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Qué pasa

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA) anunció el posicionamiento de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales para salvaguardar los derechos territoriales y colectivos de las poblaciones étnicas en el proceso de negociación e implementación de los acuerdos de paz.

La comisión conformada por autoridades de pueblos Indígenas y afrodescendientes será la instancia técnica nacional, autónoma, plural, decisoria, participativa, permanente y de autorepresentación de los pueblos y organizaciones indígenas y afrodescendientes que trabajan por la construcción de la Paz.

La decisión se adoptó en un reflexión interna del movimiento social realizada el 7 de marzo de cara a la participación en el proceso de negociación de paz en La Habana (Cuba). A continuación reproducimos el comunicado de la Comisión Étnica:

A 15 kilómetros del municipio de El Copey, en el departamento del Cesar, se encuentra el predio restituido de doña Dianis*. La mujer, que este año cumple 55 años, se presentó a sus tierras en compañía de su esposo y sus cinco hijos, los mismos a quienes en la época de la violencia les tocó huir para salvar sus vidas.

Ahora, son cinco los nuevos integrantes de su familia. Se trata de sus nietos, las personas que impulsan las ganas de seguir delante de esta mujer que recibió un terreno de 14 hectáreas. “Son grandes las ilusiones que tenemos al regresar al terreno de donde salimos hace mucho tiempo. Gracias al Estado nuestra familia empezará de cero para forjar el futuro de nuestros nietos”, señaló doña Dianis*.

La víctima retornó a su predio gracias al compromiso de la Unidad de Restitución de Tierras, que la asesorará en la implementación de un proyecto productivo.

Durante la semana pasada se iniciaron los alegatos en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt entre la comunidad de Mar Brava y expertos contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la empresa EcoPower por excluir arbitrariamente a comunidades indígenas de la Consulta Indígena, tras un recurso presentado por los chilotes.

El Parque Eólico Chiloé de la empresa Eco Power, luego de 5 años de intentos fallidos, ya tiene aprobada su Resolución de Calificación Ambiental. Lo que le permitirá instalar 42 aerogeneradores que producirán 100 mw en el sector costero de Mar Brava en la comuna de Ancud.

Esta aprobación de la RCA de la empresa, dicen las comunidades, fue resultado de un proceso irregular de evaluación ambiental, que no contempló una consulta indígena completa, la que es exigida por el Convenio 169 de la OIT, pero que si fue apoyada por el director del SEA regional Alfredo Wendt.

Ecuador trabaja en un plan para incrementar la producción y posicionar nuevos mercados locales e internacionales para el mango.

Los ministerios de Comercio Exterior y de Agricultura, junto a asociaciones de productores de la fruta, desarrollan el denominado Plan de Mejora Competitiva de la Cadena del Mango, que apunta a duplicar la producción y exportación de la fruta hasta 2020.

Este programa se basa en cinco estrategias: controlar la plaga de la mosca de la fruta, mejorar la productividad y calidad, impulsar y diversificar el acceso a mercados internacionales, desarrollar la demanda interna y fortalecer la institucionalidad de la cadena productiva mediante la creación de un consejo consultivo con la participación de todos los actores públicos y privados del sector, explicó Alejandro Káiser, coordinador de Políticas de Exportaciones de la secretaría de Comercio Exterior ecuatoriana.

Pronunciamiento de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de los Derechos Sociales y Ambientales.

Preparado el texto de esta petición sobre violencia contra las mujeres, esta semana nos vimos golpeadas por un acontecimiento terrible: el asesinato de Berta Cáceres, Coordinadora del Consejo de Pueblos Indigenas de Honduras COPINH, defensora de derechos humanos, madre, una gran mujer. Las perversas amenazas de muerte que sufría se materializaron.

Berta luchaba por proteger el territorios y a las comunidades. No queremos que su lucha sea en vano. Se había visto obligada al exilio de sus hijos para protegerles. Su asesinato es un crimen atroz que cae sobre la conciencia de las empresas mineras e hidroeléctricas ilegalmente autorizadas por el Estado sin consentimiento de los pueblos indígenas. Los gobiernos corruptos que permiten y que dejan crímenes como el de Berta en la impunidad son cómplices de su muerte. Estamosprofundamente conmocionadas.

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