Artículos de opinión

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Esto se da dos meses después de que el Tribunal Andino de Justicia falló en contra de Colombia por ese motivo y autorizó a los socios regionales tomar represalias contra el país.

El 23 de junio, el Tribunal Andino autorizó a los países de la Comunidad Andina (CAN) para que impongan temporalmente un gravamen arancelario adicional del cinco por ciento a las importaciones que realicen desde Colombia, de cinco productos del sector agrícola. Por ahora, los países no han puesto en vigencia esta sanción.

El ministro Juan Camilo Restrepo dijo que se tomó la decisión provisional para proteger a los arroceros nacionales. Se estima que en lo que resta del año, saldrían al mercado entre 150.000 a 180.000 toneladas. Vale la pena recordar que, el 96,1 por ciento de las exportaciones de arroz de Perú, entre 2006 y 2009 tenían como destino a Colombia; sin embargo, desde marzo de 2009, se prohibieron.

Para el caso de Ecuador, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) negó los permisos sanitarios para la importación del cereal, debido a la presencia del virus de la fiebre aftosa en la frontera de ese país con Colombia, lo que constituye un riesgo para la sanidad animal del país.

Autoridades del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Bolivia informaron que avanza la reversión y anulación de títulos de propiedad de particulares por fraude e incumplimiento de la Función Económica y Social (FES).

  El diario estatal Cambio señaló que las parcelas recuperadas por el Estado serán redistribuidas entre comunidades indígenas, campesinas y originarias que las demanden, como lo establece la Constitución Política del Estado Plurinacional y la Ley de Reconducción Comunitaria 3545.

El director del INRA, Juan Carlos Rojas, precisó que las expropiaciones abarcan una superficie de 115 mil 818 hectáreas, en los departamentos de Santa Cruz y Beni.

De acuerdo con el directivo del INRA, la decisión se tomó luego de verificarse el incumplimiento de la FES en propiedades dedicadas a la agricultura o a actividades agropecuarias, en propiedades grandes y medianas.

"Para resumir, en Santa Cruz y Beni algunas personas intentaron burlar la buena fe del Estado o del INRA utilizando documentación que no corresponde, recursos mañosos, ganado que no les pertenece", agregó.

Los funcionarios detectaron falsas declaraciones acerca del uso y extensión de las tierras, además del incumplimiento con el proceso de saneamiento previsto en los contratos, en cinco casos.

Según la nueva Carta Magna, vigente desde febrero de 2009, tampoco se puede permitir la doble dotación de tierras, lo cual deriva en la anulación y reversión de la superficie, que es parte del trabajo que debe hacer el INRA este año.

 

Foto: Archivo de Jornadanet.

La integración económica de América latina es aprobada por más del 70% de los países que integran la región, según una encuesta de Latinobarómetro. Los desafíos de la Caricom, la SICA, la Comunidad Andina y el Mercosur para una integración total en 2018.

Desarrollo y convergencia. Esos dos conceptos están asociados en la percepción de los ciudadanos de América latina que, en abrumadora mayoría, se pronunciaron a favor de la integración económica regional. Más del 70% en promedio, y con porcentajes que llegan casi al 85% en algunos países como Uruguay, aprobaron la continuidad de los procesos de asociación de acuerdo con una encuesta realizada a más de 20 mil personas por la consultora Latinobarómetro. La Argentina presenta uno de los indicadores más elevados de apoyo a la integración económica y se ubica en el tercer puesto, con el 79% de adhesiones.

De acuerdo con el relevamiento, los dos países en los que más respaldo obtiene el proceso de integración económica son Uruguay y República Dominicana, con el 84% y el 83%, respectivamente. En el otro extremo, las naciones donde el proceso cosecha menor respaldo son México y Ecuador, aunque alcanza también allí la mayoría de los apoyos: el 58% dice estar "muy a favor" o "algo a favor" de acuerdo con los resultados finales del relevamiento publicados por la consultora.

La encuesta fue realizada en el segundo semestre del año pasado con 20.204 casos y procesada y difundida hace pocos días por la Corporación Latinobarómetro, una organización con sede en Santiago de Chile que tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Agencia Española de Cooperación Internacional, entre otros organismos internacionales.

"Los latinoamericanos muestran claramente su opción por el de­sarrollo. No buscan integrar gente sino que quieren la prosperidad y lo expresan con el respaldo a las políticas de acuerdos comerciales, pero detrás de esa demanda no hay un reclamo de interacción entre los pueblos", analizó Marta Lagos, economista, fundadora y directora de la Corporación Latinobarómetro, en diálogo con Buenos Aires Económico desde Santiago de Chile.

"La percepción mayoritaria es que la integración lleva a la prosperidad, pero lo cierto es que las empresas van más rápido que los gobiernos", observó Lagos.

Los grupos y las cuentas pendientes. En América latina conviven cuatro grupos de países nucleados en asociaciones de carácter comercial: el Mercosur, la Comunidad Andina, la Comunidad del Caribe -Caricom por la síntesis de su nombre en inglés- y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) con alcances y tradiciones diferenciadas.

El Mercado Común del Sur mantiene la composición de sus cuatro países miembros que suscribieron el Tratado de Asunción en 1991 y que luego ampliaron con el protocolo adicional de Ouro Preto tres años más tarde: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; en tanto que Venezuela está en proceso de asociación como integrante pleno.

De esa época data también el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) que nuclea a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá y que tuvo su protocolo fundacional en diciembre de 1991 en Tegucigalpa. El bloque avanzó sobre la base de una experiencia previa, la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), creada cuarenta años antes.

Dos años antes otro grupo de países de América del Sur había alumbrado una experiencia de integración, la Comunidad Andina. En mayo de 1969 Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena para avanzar en "la integración y la cooperación económica y social". Cuatro años más tarde se adhirió Venezuela, que se retiró en 2006.

El Caribe tiene en tanto su propia asociación económica, la Caribbean Community (Caricom), conformada por quince países como miembros plenos, entre ellos Antigua, Barbados, Bahamas, Guyana, Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago, que vio su conformación actual en 1973.

Norma Mellado, directora del Instituto de Integración Latinoamericana de la Universidad de La Plata, señaló a este medio que la historia reciente en la región muestra que "se van creando nuevos grupos, pero no se profundizan los que ya existen". Si bien admitió que "es complejo desde el punto de vista jurídico-institucional" perfeccionar la integración, analizó que una con­vergencia de la Comunidad Andina con el Mercosur cubriría toda América del Sur, aunque sería más complejo dar ese paso con las organizaciones de los países centroamericanos.

La propuesta de limitar la tenencia de tierras en el agro a 500 hectáreas, como extensión máxima para los nuevos agricultores, cada día toma fuerza. Esa es una de las propuestas que elabora el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap) en su proyecto de Reforma Agraria y que mantiene muchas diferencias con el que presentó a la Asamblea el Sistema de Inves-tigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (Sipae).

Rafael Guerrero, subsecretario del Litoral del Magap, dijo que no se pondrán límites a la propiedad de la tierra que ya existe, pero sí a las que se van a crear en el futuro. "Si alguien posee una hacienda que tiene 1 500 hectáreas, nadie se va a oponer a que la siga teniendo, siempre y cuando estén cultivadas. Lo que sí se va a limitar es la propiedad en el futuro".

Eso también se ampliará a industrias que tienen grandes extensiones, como los ingenios azucareros, que poseen más de 2 500 hectáreas. Es decir, que podrán seguir con sus cultivos pero ya no crecerán más.

La propuesta del Sipae era fijar un límite de 500 hectáreas y que el excedente sea expropiado por el Estado. Además, que los extranjeros solo pueden tener hasta 300 hectáreas.

El lunes pasado los productores de banano, mango, arroz, camarón, maíz y otros cultivos se reunieron para rechazar el nuevo proyecto, que limita las extensiones. Pero el ministro de Agricultura, Ramón Espinel, señaló hace tres días que todavía no hay una Ley de Tierras sino que son propuestas que buscan redistribuir el suelo agrícola. "Hay que tener en cuenta de que estamos en un debate sobre los modelos de desarrollo de la tierra".

Guerrero sostuvo que la idea es evitar que se destruyan los ecosistemas porque las grandes propiedades se transforman en monocultivos y afectan a la biodiversidad. "Hay que crear una agricultura de pequeños y medianos productores, que conserve la biodiversidad y sea competitiva".

El Magap espera presentar su proyecto la próxima semana a los representantes del agro para analizarlos y buscar consensos.

Paúl Olsen, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, contó que no se debe poner límite a la propiedad agrícola, ya que no hay grandes extensiones como en otros países, que llegan hasta 200 000 hectáreas por persona. "Aquí la tierra está muy bien distribuida y es un ejemplo para América".

Según Olsen, hay muchas hectáreas que no están cultivadas y en poder del Estado. "Esas son las tierras que deberían distribuir y venderlas a precios justos".

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) suman una superficie de 12,4 millones de hectáreas de las cuales 1,4 millones pertenecen a cultivos permanentes y 1,2 millones a transitorios. El resto de la superficie se distribuye en tierras para pastos, páramos y otros.

Pero para Guerrero existe una concentración de tierras en pocos productores. "Entre el 80 % y 85% de los productores tienen menos de 25 hectáreas. Eso demuestra que hay un alta concentración que se debe corregir".

Más cifras

  • En el censo agropecuario se registra una superficie de 12,4 millones de hectáreas. El 39% de la tierra está concentrada en productores que tienen menos de 50 hectáreas.
  • Los tenedores de propiedades agrícolas suman 842 882 personas, de las cuales 696 746 tienen menos de 20 hectáreas.
  • Los productores que tienen más de 200 hectáreas acumulan una extensión de 3,6 millones, que representan el 29% del total.

Tras quince días de paro, el conflicto de La Convención encontró una salida negociada ante la insistencia de distintos sectores de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, que alertaban la posibilidad de un desenlace violento dada la intransigencia del Ejecutivo y las obstaculizaciones promovidas por los núcleos más duros dentro de la protesta. La paralización fue suspendida al aceptarse las demandas centrales de la población: para empezar, la reserva de Megantoni no será afectada por las tuberías del transporte de gas, que tendrán otro recorrido; se construirá una planta de procesamiento en Kepashiato y, lo más importante, se estableció que las reservas gasíferas del lote 88 se dedicarán íntegramente a atender el mercado interno, además de acordarse que el precio del balón de gas en La Convención, será equivalente al de Lima, corrigiéndose una situación paradójica y abusiva por la que en esa provincia se pagaba hasta el doble del precio de la capital.

La pregunta de fondo, sin embargo, es si los acuerdos logrados suponen el final del conflicto, como todos queremos o son sólo un paréntesis. La respuesta no es fácil, máxime si observamos el comportamiento del gobierno post conflicto de Bagua y su resistencia a cumplir cabalmente con lo establecido por las partes en aquella ocasión.

Que el gobierno no esté dispuesto a negociar disputas y diferencias que cuestionan el corazón del modelo económico y evidencian sus grandes contradicciones y arbitrariedades, resulta hasta comprensible, como lo resulta también su reiterada incapacidad para prevenir muchos de estos conflictos. Lo que aparece incomprensible es la persistencia por volver a la postura original que se encontraba a la base del conflicto, como lo muestra el caso de Bagua, ahora que el propio Presidente ha observado la ley de consulta y simultáneamente impulsar una ley forestal que nuevamente afecta a las poblaciones indígenas.

¿Ocurrirá lo mismo con el caso de La Convención y el gas? Difícil saberlo. El tema es complejo, porque el gobierno ya tiene comprometida la exportación de casi la mitad de las reservas del lote 88, por lo que cumplir su palabra implica revisar el contrato con la empresa, con lo que se abre un flanco para la discusión más amplia sobre el tema del gas. Adicionalmente, eso debilita el blindaje legal que con tanta laboriosidad se ha construido y argumentado para proteger los distintos contratos que atentan groseramente contra el interés nacional.

En esta situación, es interesante preguntarse qué fue lo que llevó al gobierno a retroceder de su posición inicial. Ciertamente la fuerza y la duración de la protesta fueron elementos importantes; el pronunciamiento de distintos sectores exigiendo diálogo, también. Sin embargo, creemos que el factor que aceleró su decisión fue la difusión y rápida multiplicación de imágenes en las que pobladores y amas de casa de La Convención denunciaban el escandaloso precio del cilindro de gas. Al mostrar la desprotección de los usuarios locales de gas doméstico, esas imágenes podían cambiar el sentido de la opinión pública sobre un conflicto que aparecía como focalizado y abstracto, pero que en su interior movilizaba un tema clave: la manera en la que en los últimos años estamos hipotecando nuestros recursos extractivos.

Así las cosas, creemos que frente al conflicto de la provincia cusqueña, el gobierno ha actuado pragmáticamente. Ha asumido compromisos que niegan su acción a lo largo de su gestión y que escapan del fundamentalismo de su «pensamiento perro del hortelano», seguros que lograrán transferirle al próximo gobierno el problema mayor, que es la exportación del gas y el abastecimiento del mercado interno. Lo hicieron por necesidad, pero quizá también por temor a la posibilidad de que el sentido común empate con un discurso sobre el interés nacional, un discurso que aluda a elementos democráticos e incluyentes. Lástima que por el momento un discurso de estas características es más un deseo que una realidad.

desco Opina / 20 de agosto de 2010