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Qué pasa

Una pasta de ceniza se ha impregnado en las hojas y tallos de los cultivos, pastizales y bosques de las zonas aledañas al volcán Tungurahua. La masa viscosa de color negro se formó con las lluvias.

La constante caída de polvo volcánico ha ocasionado el mayor daño a los habitantes que viven en las cercanías del coloso, cuya nueva reactivación comenzó el 26 de febrero.

Hasta hace una semana, el paisaje era de color cenizo; ahora, con la lluvia, todo está manchado de negro. El material ha caído más hacia las poblaciones de Chimborazo.

En ese territorio, los campesinos de las parroquias Bilbao, Puela y El Altar, en el cantón Penipe, perdieron sus sembradíos, sus vacas dan menos leche y sus cuyes y conejos murieron. Todos los días, los agricultores agitan las hojas de los pastizales para quitar la ceniza o compran hierba para sus reses. Otros campesinos intentan salvar una parte de las plantaciones de maíz y árboles frutales con fumigaciones.

Una multa de 20 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 79 millones de soles, se le impondría a la empresa Petróleos del Perú S.A. (Petroperú), luego de que en un plazo de nueve meses el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) finalice un segundo procedimiento administrativo sancionador contra la estatal tras los derrames de unos tres mil barriles del crudo negruzco en las regiones de Amazonas y Loreto en enero y febrero de este año. Esto se aplicaría luego de que el OEFA corrobore que Petroperú es responsable de la contaminación de un total de 70 mil metros cuadrados en ambos distritos afectados: Morona (Datem del Marañón) e Imaza (Bagua).

El organismo de control precisó que se actuaría por daños causados a la vida y salud de los más de ocho mil ciudadanos que viven alrededor de ambos ductos rotos y que aún no han sido cambiados por la compañía petrolera. El pasado 26 de febrero, el OEFA inició el primer proceso sancionador tras notificar a la compañía peruana sobre remitir el cronograma de las actividades de cambio de ambos tubos, pero hasta el momento hacen caso omiso ante dicho pedido.

Alrededor de cien comunidades nativas de las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza, Marañón y Tigre, en Loreto, ven peligrar su titulación debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no cumple con desembolsar el segundo presupuesto asignado para dicho fin.

"Esta situación nos preocupa porque no se estarían respetando los acuerdos que se han firmado en el Acta de Lima", acusó Alfonso López Tejada, presidente de la federación nativa kukama del Marañón Acodecospat.

El dirigente recordó que dicha acta la firmaron el 10 de marzo del 2015 representantes de más de diez ministerios y del Gobierno Regional de Loreto (GOREL), luego de una lucha de varios años de los pueblos indígenas afectados por más de cuatro décadas de actividad petrolera. 

Con su firma el Estado se comprometió a actuar en los siguientes planos: remediación ambiental, titulación de tierras, estudios epidemiológicos y toxicológicos, educación y proyectos de desarrollo.

El área cultivada de quinua se redujo en  60% con respecto al año pasado, debido a fenómenos climáticos como sequías y heladas, además de   la caída de los precios del grano, informó el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Quinua (Anapqui), Benjamín Martínez.

"Debido a las sequías, heladas y a ventarrones, a la fecha  hay una  pérdida del 60% en las áreas cultivadas; eso, sumado a la baja de los precios de la quinua,  ha mermado nuestra producción este año”, agregó Martínez.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, ya había adelantado en enero que la producción de quinua en la presente gestión caería de manera sustancial, aunque no precisó en qué porcentaje, por la aguda sequía que se vive en las regiones productoras y por la falta de incentivos a la comercialización. 

Oficialmente autoridades municipales de esta ciudad ya debaten sobre el proyecto “Por la cual se declara de interés distrital la agricultura familiar con enfoque orgánico y agroecológico y se condiciona el sistema del agronegocio extensivo”.

El mismo fue presentado por una articulación ciudadana a mitad de 2015 y el viernes último fue fundamentado públicamente ante la sesión de de la Junta Municipal local.

Tras la presentación de la propuesta se abrió un primer debate, que expresó la apertura de las autoridades municipales por encaminarla.

Concretamente la iniciativa pasó a la comisión de Salud, Higiene, Salubridad y Ambiente, a cargo de los concejales Farida Ledezma (ANR), Dolores Galeano(PLRA) y Marcial González(FG), expicó la concejala Trinidad Ortiz, del Frente Guasu.

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