IPDRS Logo VISITA NUESTRO
NUEVO SITIO WEB
Actualidad

 

 

 

 

Posts @IPDRS

Dos meses después que un comité de ministros cancelara los permisos ambientales al controvertido proyecto hidroeléctrico HidroAysén, que incluía la construcción de cinco represas en la Patagonia occidental, directivos de la empresa chilena Colbún anunciaron su decisión de continuar con la iniciativa.

Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún, que controla un 49% del megaproyecto que desarrollará Endesa —empresa española de propiedad de la italiana Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL)— anunció este 17 de agosto que “reformulará aspectos del proyecto”.

Días antes, la empresa había impugnado la decisión del comité de ministros de invalidar una resolución parcial tomada en mayo del 2011 por el gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2010-2014) que daba luz verde al proyecto. HidroAysén presentó ante el Tribunal Ambiental de Santiago el primero de varios recursos con los cuales busca revertir lo obrado por las actuales autoridades.

Ainda sem ter seus territórios titulados, os quilombolas estão sob o risco de perder parte de suas terras para a extração de bauxita.

Lançada hoje (29 de agosto), a nota expressa a solidariedade de mais de 160 ONGs e movimentos sociais às comunidades quilombolas em Oriximiná (Pará) ameaçadas pela exploração minerária em seus territórios tradicionais e desrespeitados em seu direito à consulta livre, prévia e informada.

O empreendimento é da maior produtora de bauxita do Brasil, a Mineração Rio do Norte (MRN) que tem entre seus acionistas a Vale, BHP Billiton, Rio Tinto Alcan, Companhia Brasileira de Alumínio, Alcoa Alumínio, Alcoa World Alumina, Hydro e Alcoa Awa Brasil Participações.

Para el sociólogo Octavio Penteado, asesor de programas de la Comisión Pro-Indígena de São Paulo, está claro que el lento proceso de demarcación de las tierras indígenas en Brasil actualmente se debe a intereses políticos que involucran al gobierno federal y la banca parlamentaria de grandes propietarios de tierras en el Congreso, los llamados ruralistas. 

El problema es que el retraso en el cumplimiento de esta demanda, constitucionalmente garantizada a los indígenas brasileños, ha provocado una ola de violencia e inseguridad en el país. "El ministro de Justicia [José Eduardo Cardozo] habló claramente durante las manifestaciones que tuvieron lugar recientemente en Brasilia [Movilización Nacional Indígena], que ellos están deteniendo las demarcaciones de tierras para evitar conflictos, cuando la situación debería ser considerada en el sentido contrario. Cuando usted decide no demarcar, crea inseguridad, tanto entre las poblaciones indígenas, como entre los terratenientes”.

En lucha desde hace años a los ataques de los especuladores inmobiliarios españoles contra sus cuatro aldeas, el pueblo indígena Tremembé, del municipio de Itapipoca en el estado de Ceará, vio arder algunas sus casas el pasado día 10 de agosto.

Para detener los repetidos intentos de apropiación del territorio Tremembé por parte de los españoles para construir un complejo turístico, la comunidad resiste en un campamento y señala la ausencia del poder público en este caso.

A la reunión programada para el pasado día 25 de agosto entre representantes de las cuatro aldeas Tremembé y miembros del Ministerio Público Federal (MPF), la Fundación Nacional del Indio (Funai) y del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), en la sede del Instituto en la ciudad de Fortaleza (capital de Ceará), sólo esta última institución concurrió. En la reunión, se esperaba poder discutir maneras de presionar [al poder público] para un efectivo monitoreo en el perímetro de las tierras indígenas, con el propósito de frenar los ataques y la violencia contra la comunidad. Al mismo tiempo se esperaba presionar por la demarcación de las tierras.

Representantes del Observatorio Ciudadano de Temuco (OC) y del Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (ODHPI) de Neuquen, se reunieron los días 21 y 22 de agosto en la ciudad de Temuco con el propósito de coordinar las principales acciones a desarrollar en el marco del proyecto “Industrias Extractivas y el Pueblo Mapuche: Documentación, Defensoría Legal y Empoderamiento para la Protección de los Derechos”, apoyada por el Grupo de Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígena ( IGWIA).

El objetivo central del proyecto es proporcionar evidencia objetiva y demostrable de los impactos de las industrias extractivas relacionadas con los derechos del Pueblo Mapuche en Chile y Argentina y, sobre esta base, promover las transformaciones legales, políticas, institucionales y culturales que puedan proteger sus derechos humanos y territorios de forma efectiva, abriendo así un espacio hacia un desarrollo más autónomo y sustentable ambiental y culturalmente.