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El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por US$150 millones que podría beneficiar a cuatro millones de ecuatorianos a través de obras de protección y mitigación de riesgo. Concretamente el financiamiento busca reducir los posibles efectos del fenómeno de El Niño y del volcán Cotopaxi y apoyar la recuperación de servicios básicos y productivos en caso  de un desastre natural.    

Ecuador está preparado para afrontar este tipo de emergencias y para ello cuenta con el acceso inmediato a líneas de créditos contingentes, que permitirán no sólo mitigar desastres sino además financiar obras de reconstrucción”, afirmó Fausto Herrera, Ministro de Finanzas de Ecuador. “El Gobierno Nacional apoyará con todos los recursos necesarios para enfrentar posibles emergencias por  eventos tales como la reactivación del volcán Cotopaxi o el fenómeno de El Niño”.

El Proyecto de Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador tiene un costo total de US$168 millones, de los cuales el Gobierno Nacional aportará US$18 millones.

Durante el período 2013-2015 en más del 90 por ciento del territorio venezolano se presentó un déficit de precipitaciones, refiere un comunicado del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), que circula hoy.

De acuerdo con el informe, esa situación se mantiene este año y se agudiza con la presencia del fenómeno climatológico El Niño.

El texto reseña que en la región norte costera del país se reportan valores cercanos a 50 por ciento menos de lluvias de lo que debería registrarse para el período, mientras que en la zona sur del territorio nacional los valores están cercanos al 25 por ciento.

El Inameh explica que la situación climatológica en Venezuela se debe a la presencia de El Niño, fenómeno que también afecta a otros países del área como Colombia y Perú, por lo que los gobiernos llevan adelante acciones para preservar las reservas de agua.

La Defensoría del Pueblo presentó hoy el “Informe sobre la violación de derechos humanos de la capitanía Takovo Mora”, en el que se concluye que el Estado, a través de las fuerzas policiales, durante la intervención a la movilización que realizaba este pueblo indígena, el 18 de agosto del año pasado, vulneró los derechos de los indígena.

La conclusión del documento indica que esa violación se produjo de manera "flagrante, premeditada y culposa", debido a que se registraron tratos crueles, inhumanos y degradantes; además de la inviolabilidad de domicilio y a la libertad personal;  y los derechos específicos de mujeres, niñas, niños y adolescentes y de los pueblos indígenas, como el derecho a la territorialidad y a la consulta previa, libre e informada.

La acción fue calificada por la autoridad como “despiadada y criminal” y la comparó con lo sucedido en Chaparina. "Se violó la Constitución Política del Estado; cinco tratados internacionales sobre derechos humanos además de la Ley contra la violencia a la mujer y el Código Niña, Niño y Adolescente”, señala el informe que recomienda al Fiscal General del Estado proseguir las acciones penales contra los autores directos e indirectos, así como cómplices, encubridores e instigadores de este hecho.

Un muro de metal, de color verde, interrumpe la hilera de mangle que surca la Vía Perimetral, de Guayaquil. El cerco contrasta con la naturaleza que predomina en el sector, cercano al estero Salado.

Atrás -donde ayer no se encontraba trabajando nadie- se oculta una zona de tierra que ha sido despejada y en la que se ha formado una laguna. Un letrero indica que allí se ejecuta el Proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales Mediante la Tecnología de Pantanos Secos Artificiales del Sistema Javier Salitral-Puerto Azul.

Los autores de los trabajos -reza en la pancarta- son la Alcaldía de Guayaquil y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Emapag). El Cabildo porteño, en su página electrónica, señala que comenzó los trabajos, a la altura de El Salitral-Tres Bocas, en febrero de 2015. Y el plazo para concluirlos es agosto de 2016.

En uno de los lugares más ricos y aislados del Perú, cuna del proyecto Camisea, se produce una de las transformaciones más feroces de nuestro tiempo: el boom gasífero que trajo prosperidad a una parte del país ha sido una maldición para la mujer indígena machiguenga. Ahora tiene más posibilidades que antes de ser contagiada de VIH, de ser agredida cada vez que su marido se embriaga en las decenas de cantinas que han aparecido, ha perdido el liderazgo del hogar que le daba el cultivo de su chacra y depende del sueldo del esposo que trabaja en el lote de gas. Se alimenta mal y en estas condiciones debe sobreponerse a la desnutrición para luchar contra la anemia de sus propios hijos. En los últimos 12 años la explotación de gas ha generado más de US$ 7.700 millones en regalías para el país, pero nunca como ahora las mujeres machiguengas han sido más pobres.

Un detalle fue el primer signo de estos nuevos tiempos: las machiguengas dejaron de cosechar el tubérculo más tradicional de su dieta familiar, la yuca. ¿Para qué iban a sembrarla si podían comprarla o reemplazarla por arroz en las tiendas que aparecieron luego de la instalación del proyecto Camisea?