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A partir de un análisis de las causas y el significado de la reciente marcha indígena, afirma la autora que en el país ha cambiado el discurso sobre el papel que tienen los actores rurales en la construcción del desarrollo, pero no ha cambiado la actitud y el comportamiento estatal hacia ellos.

La marcha convocada y realizada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) durante el mes de julio, puso en la agenda política el conflicto entre algunos intereses y demandas de campesinos indígenas y el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), planteando una abierta tensión en una alianza que hasta ese momento no había mostrado públicamente rupturas importantes. ¿Qué ha cambiado al cabo de este período en el discurso y en las acciones de los gobernantes y de las organizaciones?

Dime qué deseas... suele ser la invitación que conlleva implícitamente una promesa por parte de los actores políticos en campaña frente a la población a la que intentan seducir. También se dice "cuidado con lo que deseas", en referencia al lado oscuro que puede tener un anhelo cumplido. En la relación entre las autoridades del gobernante MAS y las organizaciones campesinas indígenas la reflexión posterior a la invitación podría leerse como: "Dime qué te ofrecí para que yo te diga qué no voy a cumplir".

Nada más ejemplificador de ese desencuentro que lo expresado por el Vicepresidente del Estado Plurinacional, mientras se estaba realizando la marcha liderada por la directiva de la CIDOB en la primera quincena del mes de julio, como lo recogió el semanario Pulso: "(...) el Vicepresidente ha señalado con preocupación que la fuerza de la acción colectiva que impulsó el proceso de cambio atraviesa una etapa de disgregación de sus demandas, al extremo que se hacen mutuamente excluyentes y por tanto insostenibles". "De un modo u otro, el mandatario alude a un conflicto crucial para el Estado, que además tiene fuerza constitucional. El Estado otorga derechos especiales a los indígenas originarios campesinos, pero también se impone obligaciones, tales como garantizar el desarrollo, industrializar las materias primas que el país produce y vertebrar un país que permanentemente cuestiona su integridad". "(...) pero la realidad está mostrando que, por una parte, hay aspectos en los que desarrollo al modo moderno y cultura indígena no son compatibles. Por eso es que las autoridades han señalado acremente que los indígenas no pueden ser obstáculo para el desarrollo, luego de haber condenado la misma afirmación en boca del Presidente de Perú (Editorial de Pulso N° 561).

El proyecto de poder del MAS ha originado y mantenido un discurso neo indigenista con tono in crescendo, como se evidencia en ciertas partes de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), hasta que llegó el momento de poner en práctica algunas de esas promesas que ahora parecen líricas. Los obstáculos aparecieron repentinamente en áreas previsibles: recursos naturales, autogobierno y representación política.

En el primer caso las tensiones devienen de los niveles de concreción con que deberían aplicarse mecanismos y normas respecto a la propiedad, beneficios y explotación de recursos naturales. En cuanto al autogobierno, los conflictos se refieren a los límites de esta aspiración, hecha discurso por el propio MAS, en la construcción de las autonomías indígenas, ya aprobadas por la nueva Constitución, principalmente -aquí no hay sorpresa- en aspectos relativos a niveles de decisión autónoma sobre los recursos naturales que podrían llegar a suspender proyectos hidroeléctricos y de vinculación carretera de gran envergadura. La representación política fue planteada en términos de cuotas indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Los temas son tan amplios que pueden verse cada uno por separado, juntos como parte de un paquete unificado de las demandas indígenas o como los principales nudos de la alianza generada entre el MAS y las organizaciones campesinas indígenas. En este caso pueden verse como parte de una cadena virtuosa de construcción de poder indígena en el autodenominado proceso de cambio del Gobierno del MAS, y como cuellos de botella para que ese mismo Gobierno logre algunas de las metas de gestión a las que se ha comprometido con otros interlocutores.

Esta aparente dicotomía entre los intereses de algunas organizaciones y sus líderes campesinos indígenas (campesindios, dice Armando Bartra) es nueva en el ámbito público, ya que en los últimos casi cinco años de presencia continua y casi hegemónica del MAS no habían aparecido tensiones importantes y notorias. ¿Qué ha cambiado al cabo de este período en el discurso y en las acciones de los gobernantes y de las organizaciones? Más que cambios pueden verse consecuencias de ciertas conductas.

En primer lugar, está la ineficacia gubernamental en la gestión de políticas de desarrollo rural, que afecta específicamente a la población campesina. Una muestra de ello es la incapacidad de generar resultados sostenibles con inversiones propias que no sean solamente distribución monetaria rentista; la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) dejó de ser una promesa de potenciamiento de la producción para terminar siendo una especie de comercializadora estatal de productos importados (ejemplo: maíz para avicultores, arroz y aceite para mantener precios bajos a los consumidores urbanos, etc.) en pequeña escala y casi siempre respondiendo a emergencias.

Otra conducta de consecuencias nefastas es la sobre-ideologización de los temas cruciales de representación política y de algunos discursos constitutivos de los sujetos sociales, que dificultan la aplicación práctica de muchas promesas e incluso acuerdos. Por ejemplo, las consignas exaltadas en áreas de la soberanía alimentaria, defensa de la Madre Tierra, lucha contra los efectos del cambio climático, entre otras, ocupan mucha energía gubernamental en foros internacionales, pero son casi inexistentes como prácticas de gestión o sencillamente confrontan dolorosamente, a la hora de la verdad, el tamaño real del país para actuar en complejos ámbitos geopolíticos y económicos. Otro ejemplo, que aplica tanto como ineficacia como sobre-ideologización, es el tratamiento del derecho a la tierra, sobre el cual se han hecho discursos exaltados, reformas legales y un sinfín de promesas, para aterrizar con los mismos obstáculos del pasado: coto excesivo del proceso de saneamiento, dependencia de los fondos de la cooperación internacional para realizarlo, visiones comunitaristas que se niegan a reconocer y no recogen las demandas reales de las poblaciones, e incapacidad para resolver por la vía de la concertación los conflictos entre terceros.

Por último, destaca la pulsión de poder total en el principal círculo directivo del MAS, que lo hace focalizar sus principales acciones en la aniquilación de sus adversarios, reales, sobredimensionados e imaginarios, dejando de lado la atención efectiva a sus aliados y a su propia base política de sustento. Un ejemplo de ello es el comportamiento errático del MAS en el tema de las autonomías. Primero estuvieron en contra, por ser, supuestamente, un caballo de Troya de la derecha enquistada en la "media luna" en general y en Santa Cruz en particular; luego, intentaron perforar la demanda con un diseño constitucional que establece un verdadero carnaval de autonomías, en el que inflaron las expectativas de las autonomías indígenas y crearon la ficción de las regionales; para, finalmente, evacuar una Ley Marco que las deja sin dientes.

Por todo lo anterior, a la pregunta planteada por el semanario Pulso de "¿Qué cambió en el área de los derechos campesinos indígenas y del desarrollo rural en estos casi cinco años del gobierno del MAS?" mi respuesta es que cambió el discurso gubernamental sobre quiénes son los protagonistas del desarrollo rural, pero permanece intacta la acción estatal de dejar que los pequeños productores campesinos se las apañen como puedan.

El Gobierno le pondría límites a la venta de tierras a ciudadanos extranjeros. Aunque todavía no hay un proyecto de ley redactado por parte del Poder Ejecutivo, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo ayer (11)  que "es necesaria una ley que defienda la tierra en manos de los argentinos".

El contexto elegido no fue casual. Lo afirmó en una jornada sobre biotecnología organizada por la Federación Agraria Argentina (FAA), entidad que hace ocho años impulsó en el Congreso una norma para frenar la venta de campos a ciudadanos extranjeros. "Es preciso un marco normativo que proteja la titularidad argentina de las tierras", sostuvo el ministro.

El presidente de la FAA, Eduardo Buzzi, presente en el encuentro, expresó su satisfacción por las declaraciones de Domínguez. "Sería un pronunciamiento concreto en dirección al productor. Sería fantástico", sostuvo en declaraciones a la agencia de noticias DyN.

Fuentes del Ministerio de Agricultura explicaron que no hay un proyecto elaborado por parte del Gobierno al respecto, pero explicaron que Domínguez se sorprendió en un reciente viaje a la India por la insistencia de empresarios de ese país en conocer el precio de la tierra en la Argentina. Además, el martes, el Consejo Federal Agropecuario, que integran los ministros de Agricultura y Producción de las provincias, expresaron su apoyo a la fijación de normas que permitan "mejores condiciones del uso y cuidado del suelo".

En la jornada, en la que disertaron Buzzi y Domínguez, también participó el diputado nacional Ricardo Alfonsín (UCR), quien apoyó la potestad que tiene el Poder Ejecutivo para fijar las retenciones.

Por su parte, Buzzi recordó que hace algunos años la FAA le entregó en manos al entonces presidente Néstor Kirchner el proyecto que la entidad había elaborado para frenar la venta de tierras a extranjeros.

Dos agrodiputados surgidos de las filas de la FAA, Ulises Forte y Pablo Orsolini, presentaron en marzo pasado un proyecto de ley que prohíbe la venta de inmuebles rurales a empresas o ciudadanos de origen extranjero, así como a empresas argentinas que tengan mayoría de capital social extranjero.

En tanto, la Cámara de Diputados aprobó en la sesión del miñercoles darle preferencia con despacho de comisión al proyecto de ley que establece restricciones a la adquisición del dominio de inmuebles rurales, impulsado por la diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y su par Susana García, también de esa fuerza.

El proyecto, que se debatirá en la Comisión de Legislación General, establece en su artículo tercero la prohibición de la adquisición de inmuebles rurales "por personas extranjeras físicas no residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país".

"La restricción de la propiedad de tierras fija la intervención del Estado en la defensa de su territorio, sus recursos naturales y su producción nacional. Va en línea con el derecho existente en países desarrollados, los que imponen estrictas prohibiciones, restricciones y límites en la adquisición de inmuebles rurales por los no nacionales", fundamentaron las legisladoras.

Al respecto, la coordinadora de Relaciones Internacionales de la FAA, Luciana Soumoulou, recordó que, en Brasil, el presidente Lula acaba de elaborar un proyecto de ley para restringir la venta de tierras a extranjeros. "Para ellos la tierra tiene una función social", recordó.

Las organizaciones que participan del IV Foro Social de las Américas difundieron ayer un comunicado de apoyo a la destrucción de las parcelas de maíz transgénico por parte del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave).
La pequeña agricultura, de inspiración solidaria y cooperativa, es la única vía para garantizar la soberanía alimentaria en América Latina, dijeron expertos y líderes campesinos e indígenas reunidos en Asunción.

Entre las cifras que deberá analizar hoy jueves el Consejo del Banco Central aparecen los positivos datos de crecimiento interno.

En un reporte publicado ayer, como antecedente a la reunión de política monetaria, la gerencia de División de Estudios del ente emisor afirmó que la economía chilena habría crecido poco más de 6% en el segundo trimestre.

Más importante aún, el Imacec, que mide el dinamismo de la actividad interna del país, habría crecido 6,2% en el mismo período. Con esta cifra, el índice sumaría una tasa de expansión anual de entre 15 y 20%, lo que "habría significado una recuperación casi completa de la caída en el nivel del producto que provocó el terremoto del 27 de febrero", indica el documento.

Según los expertos del Banco Central, el buen desempeño del comercio (especialmente en la venta de bienes durables) y el sector servicios sería el principal factor detrás de la dinámica expansión de la actividad interna. Sin embargo, advierten que las cifras de junio y algunos datos de julio muestran que el fuerte incremento del consumo es aún un fenómeno transitorio.

Esto, basado en que "el nivel de las importaciones de bienes de consumo y capital siguió descendiendo respecto de los máximos que alcanzaron en abril y mayo", dice el informe.

El Consejo del Banco Central deberá tener todos estos antecedentes en cuenta cuando resuelva hoy el alza en la tasa de interés de política monetaria (TPM), actualmente en 1,5%.

El grupo de política monetaria (GPM) recomendó un alza de 50 puntos base en la reunión de hoy. Entre sus miembros, Alejandro Fernández prevé una TPM de 4% a fin de año, al igual que Juan Eduardo Coeymans; mientras Ricardo Matte se inclina por el 3,75%. Las expectativas de mercado para la TPM se han corregido al alza. Apuntan a un incremento de 50 puntos base para hoy, aunque algunos analistas no descartan 75 puntos.

El reciente sesgo al alza de las expectativas para la tasa de referencia ha estado marcado por el sostenido aumento del índice de precios al consumidor en los últimos meses, que podría llevar a una inflación por sobre 3% en lo que queda del año, pudiendo a alcanzar algunos meses al 4% anual.

El informe también alude a la depreciación generalizada del dólar y a la apreciación del peso chileno que se ha fortalecido 4,2% en el mes, destacando la fuerte volatilidad del mercado cambiario en el que la divisa estadounidense ha registrado variaciones de hasta $8 en una sola jornada.

Los expertos del Central afirman que el tipo de cambio real (TCR) se ubicó en 93,7 (base 100=1986).

De acuerdo con este antecedente, el tipo de cambio real en Chile (valor real del peso respecto de una canasta de monedas) no estaría muy apartado de su nivel de equilibrio de largo plazo.