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Qué pasa

Ayer a la siesta una comitiva compuesta por la fiscal de Alto Paraná, siete patrulleras y dos vehículos de la fiscalía intentaron entrar al asentamiento campesino Primero de Marzo Joajú, en el distrito de Yvyra Rovana del departamento de Canindeyú, a 300 km de Asunción.

El asentamiento es ocupado desde 2012 por unas 330 familias campesinas de la Organización de Lucha por la Tierra(OLT), que reclaman que las tierras fueron entregadas de manera irregular a la familia empresaria Bendlin y exigen que sean recuperadas para beneficiarios de la reforma agraria.

Lidia Ruiz, vocera nacional de la OLT dijo que el asentamiento tiene acceso por los departamentos de Canindeyú, Caaguazú y Alto Paraná. Fue por éste último que la comitiva intentó entrar, pasando por el asentamiento campesino Santa Lucía y luego intentando pasar por la comunidad indígena Jukyry, cuyas familias lo impidieron.

En Chile se generan cada año 16,9 millones de toneladas de residuos, de los cuales 6,5 millones de toneladas son residuos municipales y 10,4 millones de toneladas son residuos industriales. De ese total, alrededor del 60% van a rellenos sanitarios (autorizados) y el 40% a vertederos y basurales (con autorización caducada). En el caso de la Región de Coquimbo, se estima que se generan más de 265 mil toneladas de residuos al año, siendo las comunas de Coquimbo, La Serena,  Ovalle, Salamanca e Illapel las que –en orden decreciente- generan más volumen de basura.

Para implementar una nueva mirada sobre la disposición final de la basura en la Región de Coquimbo, la Secretaría Ejecutiva de Residuos (SER), trabaja en promover en los municipios de la región la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos. La SER es liderada por la Seremi del Medio Ambiente y es integrada por el programa de residuos sólidos del Gobierno Regional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), la Seremi de Vivienda, Seremi de Desarrollo Social y la Seremi de Salud.

Durante el período 2013-2015 en más del 90 por ciento del territorio venezolano se presentó un déficit de precipitaciones, refiere un comunicado del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), que circula hoy.

De acuerdo con el informe, esa situación se mantiene este año y se agudiza con la presencia del fenómeno climatológico El Niño.

El texto reseña que en la región norte costera del país se reportan valores cercanos a 50 por ciento menos de lluvias de lo que debería registrarse para el período, mientras que en la zona sur del territorio nacional los valores están cercanos al 25 por ciento.

El Inameh explica que la situación climatológica en Venezuela se debe a la presencia de El Niño, fenómeno que también afecta a otros países del área como Colombia y Perú, por lo que los gobiernos llevan adelante acciones para preservar las reservas de agua.

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por US$150 millones que podría beneficiar a cuatro millones de ecuatorianos a través de obras de protección y mitigación de riesgo. Concretamente el financiamiento busca reducir los posibles efectos del fenómeno de El Niño y del volcán Cotopaxi y apoyar la recuperación de servicios básicos y productivos en caso  de un desastre natural.    

Ecuador está preparado para afrontar este tipo de emergencias y para ello cuenta con el acceso inmediato a líneas de créditos contingentes, que permitirán no sólo mitigar desastres sino además financiar obras de reconstrucción”, afirmó Fausto Herrera, Ministro de Finanzas de Ecuador. “El Gobierno Nacional apoyará con todos los recursos necesarios para enfrentar posibles emergencias por  eventos tales como la reactivación del volcán Cotopaxi o el fenómeno de El Niño”.

El Proyecto de Mitigación de Riesgos y Recuperación ante Emergencias en Ecuador tiene un costo total de US$168 millones, de los cuales el Gobierno Nacional aportará US$18 millones.

La Defensoría del Pueblo presentó hoy el “Informe sobre la violación de derechos humanos de la capitanía Takovo Mora”, en el que se concluye que el Estado, a través de las fuerzas policiales, durante la intervención a la movilización que realizaba este pueblo indígena, el 18 de agosto del año pasado, vulneró los derechos de los indígena.

La conclusión del documento indica que esa violación se produjo de manera "flagrante, premeditada y culposa", debido a que se registraron tratos crueles, inhumanos y degradantes; además de la inviolabilidad de domicilio y a la libertad personal;  y los derechos específicos de mujeres, niñas, niños y adolescentes y de los pueblos indígenas, como el derecho a la territorialidad y a la consulta previa, libre e informada.

La acción fue calificada por la autoridad como “despiadada y criminal” y la comparó con lo sucedido en Chaparina. "Se violó la Constitución Política del Estado; cinco tratados internacionales sobre derechos humanos además de la Ley contra la violencia a la mujer y el Código Niña, Niño y Adolescente”, señala el informe que recomienda al Fiscal General del Estado proseguir las acciones penales contra los autores directos e indirectos, así como cómplices, encubridores e instigadores de este hecho.

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