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Qué pasa

En lucha desde hace años a los ataques de los especuladores inmobiliarios españoles contra sus cuatro aldeas, el pueblo indígena Tremembé, del municipio de Itapipoca en el estado de Ceará, vio arder algunas sus casas el pasado día 10 de agosto.

Para detener los repetidos intentos de apropiación del territorio Tremembé por parte de los españoles para construir un complejo turístico, la comunidad resiste en un campamento y señala la ausencia del poder público en este caso.

A la reunión programada para el pasado día 25 de agosto entre representantes de las cuatro aldeas Tremembé y miembros del Ministerio Público Federal (MPF), la Fundación Nacional del Indio (Funai) y del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), en la sede del Instituto en la ciudad de Fortaleza (capital de Ceará), sólo esta última institución concurrió. En la reunión, se esperaba poder discutir maneras de presionar [al poder público] para un efectivo monitoreo en el perímetro de las tierras indígenas, con el propósito de frenar los ataques y la violencia contra la comunidad. Al mismo tiempo se esperaba presionar por la demarcación de las tierras.

Representantes del Observatorio Ciudadano de Temuco (OC) y del Observatorio de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (ODHPI) de Neuquen, se reunieron los días 21 y 22 de agosto en la ciudad de Temuco con el propósito de coordinar las principales acciones a desarrollar en el marco del proyecto “Industrias Extractivas y el Pueblo Mapuche: Documentación, Defensoría Legal y Empoderamiento para la Protección de los Derechos”, apoyada por el Grupo de Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígena ( IGWIA).

El objetivo central del proyecto es proporcionar evidencia objetiva y demostrable de los impactos de las industrias extractivas relacionadas con los derechos del Pueblo Mapuche en Chile y Argentina y, sobre esta base, promover las transformaciones legales, políticas, institucionales y culturales que puedan proteger sus derechos humanos y territorios de forma efectiva, abriendo así un espacio hacia un desarrollo más autónomo y sustentable ambiental y culturalmente.

Organizado por el Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, junto al área de Ciencia y Tecnología de esa universidad, este jueves se presentará oficialmente el primer archivo de lenguas de los 20 pueblos indígenas del Paraguay. El acto se realizará a las 9:00 en el Aula Magna de la universidad, ubicada en Independencia Nacional y Comuneros.

La directora del proyecto, la antropóloga Marilín Rehnfeldt, explicó “Es la primera vez que se hace un archivo digital de lenguas indígenas. Normalmente, las grabaciones y filmaciones están en manos privadas, ONG o gentes particulares”, señaló. “Este va a ser un archivo de la (Universidad) Católica, accesible obviamente a todo el público –con restricciones–, pero vamos a tener todo el acervo y patrimonio cultural de las 20 lenguas indígenas del Paraguay”, explicó.

Bolivia logró el reconocimiento de denominación de origen 100% boliviana de la Quinua Real del Altiplano por la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conformada por Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, informó ayer el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez.

Aseguró que esta denominación de origen se debe al impulso que se brindó a ese cereal en el Año Internacional de la Quinua 2013, logrando que luego de diez años se conforme el Comité Regulador de esa denominación.

Agregó que ninguno de los países de la CAN podrá utilizar o aprovechar esa denominación y el prestigio de la quinua real para su beneficio, tomando en cuenta que el reconocimiento es "único para Bolivia", por la calidad productiva y cualidades nutricionales que sólo se dan en el país.

El Colectivo Mujeres al Derecho y la Asociación de Mujeres Productoras del Campo (ASOMUPROCA), conjunto de entidades colombianas que actúan en las cuestiones de género, ciudadanía, naturaleza y desarrollo, denuncian que Asomuproca ha sufrido, recientemente, reiteradas situaciones de intimidación. Llamadas telefónicas y abordajes hostiles, amenazas de muerte y persecuciones estarían siendo dirigidas a las dirigentes e integrantes de la entidad por personas desconocidas.

La Asociación está compuesta por 75 mujeres víctimas de violencia y desalojo en el Departamento de Magdalena, al norte de Colombia. Según la organización, los recientes hechos estarían causando aflicción, estado de pánico y evidenciando un alto grado de inseguridad, al que se encuentra expuesto el grupo de mujeres, formado en gran parte por adultas con serios problemas de salud.

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