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Colombia

El acuerdo agrario firmado en La Habana propone crear un fondo para los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. El problema es que el Estado ni siquiera sabe cuántos baldíos tiene y tampoco ha recuperado las tierras usurpadas a las víctimas del conflicto armado.

El año pasado, el gobierno y la guerrilla de las Farc firmaron el acuerdo sobre el asunto agrario, el primero de seis temas que contiene la agenda que se discute en La Habana. Allí, el gobierno se comprometió a crear el Fondo de Tierras para la Paz, a través del cual desarrollará una reforma agraria integral que, se supone, garantizará el acceso a tierra a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente así como a las comunidades más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto armado.

Según el acuerdo, rubricado el 26 de mayo de 2014, el Fondo se nutrirá con baldíos que fueron apropiados de forma ilegal o irregular, con predios inexplotados económicamente y terrenos que aunque están en zonas de reserva forestal tienen vocación agrícola. El problema es que el gobierno no sabe cuántos baldíos tiene, algunos fondos del Estado carecen de información, otros administran bienes que ya están comprometidos para reparar y restituir a las víctimas del conflicto, y otros más están embolatados por procesos administrativos o judiciales.

En Colombia, sólo el 36,4% de los hogares rurales lo tienen. El Plan Nacional de Desarrollo busca ordenar el territorio rural y promover el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica.

Hoy en Colombia sólo el 36,4% de los hogares rurales tienen acceso a la tierra y la incidencia de la pobreza extrema rural es 3,2 veces mayor que la urbana, en ingresos, y 2,5 veces mayor que la pobreza multidimensional, en un país donde el 84,7% del territorio está conformado por municipios totalmente rurales.

Esta realidad demanda la adopción de políticas públicas que permitan al Estado jalonar un dinamismo económico que se refleje en las condiciones de vida de los pobladores del campo.

El capítulo de “Transformación del campo” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, “Todos por un nuevo país”, fija dentro de sus objetivos ordenar el territorio rural, buscando un mayor acceso a la tierra por parte de los productores agropecuarios —sin tierra o con tierra insuficiente— y promover el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad.

Afirman que creación de Zonas de Interés de Desarrollo Empresarial ya está en el PND, que se les entregarán terrenos baldíos destinados a campesinos sin tierra, y que esto contradice los acuerdos de paz.

Las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado ya se encuentran listas para sesionar conjuntamente para debatir el Plan Nacional de Desarrollo. Pero al tiempo que el Gobierno busca las mayorías para aprobarlo su hoja de ruta por el cuatreño 2014-2018, un grupo de organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos ha estudiado los pormenores que plantea el texto sobre el desarrollo agrario, y específicamente, sus implicaciones respecto  a la problemática de los terrenos baldíos. La conclusión: “El PND además de contradecir los acuerdos logrados en la Habana, incluye medidas lesivas para un desarrollo rural incluyente”.  

La tradición oral y escrita diferenciada del pueblo wayuu debe ser apoyada por el uso de una escritura para preservar y transmitir nuestra cultura y visibilizar las diferentes formas en que hemos concebido la vida e interrelacionado con la cultura occidental.

El silencio milenario que ha albergado nuestro pueblo, hoy nos lleva a unir fuerzas para que nuestras voces sean escuchadas, a través de la unión de letras escritas en un papel, para denunciar las distintas atrocidades que se han vivido de forma repetitiva y continua a lo largo de todo el territorio wayuu en distintas generaciones. Nuestro territorio aunque dividida por fronteras imaginarias no es invisible ante una serie de dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales, que han demarcado una verdadera distinción entre el “trato especial” por ser indígenas y la discriminación racial por el mismo sentido.

En el 2015 cumplimos dos años de diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos, de los cuales se hizo público un acuerdo en el primer, segundo y tercer punto de la agenda. El documento (en borrador) del primer punto que sale como producto de este acuerdo, fue titulado por las partes: Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral.

En el borrador se hace explícito un diseño que no ha sido (y posiblemente no será) conciliado entre las partes y es que para las FARC-EP una hoja de ruta como la que se planteó la Mesa de Conversaciones en el punto de Política de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial debe tener como principio fundamental el derecho a la soberanía alimentaria, en cambio, para el gobierno de Juan Manuel Santos la base del documento es la construcción de un sistema de seguridad alimentaria, alegando que eso es lo acordado en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto, lo cual no es más que apelar a las leguleyadas-colombianadas típicas cuando no existen argumentos de peso para negarse.

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