifestado por el propio presidente de FEDEGAN citado por Arias.

Monica Semillas, Cargil, Poligrow con empresas chinas, argentinas, norte americanas entre otras, ingenios como Mayaguez, Manuelita, Riopaila y las familias Santos, Valencia Iragorri, Sarmiento Angulo, Ocampo, Lafourie y Lizarralde hacen parte del selecto grupo de familias que se habrían apropiado de cerca de 2’000.000 de hectáreas en el marco de operaciones fraudulentas de acaparamiento antes de la promulgación de la ley ZIDRES.

“Queremos paz en el territorio waorani y queremos que se lo respete” Con esta frase Alicia Cahuiya, vicepresidenta de la nacionalidad Waorani resumió los hechos que han ocurrido en los último años en el Yasuní, sobre todo el último ataque Taromenane ocurrido el pasado 25 de enero, que terminó con la vida de Caiga Baigua . En una rueda de prensa ofrecida en Acción Ecológica, varios expertos en temas de explotación petrolera y pueblos indígenas expresaron su preocupación por lo que está ocurriendo en el Yasuní.

Para Alicia Cahuiya, la intervención del Estado debe ser inmediata con el fin de lograr la pacificación de la zona, ella teme que este ataque desencadene una nueva matanza de indígenas aislados y añade “Pedimos que atiendan lo más pronto posible a las familias que quedaron y que perdieron los hijos, tienen que ayudar a esas familias lo más pronto posible, si no arreglan (el problema) va a empezar  pasar eso (una nueva matanza); tienen que dar territorio wao y taromenani para que no haya más enfrentamientos.”

En el marco de las acciones que vienen desarrollando diversas organizaciones de la sociedad civil y de otros sectores respecto a los peligros del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), el jueves 4 de febrero se darán cita en Lima destacadas personalidades conocedoras de las implicancias de dicho tratado, el cual será suscrito oficialmente por el Perú, ese mismo día, en Nueva Zelanda.

El evento tendrá lugar de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en el auditorio de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), ubicado en la Av. San Eugenio N° 981, La Victoria; y lo convoca el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú.  

Durante la primera parte, estará como expositor invitado el especialista jurídico José Aylwin, de Chile, quien tocará el tema TPP y Derechos Humanos. Aylwin es miembro de Observatorio Ciudadano de Chile, una de las entidades que promouve la campaña Chile sin TPP, y asimismo es abogado consultor del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).