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Qué pasa

Crece el miedo de que las comunidades afrodescendientes e indígenas, así como sus territorios, queden a la deriva luego de la firma de la paz entre las Farc y el Gobierno colombiano. Organizaciones defensoras de derechos humanos prenden las alarmas sobre el futuro de estas comunidades y sus territorios durante el posconflicto. Se calcula que aproximadamente el 14 % del territorio colombiano –es decir, cerca de ocho millones de hectáreas de tierra– sería liberado de la presión de las Farc una vez se firme la paz. Todo un fortín territorial que tanto grupos criminales como explotadores de recursos naturales y multinacionales se pelearán centímetro a centímetro.

Es por esta razón que las comunidades indígenas y afrodescendientes en Colombia, desplazados históricos de estos territorios, claman por la protección y restitución de estas tierras. Existe cerca de un millón y medio de desplazados indígenas, de los cuales casi medio millón no tienen reconocimiento oficial de sus derechos colectivos de la tierra y solo el 5 % de la comunidad afrodescendiente goza de esos derechos.

El Foro Mundial Campesino, creado en 2005, constituye un espacio de consulta y diálogo entre las organizaciones de productores rurales de todo el mundo. Este evento se realiza cada dos años y tiene como objetivo fortalecer las alianzas y colaboraciones eficaces entre el FIDA y las organizaciones campesinas.

En la reunión participan unos 300 delegados campesinos de todo el mundo, que debaten los problemas y demandas para el desarrollo (política de inversiones, política de desarrollo tecnológico, desarrollo rural, flujo de recursos, ayudas gubernamentales y no gubernamentales, acceso a la tierra, políticas de género, entre otros).

La sexta reunión mundial será una oportunidad para evaluar los resultados de este diálogo y sentar las bases para revisar el propósito y modalidades del Foro, teniendo en cuenta de nuevo marco estratégico del FIDA y la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.

El sábado 13 de febrero de 2016 cumplimos 6 meses desde que el Levantamiento Indígena y Popular Nacional de los pueblos se realizó. Hace seis meses los pueblos indígenas, las organizaciones campesinas, obreras nos levantamos en movilizaciónpara exigir al gobierno el alto a la política extractivista que está ingresando con mineríay petróleo a nuestros territorios, el Archivo de las Enmiendas Constitucionales, unaverdadera educación intercultural donde no se cierren las escuelas comunitarias y nose limite el ingreso a estudiantes a la universidad, la derogación del decreto 016, una reforma agraria real desde los pueblos, el alto la política contra los trabajadores,rechazo al alto costo de la vida, y muchas otras razones que nos llamó a levantarnos.

Hace seis meses, el gobierno haciendo uso de un Estado de Excepción inconstitucionalreprimió a las comunidades que protestaron haciendo uso de la fuerza policial y militar. El Arbolito se llenó de solidaridad por parte del Pueblo de Quito que demostró que es posible hacer una alianza entre el campo y la ciudad por mejores días.

En diciembre pasado se publicaron dos estudios sobre la problemática: “Condiciones de vida y exclusión” y “Rutas críticas”, donde se caracterizan las circunstancias y escenarios de este mal en Paraguay.

Ambas investigaciones fueron elaboradas por el sociólogo Luis Caputo, a través de las instituciones Grupo Luna Nueva y Base Investigaciones Sociales(Base Is) y abarcaron los departamentos de Paraguarí, Presidente Hayes, Caaguazú, Amambay, Alto Paraná, Central y además Asunción.

“Los estudios ponen foco en el creciente modelo extractivista del Paraguay, que al no incluir procesos de reforma agraria, promueve la dislocación de las comunidades rurales e indígenas, provocando un acelerado proceso de descomposición social de los estratos campesinos y pueblos indígenas, empujando a niños, niñas y adolescentes del campo y migrantes a ser captados por los grupos criminales de la explotación sexual infantil-adolescente”, explicó el investigador.

A diez meses de la realización de la Cumbre Agropecuaria “Sembrando Bolivia”, realizada en Santa Cruz, sus acuerdos se han concretado en tres normas. El Presidente Evo Morales eligió la ciudad cruceña de Montero para promulgar estas leyes originadas en aquel evento que contó con la participación de grandes empresarios agrícolas, la CSUTCB, la CNMCIOB-Bartolina Sisa, la CIDOB, el gobierno y organizaciones sociales.

En esa Cumbre los empresarios quisieron imponer el uso de semillas transgénicas para arroz, algodón y trigo. No lo lograron ante la resistencia de las organizaciones. Pero sí consiguieron otras disposiciones a su favor, por ejemplo, la ampliación del control de la Función Económico-Social (FES) que hasta entonces se hacía cada dos años. Ahora, según la Ley 740, será cada cinco años.

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