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Ya casi no hay debate parlamentario en el que estas organizaciones de la sociedad civil no tengan un lugar preponderante. Con staffs muy profesionalizados, años de trayectoria y presupuestos millonarios, se han convertido en actores de peso dentro de la escena política, con gran capacidad de lobby. Por qué algunos políticos las convocan y otros desconfían. El difícil equilibrio entre la neutralidad ideológica y las necesidades de financiamiento.

 

Los bloques mayoritarios de la oposición tenían todo listo para votar en la Cámara de Diputados una reforma del Consejo de la Magistratura. Pero pasaban las semanas y el sector de centroizquierda liderado por Fernando "Pino" Solanas, que debía aportar los votos necesarios para la ley, demoraba su decisión. No quería avanzar sin antes conocer el pronunciamiento de un grupo de organizaciones no gubernamentales (ONG) que analizaba el dictamen elaborado por la mayoría.

El proceso, que terminó el 1º de julio pasado con el voto favorable de la Cámara baja, no sólo sirvió para dar media sanción a la reforma de un organismo clave del Poder Judicial. También sacó a la luz un fenómeno que, aunque tiene sus orígenes en los años de recuperación de la democracia, se hace cada día más visible: la creciente incidencia de las ONG en los debates políticos y en la elaboración de políticas públicas.

Las discusiones sobre la reforma del Consejo de la Magistratura, el derecho de acceso a la información pública, el reparto de la publicidad oficial, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la protección de los glaciares son casos testigo de un fenómeno que ya había tenido manifestaciones intensas el año pasado, durante el debate de la ley de medios audiovisuales, y a comienzos del gobierno de Néstor Kirchner, con el establecimiento de un nuevo procedimiento, propuesto por un grupo de ONG, para seleccionar a los miembros de la Corte Suprema.

Con el recambio legislativo que le dio al Congreso un renovado protagonismo, las ONG u OSC (organizaciones de la sociedad civil) parecen haber ganado más terreno que nunca. En la Cámara de Diputados y en el Senado, casi no hay debate de temas importantes en las que falte el punto de vista de estas organizaciones.

En especial, el de aquellas ONG que los teóricos definen como "organizaciones políticas de la sociedad civil", entidades que cuentan con muchos años de trayectoria, cuerpos profesionalizados, presupuestos millonarios (en gran parte formado por donaciones de entidades extranjeras) y un amplio abanico de intereses que las convierte en actores políticos estables y poderosos. Actúan en conjunto, están presentes durante el tratamiento de los proyectos en las comisiones, en audiencias organizadas especialmente para que expongan sus posiciones y, al mismo tiempo, recurren al típico recurso de lobby, en encuentros privados con legisladores a los que intentan convencer de promover sus agendas.

Pero ¿a qué se debe el avance de estas organizaciones? ¿Qué intereses representan? ¿Son realmente independientes? ¿De dónde obtienen los recursos para funcionar? ¿Pueden ocupar lugares antes reservados para los partidos políticos o para el Estado? Son algunas de las preguntas que dispara el fenómeno.

Las explicaciones que más consenso generan sobre el avance de las ONG desde el punto de vista académico tienen que ver con la democratización de los regímenes políticos, con las demandas insatisfechas producto de la desaparición del Estado de bienestar, con la necesidad de saberes especializados ante la diversificación de las funciones administrativas del Estado y con la creación, como consecuencia de la globalización, de nuevos espacios internacionales que potencian la capacidad de incidencia de estas organizaciones.

El diagnóstico que hacen del fenómeno distintos actores políticos y los responsables de las ONG es variado: unos lo atribuyen a la búsqueda de conocimiento técnico ausente desde hace años en los partidos políticos; otros lo ven como una saludable reactivación de la participación ciudadana canalizada por carriles no partidarios, y otros, sólo como una herramienta de apariencia neutral a la que acuden los políticos para intentar saldar disputas cerradas.

"Hay más incidencia de las ONG y eso responde tanto a una cuestión de oferta como de demanda. A partir del regreso de la democracia, el espacio de la sociedad civil, que estaba enfocado unívocamente en la cuestión de derechos humanos, empieza a incrementar la oferta de organizaciones que ven un marco de la agenda pública más amplio y que empiezan a aparecer como un medio para canalizar vocación pública que no se quiere canalizar a través de los partidos", sostiene Fernando Straface, director ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), una de las cuatro ONG con más presencia en los debates legislativos. Las otras son el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y Poder Ciudadano, el capítulo argentino de Transparencia Internacional. "De lado de la demanda, hay mayor vocación de usar este tipo de organizaciones por parte de la política. Se valora más y cobra mayor legitimidad cuando lo que se sostiene es propuesto por una OSC. La política encuentra información relevante y legitimidad para sus planteos", agrega Straface.

En el lugar de árbitros

Gastón Chillier, Alvaro Herrero y Hernán Charosky, directores ejecutivos del CELS, ADC y Poder Ciudadano, respectivamente, coinciden en que la coyuntura política actual contribuye al avance de las ONG. "En un contexto político muy polarizado, las ONG juegan un rol como articulador de consensos entre los partidos políticos del Congreso, sin diálogo directo entre ellos", sostiene Chillier. "Ahora la incidencia es más fácil porque el Congreso se ha vuelto un lugar de relevancia en el diseño de políticas públicas", dice Herrero. Para Charosky, los políticos "buscan a las ONG como una especie de árbitro, porque traen un halo de independencia política y capacidad intelectual, creo que en la mayoría de los casos justificado". Otra de las claves de la creciente incidencia de las ONG es la propia toma de conciencia de que son actores políticos a los que les conviene actuar de manera coordinada, según analiza María Barón, directora de la ONG Directorio Legislativo. "La estrategia de trabajar en red es una muestra de la madurez del sector", explica.

Diana Conti, diputada kirchnerista, valora el aporte que hacen las organizaciones a los debates políticos, pero se atreve a dudar de su supuesta neutralidad. "A las ONG que se encargan de temas institucionales no siempre las veo neutrales. Siempre están más cerca de la oposición porque critican el statu quo. Al promover políticas de acuerdo con estándares internacionales, son funcionales a la oposición, que termina levantando banderas propuestas por las ONG que nunca aplicarían a la hora de ser gobierno", dice.

Desde la oposición, el diputado Gustavo Ferrari (Peronismo Federal), aunque sostiene que "la verdadera transformación de la vida de la gente se logra a través de la política", defiende el rol de las ONG. "En ciertas cuestiones, son voces políticamente neutrales. Hay temas de políticas públicas que son abstractos y que no hablan de ideología, como las propuestas de eficiencia y transparencia en la gestión. Las ONG se ganan el respeto público cuando se observa que tienen coherencia y convicción", afirma.

La valoración del fenómeno también es controvertido entre los teóricos. "El auge del prestigio de estas iniciativas coincide, en los países de nuestra región, con los procesos de democratización posdictatoriales; su símbolo más notable en la Argentina son los movimientos de derechos humanos -explica el politólogo Edgardo Mocca, titular de la cátedra Crisis de los partidos políticos, en la Universidad de Buenos Aires (UBA)-. En los años de las reformas neoliberales, se produce un desplazamiento de sentido: la sociedad civil y sus organizaciones ya no son pensadas en términos de democratización, con el autoritarismo como otro antagónico, sino en términos de alternativa frente al Estado y a los partidos políticos progresivamente situados por el discurso predominante en el lugar de la ineficiencia y el fracaso."

Para la socióloga Dora Orlansky, coordinadora del programa Sector público y reforma del Estado del Instituto de Investigación Gino Germani, el crecimiento y la mayor penetración de las ONG en las políticas públicas "tienen mucha importancia porque cubren un espacio que un sector de la academia no toma, porque prefiere quedarse en una torre de cristal de las disquisiciones teóricas". Orlansky explica: "La participación en estas ONG, que son tipo think tanks, tiene poco que ver con la militancia. La gran mayoría de sus directivos vienen de estudiar de afuera, en general de Estados Unidos. Traen una visión distinta del Estado. Son modernos, dinámicos, liberales y no son estatistas, por eso coinciden más en sus discursos con los partidos nuevos, como los de Macri [Mauricio] o De Narváez [Francisco]".

Convencido de que las OSC "no pueden reemplazar a la política "como instancia propia de la soberanía popular", Mocca advierte: "La sociedad civil está lejos de ser ese campo neutral y armonioso que reclama cierto relato, en contraposición a la política y a los partidos. En su interior hay instituciones e iniciativas muy variadas y a veces contrapuestas: están, por ejemplo, las que defienden poderosos intereses económicos, y también las que activan demandas populares, estas últimas frecuentemente descalificadas por el discurso mediático predominante".

En momentos en que -según interpreta el Gobierno- la política parece haber recuperado el centro de la escena (algo que el Gobierno se atribuye como mérito propio), los dirigentes de las ONG y los políticos tradicionales coinciden en que el avance de la sociedad civil nunca podrá reemplazar a la actividad de los partidos. "La mayor debilidad es creer que las ONG pueden reemplazar al Estado y a la política y eso no es así. Se puede tener más o menos incidencia, pero el rol siempre será complementario", sostiene Chillier.

"A veces, las ONG funcionan como buenas plataformas de lanzamiento a la política. Pero está claro que los problemas de la gente se resuelven a través de la política", dice Conti.

Neutralidad y financiamiento

El tema de la neutralidad política de las ONG quedó en el centro del debate en los últimos tiempos, luego de que dos directores de Cippec, Miguel Braun y Nicolás Ducoté, dejaron la organización para integrarse a los equipos de Mauricio Macri y Francisco De Narváez, respectivamente (ver recuadro). También generó controversia el salto de Laura Alonso, ex directora ejecutiva de Poder Ciudadano y hoy diputada de Pro.

A esa cuestión se suma otro tema que genera controversia: las fuentes de financiamiento de las organizaciones. Aunque las principales ONG publican en sus sitios de Internet la identidad de sus donantes, el tema sigue dando lugar a discusiones. "Las ONG tienen una ideología que se conoce, no la ocultan. Lo que hace falta es conocer sus fuentes de financiamiento. Transparentar esas fuentes daría cuenta de los intereses que defienden", opina Conti.

Straface defiende la autonomía de las organizaciones pero admite que los donantes de las ONG pueden querer, a través de esos aportes, impulsar sus propios temas de interés. "Las empresas o fundaciones ponen plata en organizaciones con cuyas agendas coinciden por algún motivo. Las organizaciones son actores muy legítimos en su vinculación con el sistema político y les sirven a las empresas para plantear ciertos temas que, si no, les sería muy difícil plantear", evalúa.

Salvo en el caso de Cippec, que recibe fondos de una grandísima cantidad de empresas nacionales, la mayor parte de las donaciones a estas organizaciones proviene de embajadas extranjeras, organismos internacionales y entidades del exterior, como la Fundación Ford o la National Endowment for Democracy (NED), una organización de fomento de la democracia en América latina que se nutre de fondos del Congreso de los Estados Unidos.

En las ONG coinciden en que el principal desafío es diversificar las fuentes de financiamiento, para no quedar presos de las agendas de las instituciones que las financian. Y admiten que la credibilidad que supieron construir se pone en juego todos los días.

© LA NACION

 Foto ARTE DE TAPA: SILVINA NICASTRO

La oposición venezolana obtuvo el 52 % de los votos en las elecciones legislativas de ayer. Pero por el sistema de representación, y tras un escrutino de más de ocho horas, la Comisión Nacional Electoral (CNE) confirmó que el presidente Hugo Chávez logró 94 de los 165 escaños de la Asamblea Nacional que estaban en disputa, con lo que perdió la mayoría absoluta. Todavía faltaban definir algunas bancas.

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que el bloque opositor de la llamada ``Mesa de la Unidad Democrática\'\' obtuvo 60 diputados y el partido Patria Para Todos (PPT), que a inicio de año se separó de la alianza oficialista, logró dos congresistas.

La oposición unificada para estas elecciones en la Mesa de Unidad confirmó que habían logrado frenar a Chávez en las urnas. "El pueblo habló", dijo su vocero y pidió que la Asamblea actual que dejará sus cargos en diciembre respete esta manifestación. "Somos mayoría, somos mayoría", coreaban los opositores.

Chávez que había planteado una meta de 110 bancas, felicitó a sus seguidores por la victoria y dijo vía su cuenta en la red social Twitter que seguirá "fortaleciendo la revolución". En su cuenta @chavezcandanga, el mandatario publicó: "Bueno mis queridos compatriotas, ha sido una gran jornada y hemos obtenido una sólida victoria. Suficiente para continuar profundizando el Socialismo Bolivariano y Democrático".

Durante cinco años el oficialismo controló la mayoría del congreso, después de que la oposición se retiró de lo comicios legislativos de 2005, alegando presuntas irregularidades.

Este es el primer gran golpe electoral que sufre Chávez en los casi doce años de revolución bolivariana. Venezuela atraviesa una crisis económica que la mantendrá este año como uno de los únicos países que no podrá salir de la recesión.

Además, los venezolanos sufren una dura inflación que el Banco Central pronostica llegará al 30 por ciento este año. El poder adquisitivo cayó a pesar de los planes estatales que ofrecen alimentos subsidiados. Además, el descontento se vive en las zonas urbanas por un aumento de la inseguridad.

Mayores recursos para infraestructura, nuevos incentivos para la siembra de arroz y una revisión a las condiciones de Colombia frente a los tratados de libre comercio, en especial con la Comunidad Andina de Naciones, CAN, solicitaron los arroceros del país reunidos en Cali.

Según Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, el país necesita una nueva política que redunde en el crecimiento y la competitividad del sector de cara a la competencia de los mercados internacionales.

Explicó que la situación actual de los arroceros es muy diferente a lo que sucedía hace 30 años cuando se tenía una posición ventajosa, mientras que ahora Ecuador y Perú han logrado desarrollos y competencias que dejan atrás la producción nacional, por lo que deben revisarse las condiciones de libre comercio con la Comunidad Andina.

"El sector debe ser protegido hasta que haya una mejoría integral para los agricultores. Los países vecinos tienen otras condiciones para la producción de arroz porque tienen políticas estatales que los favorecen", dijo.

Para el gremio, si el Gobierno Nacional busca que una de las ‘locomotoras' del desarrollo sea la agricultura, pues debe invertir en sistemas de riesgo, adecuación de tierras, procesos integrales de comercialización e infraestructura. Para ello, se requiere incrementar el presupuesto para la cartera de agricultura, que consideran es insuficiente.

Robert Zeigler, director del Instituto Internacional del Arroz con sede Filipinas, indicó que para que Colombia sea competitiva en el mercado arrocero se necesita que tenga una política clara e integral de apoyo. Pero al mismo tiempo señaló que el mundo debe revisar el tema de incentivos a la agricultura para que todos jueguen bajo unas mismas reglas y no haya distorsiones en el mercado.

A su juicio, el potencial de Colombia es amplio, pero se requiere de un plan de expansión integral para reducir el costo de producción. En el Valle, por ejemplo, los costos variaron de $6 millones a $3,5 millones por hectárea, aunque hay regiones que no han alcanzado estos avances.

Los países latinos pasaron de representar el 10% de la producción mundial agrícola al 16%. Adicionalmente explicó Eugenio Díaz, director del BID para Argentina y Haití, que la región es exportadora de alimentos, superando al siguiente grupo de países grandes como son Estados Unidos, Canadá Nueva Zelanda y Australia.

Es así como Latinoamérica exporta US$35.000 millones y esos cuatros países US$30.000 millones. "América es crucial por su aporte al comercio de alimentos y desde el punto de vista del medioambiente porque tiene el 30% de la reserva de oxígeno", dijo.

Este año el sector arrocero colombiano espera una producción de 1.600.000 toneladas, dado que se redujo el número de hectáreas sembradas por los cambios climáticos presentados desde 2009 y por las plagas que acabaron con la cosecha en el Tolima.

El próximo miércoles, se realizará en Brasil una nueva reunión de los países socios del Mercosur, con el cometido de coordinar una postura común para concurrir a negociar a la Unión Europea (UE) del 11 al 15 de octubre.

La región apura la negociación con la UE buscando un mejor acceso a mercados para sus productos agropecuarios.

"Vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a cuotas y aranceles y a definir el texto de la propuesta", adelantó a El País Mario Piacenza, director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).

Según confirmó el jerarca, se están negociando todos los productos, pero principalmente los agropecuarios son los que la Unión Europea califica como sensibles y los protege. Al estar protegidos, tienen pena y esa pena son las cuotas.

"Estamos con una ofensiva sobre todos los productos, peleando para que se desgraven y lleguen a arancel cero lo antes posible", explicó Piacenza.

Entre los productos más sensibles se encuentran la carne bovina, donde la Unión Europea es el principal mercado, el arroz (también se exporta porque en Uruguay no se plantan transgénicos), los lácteos, el etanol y también el azúcar, entre muchos otros.

Piacenza se mostró optimista en lograr un mejor acceso a mercado en esta negociación.

"De las 78 Tierras Indígenas (TIs) de la lista de la Fundación Nacional del Indio (Funai), al menos 30 están ubicadas en municipios con más de 10 mil hectáreas de soja". El alerta dado por el Centro de Monitoreo de Agrocombustibles de la ONG Reporter Brasil se refiere al estado de Mato Grosso, ubicado en la región Centro-Oeste brasilera. Y es precisamente la relación de la sojicultura con las tierras indígenas el punto central del informe "Impactos de la soja sobre Tierras Indígenas en el estado del Mato Grosso", difundido esta semana por el Centro.

Producido en cooperación con la institución holandesa Netherlands Centre of Indigenous Peoples, el informe tiene el objetivo de revelar los impactos producidos por la soja cultivada en Brasil. De acuerdo con Verena Glas, integrante de la coordinación del estudio, la expectativa es que el informe tenga gran repercusión en Holanda, segundo mayor importador de soja producida en Brasil. "Esperamos que [el estudio] llegue hasta el gobierno holandés y tenga una mayor discusión", afirma.

Para ella, es necesario llamar la atención del mercado internacional sobre las violaciones y los impactos relacionados con la soja producida en Brasil. De la misma manera, cree que es importante estrechar más los criterios utilizados para la sustentabilidad. "En nuestra visión, no existe sustentabilidad en la transgenia, en el uso de agrotóxicos... llevar el monocultivo blanco a los indígenas puede ser una forma de ingresos, pero no es desarrollo sustentable", comenta.

No fue al azar que Mato Grosso fue elegido para esta investigación. De acuerdo con el estudio, éste es uno de los estados brasileros con mayor número de etnias indígenas. Además, es allá donde la agropecuaria y la agroindustria está en un proceso de gran expansión, con destaque en la producción de soja.

"Actualmente el cultivo de mayor destaque en Mato Grosso, la soja, creció en producción un 8% al año en promedio, saltando de 8,8, millones de toneladas a comienzos de la década hasta 18,2 millones de toneladas en 2010, según la Asociación de Productores de Soja y Maíz de Mato Grosso (Aprosoja-MT)", se presenta en el estudio.

Ni siquiera los indígenas consiguieron escapar al avance de la soja en el estado. Los indígenas akwe-Xavanté, de la TI Maraiwatsede, por ejemplo, sufren por la invasión de sus territorios. El informe revela que la Tierra, "homologada por el gobierno federal en 1998 con 165 mil hectáreas, permanece con el 90% de su territorio ocupado ilegalmente por hacendados y propietarios no indígenas, mayoritariamente criadores de ganado y productores de soja y arroz".

La producción de soja en esas tierras también tiene relación con la deforestación en la región. Basado en los señalamientos del Informe 2010 del Programa de Monitoreo de Áreas Especiales del Sistema de Protección de la Amazonia, el estudio del Centro de Monitoreo de Agrocombustibles recuerda que el 45% de la vegetación original de la Tierra Maraiwatsede ya fue devastada.

Los impactos generados por el cultivo del grano, entretanto, no se resume sólo a la deforestación del lugar. Las quemazones y la utilización de venenos en los cultivos de soja también causan daños al medio ambiente y a la salud de los indígenas. Según relatos presentados en el estudio, no son raros los casos de Xavantés con dolores de cabeza o con problemas respiratorios.

Sin embargo, mientras algunas etnias sufren por la invasión de sus territorios, otras hacen acuerdos con los productores locales, blancos de críticas del Ministerio Público Federal y hasta inclusive de algunos miembros de las comunidades indígenas. Según la investigación, tales acuerdos -realizados entre tres pueblos indígenas del sudeste del estado y hacendados de la región- establecen que los indígenas garantizan tierras y mano de obra, y los empresarios, insumos, financiamientos y máquinas. El lucro de la comercialización del grano es compartido a la mitad entre las partes.

Como iniciativa positiva para la región, el informe cita la campaña "Y Ikatu Xingú", o sea, "Salve el agua buena del Xingú". Creada en 2004, la acción congrega a indígenas, organizaciones no gubernamentales, empresas, poder público e instituciones extranjeras en busca de un objetivo común: "recuperar y proteger las nacientes y cabeceras del río". Para conseguir la adhesión de varios sectores, la campaña resaltó la importancia del agua no sólo para los indígenas, sino también para productores y habitantes no-indígenas de la región.

Para leer "Impactos de la soja sobre Tierras Indígenas en el Estado de Mato Grosso", entre aquí: http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/indigenas_soja_MT.pdf

Traducción: Daniel Barrantes - Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.